Contexto y Creación de la Comisión Verdad y Niñez
La Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez fue anunciada por el expresidente Gabriel Boric en 2024 con el propósito de establecer una "verdad histórica" en relación con los menores que han sido víctimas de vulneraciones bajo el cuidado del Estado. Su mandato abarca el periodo entre los años 1979 y 2024, específicamente a través del Servicio Nacional de Menores (Sename) y sus organismos colaboradores. El gobierno anterior indicó que el trabajo de la comisión serviría de base para proponer mecanismos de reparación para los menores vulnerados.
Renuncia Colectiva de Comisionados y sus Razones
El sábado 2 de mayo, cuatro de los siete integrantes de la Comisión Verdad y Niñez anunciaron su renuncia colectiva. Los comisionados que dimitieron fueron la presidenta Soledad Larraín Heiremans y los comisionados Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.
Según consignó El Mercurio, en su declaración, los renunciantes indicaron que la decisión "responde a que no se han resguardado las condiciones mínimas para cumplir el mandato encomendado". Aseguraron que durante las semanas de la implementación del nuevo Gobierno entregaron antecedentes y propuestas para poder continuar con el trabajo realizado. "Durante semanas sostuvimos un diálogo de buena fe con las autoridades, presentamos propuestas de ajustes presupuestarios, entregamos antecedentes técnicos y advertimos los riesgos. Lo hicimos con un único criterio: proteger a las personas víctimas, y garantizar el cumplimiento del mandato del Estado".
Perspectiva de los Comisionados Salientes
En conversación con La Tercera, Estela Ortiz, exvicepresidenta Ejecutiva de la Junji durante la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet, advirtió que no es totalmente claro que el Ejecutivo mantenga el compromiso con las víctimas. Explicó que la determinación de renunciar fue un proceso gradual. Tuvieron reuniones con las autoridades del Ministerio, pero sus propuestas no fueron aceptadas. Entre las propuestas, se planteó traspasar la comisión a la dependencia de la Subsecretaría de Niñez, lo cual implicaba demasiado retraso.
Los comisionados señalaron que, aunque sus cargos estaban a disposición y entendían posibles cambios, la situación se hizo insostenible debido a la "incidencia en cuanto al personal" y en su "autonomía". El punto de inflexión fue la intención de cambiar a los profesionales que ejecutaban las labores derivadas de la comisión, particularmente los despidos del 50% de las duplas psicosociales que realizaban las escuchas. Estas duplas habían sido capacitadas y validadas, habiendo establecido "mecanismos para escuchar a las personas vulneradas que era muy novedosos y cumpliendo con todos los estándares".
Adicionalmente, se criticó la falta de entrega de antecedentes por parte de otros organismos como Educación, Salud y Desarrollo Social, así como el despido sin razón de la persona encargada del archivo.
Visión sobre la Vulneración de Derechos y el Enfoque del Estado
Estela Ortiz enfatizó que el problema de la vulneración de derechos en la infancia es un problema de Estado, "de todos los gobiernos, viene desde la época de Piñera hasta ahora, y viene incluso desde la República, desde que empiezan los primeros hogares de beneficencia, un maltrato, un uso del poder que realmente ha sido terrible". Aclaró que "en Chile, por casi 50 años, se ha generado un sistema de vulneración de derechos de los niños que están bajo protección".
Expresó su preocupación de que, con la actual visión, la infancia pueda ser aún más invisibilizada. Argumentó que se requiere una inversión de recursos para "quebrar definitivamente la vulneración de derechos" y que el presupuesto asignado a la comisión era "mínimo para Justicia". Propuestas para reducir el presupuesto en un 8% no fueron consideradas.
Soledad Larraín Heiremans, por su parte, enfatizó que para acercarse a la verdad, "es fundamental generar una participación importante, que la población sienta confianza en esta Comisión, que pueda hablar, que pueda contarnos sus testimonios".
Críticas al Desempeño y Compromiso
Sobre las diferencias internas en el pasado, Ortiz señaló que el problema más serio fue cuando "no todos estaban en contra de revictimizar a las víctimas", lo que llevó a peleas por recursos e información que nunca se entregó. Concluyó que "importan más los temas administrativos que la infancia".
Asimismo, rechazó la justificación de "mal desempeño" por parte del Ministerio de Justicia, afirmando que "este no es un programa en que hay que cumplir metas administrativas, con números. Esto implica un compromiso con la niñez". Argumentó que "la gente que acá se atrevió a hablar tuvo que hacer un proceso previo que es muy complejo, y creíamos que el primer acto de reparación que se podía tener con ellos era escucharlos como correspondía".
La excomisionada manifestó que "claramente tenemos una visión diferente" de las nuevas autoridades en el tema de derechos humanos y no ve el mismo compromiso. Considera que no se entendió el lento y complejo proceso de escucha a las víctimas, el cual requiere recursos y apoyo.
Respuesta y Postura del Gobierno
Declaraciones de Ministros
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, expresó que esperan que la Comisión, con su propia creación, permita "reparar la situación de graves vulneraciones que sufrieron los niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo la custodia del Estado, ya sea a través del Sename o a través de organismos colaboradores del Sename".
La Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres, indicó la importancia de la defensa de los Derechos Humanos, que incluye "la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición". Subrayó que "las vulneraciones a los Derechos Humanos que se hayan producido también en democracia son partes de las responsabilidades que tenemos que asumir como Estado".
Aclaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos
El Subsecretario de DDHH, Pablo Mira, abordó las críticas y explicó los ajustes realizados al organismo. Aseguró que el Ministerio está "totalmente comprometido con acompañar y fortalecer el trabajo de la Comisión Verdad y Niñez", reconociéndola como un "esfuerzo de Estado".
Indicó que se propusieron mejoras para su eficiencia y desarrollo, "resguardando la confianza que las víctimas y las organizaciones han depositado en este importante proceso". Descartó que las renuncias respondieran a recortes presupuestarios, señalando que "algunos comisionados prefirieron renunciar, por razones distintas", y que no les corresponde interpretar sus motivos.
El Subsecretario informó que el nuevo Secretario Ejecutivo de la Comisión es Pedro Natho, psicólogo con cerca de 10 años dedicado a la niñez en Chile y el extranjero, quien fue presentado al equipo.
Mira reconoció que la tarea de la Comisión es titánica, dada la extensión del período (1979-2024), la complejidad del acceso a la información, la dificultad para obtener testimonios y la necesidad de acompañamiento continuo para evitar la revictimización. Estimó que entre 1979 y 2024, unos 700 mil menores pasaron por centros del Sename.
Críticas al Funcionamiento y Medidas Propuestas
El gobierno ha escuchado "críticas transversales" al funcionamiento de la Comisión desde su creación, incluyendo "poca difusión, bajo conocimiento, dificultades de acceso a datos, falta de liderazgo y acompañamiento político, uso ineficiente de recursos, posibilidad de mejorar la participación de la red de egresados de SENAME, entre otros". Muchos de estos puntos fueron trabajados con los comisionados, identificando diversos espacios de mejora.
En cuanto al presupuesto, el Subsecretario reiteró que "esto no responde a recortes presupuestarios" y que el presupuesto para 2026 ya fue aprobado. Sin embargo, afirmó que "a nuestro juicio el mecanismo de escucha no era el óptimo". Consideró que "no tenía sentido mantener a 2 o más profesionales por región, con sueldos cercanos a los $3 millones, recibiendo un solo testimonio en promedio al mes". Propuso que con los mismos recursos se pueden mejorar las cosas, por ejemplo, mediante equipos macrozonales, mejorando la coordinación intersectorial y fortaleciendo la colaboración con las seremías.
El Líbero, basándose en un documento de la comisión, determinó que a febrero de 2024 trabajaban 42 funcionarios en labores de escucha testimonial, análisis de datos, archivo, comunicaciones y gestión. Sus sueldos fluctuaban entre $1.1 millones y $3.8 millones al mes de marzo, totalizando un gasto mensual aproximado de $120 millones solo en remuneraciones.
Señaló que el principal avance fue la Fase 1 ("Instalación") de la Comisión, mientras que en la Fase 2 ("Escucha de Testimonios"), los números han sido menores a lo esperado. El Subsecretario concluyó que "acá no se trata de metas, se trata de levantar la mirada, reconocer y aprender del pasado, acompañar a las víctimas y dar garantías de no repetición para que la nueva institucionalidad de la niñez acompañe y proteja los derechos de los niños".
Nuevo Liderazgo y Expectativas Futuras
Con la llegada de Pedro Natho como nuevo Secretario Ejecutivo, la Comisión Verdad y Niñez se enfrenta a una etapa de reformulación. La comisión tiene como fecha límite para operar hasta el 30 de abril de 2027. Los excomisionados expresaron no conocer a Pedro Natho, esperando poder reunirse con él. Manifestaron que el proceso ha sido "duro" y "doloroso" para ellos.
A partir de la creación de la Comisión, se iniciará una etapa de difusión destinada a informar a la ciudadanía sobre su propósito y alcance, para asegurar que las personas interesadas comprendan el rol de la instancia y los mecanismos de acceso.
Perfiles de los Comisionados de la Comisión Verdad y Niñez
La Comisión estaba integrada por profesionales de vasta experiencia en el ámbito de la niñez y los derechos humanos. A continuación, se presentan los perfiles de los siete comisionados:
- Matías Marchant (Renunciante): Abogado de la Universidad de Chile y Doctor en Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la protección de los derechos de la niñez. Entre 1994 y 2009 fue consultor permanente del Área de Protección de UNICEF para la Oficina de Argentina, Chile y Uruguay, y ha desarrollado consultorías e investigaciones para UNICEF Panamá, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Perú.
- Comisionada (sin nombre explícito en el texto): Abogada de la Universidad de Concepción. Doctora en Derecho y Magíster en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue Directora y fundadora del Centro UC de la Familia por 13 años, liderando proyectos de investigación y políticas públicas en infancia. Ha participado activamente en iniciativas legales sobre familia e infancia por 20 años.
- Soledad Larraín Heiremans (Renunciante y Presidenta): Psicóloga de la Universidad Católica de Chile y Magíster en Estudios Avanzados de la Familia y la Pareja de la Universidad Alberto Hurtado. Trabajó en UNICEF y en el Consejo para la Infancia. Docente UDP Magíster de Psicología Jurídica. Por más de 20 años, ha sido consultora de organismos nacionales e internacionales en protección de los derechos de la niñez e investigación en violencia de género y contra NNA en Chile y América Latina.
- Comisionado (sin nombre explícito en el texto): Psicólogo de la Universidad Diego Portales. Magíster y Doctor en Filosofía de la Universidad de Chile. Actualmente es Académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y coordinador del Magíster en Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la misma Facultad. Ha trabajado en temas de infancia a través de investigaciones, seminarios de formación clínica y como académico. Presidente de la Corporación Casa del Cerro.
- Judith Schönsteiner (Renunciante): Profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales e investigadora de su Centro de Derechos Humanos. Doctora en Derecho y LL.M. en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra, y M.A. en ciencia política por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania. Es miembro asociado del Centre of Human Rights (CHREN). Se especializa en actores privados y derechos humanos, y ha trabajado sobre abuso eclesiástico.
- María Estela Ortiz (Renunciante): Educadora de párvulos y profesora de educación básica de la Universidad de Chile. Fue vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) entre 2006 y 2010. Consultora para el Banco Interamericano del Desarrollo en políticas de niñez. Entre 2014 y 2018 fue secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia del Gobierno de Chile.
- Comisionado (sin nombre explícito en el texto): Abogado, Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ex Subsecretario de Justicia, también se desempeñó como jefe de la División Jurídica y de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ha sido defensor juvenil especializado y docente en la Academia Judicial y la Universidad Adolfo Ibáñez.