Introducción: Nuevas Tragedias y la Crisis del Sename
Una nueva muerte enluta al Servicio Nacional de Menores (Sename) tras el fallecimiento de una adolescente de 16 años, oriunda de San Fernando, al interior de la residencia Pequeño Cottolengo de Rancagua. La joven vivía hace nueve años en el hogar. Su madre, Marisol Yáñez, denunció que “no hay consuelo que me devuelva a mi hija” y afirmó haber visto a una trabajadora del centro violentar a Tania, pero que la asistente social del centro no le habría creído, diciendo: “No me hicieron caso”. La denuncia presentada detalla que los trabajadores a cargo del cuidado de Tania no habrían activado correctamente el protocolo interno. El Servicio se comprometió a poner “a disposición de las autoridades policiales y judiciales todos los antecedentes y medios para la toma de las diligencias que permitan esclarecer los hechos” y se dispuso un acompañamiento a la familia.
En paralelo, la implementación de un nuevo protocolo de muerte se produce en un contexto sensible, marcado por el reciente fallecimiento de un adolescente de 17 años en el Centro de Internación Provisoria (CIP) de San Joaquín. El joven, bajo la tutela del Estado, falleció en un centro de salud tras un intento de suicidio en las dependencias del centro. Según información preliminar, el deceso se produjo alrededor de las 5 de la mañana, tras un intento de ahorcamiento. La directora nacional del Sename, María Eugenia Fernández, regresó de urgencia a Santiago para supervisar las diligencias y expresó el profundo dolor que estos hechos generan, destacando que “Sename no solo administra penas y condenas, también administramos dolores, traumas y heridas de los jóvenes que están a nuestro cuidado”. Se han activado todos los protocolos y enviado antecedentes al Ministerio Público, además de revisar el historial del joven, marcado por experiencias de vulneración.
Desde la Comisión Asesora Presidencial para la Verdad, Justicia y Reparación, expresan su pesar y acompañamiento a la familia y seres queridos “frente a esta pérdida irreparable que conmueve y duele como país”. Reconocen que “la muerte de un niño en el contexto del sistema de protección no es un hecho aislado ni fortuito”, subrayando que “estamos hablando acá de la población más vulnerable con la que nos podemos encontrar”, cuya posición “los hace muy débiles frente a todas estas irregularidades y esta negligencia que tenemos, más bien estructural”.
El Caos Estadístico y la Deshumanización
La dificultad de las autoridades en el pasado, especialmente de la ministra de Justicia Javiera Blanco durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. El director de la organización querellante en el caso, José Andrés Murillo, si bien señaló la responsabilidad de Blanco, también destacó que la responsabilidad "de todos los ministros de Justicia durante los últimos 25 años es fundamental para poder cambiar las cosas". La propia Javiera Blanco, actual miembro del Consejo de Defensa del Estado, confirmó que las muertes le fueron informadas como egresos administrativos, no fallecimientos, evidenciando la deshumanización de los niños, quienes pasaban a ser solo cifras para el sistema.
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno aclaró entonces que la cifra solo incluía a los menores del área "protección". Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumado a la lista entregada por Justicia, arrojó un total de 395 fallecimientos. Más recientemente, el informe “Muertes bajo custodia” reporta que en los últimos 15 años han fallecido 1.836 personas que se encontraban en programas del SENAME. Solo entre 2018 y septiembre de 2020, se habrían registrado 208 fallecimientos de menores de edad en Sename.
Para Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, “no tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos”. Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, asegura que “hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio”. El diputado Saffirio lamenta que “el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales”.
Protocolos y Falencias Institucionales
La reciente revelación de deficiencias en los detalles sobre los decesos de menores bajo la tutela del Sename ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de mejorar los procedimientos institucionales. En la última década, la institución dio a conocer el fallecimiento de 185 niños, una cifra que subraya la importancia de contar con mecanismos claros y exhaustivos para el registro y la notificación de estas trágicas eventualidades.
El Nuevo Protocolo de Muerte del SENAME
En respuesta a estas falencias, se ha implementado un nuevo "protocolo de muerte" con el objetivo de ser más explícitos en los procedimientos a seguir cuando ocurre el deceso de un menor bajo su protección. Según Jorge Lavanderos, jefe del departamento Jurídico del Sename, aunque "aún cuando ya existía la obligación de denunciar, quisimos ser más explícitos". Este nuevo protocolo representa un avance significativo, ya que amplía el registro a todos los decesos, no solo a aquellos que pudieran constituir delitos.
El protocolo establece una serie de pasos claros:
- Ante el deceso de un menor, se debe realizar una denuncia ante el Ministerio Público.
- Posteriormente, el director regional tiene la responsabilidad de comunicar los hechos al director nacional, proporcionando la información del menor y detallando las circunstancias de su muerte.
Esta medida busca garantizar que cada evento sea debidamente registrado y comunicado, superando la anterior práctica de registrar las muertes como un simple "egreso administrativo", sin la debida profundización en las causas.
Fiscalización y Cumplimiento de Protocolos
El informe de la PDI determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
A pesar de que fuentes del servicio afirman que los protocolos se activaron de inmediato en los casos recientes, se ha iniciado una investigación interna para evaluar la correcta aplicación de los procedimientos de atención y supervisión. El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Además, la gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Casos Emblemáticos: Rostros de una Tragedia
El Caso Lissette Villa: El detonante de la crisis
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Sename. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor, con evaluaciones del Sename que incluían maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia, sus "pataletas" y una fuerza que ni cinco "tías" (cuidadoras) podían contener. El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, en el Centro Galvarino, las cuidadoras pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas", pero no fue así. La niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar, una explicación que le costó el puesto.
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó: "Mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada". Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que en altas dosis actúa como antipsicótico, y estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que algunos pueden tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables". Estrada asegura que la “poca prolijidad” con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es “generalizada”, y el senador Alejandro Navarro señaló que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención medica de personal especializado".
La Muerte de Guillermina: Un intento de suicidio ignorado
Guillermina, de 16 años, llegó a "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del Sename. Se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojándole objetos al personal. Menos de media hora después de ser calmada y acostada, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado ni para estabilizarla o hacerle un chequeo completo. La querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia no prosperó y su muerte, en agosto de 2012, quedó registrada como un "egreso" más del sistema.
El Caso "K": Negligencia médica y abandono
La profunda problemática del sistema se ve reflejada en casos como el de "K", una joven que falleció en junio de 2019 tras ingerir una sobredosis de medicamentos. Este trágico evento puso en evidencia las fallas en la atención médica y la posible negligencia por parte del personal de salud. A pesar de las súplicas y las evidencias de intentos de suicidio previos, la joven fue categorizada con una condición de mediana complejidad, lo que retrasó su atención oportuna. La historia de "K" es un reflejo de una vida marcada por la violencia intrafamiliar, el abandono materno y la dependencia emocional. Tras ser separada de su hermana y enfrentar una severa depresión, "K" experimentó múltiples intentos de suicidio. El caso de "K" ha llevado a acciones legales, con sus abogados presentando una querella por homicidio simple contra el doctor Oscar Castro, añadiendo una agravante por la Ley Zamudio.
Otros Denuncias Recientes: J.U.M.
Un adolescente identificado como J.U.M. falleció en la residencia Punta de Tralca. Después de que manifestara molestias para respirar, trabajadores del recinto privado llamaron a una ambulancia, y al llegar el equipo de salud constató su deceso. El director regional del SML de Valparaíso, Gabriel Zamora, señaló que el informe preliminar de la autopsia arroja que “no habría intervención de terceros”. Además, indicó que el joven tenía antecedentes de una enfermedad que le impedía la formación de coágulos, lo que podría estar relacionado con la causa de muerte, que “es un neumotórax, es decir, un sangramiento a nivel interno”. Según María Luisa Sepúlveda, integrante del directorio de la fundación a cargo de la residencia, J.U.M. estaba en controles por su enfermedad, “el último fue el 18 de enero en el hospital Van Buren, donde lo encontraron bien y lo citaron a un nuevo control en seis meses más”.
Un Diagnóstico Crítico: El Informe de la PDI y Otras Investigaciones
El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público hasta que el diputado Rene Saffirio lo reveló en julio de 2019. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
El documento de 257 páginas, al que CIPER tuvo acceso, es un resumen de la extensa investigación realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette Villa. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU del año anterior, que visitó solo cuatro residencias, mientras que el de la policía consideró 240 de 241 que hay en todo el país, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
Detalle de las Vulneraciones Graves
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC). En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, con 310 en total, de los cuales 123 fueron cometidos por adultos y 187 por otros menores.
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que asciende al 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados. El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido.
Otros Informes y la Reacción Institucional
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero el diputado Saffirio asegura que de las 200 medidas urgentes presentadas por la primera comisión investigadora del Congreso chileno, "ninguna se han cumplido".
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho, ya que los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año y, al parecer, “nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas”. El Ministerio Público, por su parte, solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename, y los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen. La Defensoría de la Niñez, en su análisis, logró determinar que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas al interior de la red Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados.
Desafíos Sistémicos y Propuestas de Solución
Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica. El 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. El desglose de esa afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 centros que sí cuentan con uno, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia, identifica tres pilares de una solución definitiva para el problema:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle".
- Reunificación familiar como objetivo final: "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos".
- Defensa jurídica adecuada para los niños: "Que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo", a diferencia de los menores "infractores de ley" que ya cuentan con "muy buenos defensores".
En un esfuerzo por reparar las vulneraciones ocurridas desde la creación del servicio, el Presidente Gabriel Boric anunció la creación de la Comisión Asesora Presidencial para la Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas del Sename. El objetivo de esta comisión es investigar y visibilizar los hechos sufridos por niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal. El Comité de los Derechos del Niño afirmó en 2018 que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado y recomendó establecer mecanismos de reparación. La Defensoría de la Niñez también recomendó en 2020 la “creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación”.
La implementación de este protocolo se produce en medio de la transición del sistema de gestión juvenil hacia el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia, que busca reemplazar al Sename y abordar sus deficiencias. A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Estela Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019, aunque reconoce que “los niños no pueden esperar”.