Un hermetismo total se vivió en el frontis de la residencia Alihuén de Coanil, en Buin, centro colaborador del Servicio Nacional de Menores (Sename), que está siendo investigado por la justicia tras la denuncia de presunta tortura hacia dos adultos y un menor de 17 años, todos con discapacidad mental, por parte de cinco trabajadores del hogar, entre ellos el director del centro.
Detalles de las presuntas torturas
En los videos de prueba, proporcionados por un grupo de trabajadoras que dieron cuenta de los hechos, se observa al equipo técnico realizando contenciones fuera de protocolo. Estas consistían en amarrar a los jóvenes boca abajo sobre una camilla por un lapso de dos a tres horas, sin permitirles ir al baño. Según indica un recurso de amparo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), estos actos configuran el delito de tortura.
El director del centro Alihuén, Gonzalo Recabarren, quien ocupa el cargo desde marzo de este año, está directamente implicado en estas acusaciones. A pesar de la gravedad de los hechos, Coanil se remitió a un comunicado emitido previamente, donde indicaron que las contenciones expuestas en los videos "carecen de contexto, toda vez que no dan cuenta de los hechos previos" y que son métodos "indicados por los médicos tratantes para situaciones de crisis conductuales agresivas".
Sin embargo, las cinco personas identificadas por los denunciantes -el director, el terapeuta ocupacional, la psicóloga, la asistente social y un educador de trato directo- fueron apartadas de sus funciones.
Investigación y acciones legales
El director del INDH, Branislav Marelic, señaló que "lo que es unánime es que el director del centro practicaba las contenciones y él está totalmente identificado". El INDH canalizó la denuncia a la fiscalía y presentó un recurso de amparo que deberá ser resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando una vulneración al derecho constitucional a la libertad personal y seguridad individual.
El INDH ya había inspeccionado 170 centros de la red Sename, incluido Coanil. "Pero ante estos sucesos no descartamos revisitar dichos centros y otros que tengan niños con discapacidad", precisó Marelic. Adicionalmente, se presentó una querella por presuntas torturas.
"Se escucha a estas educadoras decir que el niño fue amarrado por el director del centro, que lleva una hora y media en esta posición, y que el director ordenó tenerlo reducido en estas condiciones por tres horas", indica el recurso del INDH.
Capacitaciones sobre protocolos actualizados: Perspectiva de discapacidad 1
Denuncia de trabajadoras y llamado a la acción
Una de las educadoras de trato directo que denunció estas contenciones manifestó que la razón para hacerlo es evitar que más niños mueran al interior de recintos en los que el Estado debería protegerlos. Según su testimonio, antes de la llegada del nuevo director, se empleaba la contención emocional, hablando y calmando a los jóvenes, basándose en la psicología y el sentido común. Sin embargo, con la llegada de Recabarren, se implementó una respuesta violenta e inmediata, con contenciones mecánicas y presión sobre la caja torácica contra el suelo, lo que podría causar lesiones graves o la muerte.
"Creo que ante estos abusos, uno no se puede callar. No podemos ser cómplices de que algo más grave suceda. Esto lo sabe el Sename, pero no hacen nada", precisó la trabajadora, quien concurrió hasta el INDH y entregó los antecedentes para evitar represalias o perder su empleo.
Medidas inmediatas y cierre del centro
Esta información también fue remitida al juez de Familia de Buin, quien decretó la salida de los directivos del recinto. Fueron reemplazados por un administrador provisional del Sename por 30 días, y se iniciaron diligencias por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), incluyendo la incautación de los libros de novedades.
Ayer, cerca del mediodía, la directora regional metropolitana del Sename, María José Montero, anunció el cierre del centro Alihuén mientras dura la administración provisional, argumentando que no cuenta con las condiciones para seguir funcionando. Esto implicará el traslado de seis menores a centros del servicio y de 10 adultos a otras dependencias de Coanil, decisión que ya fue comunicada a dicha institución.
Sobre la falta de fiscalización, la directora del Sename argumentó que es difícil para los supervisores encontrarse in situ con una contención irregular, y que las supervisiones técnicas previas no habían mostrado dificultades en la residencia. "Que (las contenciones grabadas) sean sacadas de contexto es imposible. Los videos están claros y no sé si ellos lo aplican en otros centros, pero nosotros no lo avalamos. Esto no es una contención, es tortura", sentenció Montero.
El centro pasó a cargo del Sename durante 30 días, pero tras el plazo, el espacio será cerrado de forma definitiva. Los adultos serán enviados a dependencias de Coanil, mientras que niños, niñas y adolescentes irán a otras áreas de Sename. La directora regional metropolitana del Sename sostuvo que "se intentará llamar a las familias de los niños involucrados, pero muy pocos de ellos tienen seres cercanos a quien recurrir. La mayoría están en abandono".
Según consigna 24 Horas, Gonzalo Recabarren García, Daniela Venegas, Belén Guerra e Ignacio Rosales fueron grabados amarrando contra una tabla a uno de los internos del lugar, argumentando un supuesto método de contención. Los especialistas en cuestión ya fueron removidos de sus puestos.
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