Diversos medios de comunicación, la opinión pública y expertos se refieren a los “Niños del Sename” dando por entendido que, quien recibe una prestación de parte de la institucionalidad estatal, queda coaptado por la misma al recibirla. Lo señalado, si bien puede parecer una simple utilización errada del sujeto, oculta la lógica profunda del sistema tutelar anclada en nuestra cultura respecto a la infancia en situación de vulnerabilidad.
Transcurridos 25 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, aún tenemos el desafío de comprender que la autonomía y corresponsabilidad no refiere solo al conjunto de normas que lo expresan, sino que implica en la cotidianidad, creer efectivamente en los recursos y capacidad de cambio de las familias para enfrentar las problemáticas por las cuales reciben atención de programas especializados. Todos los días vemos casos de niños, niñas y adolescentes junto a sus familias que, con apoyo de nuestros programas, han podido transformar sus vidas.
Expresión Artística y Empoderamiento: El Cómic "Una Aventura Inolvidable"
Jóvenes del Sename han presentado el cómic “Una Aventura Inolvidable”, un proyecto que se realizó gracias al apoyo del Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha. Este programa aporta a la diversificación del capital cultural de los niños, niñas y jóvenes, quienes expresan sus vivencias y emociones a través del arte y permite la integración de un sector de la población infantil y juvenil que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales.
Las participantes del taller reconocieron que fue un trabajo entretenido que les permitió reforzar sus vínculos amistosos entre ellas, quienes comparten a diario en el hogar del Sename. Compartir con las monitoras y con el resto de las chicas fue lo que más destacaron las integrantes del taller, quienes vieron este proceso educativo como una instancia más de esparcimiento.
Casos Emblemáticos de Vulneración: El Trágico Caso de Guillermina
La llegada de Guillermina, de 16 años, al Centro de Protección Alborada del Servicio Nacional de Menores (organismo del Estado de Chile del que dependen los niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social) ilustra las fallas del sistema. Eran las 04.19 de la mañana y la traía un policía; venía "medio vestir" y con dinero. Según consta en la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur del país, Guillermina se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojándole objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote.
Menos de media hora después, a Guillermina la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla, tampoco para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llama "egresos" de su sistema. Así, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia.
El Caos Estadístico y la Falta de Transparencia
El caso de Guillermina parece no ser una excepción en un sistema que está "en estado terminal", según las propias palabras de María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno salió a aclarar que la cifra solo incluía a los menores del área "protección".
Como la mayoría de los brazos estatales a cargo de niños vulnerables, el sistema chileno se divide en dos grandes áreas: "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados cuyas familias no están capacitadas para hacerse cargo; y una segunda parte que se encarga de recibir a niños infractores de la ley. BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395.
Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica Ortiz. El diputado Saffirio asegura que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Saffirio, quien requirió formalmente información sobre las causas de las muertes, fue presidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno que fiscalizó las irregularidades del Sename y presentó un informe con 200 medidas urgentes, de las cuales "ninguna se han cumplido".
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, afirma: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
Condiciones Críticas y el Problema de la Sobremedicación
Más allá de los números exactos, ha quedado en evidencia, tras una serie de investigaciones, un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia en el cuidado de los menores. Ortiz señala que "este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen". Por primera vez, a partir de una seguidilla de muertes cuestionadas, estos niños comenzaron a tener rostro, gracias al llamado "factor Lissette".
El Factor Lissette: Un Punto de Inflexión
Actualmente existen más de 8.000 niños que han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename, siendo estos los casos más "críticos" según Ortiz, sin considerar otros programas dependientes del Servicio. Según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas y sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, un menor muerto por un golpe en la cabeza al caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento son algunos de los resultados.
En la lista hay una causa "indeterminada" de muerte que precisamente detonó la crisis por los fallecimientos: la de Lissette. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor. La evaluación del Sename incluye maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Aun así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa: "Ya luego quiero salir de este Sename, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón y eres tú, mamá", le escribió en una.
En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia y sus "pataletas". El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, las cuidadoras pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas", pero no lo fue. Según el testimonio de una de las cuidadoras al programa "Contacto", en medio de una crisis la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar; cuando trató de levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido. La cuidadora declaró que "ya es parte de la pega que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar". Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, intentaron reanimarla, buscaron bomberos y llamaron a emergencias, pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. Ortiz afirma que "la institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual".
Fue la entonces directora del Sename, Mariela Labraña, quien comunicó a la prensa el fallecimiento de Lissette, atribuyéndolo a una "crisis emocional" causada porque un "familiar muy cercano" no la fue a ver. Esta explicación, considerada poco satisfactoria y ética, le costó el puesto.
Sobremedicación y Salud Mental
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que "mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada". El médico asegura que le suministraban un fármaco (benzodiazepina) que, en las dosis que se le daban, actúa como antipsicótico. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Otro fármaco que tomaba Lissette, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables", explica el psiquiatra.
Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada", con el stock en cualquier parte y sin personal especializado para su administración, lo que genera dudas sobre la correcta dosificación. Este problema es grave, considerando que la mayoría de los menores requieren medicación: el senador Alejandro Navarro señaló que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado".
La situación se extiende más allá de las puertas del Sename. "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Estrada. Guillermina, por ejemplo, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente (el bebé fue a un proceso de adopción). A pesar de su situación de calle, nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave. Ortiz explica que "hay pocos psiquiatras infantojuveniles y, de esos pocos, la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado; entonces tenemos regiones donde simplemente no hay".
Hacia una Solución Integral: Propuestas y Desafíos
Un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado es uno de los tres pilares de una solución definitiva para el problema, según el análisis de Estrada. "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle", explica el abogado. El segundo pilar tiene que ver con que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen: "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Sin embargo, Estrada plantea que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño". Estela Ortiz coincide: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
Por último, Estrada plantea que es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo". Existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados, para ser protegidos por el sistema. "Los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. Sin embargo, el problema es que "los niños no pueden esperar".
Perspectiva Histórica y Social de la Crisis del Sename
La académica del Instituto de Historia UC, Ximena Illanes, y el doctorante Miguel Morales, publicaron una columna en El Mercurio sobre la necesidad de otorgar una perspectiva histórica a la crisis del Sename. La crisis ha sido abordada a través de diversas disciplinas: psicólogos y trabajadores sociales se han referido a la calidad de los programas, psiquiatras han analizado la carencia de lugares capacitados para tratar niños con trastornos de personalidad y economistas se han referido a la falta de recursos y poca eficiencia administrativa. Los académicos señalan que la crisis "volvió a instalar la pregunta por el estado actual de las políticas de protección hacia la infancia vulnerada en nuestro país, en particular, por las condiciones de vida a las que se ven enfrentados miles de niños y niñas que viven en instituciones públicas y privadas dedicadas a acogerlos y resguardar sus derechos fundamentales". Los casos de menores fallecidos en este contexto, que llegan a 1.313 desde 2005, "parece tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo".
Illanes y Morales se refieren a cómo los políticos y especialistas han puesto el foco de atención en "las causas de las muerte, los problemas de atención médica, especialmente psiquiátrica, la mala infraestructura y las responsabilidades del Estado". Estos menores vulnerados e institucionalizados, aseveran, son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia, no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo". Los historiadores enumeran hechos históricos donde se vislumbra la temática de la infancia vulnerable, como a fines de la Edad Media, cuando diferentes instituciones de asistencia se especializaron en acoger a miles de criaturas abandonadas en los espacios urbanos, por ejemplo, en la Barcelona del siglo XV. "Las pequeñas cartas, ropas y abrigos, medallas partidas por la mitad y señales de identificación, reflejaron un doloroso proceso de separación momentánea o definitiva".
Abordan también el caso de Chile, donde la dificultad en la creación de lazos afectivos y la integración a la comunidad fue un problema. "Los registros, a su vez, mencionaron historias de maltratos y abusos". A partir de investigaciones como las descritas, se puede reflexionar sobre la realidad actual del Sename y el lugar que estas instituciones han tenido en las sociedades que las han construido. Recalcan que el uso del concepto de abandono puede promover "la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema". Los académicos sugieren que al menos parte de las estrategias futuras se deberían relacionar con "la conservación los vínculos existentes, ya sea, haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas". Los investigadores se preguntan: "¿Cuáles son las estrategias del siglo XXI? ¿En qué ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia del ayer y la de nuestro presente?" y responden que, si bien "los diversos estudios históricos sobre la infancia, permiten poner en perspectiva que las instituciones que forman parte del SENAME", estas deberían desempeñar un papel que fuese incluso más allá que la protección de los derechos del niño o la restitución de los mismos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
Desafiando la Caricatura: Nuevas Realidades y Políticas Públicas
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Sename dieron a conocer los resultados de un conteo que exhibe la realidad de los menores en temas como escolaridad, miedos, peligros, consumos, estados de salud y trabajo. El seremi de Desarrollo Social y Familia, Roberto Erpel, explicó que "ya no existe esa caricatura del niño en situación de calle descalzo, con ropas sucias y rotas. Hoy están integrados a las redes sociales, usan medios tecnológicos y no se diferencian de otros niños de su edad sino hasta que le realizas la intervención. Ahora, gracias a este estudio, les pusimos un rostro y tenemos una radiografía completa de su situación".
Este estudio permite conocer por qué están en la calle, qué temores tienen, de manera de hacer políticas públicas que los puedan ayudar, para impedir que se sigan vulnerando sus derechos y se desarrollen con la misma educación y oportunidades que todos los niños, niñas y adolescentes del país. Se intervendrá también a sus familias, poniendo el foco en ellas, buscando una solución integral, porque "para el gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera los niños están primero, porque no queremos más niños en las calles", afirmó Erpel.
Para este año se tiene programada la apertura del “Programa Calle Niño, Niñas y Adolescentes”, donde se dará cobertura a los casos encontrados en el estudio. Paralelamente, un equipo liderado por el ministro Alfredo Moreno y la subsecretaria de la Niñez Carol Bown, trabaja en el diseño de una política pública adecuada a la realidad de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle sin la presencia de un adulto responsable.
De los 37 niños, niñas y adolescentes, el 60% corresponde a hombres y el 40% a mujeres. La mayoría se concentran en el rango etario entre los 15 y 17 años (76,7%), con una edad promedio de 15,5 años. La situación de calle de los NNA es diferente a la de los adultos; en general, transitan y alteran su pernoctación entre la calle, las instituciones residenciales y hogares familiares. Un 53% están dentro de los “habituales” (durmieron al menos 4 noches en la calle en el último mes), un 17% entre los “intermitentes” (durmieron entre 1 y 3 noches en la calle en el último mes) y un 30% “esporádicos” (durmieron al menos una noche en el último año).
El 67% de los menores declaró no asistir a la escuela y el 37,5% presenta rezago escolar. El 47% señala haber trabajado o realizado alguna actividad para obtener dinero durante la última semana. Uno de los temas que llamó la atención es acerca de los peligros que exhiben al pernoctar en la calle: los encuestados respondieron que temen que les peguen o estar en una pelea (36,7%), que abusen de ellos (30,0%) y que les roben o asalten (26,7%). En caso de problema o necesidad, un 36,7% declara acudir a instituciones, seguido de acudir a algún familiar (23,3%) o amigos (20%).
Violencia Estructural y el Llamado a la Acción
Es cierto que la situación de vida de los niños, niñas y jóvenes que son parte de la red de atención del SENAME ha despertado la indignación y provocado sentimientos en la ciudadanía, no solo por la muerte de Lissette Villa y las denuncias asociadas, sino también por lo develado en el informe de la Comisión Especial investigadora del funcionamiento del SENAME, y otros antecedentes dados a conocer por el Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Es cierto también que una cruel paradoja existe en el SENAME: este organismo alberga a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y se dedica a velar por sus derechos, sin embargo, hoy es cuestionado por la falta de ellos.
No existen niños y niñas del SENAME, sino más bien una población excluida, precarizada, sin atención digna en educación y salud. Por otro lado, y ante la presencia de los casos de atención en centros de resguardo, el aparato institucional que se conforme debe coordinarse con objetivos comunes, con acciones unificadas desde un enfoque crítico en su implementación y atención a sus problemas y complejidades. Por ejemplo, el caso de la administración municipal a la que le corresponde la atención directa en una escuela dentro de un centro de resguardo infantil: ¿cómo dialoga y construye con un Ministerio de Educación que se encarga de las normativas para su funcionamiento, considerando que el centro en que se ubica la escuela es administrado por el Ministerio de Justicia? ¿Sobre qué paradigmas de atención hacia niños, niñas y jóvenes está conformada esta tríada institucional? ¿Qué enfoque de educación prima en ellas?
No se puede pensar la violencia ejercida hacia la población infanto-juvenil por fuera de las estructuras económicas, que necesitan de suyo para perpetuar su poder. El ejercicio de la violencia es estructural y de ahí surgen muchas otras violencias. Es el caso de las relaciones dispares de niños, niñas en situación de riesgo y por otro lado la condición de riesgoso/a. Hasta que el Estado se haga cargo de una real educación, salud, y mejor condición de vida para toda la población, el contexto actual no será más favorable para la población de niños, niñas y jóvenes de nuestro país. La exacerbada institucionalización de sus vidas se acentúa, aunque suene paradójico, por la precaria institucionalidad. ¡Queremos ser libres!, es el canto que reclama justicia de libertad, es un manifiesto de niños, niñas y jóvenes que se deja anunciar.
Reportajes 24: Sename, el infierno infantil | 24 Horas TVN Chile
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