El Estado de Chile tiene la obligación de respetar y garantizar sin discriminación, los derechos de todos los individuos sujetos a su jurisdicción. Chile ha conocido del drama que han vivido y viven los niños, niñas y adolescentes en custodia del Estado a través del Servicio Nacional de Menores (Sename). Todos los antecedentes que ha conocido la opinión pública estos meses dan cuenta que la situación de niños, niñas y adolescentes en custodia del Estado a través del Sename puede ser calificada como una violación grave de derechos humanos.
Tras un minucioso y arduo trabajo de revisión caso a caso, el Sename entregó la cifra de niños, niñas, adolescentes y adultos fallecidos entre el 1 de enero del 2005 y el 30 de junio del 2016, tanto en el sistema de protección como de justicia juvenil. En el sistema de protección residencial (centros del Sename o de organismos colaboradores privados) fallecieron en este periodo 210 niñas, niños y adolescentes. En los centros de justicia juvenil se registraron 33 fallecimientos de adolescentes que cumplían medidas de internación provisoria o sanciones en un centro del Sename por la ley de Responsabilidad Penal Adolescente. “La muerte de cada uno de estos niños nos duele, pero también nos duele habernos demorado dos meses en poder entregar esta información. Eso obedece a las deficiencias de nuestro sistema, como también lo hemos indicado públicamente” expresó la directora nacional.
Guillermina, de 16 años, es un ejemplo paradigmático de las fallas del sistema. Según consta en la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió al reingreso violentemente, fue reunida por la policía y encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla. Tampoco para hacerle un chequeo completo tras su llegada. La única lesión constatada fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo llama "egresos" de su sistema. El término de la vida de un niño se equipara a su escape de un centro o a la reinserción con su familia, lo que revela una visión de gestión centrada en salidas más que en garantías de vida y salud. El caso de Guillermina parece no ser una excepción: el sistema está “en estado terminal”, según palabras de María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
El caos estadístico es uno de los signos más claros de la crisis: la cifra exacta de menores fallecidos es incierta. Un informe del Ministerio de Justicia sugería 185 fallecimientos entre 2005 y mayo de 2016, mientras un reporte de UNICEF señalaba disparidades significativas en 2010. BBC Mundo y otras evaluaciones señalan que el número oficial no cubre adecuadamente las áreas de protección y justicia, y que existen diferencias entre las cifras oficiales y las de organismos internacionales.
Actualmente existen más de 8.000 niños separados de sus familias y acogidos en centros del Sename, que representan los casos más críticos. Las causas de muerte determinadas por autopsias revelan violencia extrema: lactantes o preescolares ahogados, golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento son algunas de las conclusiones. En la lista hay una causa “indeterminada” que detonó la crisis por los fallecimientos: la historia de Lissette.
La historia de Lissette Villa, de 11 años, abrió los ojos del país. Durante años su evaluación incluyó maltrato, abuso y abandono, y su vida estuvo marcada por estancias en diferentes centros dependientes del Sename. El Centro Galvarino, donde murió Lissette, tenía capacidad para 70 menores pero funcionaba con sobredemanda. Su fallecimiento, atribuido inicialmente a una “crisis emocional” por la directora del Sename en aquel momento, condujo a cuestionamientos éticos y a la caída de cargos dentro de la institución.
El informe de la PDI (Policía de Investigaciones) sobre 2.071 casos de vulneraciones de derechos, delineado entre 2017 y 2018, mostró que las irregularidades no eran episodios aislados. El documento detalla maltratos por adultos, maltratos entre pares, abusos sexuales y otros hallazgos que señalan una violencia sistémica en los centros. En 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido, y el 44,5% de los centros no cumplían con los protocolos mínimos del Sename. El 72,9% de los centros no contaban con protocolo ante conductas suicidas y el 76,7% no tenía protocolos para contención física ante desajustes conductuales.
La PDI encontró que el Sename concentra una carga desproporcionada de personal sin la formación adecuada: en muchos centros, la administración de fármacos está en manos de educadores sin formación en salud, y el sistema carece de condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfiles clínicos complejos. Un informe de CIPER en 2016 ya señalaba estas deficiencias de control de fármacos y tratamientos para menores.
Frente a estas realidades, la autoridad ha pronunciado medidas y decisiones que buscan reformar el marco institucional. Se ha planteado la necesidad de crear una nueva institucionalidad y de cerrar el Sename para transitar a un servicio reformulado, con la esperanza de dejarlo instalado en el gobierno actual. Las comisiones especiales y los debates en el Congreso han enfatizado la urgencia de un enfoque integral que priorice la salud mental de los niños, el fortalecimiento de las familias y la reparación de daños para las víctimas.
Un tema central es la responsabilidad del Estado para con los NNA (niños, niñas y adolescentes). Las investigaciones de la ONU y de otras entidades señalan violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, recomendando mecanismos de reparación que prioricen la escucha de las víctimas y el desarrollo de planes de acción. La Defensoría de la Niñez ha solicitado la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para esclarecer graves hechos de violación de derechos dentro de residencias de protección, petición que, en distintos momentos, no recibió la respuesta esperada del Ejecutivo.
La discusión sobre recursos y presupuestos revela tensiones entre la política pública y la realidad operativa. Se ha señalado que la subvención para niños en instituciones colaboradoras es mucho menor que los costos reales de atención en otras esferas del sistema de justicia, lo que evidencia una prioridad mal posicionada. Las autoridades han prometido incrementar recursos para mejorar residencias, salud mental y fiscalización, pero persisten dudas sobre la velocidad y la suficiencia de estas medidas para garantizar una protección efectiva.
En este marco, emerge la necesidad de un enfoque multisectorial que garantice: 1) la protección de derechos y la prevención de daños; 2) la acción coordinada entre salud, justicia y educación; 3) la defensa jurídica adecuada para todos los NNA, en especial aquellos que no están infractores de ley y requieren protección. El Estado debe responder de forma transversal, independientemente de si la gestión se realiza directamente o a través de proveedores privados, con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas claros.
La dramática situación de los menores y adolescentes sin familia que no tienen dónde ir en EE.UU. se cita como comparación para entender el alcance global de la problemática; sin embargo, el foco está en Chile: la muerte de Lissette y las 2.071 vulneraciones detectadas por la PDI señalan que hay una falla estructural en la protección de la infancia. La responsabilidad del Estado es mayor para aquellos que sufren mayores riesgos, como niños con enfermedades mentales, adicciones o discapacidades, y debe haber una atención prioritaria y un plan de reparación robusto.