La protección de los derechos de la infancia en Chile ha enfrentado una crisis persistente y profunda, evidenciada por la problemática en el Servicio Nacional de Menores (Sename) y los desafíos que aún persisten en su entidad sucesora, Mejor Niñez. El sistema estatal de cuidado ha sido señalado por múltiples deficiencias, que van desde la vulneración sistemática de derechos hasta casos de explotación sexual comercial y negligencia en la atención.
Contexto Histórico y Orígenes de la Crisis
La magnitud de la crisis en los centros de protección de menores en Chile ha sido expuesta por una serie de informes y trágicos eventos. La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y catalizó una investigación a gran escala. En 2017, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó una indagación en 240 hogares de menores, constatando 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. El informe de la PDI calificó esta situación como una "violación sistemática" de derechos.
Otro caso emblemático fue el de Guillermina, una adolescente de 16 años, quien falleció en agosto de 2012 en un centro del Sename tras ser reingresada en un estado vulnerable. A pesar de su historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, y un intento de suicidio previo, no se aplicaron los protocolos internacionales adecuados, ni fue trasladada a un hospital para estabilizarla o realizar un chequeo completo. Su muerte fue registrada como un "egreso" más del sistema, evidenciando una normalización de situaciones extremas.
El Caos Estadístico y la Responsabilidad Compartida
Uno de los problemas fundamentales revelados fue la falta de claridad en las cifras de menores fallecidos bajo tutela del Estado. Según un informe del Ministerio de Justicia de 2016, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de UNICEF indicó que solo en 2010 la cifra de fallecimientos era cinco veces mayor a la reportada, lo que muestra una discrepancia significativa en los datos oficiales. El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename, señaló que el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, al no saber cuántos niños hay en sus establecimientos, cuántos han fallecido y cuáles son sus causas. María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia en su momento, describió el sistema como "en estado terminal".
La protección de los derechos de los niños es una responsabilidad compartida de toda la sociedad. Los informes y denuncias históricas, como el Informe Jeldres (investigación del Poder Judicial y UNICEF), han dado pie a múltiples investigaciones y comisiones parlamentarias, sin que hasta la fecha se haya logrado una transformación profunda que detenga la violencia institucional. El problema es transversal y muestra las serias dificultades con las que las instituciones públicas han enfrentado la tarea de proteger a niños y niñas cuando su cuidado no puede ser garantizado por el entorno familiar.
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)
Una de las manifestaciones más graves de la vulneración de derechos ha sido la explotación sexual comercial. Hasta el 18 de febrero de 2022, el Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) había presentado 98 querellas por ESCNNA, involucrando a 115 menores que se encontraban bajo tutela del Estado, ya sea en hogares del ex Sename o en residencias de la actual entidad Mejor Niñez. Entre 2012 y 2021, la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI contabilizó 77 víctimas de ESCNNA bajo el cuidado del Estado, cifra que se eleva a 545 si se consideran los delitos de adquisición, producción y comercialización de material pornográfico infantil.
Factores Contribuyentes a la ESCNNA
Los abandonos de las residencias son una de las causas más comunes de la ESCNNA. Casos como el de ocho adolescentes en Antofagasta en 2020, o dos jóvenes en el sur del país en 2021, ilustran cómo, al abandonar los centros, terceros forzaban a las menores a actos sexuales a cambio de dinero y drogas. Sin embargo, también existen casos intra-residenciales de abuso sexual y explotación.
La coordinadora nacional del Programa Mi Abogado, Verónica Pincheira, y la directora de Mejor Niñez, María José Castro, coinciden en que la capacitación de los funcionarios es clave para prevenir los abandonos y la vulneración de derechos. Castro afirma que el nuevo servicio hará énfasis en la capacitación y especialización de los profesionales, a través de "capacitaciones permanentes y capacitación en terreno".
Explotación Sexual Comercial Infantil en Chile
Barreras Legales y Judiciales
A pesar de la gravedad de los hechos, de las 98 querellas presentadas por el Programa Mi Abogado, solo una registra formalizados. Según Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, esta deficiencia se debe al trabajo de la Fiscalía y las policías, así como a la falta de capacitación en estas instituciones, tal como apunta la magistrada María Pilar Villarroel.
Otro impedimento es que el delito de ESCNNA no está contemplado como tal en el Código Penal chileno, sino que se tipifica como "promoción o facilitación de prostitución infantil", un delito con una pena más baja y mucho más difícil de probar. Además, el relato de las víctimas suele ser insuficiente para que la Fiscalía proceda con la formalización, ya que, como explica el comisario Castro y Denisse Araya de ONG Raíces, los niños y adolescentes a menudo no se sienten víctimas, ocultan su situación por vergüenza, y pueden haber normalizado el abuso debido a la manipulación de los proxenetas.
El Nuevo Servicio: Mejor Niñez y Sus Desafíos
En un intento por mejorar la protección de la infancia, el Sename fue reemplazado por Mejor Niñez, una de las promesas del gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Entre los principales cambios implementados por el nuevo servicio se encuentra la reconversión de los centros masivos en residencias familiares más pequeñas, con un límite de 10 a 15 niños, niñas y adolescentes, buscando una atención más personalizada. Estas residencias, según la directora de Mejor Niñez, cuentan con hasta 27 profesionales de distintas áreas.
Persistencia de Problemas Estructurales
A pesar de los cambios, las críticas persisten. Según algunos funcionarios, las nuevas residencias presentan "la misma problemática que tenían los CREAD masivos, pero ahora en escala reducida". El personal sigue "sobrepasado", se reportan "maltratos" y continúan las "denuncias de abuso sexual y violación". María Pilar Villarroel, jueza del Tercer Juzgado de Familia, enfatiza que el Estado tiene el deber de contratar personal especializado, no solo de capacitar al personal antiguo.
Los datos de la PDI de 2017 son alarmantes: el 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Además, el 72,9% no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% carece de protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", una deficiencia grave que fue clave en la muerte de Lissette Villa. La fiscalización por parte del Sename y los tribunales de familia también es deficiente, con visitas que a menudo son coordinadas previamente o realizadas con menor frecuencia de la requerida.
Deficiencias Estructurales y Operativas en la Atención
Salud Mental y Sobremedicación
La oferta en salud mental para estos niños es "inexistente", según la magistrada Jeldres. La falta de Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva (UCRI) prometidas en el acuerdo nacional por la infancia es una deuda pendiente. Denisse Araya de ONG Raíces explica que el trabajo en salud mental es crucial, ya que muchas menores han vivido vulneraciones desde que nacieron, normalizando situaciones como el abuso sexual. Patricia Muñoz es tajante al afirmar que "el Estado no ha sido capaz de priorizar y atenderles en el ámbito de la salud", siendo los problemas de salud mental y consumo de drogas factores comunes en los abandonos.
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sugirió que la menor estaba "sobremedicada". Señaló que se le suministraba una benzodiazepina en dosis que actuaban como antipsicótico y que había estado expuesta a antidepresivos por años, algunos con posibles efectos adversos en niños. Francisco Estrada, abogado experto en infancia, denunció la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos, la falta de personal especializado y problemas de dosificación. De hecho, el 63% de los niños en el sistema requieren tratamiento farmacológico, pero más de 3.000 carecen de atención médica especializada. Chile, además, tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, sin camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.
Falta de Personal Especializado y Condiciones Inadecuadas
La PDI constató que el 37,3% de los residentes del Sename padece alguna enfermedad psiquiátrica, y un porcentaje significativo presenta otras patologías médicas o discapacidades. Sin embargo, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en muchos casos, esta función es ejercida por personal sin el perfil necesario. En 159 centros (el 66,3%), la administración de fármacos está a cargo de un "educador de trato directo" que solo requiere enseñanza media. Esta situación se agrava al considerar que el 93,8% de los centros carece de las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfiles clínicos complejos.
El Rol de las Instituciones y la Sociedad
El informe de la PDI de 2017, que reveló una violencia sistemática en los centros, fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 y copiado al gobierno, pero no se hizo público en su momento. El diputado René Saffirio criticó duramente esta omisión y la falta de implementación de las 200 medidas urgentes propuestas por su comisión investigadora. Varias instituciones, incluyendo el Sename, el Poder Judicial (con los jueces de familia que deben fiscalizar los centros), y el Ministerio de Justicia, deben responder públicamente por este desastre.
La investigación policial desglosó 2.071 casos de vulneraciones graves: 432 maltratos por adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por familiares dentro de los recintos, 123 abusos sexuales por adultos y 187 abusos sexuales entre menores. Estos hallazgos demuestran que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Explotación Sexual Comercial Infantil en Chile
Es crucial reconocer que el daño producido por la vulneración de derechos se acompaña de un sufrimiento producto de la separación afectiva. Desconocer este problema perpetúa el temor y la desconfianza hacia las instituciones encargadas del cuidado. La preocupación no debe centrarse solo en mejoras de infraestructura o aumento de recursos, sino en garantizar que quienes habitan esos espacios sean cuidados y tratados con dignidad, fomentando una cultura de cuidado que respete los vínculos, las historias y las vidas de los niños, sus familias y los trabajadores de la infancia.
El Testimonio de Catalina: Una Mirada desde Adentro
La historia de Catalina, quien pasó gran parte de su niñez y adolescencia bajo la protección del Estado en dispositivos del Sename desde los tres años, ilustra las profundas falencias del sistema. Ella vivió en la Protectora de la Infancia y luego con una familia de acogida. A los 18 años, al egresar, se enfrentó a un "salto al vacío" sin ayuda estatal, a pesar de que el Estado debería continuar protegiéndolos hasta los 24 años si están estudiando. Nadie le explicó sus derechos ni le ofreció acompañamiento post-egreso, ni apoyo financiero para sus estudios.
Causas de Ingreso y Ambientes en Residencias
Catalina destaca que no siempre la pobreza extrema es la causa de ingreso al sistema. En su caso, fue por "irresponsabilidad" de su madre y un tipo de "demencia" de su padre, evidenciando una "pobreza afectiva" más que material. Además, relata un ambiente de "hipersexualización" en las residencias, donde "niñas de 6, de 7 años están hablando de eso todo el tiempo". Muchas niñas llegan a las residencias por abuso sexual reiterado, y lamentablemente, este país está "muy atrasado en la persecución de estos delitos", permitiendo que los abusadores queden libres.
El daño psicológico es "para toda la vida" y se incrementa por la falta de acompañamiento y asistencia especializada. Catalina enfatiza que en las residencias no hay educación sexual ni talleres que permitan a las niñas abordar estas problemáticas.
Resiliencia y Activismo
A pesar de las adversidades, Catalina fue una alumna dedicada y contó con el apoyo fundamental de personas externas al sistema (como la familia Castillo, benefactores que le pagaron un preuniversitario, una psicóloga). Ahora, cerca de convertirse en controladora de tráfico aéreo, dedica su tiempo a los estudios y a su activismo en Red Egresa, una fundación creada por jóvenes que salieron de residencias de protección. A través de charlas y visitas, Red Egresa les proporciona información vital sobre cómo postular a la universidad, ahorrar y enfrentar la vida independiente, algo que las residencias no ofrecen.
Su experiencia la ha llevado a tener una visión clara sobre la infancia vulnerada: la falta de priorización de la infancia y la carencia de un acompañamiento profesional serio y dedicado. Considera que el enfoque del servicio Mejor Niñez en casas bonitas no aborda el problema central: una atención dedicada y centrada en cada niño, especialmente en el crucial momento del egreso, cuando los jóvenes son abandonados a su suerte sin las herramientas para mantenerse por sí mismos.
Desafíos Futuros y Propuestas de Solución
La superación de esta crisis requiere de una reforma integral. Francisco Estrada plantea tres pilares fundamentales:
- Creación de unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje también con las familias.
- Foco en el objetivo de que los niños vuelvan con sus familias de origen, entregando herramientas y acompañamiento para romper el ciclo de maltrato, en lugar de solo retirarlos por pobreza.
- Asegurar una defensa jurídica adecuada para los niños vulnerados, que garantice que todos los actores del proceso hagan su trabajo, a diferencia de la situación actual donde a menudo son tratados como un "trámite burocrático".
Es imperativo contar con una política pública de protección enfocada en brindar herramientas y condiciones para que el personal que cuida a los niños pueda realizar su compleja tarea de manera acompañada y apoyada permanentemente. Se necesitan personas sensibles a las experiencias e historias particulares de cada niño y niña, y políticas que sean ante todo respetuosas de ellos, sus familias y comunidades. Solo así se podrá construir un sistema de protección que promueva una cultura de cuidado de los vínculos, las historias y las vidas de la infancia en Chile.
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