La Crisis del Sename y la Urgencia de Mejor Niñez
Más de un centenar de menores de edad que debían estar bajo tutela del Estado, en centros del Sename y ahora en residencias de Mejor Niñez, aparecen como víctimas de explotación sexual comercial. Sus casos están relatados en 98 querellas interpuestas por el Programa Mi Abogado, de la Corporación de Asistencia Judicial.
Hasta el 18 de febrero pasado, el Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) había presentado 98 querellas por Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) que se encontraban bajo tutela del Estado, en hogares del ex Sename o en residencias de la actual entidad Mejor Niñez. Son 115 los menores que figuran como víctimas en estas acciones judiciales.
El problema volvió a cobrar notoriedad porque el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, recién denunció un nuevo caso ocurrido en una residencia de su comuna administrada por Mejor Niñez, la entidad que reemplazó al Sename hace apenas cinco meses para asegurar una mayor protección a los menores. La denuncia de Jadue vuelve a poner al centro del debate si la creación de Mejor Niñez es la solución para los graves abusos que han sufrido los menores bajo el sistema del Sename, una de las principales promesas del gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Esto, porque el caso relatado por el alcalde involucra a la nueva institución a cargo de los niños, niñas y adolescentes que requieren protección.
Investigación y Datos Alarmantes
CIPER comparó el personal que trabajaba en el Sename en su último mes de funcionamiento -septiembre del 2021- con el personal de Mejor Niñez en su primer y cuarto mes desde su puesta en marcha.
María Pilar Villarroel, jueza del Tercer Juzgado de Familia, asegura que el Estado tiene el deber de contratar personal especializado, no de capacitar al personal antiguo.
Desde 2012 hasta 2021, la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) contabiliza 77 víctimas de ESCNNA bajo el cuidado del Estado. El número se dispara a 545 si se consideran los delitos de adquisición, producción y comercialización de material pornográfico infantil.
CIPER accedió a siete querellas presentadas por la Defensoría de la Niñez sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que estaban bajo la tutela del Estado.
Modus Operandi de la Explotación
Si bien los abandonos de las residencias son una de las causas más comunes de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado, también existen casos intra residenciales. De acuerdo con la información contenida en las querellas a las que accedió CIPER, en 2020 se detectó que ocho adolescentes abandonaban con frecuencia la residencia del Sename en la que vivían en Antofagasta y, mientras se encontraban afuera, terceros que rondaban el hogar las forzaban a actos de carácter sexual a cambio de dinero y drogas. En 2021, en el sur del país, la situación se repetía para otras dos jóvenes.
Esta situación se repite en la mayoría de las querellas y la coordinadora nacional del Programa Mi Abogado (PMA), Verónica Pincheira, considera que la capacitación de los funcionarios que trabajan en las residencias es clave para prevenir los abandonos y la consecuente vulneración de los derechos de los NNA.
Sobre este mismo punto, la directora de Mejor Niñez, María José Castro, afirma que el nuevo servicio pondrá énfasis en la capacitación y especialización de los profesionales que trabajan con los niños, niñas y adolescentes: «Lo que se está haciendo es acompañar a los equipos técnicos con capacitaciones permanentes y con capacitación en terreno, que es lo que nosotros llamamos la asistencia técnica.»
Desafíos en la Salud Mental y el Acompañamiento
Para abordar este y otros hechos constitutivos de delito en contra de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado, en 2019 el Sename implementó las circulares N°5 (para Organismos Colaboradores) y N°6 (para Organismos de Administración Directa).
La magistrada Jeldres, que lleva años investigando y trabajando en torno a esta temática, se mantiene crítica respecto a los avances del servicio. “En materia de salud mental la oferta es inexistente. En el acuerdo nacional por la infancia se ha comprometido, entre otras cosas, la creación de Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva (UCRI), pero aún no se han creado.
La directora de ONG Raíces, Denisse Araya, que ha trabajado con jóvenes víctimas de ESCNNA desde hace 20 años, explica que el trabajo en salud mental es crucial porque las menores han vivido vulneraciones desde que nacieron y han normalizado estas situaciones. “A veces son hijas de prostitutas o incluso han experimentado el abuso sexual en la primera infancia. Entonces, cuando les empiezan a pagar no ven la diferencia.”
Denisse Araya recuerda un caso en el que, tras un arduo trabajo de acompañamiento, una joven pudo tomar conciencia de que había sido explotada sexualmente. Al momento de reaccionar colapsó y golpeó a las tres personas que la acompañaban, entre ellas, la misma directora de la ONG: “Muchas veces he visto que cuando las niñas toman conciencia de lo que han vivido, vomitan.”
Patricia Muñoz es tajante al afirmar que “el Estado no ha sido capaz de priorizar y atenderles en el ámbito de la salud. Muchas veces los abandonos están asociados directamente a temas relacionados con el consumo de drogas o por situaciones que afectan a su salud mental.”
Reformas y Limitaciones del Sistema
Una de las soluciones que ha ofrecido el nuevo servicio es la reducción del volumen de NNA en los hogares, mediante la instalación de Residencias de Vida Familiar. La directora de Mejor Niñez explica que estos lugares tienen un tope de 15 menores y cuentan con 27 profesionales de distintas áreas.
“En estos momentos, las residencias están con la misma problemática que tenían los CREAD (centros) masivos, pero ahora en escala reducida. Los funcionarios están sobrepasados, están teniendo los mismos problemas de maltrato y hay denuncias de abuso sexual y violación.”
Desde 2014 hasta 2019, dos menores de edad fueron víctimas de abuso sexual, producción de material pornográfico y explotación sexual comercial en una Residencia para Lactantes y Preescolares (RLP) de Hualpén (Bío Bío). En la misma comuna, pero en otra RLP, la situación se repitió para otros dos niños entre junio de 2018 y febrero de 2020.
De las 98 querellas que ha presentado el Programa Mi Abogado, solo una registra formalizados. A juicio de Patricia Muñoz, esta deficiencia se debe al trabajo de la Fiscalía y de las policías, que ejecutan las diligencias que los fiscales instruyen. La magistrada María Pilar Villarroel también apunta hacia la capacitación de las policías y del Ministerio Público.
Otro factor que impide mejorar la persecución penal es que el relato de la víctima suele ser insuficiente para que la Fiscalía proceda con la formalización. El comisario Castro cuenta que a veces los niños, niñas y adolescentes prefieren no denunciar ni ser partícipes de los procesos investigativos. “Cuando queremos entrevistar a la víctima, muchos chicos ya no quieren cooperar porque no se sienten víctimas.”
Abordar el tema con la víctima no es tan simple y Denisse Araya lo ha observado a lo largo de su trayectoria: “Cuando acoges a una niña en esta situación, jamás te va a decir ‘estoy en explotación sexual’ o ‘me estoy prostituyendo’. Lo va a esconder porque tiene vergüenza y siente que es su culpa. Ellas jamás piensan que los que las rodean son los culpables, se sienten como las únicas responsables. Además, el proxeneta, el abusador y todos los involucrados les han hecho entender que esa fue su opción, su decisión.”
Marco Legal y Desafíos Pendientes
Otra dificultad es que el delito de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes no está contemplado como tal en el Código Penal. Lo que está tipificado es la promoción o facilitación de prostitución infantil. Y, según explica la jueza Villarroel, ese delito “tiene una pena más baja y es mucho más difícil de probar.
En el Ministerio Público no cuentan con cifras que permitan dimensionar el problema. -Acá hay un desafío para el Ministerio Público de indagar la explotación sexual comercial con mucha mayor profundidad, hay un desafío país, y también desde la prevención del delito, de evitar que este tipo de comportamientos se produzca.
Este tipo de decisiones carecen de todo enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y no hacen más que promover la impunidad de conductas que no solo han producido impacto en el país, sino que además han sido observadas por organismos internacionales. Frente a delitos tan graves, como son aquellos cometidos contra niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, las salidas judiciales alternativas, si bien están contempladas por la ley, en estos casos son un mensaje que representa un retroceso para alcanzar justicia para la niñez.
La Ley aplica a los jóvenes que, al momento de cometer un delito, sean mayores de 14 y menores 18 años, recogiendo las recomendaciones de la CDN en relación a relevar las características propias de la adolescencia en el abordaje penal. Además, se establecen tiempos límite de imposición de una sanción. Así, para los imputados que dieron principio de ejecución de un delito siendo mayores de 14 y menores de 16 años, el tiempo máximo de sanción es 5 años, mientras quienes hayan dado principio de ejecución de un delito siendo mayores de los 16 y menores 18 de años, el tiempo máximo puede ser de hasta 10 años de sanción. En la ejecución de la sanción, junto al adolescente se construye un plan de intervención individual que es aprobado judicialmente, en el cual se establecen ciertos compromisos que apuntan a disminuir la reincidencia y apoyar su reinserción social.
Principios Legales Relevantes:
- Legalidad: Conforme a este principio, sólo podrán castigarse las conductas expresamente señaladas con las penas establecidas, tanto en el Código Penal como en leyes penales especiales.
- Proporcionalidad y diversidad de las sanciones: La ley dedica un completo catálogo de sanciones ajustado a la gravedad del hecho y la edad del imputado.
Informes y Evidencia de Vulneraciones Sistemáticas
El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
La muerte de la pequeña Lissette Villa (abril de 2016) conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero eso no pasó. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
CIPER accedió a ese informe de 257 páginas. El documento es un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe este martes 2 de julio, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario -quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename- es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU. El organismo internacional visitó solo cuatro residencias. El de la policía consideró 240, de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
Responsabilidades y Falta de Fiscalización
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. ¿Nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas? ¿Han ordenado que esas vulneraciones cesen, se solucionen, se investiguen?
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas.
La muerte de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del Sename. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años.
¿El objetivo de esa fuerza de tarea? El 7 de noviembre de 2017 la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas). Solo una se negó a recibirlos.
Detalles del Informe Policial
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. En junio de 2018 la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (como se denomina el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Incumplimiento de Protocolos y Falta de Personal Cualificado
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros. Se trata de nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores. El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas. Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. ¿Por qué no lo ha hecho? El informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica. El 13,9% sufre una enfermedad crónica. El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El desglose de esa afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado.
Una investigación de CIPER de 2016 constató como los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta, si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Declaraciones y Negación de Conocimiento
Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación.”