En marzo de 2010, las Aldeas Infantiles S.O.S. se vieron obligadas a recurrir a la justicia debido a que cuatro niñas bajo su cuidado fueron víctimas de abuso sexual. Dos de ellas, de 4 y 6 años, residían en la Aldea Los Aromos, mientras que las otras dos, de 7 y 8 años, se encontraban en la Aldea Madreselvas. Estas niñas habían sido previamente internadas debido a maltratos infligidos por sus propios padres. Lo alarmante de esta situación radicó en que los agresores no eran adultos, sino jóvenes que, paradójicamente, también habían sido víctimas en el pasado.
Uno de los agresores tenía 15 años y se alojaba en el mismo hogar que las pequeñas. El otro, de 18 años, había vivido en el mismo hogar que las niñas a las que agredió desde los 6 años. Según la información proporcionada por el Sename a CIPER, este joven visitó a las cuidadoras de la casa y, aprovechando un descuido, realizó tocamientos a las niñas. Adicionalmente, en el mismo hogar de Los Aromos, se detectó que una adolescente de 16 años tuvo "conductas sexualizadas" con un niño de 9 años.
Estos incidentes se suman a otros casos que evidencian las fallas del sistema de protección. La investigación inicial se centró en los crímenes de Benjamín Morales (3 años) y Daniel Maldonado (2 años), los cuales demostraron que el sistema a veces falla por llegar tarde al auxilio de los niños. Los abusos denunciados en las Aldeas SOS apuntan a problemas quizás más graves, cuyas causas son múltiples. Entre ellas se encuentran la falta de control y preparación del personal que atiende a los niños, así como la falta de criterio. Un ejemplo de esto fueron los casos de maltrato físico denunciados en dos hogares del Ejército de Salvación, que fueron cerrados por el Sename a principios de 2010.
Sin embargo, la protección también falla por una razón menos discutida: los niños que ingresan a la red Sename a menudo han sufrido un daño considerable. En el hogar Cardenal Carlos Oviedo, residen muchos de estos jóvenes, a pesar de que la institución no está preparada para recibirlos adecuadamente. Hace seis años, este centro captó la atención pública bajo la dirección del ex sacerdote José Luis Artiagoitía, con Gemita Bueno como una de las internas. Actualmente, el hogar está a cargo de Leontina González, esposa de Artiagoitía.
Leontina relata un caso complejo: "Hace un tiempo nos mandaron a un niño que fue abusado por su padre durante años, desde que era casi una guagua. Según lo que ha aparecido en el juicio, el padre hacía que este niño abusara de su hermana, que también está con nosotros, en el hogar de niñas." Agrega que, al ser admitido en un hospital, el niño intentó violar a otro interno, evidenciando la necesidad de una atención especializada que, lamentablemente, no ha recibido por mucho tiempo. Leontina reflexiona que estas situaciones contribuyen a la formación de adultos con personalidades despiadadas, como los psicópatas que tanto espantan a la sociedad.
En el hogar Carlos Oviedo, el problema más grave lo representa un joven con retardo mental severo que muestra fijación sexual con la perra del centro. A pesar de estar bajo medicación y tratamiento, requiere una atención mucho mayor de la que el centro puede ofrecer. La pregunta que surge es: si se retira al animal, ¿hacia dónde se dirigirá la atención del niño? Leontina enfatiza que los derechos deben traducirse en una mejor vida cotidiana.
En cuanto a la financiación, se estima que para brindar una atención de calidad a un niño abandonado, el Sename debería cubrir alrededor del 60% de los costos necesarios. Si el Sename paga 150.000 pesos mensuales por atender a un niño, lo adecuado sería 250.000 pesos. Esta brecha financiera es tan significativa que dificulta la expectativa de un cambio radical en los próximos años. No se trata únicamente de un problema económico; la solución para las atenciones especializadas tampoco presenta un panorama alentador, ya que se requieren especialistas de mayor calidad y una dedicación de tiempo más prolongada. Diversos funcionarios del sistema estatal sostienen que el número de niños con daño extremo no debería superar los 20 casos en todo Chile.
Se ha iniciado un catastro de las atenciones de salud mental necesarias, pero el Sename reconoce que no puede resolver este problema por sí solo, ni crear un sistema paralelo al de Salud Pública. La inmersión en la realidad de los hogares y la compleja red que rodea a los niños bajo protección estatal confirma la crítica situación en la que se encuentran.
Fallos en la Supervisión y Condiciones Precarias
Gran parte de la información que evidencia esta situación proviene de un esfuerzo conjunto entre jueces de familia y el Sename, a través de la "Comisión despeje". Esta mesa de trabajo examinó los problemas de la red de protección, permitiendo racionalizar recursos y detectar áreas débiles. Sin embargo, la comisión también reveló problemas más delicados, como la ausencia de niños durante las visitas a los hogares, y en algunos casos, su partida sin notificación a los jueces.
Situaciones similares se detectaron en dos hogares de la Fundación Mi Casa ("Puertas Abiertas" y "Abriendo Caminos"), que la propia entidad cerró a finales de 2009. Según Angélica Marín, jefa del departamento de protección de derechos del Sename, las supervisiones revelaron la ausencia continua de los niños, especialmente durante la noche y los fines de semana, a pesar de figurar en las nóminas internas. Los educadores y profesionales no tenían certeza de su paradero.
Una visita al centro "Abriendo Caminos" informó que de 67 niños, siete se habían fugado y 27 estaban en proceso de acercamiento familiar. Este acercamiento resultaba peculiar, ya que tres de estos jóvenes habían sido acusados de robar un computador en la misma fundación. En agosto, los supervisores del Sename descubrieron un hogar donde se adulteraba la cantidad de niños atendidos: la Residencia Especial Galileo de La Serena afirmaba atender a 20 niños, cuando el plazo razonable de permanencia es de seis meses.
La auditoría al hogar Galileo también expuso las precarias condiciones de vida de los niños. Un informe para la Comisión Despeje corroboró que esta precariedad está extendida en toda la red. En dicho informe se detectaron conductas sexualizadas entre niños y niñas de las Aldeas SOS, recomendando la capacitación del personal. Sobre el hogar de niñas de la fundación Carlos Oviedo, se señaló que la casa presentaba problemas de higiene en cocina y comedor, falta de profesionales y atención insuficiente para niños con problemas de salud mental.
Uno de los centros con mayores problemas fue el hogar Juan XXIII en Buín, administrado por Coanil, que recibe a niños y niñas con discapacidad mental grave o profunda. Con 60 cupos y una asignación anual del Sename de 111 millones de pesos, el informe consignó que los jóvenes "permanecen habitando en condiciones de emergencia en un gimnasio habilitado; los baños se encuentran en pésimas condiciones de higiene, filtraciones y agua en el piso, haciendo el lugar frío para albergarse ahí". A pesar de la instalación de mediaguas, el hacinamiento persistía, y los niños vagaban por un patio sin estímulos ni actividades. Aunque no todos los hogares presentan estas condiciones, el Sename es consciente de que los niños protegidos viven en peores condiciones materiales que los jóvenes presos.
El terremoto de 2010 agravó la situación, ya que muchos hogares se ubican en casas antiguas que sufrieron derrumbes, como ocurrió con el hogar Juan XXIII. Además, la violencia ejercida contra los menores bajo protección es un problema recurrente que se lucha por erradicar. La dificultad radica en que los jóvenes han sufrido mucho y les cuesta controlar sus impulsos, y los recursos del Sename no permiten contratar personal especializado.
En el Hogar Helmuth Hunner, la esposa del director fue acusada de golpear a un niño. En el hogar El Broquel, la mayoría de las niñas habían sido agredidas por su padre o el conviviente de su madre. También hay numerosas abuelas que se hacen cargo de niños maltratados, mujeres que, habiendo fracasado en la educación de sus propios hijos, intentan hacerlo mejor con sus nietos.
Las historias de los niños reflejan la dura realidad del sistema:
- Un niño de 9 años ingresó por violencia intrafamiliar, abandono y abuso sexual. Su padre falleció en un accidente y su madre no tiene contacto con él.
- Una niña de 7 años ingresó por negligencia parental, maltrato psicológico y abuso sexual a su hermana mayor por parte del conviviente de la madre. La niña no muestra identificación con su madre.
- Hermanos de 4 y 3 años tienen escasas posibilidades de egreso debido al abuso de cocaína por parte de la madre y sospecha de abuso sexual por parte del padre.
- Hermanas de 13 y 17 años ingresaron por abuso sexual de su padre biológico y violencia de su madre. Una hermana mayor, que vive como allegada, es su adulta responsable.
Financiamiento Insuficiente y la Dependencia de la Caridad
Todos en la red Sename son conscientes de una realidad que el público general no ha asumido: la brecha entre lo que entrega el Estado y lo que se necesita para brindar una atención de calidad se cubre con caridad. Las instituciones realizan colectas y buscan apoyo empresarial. Aquellas que consiguen más recursos ofrecen mejores profesionales y hogares, mientras que las que tienen redes limitadas dependen de los dineros públicos, resultando a menudo en hogares con malas condiciones de infraestructura y aseo, o carencia de especialistas.
La decisión sobre a qué hogar se deriva a cada niño recae en un juez, dependiendo de la disponibilidad de cupos. Históricamente, se afirmaba que los niños que ingresaban al sistema de protección terminaban en el sistema penal, es decir, que los niños agredidos se volvían agresores. Sin embargo, cruces de datos de 2009 desmintieron este prejuicio. Según el Sename, en el segundo trimestre de 2010, de los 3.337 adolescentes ingresados al sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), el 16% (545 niños) habían estado previamente protegidos por el servicio público. Si se pregunta cuántos de los atendidos por protección se transformaron en infractores, el porcentaje es mucho menor.
La investigadora Lisandra Muñoz ha documentado diferencias significativas entre los jóvenes de ambos mundos. Los niños abandonados son educados estrictamente en los hogares, llegando a ser conservadores y tradicionalistas. A menudo, sus perspectivas de futuro son de encierro. Les cuesta asumir que su familia no los quiere, y a pesar de ser testigos y víctimas de violencia, sienten que eso no justifica haber sido encerrados.
El Peligroso Ciclo de la Violencia y la Falta de Atención Especializada
La violencia es una práctica que se lucha por erradicar en los hogares, pero no es fácil. Los niños han sufrido mucho y les cuesta controlar sus impulsos. Los recursos del Sename no permiten contratar personal especializado para abordar estas complejas situaciones.
En el hogar Cardenal Carlos Oviedo, se presenta un caso particularmente grave: un chico con retardo mental severo que tiene una fijación sexual con la perra del centro. A pesar de estar bajo medicación y tratamiento, requiere una atención mucho mayor de la que el centro puede ofrecer. La pregunta que surge es si, al retirar al animal, la atención del niño se dirigirá hacia otro foco.
Existe una brecha significativa entre los recursos que entrega el Estado y lo que se necesita para brindar una atención de calidad. Esto implica que la atención se cubre en gran medida a través de la caridad. Las instituciones que logran atraer más recursos, ya sea por colectas o contactos, pueden ofrecer mejores condiciones y profesionales. Las que tienen redes más pequeñas, deben administrar los escasos dineros públicos, lo que a menudo resulta en hogares con deficientes condiciones de infraestructura, aseo o falta de especialistas.
La decisión sobre a qué hogar se deriva a cada niño depende de la disponibilidad de cupos y es determinada por un juez. Históricamente, se ha observado una tendencia a que los niños agredidos se conviertan en agresores, aunque las cifras recientes sugieren una realidad más matizada. Un análisis de los anuarios oficiales del Sename entre 2010 y 2014 reveló 318 fallecimientos, cifra que, sumada a otros reportes, eleva el total considerablemente. Sin embargo, la falta de claridad y la inconsistencia en las cifras oficiales son un problema persistente.
El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename, ha señalado la falta de cumplimiento de las medidas urgentes propuestas y la ausencia de un interés real por investigar las muertes de menores. La PDI realizó un levantamiento de información de 240 residencias, detallando muertes, lesiones y condiciones precarias, pero este trabajo no ha tenido seguimiento.
Casos Emblemáticos: Lissette y Guillermina
El caso de Lissette, una niña de 11 años que pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename, puso de manifiesto las graves deficiencias del sistema. A pesar de las evaluaciones de maltrato físico, psicológico, abuso sexual y abandono, Lissette escribía cartas a su madre anhelando volver a casa. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia. Una noche, tras un fuerte golpe en la cabeza, se desvaneció. Las cuidadoras, sin formación en primeros auxilios, tardaron en reaccionar. Para cuando intentaron reanimarla y buscar ayuda externa, Lissette ya estaba muerta. La explicación oficial de su fallecimiento como una "crisis emocional" fue considerada insatisfactoria y provocó la destitución de la entonces directora del Sename.
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, expresó su impresión clínica de que la niña estaba sobremedicada. Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que, en la dosis que recibía, actuaba como antipsicótico, además de antidepresivos cuyos efectos en niños no están demostrados. Otro fármaco que tomaba, la sertralina, podía tener efectos adversos, volviéndola más agresiva e impulsiva.
La manipulación de medicamentos en los centros es un problema generalizado. El stock se encuentra accesible, y la dosificación es a menudo inadecuada, especialmente cuando el personal no es especializado. Esto es preocupante, dado que la mayoría de los menores requieren medicación. Chile, además, presenta la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.
El caso de Guillermina, una adolescente de 16 años con historial de consumo de alcohol, drogas, depresión y un embarazo adolescente, también ilustra la falla del sistema. Tras intentar suicidarse, no fue llevada a un hospital para una evaluación completa. Su muerte, ocurrida en agosto de 2012, quedó registrada como un "egreso" más del sistema, equiparable a una fuga o reinserción familiar, a pesar de las circunstancias. La querella presentada por su familia no prosperó.
Documental en 3D sobre las Fallas de Valencia - Na Jordana
Propuestas de Solución y el Futuro del Sename
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señala la falta de confianza en las cifras oficiales debido a posibles duplicaciones. Considera que la poca prolijidad en la manipulación de medicamentos y la falta de personal especializado son problemas generalizados. El senador Alejandro Navarro ha destacado que el 63% de los niños están bajo tratamiento farmacológico y más de 3.000 carecen de atención médica especializada.
Las soluciones propuestas por Estrada incluyen tres pilares: el desarrollo de unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje con las familias; el objetivo de que los niños regresen con sus familias de origen, proporcionándoles herramientas y acompañamiento, en lugar de simplemente internarlos, reconociendo que la pobreza a menudo es el factor determinante; y la garantía de una defensa jurídica adecuada para los menores vulnerados, que vele por el cumplimiento de las responsabilidades de todos los actores involucrados.
El Consejo para la Infancia tiene como objetivo a mediano plazo cerrar el Sename y transitar hacia un nuevo servicio, esperando dejarlo instalado antes de 2019. Sin embargo, la urgencia de los niños no puede esperar.
Un ejemplo reciente de la problemática se vivió en la Residencia Familiar Adolescencia Temprana AADD Carlos Antúnez, donde un niño de 13 años se subió al techo del lugar en protesta por no recibir permiso para ir a una tienda de skate. El incidente escaló con la llegada de Carabineros, y un video difundido en redes sociales mostró un forcejeo entre el menor y un carabinero, con gritos de auxilio del niño. El Sename abrió un sumario y presentó una denuncia ante la fiscalía. Los testimonios de los niños y educadores serán recogidos en la investigación.
La residencia Carlos Antúnez acoge a niños provenientes de centros previamente cerrados por presuntas vulneraciones, como el Cread Galvarino (donde murió Lissette Villa) y el Cread de Pudahuel (donde se investigó una presunta red de prostitución infantil). La directora nacional del Sename, Rosario Martínez, señaló la gravedad del video y la presentación de la denuncia para que el Ministerio Público investigue los hechos.
El exfiscal regional Marcos Emilfork, quien investigó muertes de menores bajo tutela del Estado, lamentó la desarticulación del equipo especializado en estas investigaciones, lo que demuestra la falta de interés real por avanzar. Señala que el trabajo de levantamiento de información sobre las condiciones precarias en las residencias no tuvo seguimiento, y que "hay muchos poderes detrás, muchos intereses" que impiden llegar a la verdad.
El problema fundamental radica en la falta de voluntad política y la ausencia de un sistema de acreditación y normativas de altos estándares para todos los centros. La solución requiere un compromiso integral de la sociedad, el Estado y el Poder Judicial para garantizar los derechos de los niños, especialmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad.