La sociedad boliviana se encuentra conmocionada y dividida tras el caso de una niña de 11 años que quedó embarazada como resultado de continuos abusos sexuales perpetrados por un hombre de 60 años. La situación ha generado intensos debates, con consignas como "Niñas, no madres" y "Salven las dos vidas" reflejando las posturas encontradas entre quienes defienden el derecho de la menor a interrumpir su embarazo amparada por la ley y quienes sostienen que la gestación debe continuar.
El incidente, ocurrido en el municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, ha tenido una repercusión significativa en todo el país durante la última semana.
La niña fue víctima de abusos durante meses
Durante más de nueve meses, la menor sufrió abusos sexuales por parte del padre de la actual pareja de su madre. El embarazo se descubrió cuando la niña "sintió movimientos extraños" en su vientre y lo comunicó a sus familiares. Tras una evaluación médica inicial, se confirmó que tenía 21 semanas de gestación.
Una tía de la pequeña presentó una denuncia contra el presunto agresor, quien actualmente se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad a la espera de su proceso judicial.
Simultáneamente, se presentó una solicitud para la interrupción legal del embarazo (ILE) de la niña.
Marco legal y la sentencia constitucional de 2014
En Bolivia, desde 2014, una sentencia constitucional permite a las mujeres acceder a un aborto legal y seguro en casos de violación, incesto, estupro (cuando la víctima es menor de edad) o cuando la vida o salud de la gestante corren peligro. Para ello, es suficiente presentar una denuncia de violación y el consentimiento de la víctima, eliminando el requisito de autorización judicial que estipula el Código Penal boliviano para los abortos no punibles.
La ILE de la niña comenzó el viernes pasado. Según informó la Casa de la Mujer, institución que brindó apoyo a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, la menor recibió una primera medicación para interrumpir la gestación. Sin embargo, tras la amplia cobertura mediática del caso, que algunos sectores consideran "irresponsable" por no respetar la privacidad de la menor, la Iglesia católica y grupos "provida" ejercieron presión sobre la niña y su madre para que desistieran de la interrupción del embarazo.
El sábado 23 de octubre, la niña, mediante una carta escrita a mano, desistió de continuar con el procedimiento. Fue dada de alta del hospital el martes siguiente y, junto a su madre, se trasladó a un centro de acogida administrado por la Iglesia católica, la cual se comprometió a asistir a la menor y a su futuro hijo.
La Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, considera que la madre no debería tener voz en la toma de decisiones en este caso, dado que los abusos ocurrieron mientras la niña se encontraba en "absoluta soledad e indefensión". Cruz señala que, según los informes, la presión ejercida por miembros de la Iglesia ha generado dudas y miedo en la menor, llevándola a retractarse de su decisión de interrumpir el embarazo legalmente. "Ella decidió hacerse una ILE tomando en cuenta su proyecto de vida. Ella misma señaló 'yo quiero estudiar, yo quiero una vida para mí'. Las otras dos formas de intervención [de la madre y de la Iglesia] son parte de la grave vulneración de derechos de los cuales ha sido víctima la menor", afirmó la Defensora del Pueblo.
Un caso "al límite de la legislación"
Según Ana Paola García, directora de la Casa de la Mujer, en 2020 se registraron 39.999 embarazos en menores de 18 años en Bolivia, lo que equivale a un promedio de 104 niñas embarazadas por día, de las cuales 6 eran menores de 13 años.
La oficina de asesoría legal de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano de Santa Cruz, a cargo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, describe este caso como "al límite de la legislación". Si bien la sentencia constitucional de 2014 no establece un límite temporal para la interrupción del embarazo, el Ministerio de Salud boliviano se basa en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija el límite de viabilidad fetal en 22 semanas. En este caso, la niña se encuentra en el límite temporal, y existe un margen de error en el diagnóstico médico del tiempo de gestación.
Las mismas fuentes señalan que, aunque el caso de la niña cumple con tres de las causales de la sentencia constitucional, el proceso de interrupción debería realizarse en 24 horas. Además, cuestionan la capacidad de decisión de una niña de 11 años, argumentando que a esa edad no se posee la capacidad legal para firmar un contrato. Ante esta situación, se percibe una "contradicción jurídica" en la sentencia de 2014, que otorga la potestad de decidir sobre la vida o muerte de un ser a una niña de tan solo 11 años. La oficina legal de Santa Cruz añade: "Nadie más puede decidir sobre ella, ni el Estado, ni un hospital, ni un comité de médicos, ni la Iglesia católica. Esa capacidad jurídica la ponemos en tela de juicio porque se trata de una niña, pero la doctrina dice que ella tiene el derecho de decidir y ha decidido seguir con el embarazo".
Embarazo de alto riesgo y postura de la Iglesia
La Iglesia boliviana ha mantenido una postura de "salvar, cuidar y apoyar con amor a las dos vidas". En un comunicado, fuentes eclesiásticas afirmaron que "es ya una criatura bastante formada y por tanto goza, sin duda, de la protección que emana de las leyes y la Constitución Política del Estado". Añadieron que "un 'crimen no se soluciona con otro crimen. El aborto no remedia la violación, ni da tranquilidad a las conciencias. Por el contrario, deja heridas psicológicas más graves y para largo tiempo'".
Iblin Moscoso, obstetra y ginecóloga de la clínica CIES de Santa Cruz, asegura que, desde el punto de vista médico, el embarazo de esta niña es "de muy alto riesgo" debido a las posibles complicaciones. La menor inició el proceso de interrupción con una pastilla, pero la especialista explica que se requieren varias dosis para lograr la expulsión del feto, seguido de una aspiración manual endouterina. "Con una dosis nomás no logramos una respuesta. Ahora, que eso pueda tener consecuencias después o pueda tener algún efecto retardado, dependerá de la respuesta del organismo de la niña", señaló la facultativa.
La médica, que trabaja en una clínica enfocada en derechos sexuales y reproductivos, advierte que durante el embarazo de una niña de 11 años pueden surgir complicaciones como preeclampsia, parto prematuro, desnutrición o riesgo de hemorragia durante o después del parto, "porque su organismo no está preparado". Además, destaca las implicaciones psicológicas, afirmando que la niña "no va a estar preparada para ser madre". Moscoso concluye que "mientras no se manejen los casos con la confidencialidad que se necesita, tanto para la paciente como para el personal que participará en una intervención, los médicos no podrán actuar sin temor de ser juzgados por la sociedad".
Barreras en el acceso a la interrupción legal del embarazo
Un informe de la Defensoría del Pueblo, con apoyo de Ipas Bolivia, revela que solo el 8% de 277 proveedores de salud en 44 centros a nivel nacional consultados conocían los casos en los que procede la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Esto resulta en vulneraciones de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.
El documento, publicado en septiembre del año pasado, señala que las usuarias que acuden a un centro de salud embarazadas a causa de una violación y solicitan la ILE son sometidas a constantes cuestionamientos por parte del personal médico sobre su decisión. "Se identificó que, en la mayoría de los casos, el personal de salud trata de persuadirlas para que continúen con un embarazo no deseado o se les niega el derecho de interrumpirlo, situaciones que provocan angustia, dolor, sufrimiento y revictimización en las mujeres, niñas o adolescentes víctimas de violación", asegura el informe.
Representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia han declarado que someter a una niña a un embarazo forzado "está calificado como tortura". En un comunicado, la ONU enfatizó que "El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación".
El impacto del abuso infantil en la salud mental | Dr. José Luis Marín
Un informe de la Defensoría del Pueblo, con apoyo de Ipas Bolivia, revela que solo el 8% de 277 proveedores de salud en 44 centros a nivel nacional consultados conocían los casos en los que procede la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Esto resulta en vulneraciones de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. El documento, publicado en septiembre del año pasado, señala que las usuarias que acuden a un centro de salud embarazadas a causa de una violación y solicitan la ILE son sometidas a constantes cuestionamientos por parte del personal médico sobre su decisión. "Se identificó que, en la mayoría de los casos, el personal de salud trata de persuadirlas para que continúen con un embarazo no deseado o se les niega el derecho de interrumpirlo, situaciones que provocan angustia, dolor, sufrimiento y revictimización en las mujeres, niñas o adolescentes víctimas de violación", asegura el informe.
Representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia han declarado que someter a una niña a un embarazo forzado "está calificado como tortura". En un comunicado, la ONU enfatizó que "El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación".