La lucha contra las distintas formas de violencia que sufren las mujeres representa uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad actual. Dentro de este contexto, existen circunstancias que ponen a ciertas mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia machista. Este es el caso de las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan barreras adicionales que dificultan tanto la prevención como la denuncia de actos de violencia, a menudo invisibilizadas y marginadas.
El Enfoque Interseccional como Herramienta Crucial
Descubriendo Formas de Violencia Ocultas
En el marco de un conversatorio, Rodrigo Jiménez Sandoval expuso sobre la violencia contra la mujer con discapacidad y la necesidad de adoptar un enfoque interseccional para abordar este fenómeno. Según el especialista, hay formas de violencia que las mujeres con discapacidad sufren igual que otras mujeres, pero también existen formas de violencia que las mujeres sin discapacidad no experimentan. Por ello, es crucial empezar a descubrir y visibilizar estas formas de violencia, ya que en la población con discapacidad, a menudo, la violencia se naturaliza, impidiendo su reconocimiento.
A su juicio, lo primero que hay que tener en cuenta es que la interseccionalidad es un instrumento que permite evidenciar y visibilizar formas de violencia que no se han dado a conocer.
Identidades Múltiples y Discriminación
Jiménez Sandoval añadió que "las mujeres son muy diversas, hay mujeres blancas, hay lesbianas, hay trans, con discapacidad, hay niñas, hay adultas mayores, hay migrantes, en condición de pobreza, etc.". A partir de ello, precisó que la interseccionalidad es una herramienta para el análisis del trabajo de promoción e implementación de los derechos humanos que ayuda a entender el conjunto de diferentes identidades que se pueden tener en el acceso a derechos y oportunidades, así como en las relaciones de poder que surgen de estas identidades.
Esta herramienta de análisis resulta necesaria porque los seres humanos viven identidades múltiples, formadas por varios factores que se derivan de los procesos de socialización, las relaciones sociales, la historia de vida y la operación de las estructuras de poder. Todos pertenecemos a diferentes poblaciones, pero dependiendo de nuestra historia de vida, nos identificamos más con una población que con otra. Las personas pertenecen a más de una comunidad, a la vez que pueden experimentar opresiones y privilegios de manera simultánea.
Las mujeres con discapacidad, por ejemplo, sufren discriminación por ser mujeres, estando, por tanto, en una situación de desventaja en relación con los hombres con discapacidad. Pero también sufren discriminación en relación con las mismas mujeres por tener discapacidad, vivenciando, de esta manera, una doble discriminación. Si además fueran inmigrantes, esta se convertiría en una triple discriminación; y si fueran adultas mayores, sumarían otra capa de vulnerabilidad. De esta forma, a partir del enfoque de la interseccionalidad, se busca abordar las diferentes formas de discriminación y de desigualdad, tomando en consideración el contexto histórico, social y político en que viven las personas.
Raíces Patriarcales de la Discriminación
En relación con lo anterior, el especialista añadió que "todas y todos hemos sido socializados en una cultura patriarcal, lo que significa que nos han enseñado que hay unos seres humanos superiores a otros y que los que nos creemos inferiores, tenemos que creernos inferiores y de hecho nos creemos inferiores". El androcentrismo es toda perspectiva de vida desde la visión masculina, donde la visión femenina está excluida.
A partir de ello, precisó que, en su experiencia personal como activista de los derechos de las personas con discapacidad, le ha sido de mucha utilidad el enfoque de género desarrollado principalmente por las teorías feministas. A su juicio, es la visión feminista la que empieza a deconstruir el sistema que sufren no solo las mujeres, dado que las mismas estrategias del patriarcado contra las mujeres son utilizadas contra la población con discapacidad, adultos mayores, migrantes, afros, trans, etc. Y estas estrategias se van construyendo con discursos sexistas que, en el caso de la discapacidad, se entrelazan además con el discurso etologista, biologista y religioso.
Así, a partir de la teoría de género, el sexo alude a las diferencias biológicas entre un hombre y una mujer, en tanto que el género es producto de una construcción social. En el caso de la discapacidad, hay elementos biológicos también, como la deficiencia, pero la restricción de la participación es una construcción social. De esta forma, existe un cruce entre la restricción de la participación y el género.
Estereotipos y Roles Impuestos
El especialista añade que el objetivo del sistema patriarcal es "darnos calificativos, ponernos una serie de roles y estereotipos sociales". En virtud de estos, las personas sin discapacidad "son normales, productivas, dominantes, independientes, activas y sin problemas". En cambio, las personas con discapacidad "son anormales, improductivas, dominadas, inútiles, dependientes, pasivas y problemáticas".
En el caso específico de las mujeres con discapacidad, la sociedad patriarcal les impone contradicciones aún mayores: "no deben ser mamás", "son menos mujer porque no cuidan" (dado que el rol de cuidadora está destinado a la mujer), "no es bella, es emotiva, no puede reproducirse, inútil para el hombre, no cumple con los roles laborales". Estas contradicciones generan mucha violencia contra las mujeres con discapacidad, aludiendo a "qué espera la sociedad que yo sea, y con mi discapacidad no lo soy".
Manifestaciones de la Violencia y Dinámicas de Poder
La Violencia en las Relaciones de Poder
Todas estas formas de violencia incluyen una gama validada de actos que ni el Estado ni las instituciones toman en serio. Además, estas formas de violencia no se dan entre iguales, siempre se producen en relaciones de poder. Así, en el proceso de socialización patriarcal se otorga poder tanto a los hombres, respecto de los hombres con discapacidad, como a las mujeres, sobre las mujeres con discapacidad.
Jiménez Sandoval indica, además, que el poder, según el movimiento feminista, se puede clasificar de diferentes formas:
- El "poder para", es decir, para decidir sobre la vida.
- El "poder de dar ideas", de construir ideas. A pesar de avances en la reducción de la brecha para acceder a puestos de poder, la paridad aún no existe y hay un desequilibrio en la representación. Las mujeres siguen sujetas a la división sexual del trabajo, y a menudo se les pregunta sobre roles familiares en lugar de temas profesionales, perpetuando la idea de "temas de hombres" y "temas de mujeres".
- El "poder sobre", que se ejerce utilizando diversos mecanismos y se manifiesta en formas de violencia como la física, patrimonial, emocional o sexual. Este "poder sobre" también se manifiesta en el manejo de conductas no asertivas, la incapacidad de solicitar ayuda, conductas autodestructivas y el traslado de la violencia recibida hacia hijos, hijas o personas a su cuidado.
¿Cómo son las víctimas de violencia de género? | Lorena Álvarez | TEDxTukuyWomen
A partir de lo anterior, el jurista sostiene que debemos eliminar todas las formas de violencia. Para ello, y en el caso de las personas con discapacidad, es fundamental indagar con esta misma población qué es lo que, a su juicio, constituye violencia. Por ejemplo, ¿es una forma de violencia que en un hogar, habiendo una persona sorda que se comunica en lengua de señas, nadie hable o se exprese en lengua de señas? ¿O cuando en un hogar se mueven los muebles habitando ahí una persona con discapacidad visual? ¿O cuando a una persona con discapacidad emocional le dicen "si sigues jodiendo te voy a meter al psiquiátrico"? ¿O cuando una persona con discapacidad habita en un inmueble donde solo puede estar en el baño o en su dormitorio porque todos los demás espacios de la casa son inaccesibles?
Existen formas de violencia que no tenemos visibilizadas. La sobreprotección es una de ellas, y la sociedad no la considera como tal. Todo el mundo, en algún momento, ha sido sobreprotegido. La sobreprotección implica sobrepasar la protección atendiendo a la edad cronológica e impedir un desarrollo biológico para poder enfrentar la vida, generalmente impulsada por el miedo. Este miedo genera mecanismos de control ("no salgas", "no hagas", "no digas", "para dónde vas"), que en el fondo también son una forma de poder. Genera una gran dependencia, ya que las personas no saben qué decidir y sienten una gran inseguridad, pues se les ha transmitido que todo es complicado o peligroso, y que pueden cometer errores. Cuando actúan y cometen un error, se les dice "te lo dije", reforzando así el ciclo de la sobreprotección.
De esta forma, concluye el jurista que "los actos de violencia tenemos que mirarlos desde la interseccionalidad". No es lo mismo una violación a una mujer sorda adulta mayor que a una mujer adulta sin discapacidad, por ejemplo. Deben hacerse abordajes totalmente diferentes, según las condiciones o situaciones de vulnerabilidad y de violencia. También la forma de defender debe ser desde la interseccionalidad, utilizando todos los instrumentos internacionales pertinentes.
Marco Normativo y Acceso a la Justicia
La Importancia del Acceso a la Justicia
La jurista Julia Fernández Albertini, en relación con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención Belém do Pará", reflexionó: "La violencia contra las mujeres y su raíz -la discriminación- es un problema grave de derechos humanos, con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, constituyendo un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos, incluyendo el respeto a su vida e integridad física, psíquica y moral".
A partir de ello, formuló la interrogante: ¿qué es el Acceso a la Justicia? "Es un derecho humano fundamental, universal, que tenemos todas y todos, no se circunscribe a la existencia formal de recursos judiciales ni de un sistema, sino a que estos sean idóneos y se inicia desde el momento en que la persona tiene necesidad de acceder a un sistema formal y culmina con el requerimiento solucionado y plenamente comprendido".
Cuando hablamos de acceso a la justicia de mujeres, estamos hablando de que es necesario tener una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra ellas, con la obligación de disponer de recursos judiciales accesibles, sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos y prevenir la impunidad. En materia de acceso a la justicia, un principio fundamental que debe aplicarse es el de la "Debida Diligencia", que implica que los Estados tienen la obligación de actuar con debida diligencia frente a violaciones de derechos humanos, adoptando acciones de prevención, investigación, sanción y reparación frente a cualquier acto u omisión constitutiva de violencia contra las mujeres.
Compromisos Internacionales y Legislación Nacional
Julia Fernández Albertini añadió que el Estado paraguayo es signatario de la Convención Belém do Pará, así como de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual reconoce la violencia contra la mujer como una de las formas de discriminación basada en género. Ambos instrumentos reflejan el consenso respecto a la responsabilidad del Estado y la asunción de medidas de orden legal, judicial, social, penal, etc., para prevenir, sancionar y eliminar la violencia, así como para reparar a las víctimas.
Se indicó que en los primeros cuatro meses del año 2019 se reportaron 9.053 casos de violencia contra la mujer en Paraguay y 14 feminicidios. El derecho a una vida libre de violencia se encuentra reconocido en el artículo 5 de la Constitución Política de Paraguay, referido a la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, así como en el artículo 9, sobre el derecho a la protección de la libertad y la seguridad de las personas. La violencia familiar está contenida en el Código Penal Paraguayo, y otras conductas como homicidio, acoso, abuso y coacción sexual, incesto, maltrato, lesión, lesión grave, violación del deber de cuidado, trata de personas y violencia obstétrica están tipificadas en este cuerpo legal y en leyes especiales.
Dentro del marco normativo, la jurista mencionó que la Ley 1600 del año 2000 fue la primera ley especial dictada por el Estado paraguayo para prevenir y atender hechos de violencia en el ámbito doméstico. Otra iniciativa estatal destacada fue "Ciudad Mujer", un programa de referencia regional para impulsar el bienestar, la inclusión socioeconómica y el empoderamiento femenino, trabajando en prevención, atención, protección y reparación. Este programa reúne bajo un mismo techo servicios especializados en el marco de un programa de servicios integrados para el empoderamiento de la mujer (SIEM), provistos a través de los Centros Ciudad Mujer (CCM).
Visibilización, Datos y Desafíos Futuros
Iniciativas para la Sensibilización y Prevención
El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), a través de actividades como conversatorios, busca promover la visibilización y discusión en torno a temáticas tan complejas como la violencia contra las mujeres y, específicamente, contra las mujeres con discapacidad. Esto amplía la mirada estatal sobre las causas y consecuencias de la violencia y la discriminación en razón de la discapacidad, incorporando el enfoque de género y también el enfoque interseccional. La posibilidad de conocer experiencias de otros Estados y sus cuerpos normativos internos constituye un insumo relevante para avanzar en la introducción de adecuaciones normativas en materia de discapacidad y violencia en el ordenamiento jurídico nacional.
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), comprometida con la equidad y la justicia social, ha implementado acciones innovadoras para prevenir la violencia basada en el género contra mujeres con discapacidad. Entre estas se destacan iniciativas centradas en la sensibilización de la comunidad universitaria y en la creación de herramientas accesibles:
- Conferencia internacional con intérprete para personas sordas: Busca sensibilizar a la sociedad sobre la violencia basada en el género en mujeres con discapacidad, asegurando la participación de mujeres sordas.
- Conversatorio para docentes y estudiantes: Profundiza la sensibilización en la comunidad académica, generando un impacto positivo y duradero.
- Herramientas accesibles:
- Guías para denuncia de violencia contra la mujer, en lengua de señas y en audiolibro: Creadas en colaboración con organizaciones privadas para proporcionar información clara y accesible sobre derechos y mecanismos de protección a mujeres con discapacidad auditiva y visual.
- Rutas de denuncia en el sistema disciplinario con "menú accesible": Simplifica los mecanismos de denuncia para estudiantes con discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas, eliminando barreras burocráticas.
- Directrices para la prevención de la violencia basada en género en personas con discapacidad en el ámbito profesional: Aseguran un entorno seguro para estudiantes con discapacidad durante su estancia en el campus y en sus experiencias laborales.
Estos esfuerzos buscan reflejar una visión humanista y el compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y la inclusión de todas las personas, sin importar sus capacidades.
Impacto y Estadísticas
No son pocos los estudios y declaraciones de instituciones prestigiosas que comienzan a reconocer que las mujeres y niñas con discapacidad están expuestas a una situación de especial vulnerabilidad ante la violencia y el abuso. Según un estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, contrastado con la Fundación CERMI Mujeres, las mujeres con discapacidad tienden a naturalizar la desigualdad, enfrentándose a una doble vulnerabilidad derivada del género y la discapacidad, a menudo desatendida por las políticas públicas.
El 40.4% de las mujeres con discapacidad sufren violencia de género, frente al 32% de las mujeres sin discapacidad, según el estudio ‘Ojo al dato. Visibilidad de una realidad oculta a través del dato: mujer, discapacidad y violencia’. Este mismo estudio señala que el 30% de las mujeres que sufren violencia de género acaban teniendo una discapacidad. Un 57.6% de las mujeres que participaron en el estudio indicaron que su discapacidad era previa a la violencia de género sufrida, mientras que el 27.6% afirmó que fue consecuencia de esta.
Las mujeres con discapacidad tienen un alto riesgo de experimentar violencia dada la prevalencia social de estereotipos y aspectos subjetivos que intentan deshumanizarlas o infantilizarlas, así como excluirlas o aislarlas, convirtiéndolas en un objeto de violencia sexual o de otro tipo, a lo que se une un gran desconocimiento de la sexualidad por parte de este colectivo.
De los resultados de la encuesta llevada a cabo por el estudio de la Delegación del Gobierno, el 71% de las 155 mujeres con discapacidad que participaron manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia de género en algún momento de su vida. El estudio pone de relieve que la violencia psicológica de control es la que se ejerce con más frecuencia, seguida por la violencia emocional y la sexual, y finalmente la física y la económica. En el caso de las mujeres víctimas de agresiones sexuales, en un número demasiado elevado de casos, se han revelado situaciones de incesto, donde los causantes de las agresiones pertenecían al círculo familiar (padres, padrastros, tíos, primos o amigos del padre). Un discurso habitual por parte de las mujeres con discapacidad es el de haberse visto coaccionadas a soportar tocamientos y ser obligadas a mantener relaciones sexuales.
De las 155 mujeres que participaron en el estudio, 12 indicaron que su situación de discapacidad procedía de una situación de violencia de género, es decir, el 7.74% de las participantes tenían una situación sobrevenida por la violencia de género. Las formas de violencia hacia las mujeres con discapacidad incluyen situaciones de abandono, aislamiento social, confinamiento, humillación, arresto, denegación de cuidados sanitarios, esterilización o tratamiento psiquiátrico forzoso. Las mujeres con discapacidad también pueden sentirse más aisladas e incapaces de denunciar el abuso, o pueden depender del abusador para su cuidado.
La Lucha por la Representación y la Prevención
A pesar del aumento en los programas de información, asesoramiento y protección, estos no siempre han tenido en cuenta las peculiaridades de las mujeres con discapacidad como un sector diverso y complejo. El miedo a represalias o el no ser consciente de que se está viviendo una situación de violencia de género provoca que el 34.5% de las mujeres no hayan denunciado, y el 4.3% hayan retirado la denuncia. Los familiares deben ser defensores de sus seres queridos con discapacidades, e informar cualquier sospecha de abuso a los servicios de protección de adultos.
La representación de las mujeres con discapacidad es insuficiente en la toma de decisiones y en la participación política. Según datos de 2017 procedentes de 19 países, solo el 2.3% de las mujeres con discapacidad se desempeñaron como legisladoras, funcionarias ejecutivas o gerentes, en comparación con el 2.8% de los hombres con discapacidad. En 14 de 18 países de Asia y el Pacífico, no hubo mujeres parlamentarias con discapacidad en órganos legislativos nacionales. En los cuatro países restantes, el porcentaje de mujeres parlamentarias con discapacidad osciló entre 0.3 y 6.3 por ciento.
También es insuficiente su representación en los mecanismos de coordinación nacional en materia de discapacidad y en las instituciones que defienden la igualdad de género. En 2017, en 17 países y territorios de Asia y el Pacífico, las organizaciones de personas con discapacidad incluyeron casi el doble de hombres que de mujeres (21% hombres vs 12% mujeres). En siete de los 17 países mencionados, las entidades nacionales para la igualdad de género no incluyeron a mujeres con discapacidad en su composición, y en los cinco países restantes solo el 9% de los miembros eran mujeres con discapacidad.
La lucha contra la violencia que sufren las mujeres con discapacidad requiere una acción coordinada de los poderes legislativos, policiales, judiciales, así como sanitarios, educativos y sociales. La colaboración interdisciplinar es indispensable para la buena atención de estas víctimas, por lo que es esencial establecer coordinación y cooperación entre los Recursos de Atención a la Mujer y los Recursos de Atención Específicos a personas con Discapacidad, que permitan una transmisión de información continuada, fomentando la transferencia de aprendizaje y experiencia, y la fluidez comunicativa entre organismos implicados.
Una herramienta principal para cualquier profesional es una Guía de Recursos detallada y exhaustiva, que recoja los recursos por área y permita proporcionar a las mujeres el apoyo apropiado. La falta de conocimiento y conexión entre las diferentes entidades de apoyo es un obstáculo que estos documentos buscan superar, garantizando que los equipos profesionales conozcan los recursos y puedan ofrecer una atención eficiente y de calidad. El público destinatario de estas guías no son solo las mujeres, sino también los equipos profesionales de atención directa y de gestión de recursos especializados.
Los expertos señalan la necesidad de seguir recogiendo datos para saber dónde actuar y profundizar en la prevención, así como en el impacto que ejerce la violencia de género en la salud mental de las mujeres.