La muerte de menores bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename) ha expuesto una crisis estructural profunda en el sistema de protección estatal. Más allá de los casos individuales, estos sucesos revelan una precariedad institucional, fallas en la supervisión y una deuda histórica con niños, niñas y adolescentes que, en lugar de encontrar un espacio reparatorio, han enfrentado entornos marcados por la vulneración y el abandono.
El caso de Lissette Villa Poblete: un testimonio desde el interior
La muerte de Lissette Villa, ocurrida el 11 de abril de 2016 en el CREAD Galvarino, se convirtió en un símbolo de las deficiencias del sistema. Como psicóloga y directora del centro en ese entonces, el testimonio de quienes estuvieron cerca de ella subraya el dolor de una niña de 11 años marcada por años de abandono y decisiones erráticas del sistema de protección.
Lissette ingresó a la institucionalidad a los 5 años, transitando por diversas residencias y unidades psiquiátricas. Su historia estuvo atravesada por la falta de figuras adultas que asumieran su cuidado y por una atención técnica que, a menudo, resultaba insuficiente ante sus necesidades de salud mental y apoyo emocional.
La precariedad del CREAD Galvarino
El funcionamiento de los centros de administración directa ha sido cuestionado por la falta de recursos y la rigidez de sus protocolos. Según quienes trabajaron en el sistema, existían problemas críticos:
- Superpoblación y hacinamiento: El aumento de plazas sin un incremento proporcional en los equipos profesionales dificultó las tareas de intervención.
- Falta de personal especializado: La ausencia de profesionales de salud (pediatras, psiquiatras) en horarios críticos y la dependencia de personal a honorarios complicaron la atención integral.
- Desconexión técnica: Las orientaciones emanadas desde el Departamento de Protección y Restitución de Derechos (Deprode) a menudo resultaban impermeables a las realidades observadas por los equipos en terreno.
La crisis del sistema y las responsabilidades institucionales
La muerte de Lissette desencadenó una serie de investigaciones que pusieron en duda las versiones oficiales iniciales. Mientras las autoridades hablaban de "cuadros de angustia", otros sectores denunciaban una posible sobremedicación y negligencia en los cuidados básicos. Este patrón de respuestas institucionales, marcadas por el secretismo y las inculpaciones cruzadas, ha sido una constante en la historia del servicio.
La crisis del Sename ha sido abordada por diversas comisiones investigadoras parlamentarias, las cuales han señalado que los problemas no se limitan a funcionarios de trato directo, sino que involucran a jueces de familia, autoridades políticas y parlamentarios que definen presupuestos sin conocer la realidad de los centros.
Estadísticas y decesos: una problemática persistente
Los datos recopilados en años recientes, incluyendo el periodo 2019, muestran que los decesos en el sistema no son hechos aislados. Se contabilizan decenas de fallecimientos anuales, tanto en el área de protección como en el sistema de justicia juvenil, con causas que varían desde insuficiencias respiratorias y fallas orgánicas hasta suicidios y riñas violentas.
| Área de atención | Causas comunes de fallecimiento |
|---|---|
| Protección | Enfermedades congénitas, fallas orgánicas, shock séptico. |
| Justicia Juvenil | Causas no naturales, heridas cortopunzantes, asfixia, balazos. |
Desafíos en la transición hacia un nuevo modelo
Ante la evidencia de estas vulneraciones, el Estado ha iniciado procesos de transición, como la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, con el objetivo de reemplazar los vicios del antiguo sistema. Sin embargo, la efectividad de estos cambios sigue siendo objeto de debate para defensores de la niñez y exusuarios del sistema.
La conformación de instancias como la Comisión Asesora Presidencial para la Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas busca visibilizar las heridas de quienes estuvieron bajo custodia estatal. No obstante, la realidad actual sigue planteando interrogantes sobre el control, la rigurosidad en el seguimiento de los casos y la capacidad real del Estado para proteger a los niños y adolescentes más vulnerables del país.