Tras meses de espera, el proyecto que busca modificar el Sistema Privado de Salud, conocido popularmente como la reforma a las Isapres, ha retomado su tramitación legislativa en el Senado. El Ejecutivo ha enviado una indicación sustitutiva, un mecanismo que permite realizar modificaciones mayores al contenido de una norma que ya se encuentra en curso, con el objetivo de optimizar el marco regulatorio del sector.
Antecedentes y contexto del debate
La necesidad de modernizar o eliminar el sistema de Isapres es un tema que ha generado consenso político durante años, aunque las discrepancias sobre cómo materializarlo han frenado los avances. El proyecto original data de 2011 y, desde entonces, diversos gobiernos han intentado reformar aspectos críticos como la eliminación de preexistencias y la creación de un plan de salud comparable y transparente. A lo largo de este tiempo, se han convocado múltiples comisiones asesoras con expertos en salud pública y representantes de los distintos actores del mercado para identificar las materias que requieren cambios urgentes.
Materias con consenso técnico
- Terminar con la discriminación por preexistencias, género y edad.
- Fomentar la competencia y transparencia en los planes ofrecidos.
- Entregar mayor protección financiera a los afiliados.
- Propiciar la solidaridad entre las Isapres para contener costos.
- Ejecutar una fiscalización efectiva sobre las entidades.
Ejes centrales de la indicación sustitutiva
El proyecto busca transformar la estructura del sistema privado mediante la implementación de nuevos mecanismos de gestión y protección para los beneficiarios.
El Plan de Salud Universal (PSU)
Se propone la creación de un Plan de Salud Universal (PSU), que obligará a las Isapres a cubrir un conjunto estandarizado de prestaciones hospitalarias, ambulatorias, de maternidad, salud mental y medicamentos. Este plan incluirá un copago fijo del 20%, estableciendo un límite máximo de gasto anual para garantizar la protección financiera de las familias. Aquellas prestaciones no incluidas en el PSU podrán ofrecerse como beneficios complementarios, los cuales quedarán fuera del esquema de compensación solidario.
Mecanismos de solidaridad y libre movilidad
Para reducir la discriminación, se crea un Esquema de Compensación Solidario, mediante el cual las Isapres se compensarán entre sí las diferencias de costos del PSU, basándose en factores de riesgo. Asimismo, se establece la libre afiliación, eliminando la declaración de salud y las preexistencias, lo que permitirá a los usuarios cambiarse de institución de manera más flexible.
Fiscalización y Consejo Técnico
El proyecto refuerza las facultades de la Superintendencia de Salud para elevar los requisitos de solvencia y capital de las Isapres. Adicionalmente, se creará un Consejo Técnico de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud (Minsal), encargado de:
- Proponer las prestaciones que conformarán el PSU.
- Definir los tramos y montos de los deducibles.
- Determinar el valor de la contribución solidaria.
- Evaluar los costos de las prestaciones del arancel.
Desafíos y críticas al proyecto
A pesar de los avances propuestos, diversos actores han señalado puntos críticos. Algunos legisladores advierten que el proyecto mantiene falencias estructurales y que la protección financiera se limita exclusivamente al PSU, dejando desprotegidos los beneficios complementarios. Asimismo, existe preocupación sobre la independencia de los expertos que integrarán el consejo técnico y la posible falta de claridad en los mecanismos de reajuste de las primas.
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Por otro lado, la industria ha manifestado inquietudes respecto a la sostenibilidad financiera del sistema ante la eliminación de las tablas de riesgo, sugiriendo que la reforma podría derivar en un aumento de precios o en la contratación de reaseguros para cubrir el mayor uso de prestaciones. El debate continúa en la Comisión de Salud del Senado, donde se definirá la viabilidad final de estas modificaciones.