Derechos Fundamentales del Adulto Mayor

La preocupación por los derechos de las personas mayores constituye una temática cada vez más visible y relevante a nivel global. Hoy existe un tránsito desde un enfoque asistencialista hacia uno de derechos respecto al bienestar de las personas mayores. El Estado tiene la responsabilidad de brindar a las personas mayores la protección necesaria para mantener su integridad física, psíquica y social. Como sabemos, todos los seres humanos somos sujetos de derechos y deberes, independiente de nuestra edad, sexo, creencias, etnia, entre otras. Esto significa que cada persona merece ser reconocida como individuo y también como integrante de una comunidad y sociedad sobre la base de principios universales fundamentados en el respeto y la dignidad.

Infografía sobre el envejecimiento de la población mundial y la importancia de los derechos humanos

El Fenómeno del Envejecimiento Global y sus Implicaciones

El envejecimiento de la población es un fenómeno universal. Prácticamente todos los países del mundo están experimentando un crecimiento tanto del tamaño como de la proporción de personas mayores en la población. El número de personas mayores de 60 años se ha duplicado con creces, pasando de unos 541 millones en 1995 a 1.200 millones en 2025, y se prevé que alcance los 2.100 millones en 2050. La esperanza de vida mundial ha alcanzado los 73,5 años en 2025, lo que supone un aumento de 8,6 años desde 1995.

Una vida más larga trae consigo oportunidades, no solo para las personas mayores y sus familias, sino también para la sociedad en su conjunto. Los años adicionales brindan la oportunidad de realizar nuevas actividades, como la educación superior, una nueva vía profesional o la búsqueda de una pasión largamente olvidada. Las personas mayores también contribuyen de muchas formas a sus familias y comunidades. Sin embargo, el alcance de estas oportunidades y contribuciones depende en gran medida de un factor: la salud.

Marcos Internacionales para la Protección de Derechos

La Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptados en 2002, siguen siendo piedras angulares de la política mundial sobre el envejecimiento. Promueven una sociedad para todas las edades mediante la adopción de medidas en materia de desarrollo, salud y entornos favorables. Esto se ha visto reforzado por recientes acontecimientos internacionales. Por ejemplo, en abril de 2025, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 58/13, respaldada por 81 Estados miembros, para establecer un grupo de trabajo de composición abierta encargado de redactar un instrumento jurídicamente vinculante para promover y proteger los derechos humanos de las personas de edad. Estas dinámicas, junto con la evolución demográfica, hacen que la acción sea más urgente que nunca.

La Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030) es una oportunidad para reunir a gobiernos, sociedad civil, agencias internacionales, profesionales, la academia, los medios de comunicación y el sector privado durante diez años de acción concertada, catalizadora y colaborativa para mejorar las vidas de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven.

Reconocimiento y Protección de Derechos en la Vejez

A medida que la población envejece, ha aumentado la demanda de asistencia sanitaria y asistencia social, especialmente para las personas con enfermedades como la demencia, una de las principales causas de dependencia y discapacidad en las personas mayores. Las mujeres, que constituyen la mayoría de los receptores de cuidados y cuidadores, representan casi el 70% de las horas de cuidados informales en todo el mundo.

El Impacto del Edadismo

La edad, como categoría que ordena nuestro ciclo vital, ha condicionado especialmente a ciertos grupos humanos en el ejercicio pleno de sus derechos, entre ellos, al de las personas mayores. Uno de los efectos más relevantes de esto se relaciona con el edadismo, que hace referencia al conjunto de estereotipos, discriminaciones y actitudes prejuiciosas que se gestan por cuestiones de edad. En Chile, según estudios realizados en el tema, se arraiga culturalmente un fuerte edadismo, que asocia lamentablemente a la vejez con enfermedad, pasividad y fragilidad. Esto se ha acompañado de políticas que han visualizado a la población adulta mayor como objeto de protección y amparo por parte del Estado, las familias y la sociedad, lo que puede resultar en bajo acceso a la información y consentimientos en materias de salud o una planificación urbana no amigable.

Envejecer en nuestro país puede llegar a convertirse en una etapa compleja y desafiante, por lo cual la necesidad de desarrollar acciones o estrategias que contribuyan a la reivindicación y reconocimiento de sus derechos se convierte en algo imprescindible.

Derechos Fundamentales Específicos de las Personas Mayores

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece mecanismos específicos para garantizar aspectos como la calidad de vida, bienestar, salud y seguridad social que logren asegurar el pleno ejercicio y goce en condición de igualdad de los derechos de las personas mayores. Entre los derechos reconocidos se incluyen:

  • Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad.
  • Derecho a la vida y dignidad en la vejez.
  • Derecho a la independencia y autonomía.
  • Derecho a la participación e integración comunitaria.
  • Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia.
  • Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  • Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.
  • Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo plazo.
  • Derecho a la libertad personal.
  • Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información.
  • Derecho a la nacionalidad y libertad de circulación.
  • Derecho a la privacidad e intimidad.
  • Derecho a la seguridad social.
  • Derecho al trabajo (incluyendo el derecho a no ser discriminado por su edad para un trabajo).
  • Derecho a la salud (incluidas las atenciones del plan GES).
  • Derecho a la educación.
  • Derecho a la cultura.
  • Derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte.
  • Derecho a la propiedad.
  • Derecho a la vivienda.
  • Derecho a un medio ambiente sano.
  • Derecho a la accesibilidad y movilidad personal.
  • Derechos políticos.
  • Derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
  • Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley.
  • Acceso a la Justicia.
Ilustración de varios símbolos que representan los derechos fundamentales del adulto mayor

Derechos Específicos del Adulto Mayor en Chile

Los adultos mayores en Chile tienen una serie de derechos que a menudo no son plenamente conocidos o respetados. Estos abarcan desde el ámbito familiar hasta la seguridad social.

Ámbito Familiar y Social

  • Derecho a demandar el cuidado personal de sus nietos: Los adultos mayores pueden demandar el cuidado personal (tuición) de sus nietos en caso de inhabilidad física o moral del padre y la madre. También pueden demandar tener un sistema de visitas.
  • Derecho a estar protegidos legalmente frente a la violencia intrafamiliar: La violencia intrafamiliar no solo es la que afecta a mujeres y niños, sino que puede afectar a cualquier integrante de la familia. Los adultos mayores tienen derecho a denunciar el maltrato físico y/o psicológico que sus familiares le causen. Tienen derecho a pedir al tribunal de familia una medida de protección, especialmente si son expulsados de la casa en que viven o se les restringe su libertad para desplazarse al interior de ella. Si los actos de violencia constituyen delitos, tienen derecho a denunciarlos ante la Fiscalía del Ministerio Público, a la que pueden pedir protección.
  • Derecho a demandar pensión de alimentos: Los adultos mayores tienen derecho a demandar una pensión de alimentos en caso de necesidad.

Seguridad Social y Salud

  • Derecho a recibir la pensión básica solidaria de vejez: Si el adulto mayor es mayor de 65 años, forma parte del 60% más pobre de la población y no tiene derecho a pensión en ningún régimen previsional, puede recibir una pensión básica solidaria de cargo fiscal. El monto del beneficio se reajusta cada año en el mes de julio, según la variación del IPC. El incremento se puede adelantar si el IPC supera antes el 10% anual.
  • Derecho a recibir un aporte previsional solidario de vejez: Si el adulto mayor recibe una pensión mensual inferior a la pensión máxima con aporte solidario, que es de $200.000, el Estado le entregará un aporte mensual para que su pensión llegue a dicho monto.
  • Derecho a recibir la pensión de viudez o sobrevivencia.
  • Derechos en las atenciones del plan GES: Los adultos mayores tienen derecho a las atenciones cubiertas por el Plan de Garantías Explícitas en Salud.

Desafíos y Acciones del Estado Chileno

El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI, con implicaciones para casi todos los sectores de la sociedad, incluidos los mercados laborales y financieros, la demanda de bienes y servicios (como la vivienda, el transporte y la protección social), así como las estructuras familiares y los lazos intergeneracionales.

Evolución Demográfica y Socioeconómica

Este grupo de la población es muy diverso y cambiante. Por ejemplo, de acuerdo con los resultados históricos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), en 2006, las personas de 60 años y más tenían una escolaridad promedio de 6,5 años, mientras que en 2020 este promedio era de 9 años. El porcentaje de personas de 60 años y más con educación superior completa, en tanto, pasó del 6,2% al 13,8%, y el uso de Internet aumentó del 7,3% en 2006 al 31,5% en 2017. Aproximadamente un 82% de las personas mayores no presenta dependencia funcional, un 27,7% sigue trabajando y un 35,5% participa en organizaciones de la sociedad civil (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018).

Impacto de la Pandemia de COVID-19

En este contexto de acelerado proceso de envejecimiento poblacional, el COVID-19 ha tenido especial impacto en las personas mayores. La pandemia, a pesar de tener efectos directos o indirectos en toda la población, ha demostrado tener mayores consecuencias sobre ciertos grupos, denominados “grupos de riesgos por COVID-19”. Para las instituciones que velan por el bienestar de las personas mayores, su protección se transformó en un desafío en materia de salud pública y de gestión social de grupos vulnerables. Las personas mayores se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y, al 7 de noviembre de 2021, representaban un 14,4% del total de contagiados, constituyendo cerca del 50% de las hospitalizaciones y alrededor del 90% del total de defunciones (Ministerio de Salud, 2021).

La respuesta temprana a la pandemia comenzó en el país a principios de marzo de 2020 con la cooperación de varios actores, como el Ministerio de Salud, la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología y las principales organizaciones sin fines de lucro. Con la coordinación del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), se conformó un grupo de trabajo para articular la implementación de medidas de prevención y control para las personas mayores. Ante este escenario, el SENAMA impulsó una serie de articulaciones intersectoriales e interinstitucionales, a fin de implementar múltiples medidas para prevenir y mitigar los efectos del COVID-19. Se estableció una estrategia dirigida a las personas que residen en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y a aquellas que, por razones de confinamiento, debían permanecer en sus hogares. Se dispuso también una estrategia con el objetivo de brindar acompañamiento a las personas mayores que necesitaran acceder a servicios de evaluación, tratamiento, curación o seguimiento en su domicilio, evitando que asistieran a los establecimientos de salud a fin de descongestionar estos centros y evitar posibles contagios de COVID-19.

Fortalecimiento Institucional y Acceso a la Justicia

En 2018 se crea, en el marco de la estructura organizacional del SENAMA, la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, que tiene como objetivo promover los derechos humanos de las personas mayores, mediante la articulación intersectorial e interinstitucional, así como avanzar en la prevención del maltrato y la vulneración de derechos, favoreciendo y promoviendo la coordinación psicosocial y el acceso a la justicia de las personas mayores. En esta Unidad se ejecuta el Programa Buen Trato al Adulto Mayor, que busca “contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores, a través de la prevención del maltrato que los afecta, la promoción del buen trato y la asesoría y coordinación, con las redes regionales y locales”.

Esquema organizativo de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato de SENAMA

A partir de 2019, en el marco del Programa Buen Trato al Adulto Mayor se instala la figura del Defensor Mayor: abogados que atienden y brindan asesoría legal especializada a las personas mayores o comunidades que lo necesiten, frente a situaciones de abuso, maltrato, violencia o vulneración de derechos. Un importante avance que el SENAMA impulsó junto con la Corte Suprema fue la creación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores del Poder Judicial. Este hito es de suma relevancia, ya que por primera vez el poder judicial contempla específicamente a este grupo etario en su quehacer, con un enfoque diferenciado. A su vez, desde finales de 2020, en el marco del Programa de Defensa Jurídica Integral para Adultos Mayores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ofrece una atención preferente, así como representación judicial gratuita y especializada, a todas las personas mayores a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). Hasta mayo de 2021 se han realizado casi 7.000 asesorías sociojurídicas a personas mayores, que dieron lugar al ingreso de 1.636 acciones judiciales a los Tribunales de Familia (el 97% de estas causas fueron por violencia intrafamiliar).

Información y Participación

Para resolver las brechas de información y la consecuente dificultad de acceso a los beneficios del Estado, se ha elaborado la “Guía con los principales beneficios del Estado para las personas mayores” del SENAMA. El Fono Mayor, uno de los canales de atención del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) del SENAMA, tiene por objeto ser un espacio de atención y comunicación que permite a las personas entrar en contacto con el SENAMA y vincularse con otras reparticiones públicas, garantizando el acceso oportuno a la información. A consecuencia de la pandemia, el Fono Mayor Covid-19 se robusteció, atendiendo 15.609 llamados entre enero y octubre de 2021, con una tasa de resolución del 90%. Esta herramienta ha permitido no solo garantizar información clara y oportuna, sino también abordar la salud mental de estas personas a través del acompañamiento psicológico y la prevención del suicidio.

El modelo democrático de Chile permite a los ciudadanos participar, mediante diferentes mecanismos, en las decisiones que definan el rumbo del país. En 2021 se llevaron a cabo varios procesos eleccionarios. En relación con esto, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se elaboraron protocolos para la votación de personas mayores de forma preferente, abogando por días y horarios protegidos para este grupo etario y garantizando así las condiciones para su plena participación política y social.

Estrategias de Promoción, Prevención y Protección

Promover y proteger los derechos, así como también prevenir las situaciones de maltrato hacia las personas mayores, es un esfuerzo que no solo le corresponde al Estado o a las instituciones sino que a la sociedad en su conjunto. En el despliegue de estas acciones, el rol de las personas mayores no puede quedar invisibilizado o relegado a ser espectadores de estos procesos, sino al contrario deben adquirir un rol activo y protagónico que les permita movilizarse, individual y colectivamente, ejerciendo ciudadanía en condición de igualdad. El empoderamiento y conocimiento de sus derechos serán elementos fundamentales para lograr dicho propósito.

Solidaridad Intergeneracional

La solidaridad intergeneracional puede definirse como la búsqueda de la cooperación, integración e intercambio entre personas de diferentes generaciones. Esta interacción colaborativa puede darse en los espacios familiares, en los cuales conviven personas de diferentes edades, como también en aquellos extrafamiliares como el vecindario, trabajo, comunidad y el territorio. Su relevancia radica en que disminuye mitos, prejuicios y estereotipos asociados a la edad, genera instancias de transferencia de conocimientos y experiencias, y favorece la creación de colaboración social, confianza y apoyo mutuo. Puede generar comunidades y sociedades con mayor pertenencia e integración. Un ejemplo destacado lo constituye el Programa Voluntariado País de Mayores (Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA) el cual busca promover la integración social y las relaciones intergeneracionales de personas mayores y niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad del sistema de Protección Social.

Fotografía de un adulto mayor interactuando con niños en una actividad de voluntariado

Participación Social

Para todas las personas, la participación social es un factor que protege y promueve la salud tanto mental como física. En particular, para las personas mayores además puede representar un importante motor de empoderamiento y concientización de sus derechos. Según cifras de SENAMA, más del 35% de las personas mayores participa en organizaciones sociales, porcentaje mucho mayor a la participación de la población entre 15 y 59 años, la cual alcanza el 25%. Entre las organizaciones en las que participan las personas mayores destacan Juntas de Vecinos u otras organizaciones territoriales, organizaciones religiosas, agrupaciones de personas mayores y Clubes Deportivos, entre otros. Una de las formas más reconocibles en este ámbito son las organizaciones de personas mayores, que en nuestro país llegarían a ser más de 13 mil.

Un ejemplo menos conocido de participación lo constituyen los Consejos de Residentes, organizaciones que pueden conformarse al interior de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) cuyo objetivo es promover el ejercicio de los derechos y su participación en el funcionamiento de la residencia al constituir un espacio de exposición de inquietudes, dudas y mejoras. Los consejos de residentes son espacios voluntarios e inclusivos en donde todo residente puede participar, independiente de su nivel de dependencia.

Acciones Clave para la Promoción de Derechos

Para promover los derechos de las personas mayores y prevenir el maltrato, todos y todas debemos:

  • Eliminar todas las actitudes e interacciones que infantilicen, sobreprotejan o fragilicen a las personas mayores, lo cual incluye el uso del lenguaje.
  • Promover la autonomía, independencia y la capacidad de las personas mayores para decidir en base a sus creencias personales.
  • Informar en las instituciones competentes ante la sospecha de que una persona mayor pueda estar siendo vulnerada en sus derechos.
  • Promover la colaboración entre todas las edades.

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