La Defensoría de la Niñez y SINTRASUB manifestaron en su momento que el Estado con este convenio no estaba cumpliendo sus obligaciones básicas de protección y cuidado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (de los sectores más segregados y precarizados de la sociedad) que están bajo su custodia. De hecho, vulneraba sus derechos pasando por alto la Convención de Derechos del Niño, en cuanto al derecho a la privacidad y no estigmatización y no criminalización. El Estado utilizaba el SENAME como base de información para controlar y perseguir a la población más vulnerada. ¿Cuál era la finalidad real de este “acuerdo de colaboración” entre dos organismos públicos dependientes de ministerios distintos, con objetivos tan disimiles?
¿Por qué se daba lugar a asociar las niñeces y adolescencias -pobres- con grupos criminales? ¿Acaso para el SENAME los y las adolescentes que han infringido la ley penal son potenciales terroristas? Todo parece indicar que el objetivo de ese acuerdo no era técnico, sino que político: criminalizar, perseguir y castigar a los presos políticos y presas políticas de la revuelta social iniciada el 18 de octubre del año pasado, que estuvieron, están o estarán en centros del SENAME, poniendo en juego lógicas institucionales adultistas y fascistas propias de un Estado autoritario. Lamentablemente, no se puede esperar mucho de un gobierno heredero del pinochetismo, que no conoce otras formas de gobernar que no sea por medio del control, vigilancia, castigo, persecución, estigmatización, y un largo etcétera.
Ahora, más allá de este acuerdo fallido, cabe preguntarse una cuestión más profunda: ¿Qué ha hecho concretamente este gobierno en sus 2 años de mandato en cuanto a reformas estructurales del SENAME? ¿Ha mejorado la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en hogares del SENAME? ¿Han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Ha habido una participación de los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones DDHH, colectivos estudiantiles, en las propuestas y cambios en la estructura del sistema de protección social de la niñez? ¿Han estado realmente los niños y las niñas en el SENAME «en la primera fila»? En definitiva, ¿Cuál ha sido rol del Estado en cuanto a políticas públicas de niñez y adolescencia durante este gobierno? Considero que ese es problema central en esta coyuntura.
La información más reciente sobre el accionar del gobierno se puede ver en una entrevista dada a Susana Tonda, ex directora del SENAME, en la radio Pauta el 15 de marzo del presente año. En dicha entrevista afirma lo siguiente: “Respecto al fin del servicio, Tonda espera que se concrete el próximo año y explica que se está avanzando en los proyectos de ley que permitirán el proceso de cambio hacia una nueva institucionalidad, donde el actual sistema será reemplazado por dos nuevos servicios públicos: el Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Servicio de Reinserción Juvenil. No es solo un cosmético de ley. […] Como lo que se va a traspasar al Ministerio de Desarrollo Social son todos los programas de protección, rediseñados y en curso, sí vamos a poder decir ya no existe el Sename».
Si para el gobierno durante su campaña puso tanto énfasis en la consigna “los niños primero”, ¿Por qué recién el próximo año (en el penúltimo año de mandato del presidente), recién será enviado los proyectos de ley para remplazar el SENAME? ¿Qué asegura que ese cambio de nombres no sea netamente de carácter netamente administrativo-burocrático?
La denominada “crisis del SENAME” viene de hace años. Con el asesinato de la niña Lissette en un CREAD Galvarino el año 2016, que comenzó a ser investigado por Fiscalía al año siguiente, abrió y visibilizó innumerables denuncias por cientos de casos de violencia, abuso sexual, violaciones, maltrato físico y/o psicológico y muertes de niños, niñas y adolescentes al interior de centros del organismo, ya sean residenciales o ambulatorios, en todo el país. Las últimas cifras oficiales del año 2017 datan de 1.313 NNA muertos en el período 2005-20016. En este punto quisiera introducir una breve reflexión sobre la denominada crisis del SENAME, a propósito de este acuerdo diluido la ANI, que daría cuenta de una crisis más estructural y sistémica sobre el carácter de la protección social estatal a los niños y las niñas más vulnerables del país.
En el año 2017, a propósito de la muerte de Lissette, el psicoanalista Matias Marchant publicó una columna de opinión en CIPER en la que sostiene que no es la crisis del SENAME la que estamos afrontando, institución a la que se dirigen todas las críticas y acusaciones por la violencia ejercida hacia los niños y las niñas, sino que, en términos generales, es una crisis de carácter social y cultural sobre las representación de la niñez, que incide en la institucionalidad - sistema de protección social de niñez- en lo que respecta a sus prácticas y lógicas de abordaje, ya sea en el trato humano e interpersonal, como en las intervenciones profesionales (psicológicas, médicas, sociales) con los NNA.
Derechos que sabemos que en nuestro país no son garantizados por un Estado subsidiario. Quisiera aquí agregar a la reflexión de Marchant, otra perspectiva sobre el rol del Estado en esta violencia estructural hacia las niñeces y adolescencias, en vista de profundizar el análisis que lucidamente realiza: la crisis del Estado adultocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? El adultocentrismo, en tanto sistema sociocultural hegemónico que establece una figura idealizada de la adultez, impone una visión de la vida desde el mundo adulto a las personas “menores” (niños, niñas y adolescentes) y “mayores” (adultos/as mayores). Construye socialmente una división de las edades, en la que se distribuyen ciertas tareas, deberes, derechos, en función de las mismas, configurando así clases de edad.
De esta manera, se legitima una jerarquización entre grupos etarios, habilitando relaciones intergeneracionales desiguales y subordinadas. Tal como se sostiene desde la sociología, las clases de edad al ser una construcción socio-histórica, variable a la época, sociedades y culturas determinadas, también se configuran imaginarios y representaciones sociales de los distintos grupos etarios, que se reproducen desde distintos ámbitos, lugares e instituciones. El Estado chileno en esto ha cumplido un rol fundamental en lo que respecta a reproducir esos estereotipos, criminalizando y estigmatizando a la población infanto-juvenil de los sectores populares.
Éstos/as son el foco de los discursos políticos de las autoridades gubernamentales y municipales que tienden a discriminarlos despectivamente, utilizando adjetivos como “delincuentes”, “inmaduros” e incluso “terroristas”, sobre todo en situaciones que alteran la normalidad cotidiana, como las protestas estudiantiles. A partir de prejuicios y estereotipos del mundo adulto, se va configurando un imaginario social del “adolescente problema” o “adolescente revoltoso”, proclive a “meterse en problemas”, como si fuera una condición biológica inherente a esa edad. Desde esa lógica, no extraña que haya habido un acuerdo de cooperación inter-institucional -por mas aberrante que sea- entre ANI y SENAME.
Porque el razonamiento gubernamental que asocia delincuencia con la población infanto-juvenil de un determinado estrato socioeconómico, es parte de la lógica adultocéntrica que sustenta, promueve y reproduce el Estado. Clases de edad y clases sociales son dos aspectos que se articulan y profundizan las prácticas de domesticación y control social adulta. Desde esta perspectiva, el Estado se representa como aquel padre autoritario y violento que busca constantemente vigilar, castigar y controlar cada acto, cada paso, cada palabra de sus hijos/as, imponiendo su forma de ver la vida y habitarla, sin dar lugar alguno al dialogo y la diferencia.
Así como el padre autoritario que utiliza distintos métodos de coerción con sus hijos/as, cuándo éstos/as realizan alguna acción que no va acorde a la racionalidad adulta, el Estado chileno utiliza los distintos mecanismos jurídicos e institucionales a su alcance para perseguir a los y las jóvenes que han protestado constantemente durante el estallido social, criminalizándolos y estigmatizándolos. Estas acciones hiper-vigiliantes del Estado solo profundizan aún más la violencia institucional y social hacia el grupo más vulnerable de la sociedad, incumpliendo gravemente su rol de garante de derechos, y de reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y también como sujetos sociales y políticos.
Entre crisis, memoria y reparación: la visión de Marchant
Cabe destacar que estos dispositivos de intervención estatal en el campo social no son nuevas ni nacen en el estallido social, tienen una influencia histórica de los tiempos de la dictadura que se han mantenido y aplicado hasta la actualidad, con sus transformaciones y perfecciones. Que el sistema de protección social de la niñez está en una crisis profunda y sistémica hace años, es el reflejo de este Estado adultocéntrico que no solo criminaliza, sino que también es ciego, sordo y mudo frente a los padecimientos de los niños, niñas y adolescentes que están bajo su (en teoría) protección.
La pregunta que cabría hacerse, es cuál es la salida posible a esa crisis institucional, que durante los gobiernos post-dictadura (Concertación y Derecha) no han podido mejorar, ni menos solucionar. Evidentemente, al ser una crisis compleja que lleva años, no se puede sostener soluciones ni fórmulas simples. Lo que sí es posible reflexionar, es que en este contexto de estallido o revuelta social, con un proceso constituyente en curso, se abren puertas para iniciar una reforma estructural de las instituciones. Hay dos ideas que me parecen fundamentales plantear:
- La primera, que en este proceso constituyente de una nueva Constitución, se hace muy necesario que las discussions y debates en los cabildos, asambleas territoriales, asambleas autoconvocadas, esté presente un nuevo sistema de protección social de la niñez y adolescencia, y que se le dé la misma importancia que a los temas históricos en nuestro país: educación, salud, trabajo, vivienda, pensiones. Ha quedado claro que para la clase política, las políticas de niñez no son su prioridad, por lo que debe serlo para la ciudadanía. Pocas políticas publicas nacen de la “buena voluntad” de dicha clase política, sino más bien de la capacidad de organización y movilización ciudadana con propuestas claras y concretas, sumado a la convicción ideológica por lo que se protesta. Es necesario continuar en la reconstrucción del lazo social desde la solidaridad y la comunidad. No somos seres aislados, vivimos en una sociedad, y aquellos más vulnerables, son aquellos a quienes más debemos cuidar. En ese sentido, la salida es colectiva, no individual.
- Y en segundo lugar, si bien nuestro rol como adultos y adultas debiese ser de protección con los niños y las niñas, también considero relevante el que se multipliquen y generalicen las instancias de participación infantil en los espacios de cabildos y asambleas (bajo la modalidad de asambleas de niños/as y adolescentes) en el que también tengan voz y voto en el país que quieren construir, y especialmente sobre sus propios derechos. No necesitan de otros/as adultos/as que hablen en representación de ellos/as y de sus derechos. Siguiendo esa línea, ¿Por qué no en este proceso constituyente se habilitan asambleas de NNA en las residencias y centros ambulatorios del SENAME en las que puedan opinar sobre cómo les gustaría que fueran los centros por donde transitan? Sería una forma de facilitar que sus opiniones sobre un nuevo sistema de protección social de la niñez, del cual ellos y ellas forman parte, estén presentes, desde su mirada. Un mínimo gesto de reconocimiento con aquellos más olvidados y violentados de la sociedad.
La memoria como reparación: el problema de la historia de los niños institucionalizados
Antes que se acabe el ruido causado por las denuncias sobre graves vulneraciones de derechos en los centros del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y sus colaboradores, me parece relevante abordar un aspecto central del problema de los niños que viven institucionalizados: la supresión de su historia y el riesgo permanente al olvido. Pasando de un hogar a otro, los acontecimientos más importantes en la vida de los niños, que son los de la vida cotidiana, desaparecen. La historia de los vínculos del niño es olvidada.
El olvido también tiene su correlato en otras situaciones propias de la institucionalización. Los niños habitualmente carecen de objetos propios y que dan cuenta de su historia. La ropa que usan todos los días es intercambiada con otros (los zapatos, las prendas preferidas, la ropa interior). Los regalos de Navidad son de todos y de nadie. Mantener las pertenencias del niño es una actividad que requiere de una preocupación especial que las instituciones no suelen realizar. Existe una recomendación del SENAME de realizar “libros de vida” en los niños institucionalizados, pero esto en contados casos se realiza en forma sistemática y seria.
Hoy casi nadie está dispuesto a mantener un registro fotográfico de la familia de origen del niño. La mayor parte de las instituciones niega explícitamente conservar en el “libro de vida” del niño (si es que lo tiene) la imagen de sus padres y hermanos. No obstante, los nuevos dispositivos tecnológicos han permitido a los progenitores fotografiar a los niños cuando los visitan en los hogares y publicar las fotos en las redes sociales. Un problema tanto más grave que ocultar la historia es, justamente, el olvido. Toda historia requiere del olvido, pero cuando el olvido predomina lo que está implicado es el abandono y la negación del otro: en este caso, implica sepultar la infancia de los niños, negar su existencia. El abandono del trabajo de memoria por parte de quienes tienen al niño bajo su cuidado, implica la creación de un contexto en el que el adulto renuncia al establecimiento de un vínculo responsable con el otro.
El niño institucionalizado sigue desarrollándose, es alimentado y abrigado, pero carece, en el contexto antes descrito, del trabajo de memoria del otro: de este modo crece desnudo y sólo. Queda expuesto y despojado cuando nadie lo ayuda a construir, con recuerdos y anécdotas, fotografías y miradas, una idea de sí mismo. Queda desprovisto del sentido del pasado, presente y futuro. Y por lo mismo los vínculos que desarrollan los niños institucionalizados son generalmente de interés más que propiamente afectivos.
En los hogares los niños habitualmente carecen objetos propios que dan cuenta de su historia. La ropa que usan todos los días es intercambiada con otros. Los regalos de Navidad son de todos y de nadie. Por tanto, la memoria del niño separado de su familia de origen es quizás el aspecto más relevante y decisivo que debe ser conservado y reparado desde el momento en que es institucionalizado. La urgencia y la necesidad de este trabajo son inversamente proporcionales a la capacidad representativa y de memoria del niño.
Esto significa que mientras menor sea la capacidad de elaboración propia del niño, mayor es la urgencia de desarrollarla por parte de los adultos que lo tienen a cargo. El trabajo debe ser iniciado inmediatamente después de la separación de sus padres cuando ingresa a la institución. Es dramático observar cómo los niños cuando ingresan a una residencia entran “con lo puesto” y existen casi nulos esfuerzos por parte de las instituciones de recolectar y mantener consigo los objetos, juguetes, vestuario significativos para el niño. ¿Cómo proteger la memoria? A través de libros de vida, fotografías, videos y grabaciones, pero por sobretodo mediante la escritura de la infancia.
La historia de estos niños no se puede seguir negando o intentando ocultarla pues está inscrita en su cuerpo. Allí están las experiencias de separación, violencia o abandono dispuestas a ser leídas por la sociedad entera. La responsabilidad de los adultos y la sociedad es leer e interpretar ese cuerpo como construido históricamente, pues relata la historia del vínculo con otro y prefigura los futuros lazos. La actividad que se debe exigir a las instituciones que tienen a su cargo a niños vulnerados en sus derechos es la de registro, memoria y narración de lo vivido por el niño, bajo los principios de la veracidad y honestidad. Si la historia de los niños sucumbe al olvido, no nos sorprendamos luego cuando la violencia y los abusos se vuelvan a producir. La invitación es a hacernos responsables de la historia de los niños de nuestra sociedad, particularmente de los que han sido vulnerados en sus derechos. Ser trasmisores de la memoria para luchar contra la tragedia del olvido.
Comisión Asesora Presidencial y la voz de la academia
Matías Marchant, académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, fue convocado por su destacada trayectoria académica y profesional, investigando en temas de infancia, adolescencia y vulnerabilidad, con un especial enfoque en la reparación del daño psicológico y el impacto de las políticas públicas en estas comunidades. El 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, instancia en que el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto para la creación de la Comisión Asesora Presidencial, con el fin de esclarecer la verdad de las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado a través del extinto Servicio Nacional de Menores (Sename), así como en los sistemas de cuidados privados.
Compuesta por siete integrantes, la comisión abordará las graves violaciones que han sido documentadas a lo largo de los años y generar mecanismos de reparación para las víctimas. En palabras del docente de la casa de estudios: "Ser parte de esta comisión es una gran responsabilidad y un compromiso con la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Nuestra labor es fundamental para esclarecer las vulneraciones que han ocurrido y generar propuestas que garanticen que nunca más se repitan."
La coordinadora de Extensión y Vinculación con el Medio del Departamento de Psicología, Svenska Arensburg, afirma que “su participación no sólo refleja la vocación pública del profesor Marchant, junto al compromiso de nuestro Departamento y de la Universidad de Chile con los derechos humanos y la justicia social, sino que también fortalece el rol de nuestra casa de estudios como un actor clave en la transformación de políticas públicas.”
Desde la academia, Marchant es psicólogo, magíster y doctor en Filosofía por la Universidad de Chile, además de miembro del comité del Magíster en Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la misma casa de estudios. Organizaciones como la Defensoría de la Niñez, han subrayado la relevancia de esta comisión y la necesidad de que contemple la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes, así como de agrupaciones de víctimas. Bajo sus testimonios, la comisión puede diseñar mecanismos de participación que incidan en llevar a la práctica lo que está contenido en las leyes de garantía y protección integral de los derechos de la niñez. La integración del académico a esta comisión permite a la Universidad de Chile profundizar su conexión con la justicia y la reparación, reafirmando su misión de contribuir al país a través del conocimiento crítico y la defensa irrestricta de los derechos humanos.
Daniela Suau, periodista
Jaime Gajardo Falcón, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, expresó: “esperamos que esta Comisión nos permita ir, ya con su propia creación, reparando la situación de graves vulneraciones que sufrieron los niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo la custodia del Estado, ya sea a través del Sename o a través de organismos colaboradores del Sename en residencias que se encontraban bajo los programas del Sename.”
La Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres, indicó que “vivimos tiempos en que se presentan amenazas, dudas y cuestionamientos a la relevancia de la protección de los Derechos Humanos, por eso es muy importante nunca olvidar que esta defensa incluye la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.”
En ese sentido, las vulneraciones a los Derechos Humanos que se hayan producido también en democracia son partes de las responsabilidades que tenemos que asumir como Estado y hacernos cargos respecto de vulneraciones especialmente hacia niños, niñas y adolescentes que estaban bajo su protección, bajo su custodia. A partir de la creación de la Comisión, se iniciará una etapa de difusión destinada a informar a la ciudadanía sobre su propósito y alcance, de modo de asegurar que las personas interesadas comprendan el rol de la instancia y los mecanismos de acceso especialmente diseñados para ello. Por último, Soledad Larraín Heiremans enfatizó que “en la medida que logremos generar una participación importante, que la población sienta confianza en esta Comisión, que pueda hablar, que pueda contarnos sus testimonios, vamos a tener y nos vamos a acercar a la verdad, que es el objetivo de esta Comisión.
Testimonios de quienes residieron por años en instituciones del Sename y análisis desde un enfoque interdisciplinario fueron abordados en Coloquio Internacional, que contó también con las conferencias magistrales de Claudine Veuillez-Combier. La invitada internacional describió que la ayuda social de la infancia no garantiza la correcta protección de los niños y niñas y no siempre se colocan los recursos necesarios para protegerlos. Señaló que en Francia también se constata que el Estado no se compromete a proteger los derechos de los niños.
El estudio de Marchant se sitúa en el marco de una reflexión más amplia: la crisis es social y cultural, no sólo institucional. Esto abre la posibilidad de una reforma estructural, con participación de niños y adolescentes en cabildos y asambleas, y una revisión de la lógica de protección social para la niñez en Chile.
#LTenVivo | Huellas imborrables: el libro que recoge duros testimonios del Sename
Notas sobre la estructura de reformas y reparaciones
La discusión académica y oficial convergen en la necesidad de fortalecer un Defensor del Niño o un Consejo del Niño, con recursos propios y autonomía, para proteger y resguardar los derechos de los niños, libres de presiones de instituciones de adopción o ideologías particulares. Esta figura busca evitar que las violencias del pasado se repitan y garantizar un marco institucional que priorice la memoria, la verdad y la reparación.
| Figura/Institución | Rol | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Comisión Asesora Presidencial | Investigar y proponer mecanismos de reparación | Fortalecer derechos y prácticas de verdad, justicia y reparación |
| Defensor del Niño | Protección integral independiente | Reducción de vulneraciones y mayor rendición de cuentas |
La historia de estos niños no puede ser ni negada ni olvidada: debe registrarse, mantenerse y ser narrada con veracidad. Los libros de vida, la memoria visual y la escritura de la infancia se presentan como herramientas fundamentales para garantizar que las experiencias de separación, violencia o abandono queden registradas y sirvan para una reparación sostenible.
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