El Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de una profunda crisis y escrutinio público debido a sistemáticas vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su tutela. Esta situación ha generado un debate nacional sobre la protección de la infancia y la responsabilidad del Estado.
Hallazgos Alarmantes: Informes y Denuncias
Informe de la PDI (2017)
En 2017, un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, que investigó 240 hogares de menores, reveló una violación sistemática de derechos. El documento, de 257 páginas, resumía una extensa investigación solicitada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indagaba sobre 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016.
- En el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos.
- De estos, 310 tuvieron connotación sexual, con 123 cometidos por adultos y 187 entre menores.
- El informe señaló que estas vulneraciones de derechos se han "instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
- A pesar de ser entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, el informe no se hizo público en ese momento.
Detalle de las Vulneraciones
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El documento precisó que buena parte de los maltratos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos de adultos y en hogares de organismos colaboradores, 137 casos similares. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales.
Incumplimiento de Protocolos y Fiscalización Deficiente
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Particularmente preocupante fue la falta de protocolos para:
- Conductas suicidas: 72,9% de los centros.
- Sujeción y contención física frente a desajustes conductuales: 76,7% de los hogares.
- Acción ante el fallecimiento de un menor.
A pesar de que el 98,3% de los centros reciben fiscalización periódica del Sename, estas supervisiones son, en su mayoría, coordinadas de manera previa. Además, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales por parte de los tribunales de familia, a pesar de la exigencia de visitas cada seis meses.
Situación de Salud de los Menores
El reporte de la PDI reveló cifras alarmantes sobre la salud mental y física de los residentes:
- 37,3% padece alguna enfermedad psiquiátrica.
- 14,2% presenta alguna patología médica.
- 13,9% sufre una enfermedad crónica.
- 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital.
- 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Un 42% de los centros no tienen un encargado de salud, y en el 66,3% del total (159 centros), la administración de fármacos en jornada diurna es realizada por un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud. Esta situación se agrava al considerar que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
El "Factor Lissette" y las Muertes en Sename
La muerte de Lissette Villa (11 años) en abril de 2016, en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, conmovió al país y detonó una serie de investigaciones judiciales. El fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó al exfiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, investigar las responsabilidades penales en la muerte de NNA residentes en establecimientos del Sename y sus organismos colaboradores hasta esa fecha.
El caso de Lissette, quien presentaba episodios de rabia y era conocida por sus "pataletas", puso en evidencia la falta de protocolos adecuados y personal capacitado. Una de las cuidadoras relató que, en medio de una crisis, la niña se desvaneció y murió. Ni ella ni su compañera tenían conocimientos en primeros auxilios. Un psiquiatra que forma parte de la querella, Rodrigo Paz, afirmó que Lissette estaba "sobremedicada" con fármacos que podían hacerla más agresiva e impulsiva, suministrados sin el control adecuado.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente la ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de fallecimientos, llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación penal por las 1.313 muertes reportadas entre 2005 y 2016.
Fallo histórico según Fiscalía: Tribunal declaró culpable a cuidadoras de Lissette Villa
El Caso de Guillermina (2012)
El caso de Guillermina, una adolescente de 16 años que murió por ahorcamiento en el Centro de Protección Alborada en Temuco en agosto de 2012, es otro trágico ejemplo. A pesar de su historial de intentos de suicidio, consumo de alcohol y drogas, y depresión, no fue llevada a un hospital para estabilizarla o realizarle un chequeo completo. La querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia no prosperó, y su muerte fue registrada como un "egreso" del sistema.
Pronunciamientos de Organismos Internacionales y Nacionales
- El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en 2018, afirmó que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de NNA bajo cuidado estatal, recomendando mecanismos de reparación.
- La Defensoría de la Niñez recomendó en 2020 la creación de una "Comisión de Verdad, Justicia y Reparación" para establecer la claridad de los hechos de violación de derechos, petición que no obtuvo respuesta del Poder Ejecutivo.
- El Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef, encabezada por la jueza Mónica Jeldres, expuso la brutalidad de los hallazgos y dio pie a diversas investigaciones.
Causas y Responsabilidades
Inconsistencia en Cifras
Existe una gran falta de claridad respecto al número de menores fallecidos bajo la tutela del Estado. Un informe del Ministerio de Justicia (2005-2016) reportó 185 muertes, mientras que un reporte de Unicef indicó que solo en 2010 la cifra era cinco veces mayor. Esta inconsistencia es un reflejo de la complejidad del servicio y la falta de un sistema de registro unificado y confiable.
Falta de Capacitación y Personal Especializado
El sistema muestra que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación, incluso en primeros auxilios, y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, destacó la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos y la falta de personal especializado.
Estigmatización de la Pobreza
Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia en su momento, planteó la pregunta de por qué no hay niños de los niveles socioeconómicos más altos en el Sename, a pesar de que el abuso y la violencia son transversales, sugiriendo una "estigmatización de la pobreza".
Falta de Priorización de la Infancia
La "falta de priorización que se da a la infancia, más allá de las muchas declaraciones en ese sentido", es una de las principales deficiencias, según activistas. La carencia de acompañamiento profesional serio y dedicado, con permanencia en el tiempo para los niños y jóvenes en residencias, es una crítica constante.
Condenas y la Nueva Institucionalidad
Resultados de la Investigación de la Fiscalía de Los Lagos
A más de cinco años del inicio de la indagatoria, la Fiscalía Regional de Los Lagos mantiene abiertas 25 de las 347 causas instruidas para esclarecer las muertes de menores bajo custodia del ex Sename. De las 322 causas terminadas, 78 finalizaron con sobreseimiento definitivo. A la fecha, se ha logrado condenar a cinco personas, la mayoría exfuncionarias del Sename o de organismos colaboradores.
Condenas Relevantes
- En el caso de Lissette Villa, Conne Fritz y Thiare Oyarce, exfuncionarias del Sename, fueron declaradas culpables de apremios ilegítimos.
- Virginia Ferreira, educadora, fue sentenciada en 2017 por cuasidelito de homicidio por la muerte de un lactante en Puerto Varas.
- Karina Muñoz Arenas, enfermera, fue declarada culpable en 2018 por el mismo delito por no proporcionar los cuidados adecuados a una adolescente en Rancagua.
- La directora de un centro colaborador fue condenada por presentar documentos falsos en el marco de una investigación por la muerte de una niña.
La Transición a Mejor Niñez
El 1 de octubre de 2021 entró en funcionamiento el nuevo Servicio Mejor Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que asumió el sistema de residencias del antiguo Sename con modificaciones. El Sename, ahora bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encarga solo de los infractores juveniles.
María José Castro, directora de Mejor Niñez, señaló un "cambio de paradigma" con un nuevo modelo centrado en los niños y sus familias. La nueva institucionalidad exige que el 75% del personal que trabaja directamente con niños sea profesional o técnico, realiza evaluaciones periódicas de salud mental y física a los cuidadores, y fiscaliza constantemente las residencias.
Mejor Niñez busca terminar con el modelo masivo de residencias (los Cread) para dar paso a espacios más acogedores, con un máximo de 17 niños, acompañados por personas capacitadas y comprometidas. Rosario Martínez, directora nacional del Sename, afirmó que se están revisando constantemente los protocolos de prevención del suicidio y conductas violentas entre pares.
Experiencias Personales y Propuestas de Mejora
El Salto al Vacío de los Egresados
Catalina Farías, una joven que pasó parte importante de su niñez y adolescencia bajo la protección del Estado en distintos hogares y familias, relata el "salto al vacío" que significa egresar del sistema al cumplir 18 años. Sin acompañamiento post-egreso ni información clara sobre sus derechos (como la protección estatal hasta los 24 años si estudian), muchos jóvenes quedan a la deriva.
Ella, ahora activista, critica la falta de un acompañamiento profesional serio y dedicado, así como la ausencia de programas efectivos de apoyo a la vida independiente para los jóvenes egresados. Carlos Vöhringer, director técnico nacional del trabajo con infancia vulnerada del Hogar de Cristo, coincide en que "están egresando a la calle, directamente", y que requieren subsidios al arriendo, acceso a la educación superior y oportunidades de empleo.
El Rol de las Familias de Acogida
Francisco Covarrubias, psicólogo y presidente de la Fundación ProAcogida, promueve el modelo de familias de acogida como una política pública crucial. Argumenta que, aunque poco conocidas, ofrecen un vínculo mucho más fuerte y un entorno más adecuado para los niños, especialmente los más pequeños.
Vinka Jackson, psicóloga especializada en trauma y sobreviviente de abuso infantil, enfatiza que, sin duda, la familia de acogida es mejor que un hogar de menores. Propone generar redes de voluntarios y padrinos sensibles al trauma para contribuir a la sanación del daño, ya que el personal remunerado tiene una rotación que impide la continuidad clave para generar vínculos significativos.
Sin embargo, Covarrubias reconoce que no siempre hay familias dispuestas a recibir niños con trauma complejo y altas necesidades terapéuticas, haciendo que las residencias especializadas sigan siendo clave para estos casos. Subraya la necesidad de capacitar a las familias de acogida en manejo de trauma.
Prioridades para una Mejor Infancia
Los especialistas coinciden en que una "mejor niñez" en Chile aún es un desafío, especialmente para los más pobres y vulnerables. Destacan la importancia de:
- Terminar con los modelos masivos de residencias y dar paso a espacios menos masivos y más terapéuticos.
- Trabajar con las familias de origen, viéndolas no como antagonistas sino como parte de la solución.
- Aumentar y capacitar a las familias de acogida.
- Establecer padrinajes con la familia extendida para que los niños en residencias puedan experimentar la vida familiar.
- Crear un programa efectivo de apoyo a la vida independiente para los jóvenes egresados.
- Garantizar una defensa jurídica adecuada para los niños vulnerados.
- Invertir en formación en manejo de trauma complejo para todos los profesionales que trabajan con NNA.
Vinka Jackson subraya la indignación por las redes de acosadores en torno a las residencias y llama a una acción concreta. También critica la falta de formación en el manejo del trauma por abuso para los trabajadores del Sename, considerando que es una herramienta prioritaria para contener situaciones de crisis emocional.
La reflexión de que "a todos nos cabe responsabilidad en la calidad del sistema de protección de la infancia que tenemos en democracia" es un llamado constante a la acción y a la concientización sobre la vulnerabilidad de los niños bajo el cuidado del Estado.
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