La situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en Chile, tanto en el pasado como en el presente, ha estado marcada por profundas vulneraciones de derechos. Desde el tráfico y adopciones ilegales que ocurrieron entre las décadas de 1960 y 1990, hasta la violencia, abusos y explotación sexual en las residencias del sistema de protección, hoy conocido como Mejor Niñez, diversas personas y entidades se han visto involucradas en estos graves hechos que continúan impactando a la sociedad chilena.
Tráfico y Adopciones Ilegales de Niños en Chile: Un Legado de Abusos
La justicia chilena se encuentra indagando una cifra estimada de 20 mil adopciones de niños chilenos entregados a parejas extranjeras que están bajo investigación. Estas redes de tráfico, que operaron entre las décadas de 1960 y 1990, estaban compuestas por abogados, jueces, asistentes sociales, médicos y religiosos, utilizando diversos métodos para sacar a los niños de Chile.
La Ruta del Tráfico y los Puntos Clave
Una decena de hoteles de la zona céntrica de Santiago y guarderías ilegales ubicadas en poblaciones fueron escenario del tráfico de miles de niños arrebatados a sus madres y enviados al extranjero. CIPER reconstruyó la ruta de estas adopciones ilegales, la cual incluye a hoteles emblemáticos como el Sheraton y el Carrera, cuyas direcciones figuran en decenas de certificados de nacimiento extendidos por el Registro Civil para niños que fueron sacados del país. La mayoría de esos puntos céntricos son antiguos y renombrados hoteles: El Conquistador, Montecarlo, Carrera, entre otros. También existen departamentos que hasta hace algunos años funcionaron como oficinas de abogados, y casas en poblaciones periféricas que albergaron guarderías ilegales.
CIPER pudo constatar que más de 700 niños enviados al exterior fueron inscritos en el Registro Civil como residentes en estos hoteles, lo cual consta en sus certificados de nacimiento. La mayoría de estos documentos fueron extendidos sin los padres presentes o solo con la concurrencia de la madre. El Hotel Montecarlo (Victoria Subercaseaux 209) lidera la nómina con 374 inscritos, y una revisión aleatoria de sus certificados de nacimiento revela la ausencia de padres biológicos. Por ejemplo, Moisés (nacido el 12 de mayo de 1983 en Concepción) y Yasna (nacida el 19 de mayo de 1987 en Concepción) solo tienen el reconocimiento de su madre biológica. El ex hotel El Conquistador (Cruchaga 920), ya desaparecido, registra 176 inscritos. En sus certificados de nacimiento, se reitera la tendencia: una niña de apellido Colicheo (23 de septiembre de 1985, Temuco) sin reconocimiento de padre ni madre biológica, y otro niño de apellido Coliman (14 de octubre de 1985, Temuco).
El Hotel Carlton House (Máximo Humbser 574) registra al menos 32 niños inscritos. Uno de ellos es Solange, nacida el 10 de diciembre de 1987 en Chanco (Maule), cuyo certificado no registra ni madre ni padre. El testimonio de Sandra Solís sugiere que se utilizó la dirección del hotel para registrarlos en Chile, conseguir un fallo judicial de tuición y sacarlos al extranjero. El Hotel Sheraton (avenida Santa María 1742) tiene 35 personas inscritas, cuyos certificados también son sospechosos, como el de una niña nacida en 1985 en Concepción sin padres biológicos que la reconozcan, o el de una menor nacida en Temuco en 1989 sin padres biológicos registrados. El ex Hotel Carrera (Teatinos 180), hoy sede de la Cancillería, tiene 88 certificados de nacimiento con su dirección, que corresponden a niños sin padres biológicos que los reconozcan, hijos de madres solteras, casi todos nacidos en el sur de Chile.
Entre las direcciones que no son hoteles, pero que también registran múltiples inscripciones, se cuenta el departamento 24 del edificio de San Antonio 486 (Santiago Centro), con 193 personas inscritas. En los años 80, este departamento era ocupado por la sociedad Servicios Legales Generales Limitada, creada por el abogado Carlos Gutiérrez Ihitz y su cónyuge, la también abogada Iris Vittini González.
Los Involucrados: Una Red Amplia y Organizada
Las redes de tráfico de niños chilenos que partieron al extranjero entre las décadas del ‘60 y ‘90 estaban compuestas por abogados, jueces, asistentes sociales, médicos y religiosos. Por ejemplo, el domicilio de la asistente Doris Marchant registró 38 niños inscritos. Iris Vittini señaló que su marido tramitó la mayoría de las adopciones desde su oficina de San Antonio 486 y negó cualquier viso de ilegalidad. Reconoció que iban a juzgados a buscar menores que estuvieran abandonados para darlos en adopción. Mencionó casos de parejas que se hospedaban en el Hotel Carrera y señaló que su nombre figuraba en un listado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia como contacto en Chile para ciudadanos de ese país que quisieran adoptar, aunque los trámites también se hicieron para parejas de otros países.
Las juezas Bavestrello y Onetto han sido sindicadas como parte de las redes que facilitaban la sustracción de menores. Un instructivo utilizado por un matrimonio francés, que buscó adoptar en Chile, incluía nombres de juezas “favorables y gentiles”, contactos con médicos y lugares donde buscar niños, con nombres de asistentes sociales. En el rastreo realizado por CIPER en prensa internacional, aparecieron otros nombres de abogados que se dedicaban a tramitar la venta de niños a parejas extranjeras, como Alberto Bronfman Jacober, quien fue acusado en agosto de 1985 por el diario The Record de estafar a parejas que buscaban adoptar. La vocera del International Social Services, Anne Cordner, afirmó en 1986 que “los abogados chilenos estaban haciendo fortunas con las adopciones internacionales”.
Testimonios de Madres y Niños Traficados
Alejandra Tabitaud es una de las madres afectadas. Hace 39 años le robaron a su hijo. En el Hospital San Juan de Dios, con solo 16 años, fue presionada por su madre y otras personas para entregar a su recién nacido. Le prometieron que volvería a verlo, pero le mintieron. Después de casi cuatro décadas de búsqueda, logró reencontrarse con su hijo en Estados Unidos. Ella marcha con la agrupación "Hijos y Madres del Silencio", que reúne a víctimas de tráfico de niños chilenos entregados en adopciones ilegales, exigiendo justicia por el sufrimiento causado y para recordar que los responsables siguen en la impunidad.
Ruth Cárdenas, por su parte, acusó que le habían robado a dos de sus hijos en Concepción después de dejarlos en un hogar mientras se trataba una tuberculosis. Cuando volvió a buscarlos, ya no estaban. Ella logró reencontrarse con uno de sus hijos en 1998, cuando él viajó desde Bélgica buscándola. Sandra Solís, nacida en 1972, relató cómo fue presionada a sus 16 años en el hogar de monjas Buen Pastor para ser adoptada por un matrimonio italiano, a pesar de su rechazo, con la justificación de que "en el hogar ya no me querían y qué iba a hacer con mi vida".
Vincent Reuilly Girardot, nacido en 1985 en Los Ángeles, Biobío, y entregado a un matrimonio francés en 1986, se acercó a la agrupación Hijos y Madres del Silencio para conocer su origen biológico. Consiguió de sus padres adoptivos parte de la documentación sobre su origen, incluyendo un instructivo que ellos utilizaron en su viaje a Chile, una guía completa sobre qué hacer que incluía contactos con médicos y lugares donde buscar niños, con nombres de asistentes sociales.
Reacciones y Consecuencias Legales
La causa que actualmente comanda el ministro Jaime Balmaceda ya acumula más de 450 denuncias de madres. Las agrupaciones de familias que reclaman justicia preparan querellas contra el Estado y se evaluará si estos crímenes constituyen o no delitos de lesa humanidad. Reportajes de la prensa internacional, como el del diario australiano The Age de 1986, ya daban cuenta de cómo el Hotel El Conquistador era utilizado por matrimonios de ese país para adopciones al margen de las leyes australianas, que no recomendaban adoptar niños chilenos. El artículo señalaba un caso que los había alertado y que involucraba a un juez, un trabajador social y un abogado que obligaban a las madres chilenas a entregar a sus hijos.
La Crisis Actual en el Sistema de Protección de Menores de Chile
Más allá de los abusos históricos, el sistema de protección de menores en Chile continúa enfrentando graves desafíos. La serie "No nos quieren ver", inspirada en hechos reales y en los miles de casos de abusos y muertes que salieron a la luz pública a partir del año 2016 en Chile en diferentes residencias del Sistema de Protección de Menores, busca visibilizar esta cruda realidad. Megamedia y HBO Max, que adquirió la serie para su transmisión en América Latina, han destacado la relevancia de este contenido para generar conciencia y cambios urgentes, dada la naturaleza universal de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en riesgo social.
Aumento de Denuncias y Realidad en Mejor Niñez
Según cifras de Mejor Niñez, las denuncias por explotación sexual infantil de niños, niñas y adolescentes que están al cuidado de residencias del Estado han aumentado un 45,1% en un año. De acuerdo con estadísticas a enero de 2024, el sistema de protección de Mejor Niñez atiende a 127.030 niños, niñas y adolescentes en alguno de sus programas de protección. El organismo cuenta con varios programas de protección especializada en explotación sexual, los cuales se encuentran en procesos de actualización, ya que se arrastran del antiguo Sename. Sin embargo, para Marcelo Sánchez, de San Carlos de Maipo, no se ha actuado con la celeridad que demanda el fenómeno, indicando que la cobertura en materia de programas especializados para explotación sexual comercial infantil es la misma que hace 15 años.
La explotación sexual infantil es un delito complejo de investigar. Así lo reconocen desde el Ministerio Público y también lo demuestran los datos: del total de causas entre 2021 y 2023, un 58% se mantiene vigente y la mayoría (39%) de ellas termina en archivo provisional. Un problema fundamental es que en estos casos las víctimas no se sienten víctimas y, por lo tanto, no se puede muchas veces contar con ellas y con su relato durante el proceso penal.
Condiciones Internas: Violencia Extrema y Narcotráfico
La violencia y drogadicción es una realidad alarmante al interior de los centros de menores del Sename, los cuales tienen como objetivo cuidar de ellos. Un funcionario anónimo reportó: "Hay mucha más violencia que en las cárceles de adulto. Hemos tenido chiquillos que han salido con veinte puñaladas en el cuerpo y eso no es raro que pase, es normal". Agregó que han tenido "suerte" de que no ha habido algún muerto, pero el nivel de violencia es extremo. En abril de un año reciente, se publicó un video registrado en un centro de reclusión de San Joaquín donde se ve a jóvenes golpeándose entre sí. Días después, apareció una pancarta en la población de La Legua con un "4-0 ganando" y "Galería 6", evidenciando la rivalidad entre bandas.
El narcotráfico trabaja de manera similar como ocurre en la cárcel, con los denominados "pelotazos". El equipo de Misión Encubierta fue testigo de esta dinámica de ingreso de objetos a estos centros de reclusión. Según el funcionario que habló en exclusiva, los jóvenes se están "matando" por consumir, incluso en presencia de quienes los cuidan, con un "nivel de drogadicción adentro que yo creo que ni en la peor población se ve así". Estos hechos han llevado a denunciar la falta de gendarmes desde hace más de dos años, antes de la pandemia, situación ya conocida por las autoridades. El alcalde Labra señaló que el personal mínimo trabajando lleva a turnos que pasan de 24 horas a 36 horas, y que los funcionarios reportan que los chiquillos nuevos son extorsionados con frases como: "Oye si no te poní, vai a salir volado".
Reacciones y Responsabilidades de las Autoridades
La directora del Sename, Marcela Labraña, ha reaccionado a las denuncias, encomendando ubicar y visitar a los menores involucrados para conocer su estado emocional y psicológico y saber cómo han influido en ellos ciertos discursos. Esta rápida reacción fue valorada por diversos actores. Se ha reconocido que la responsabilidad de la crisis no es solamente del Sename, sino que involucra a "un montón de instancias gubernamentales". En otro ámbito, el Movilh expuso a Labraña la necesidad de que el Sename apoye la incorporación de la regulación de los hijos, sean biológicos o adoptivos, en el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), mostrándose la autoridad favorable a ello, lo que fue valorado con entusiasmo por la organización.
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