La situación de los niños y adolescentes bajo la tutela del Estado en Chile, históricamente gestionada por el Servicio Nacional de Menores (Sename), ha sido una fuente constante de indignación y preocupación. La evidencia empírica, particularmente internacional, ha demostrado de manera consistente el nulo efecto reparador que tiene la cárcel, un sistema con el que los servicios de protección a la infancia han estado lamentablemente ligados. Este drama ha alcanzado una magnitud impactante, con cifras que revelan años de vulneraciones sistemáticas y una urgente necesidad de transformación.
Las Raíces de una Crisis Sistémica
La indignación ha crecido al conocerse que más de mil niños fallecieron bajo custodia del Sename entre 2005 y 2016. Esta cifra no puede ser vista como un mero número en una danza macabra de tragedias, ya que representa la falla del Estado chileno en su rol protector. Esta problemática no es atribuible a un solo gobierno, pues ha abarcado a administraciones de la Concertación, la Alianza y la Nueva Mayoría, evidenciando un problema estructural de larga data.
La pregunta fundamental persiste: ¿cómo fue posible que ninguna autoridad interviniera en una situación tan demencial como mantener unidos los servicios a cargo de menores en protección con aquellos que son infractores de ley? Si bien es evidente que el Sename requería una cirugía mayor, su intervención por sí sola no es suficiente para proteger a los niños en situación de marginalidad y vulnerabilidad. Las aristas del problema son muchas y se relacionan con situaciones de pobreza, indefensión, consumo de drogas, problemas sociales profundos, políticas públicas inadecuadas y malas asignaciones de recursos.
Esos niños, aparentemente una obviedad, tienen o tuvieron padres y, quizás, un hogar en algún momento. Es imperativo preguntarse qué sucedió para que llegaran al Sename como su hogar sustituto. Varios estudios han abordado estas relaciones, revelando cifras preocupantes. Según un estudio de Pilar Larroulet, un 27% de las personas privadas de libertad declaró haber estado en el Sename como medida de protección de derechos, y un 36% por infracción de ley. Casi un 30% reportó haber vivido en la calle antes de cumplir 18 años. Esto subraya una ecuación ineludible que asocia la marginalidad infantil con la posibilidad de vínculo con el delito y el ingreso en prisión.
No podemos contentarnos con afirmar que quien comete un delito merece la cárcel, desconociendo que en el origen de este delito a menudo se encuentran la vulnerabilidad y marginalidad infantil que el Sename no logró proteger. Es crucial priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, atendiendo a los problemas adyacentes que inciden directamente en que los niños lleguen al Sename, y, peor aún, que salgan a la calle o a la cárcel.
La prisión parental es un factor de riesgo para una amplia gama de problemas en niños y adolescentes, incluyendo problemas de salud mental, abuso de drogas, fracaso académico, deserción escolar y desempleo. En Chile, dos tercios de los niños vivían solamente bajo el cuidado de la madre cuando esta fue detenida, mientras que el porcentaje que vivía con el padre era muy menor. Además, una persona en prisión cuesta al Estado aproximadamente tres veces lo que se asigna por niño al Sename.
Una Perspectiva Histórica sobre el Abandono de la Infancia
La crisis del Sename, si bien actual, resuena con patrones históricos de abandono infantil. Académicos como Ximena Illanes y Miguel Morales han señalado que la infancia vulnerable y los menores institucionalizados son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia". Remontan la problemática a fines de la Edad Media, cuando diferentes instituciones de asistencia acogían a miles de criaturas abandonadas en los espacios urbanos, como en la Barcelona del siglo XV. Los registros de aquella época ya mencionaban historias de maltratos y abusos, lo que dificultaba la creación de lazos afectivos y la integración a la comunidad.
El uso del concepto de "abandono" en estos casos, tanto históricos como actuales, puede inadvertidamente invisibilizar la precariedad y desigualdad social que viven los niños, niñas y sus familias. Los investigadores sugieren que las estrategias futuras deben enfocarse en la conservación de los vínculos existentes, haciendo partícipes a las familias cuando sea posible, o a través del personal que convive diariamente con los niños y niñas. Esto implica que las instituciones de protección deben ir más allá de la mera restitución de derechos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
Investigaciones Clave y Hallazgos Alarmantes
A lo largo de los años, diversas investigaciones han corroborado la gravedad de la situación en el Sename, documentando una sistemática vulneración de los derechos de los niños.
Informe de la PDI (2017-2018): Violación Sistemática de Derechos
Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, divulgado en 2019, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. Esta investigación, solicitada por el fiscal Marcos Emilfork a raíz de las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016 (motivada por el deceso de Lissette Villa en 2016), abarcó 240 de los 241 hogares de menores del país.
El documento de 257 páginas, al que CIPER tuvo acceso, reveló que en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos. De estos, 310 tuvieron connotación sexual. El informe fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público inicialmente. El diputado Rene Saffirio, quien denunció la existencia del informe, criticó la falta de transparencia de las autoridades.
Entre los hallazgos más graves, se detalló:
- Tipos de vulneraciones: 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
- Maltratos por adultos: Buena parte se produjo en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC). En los CREAD (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) se reportaron 105 maltratos de adultos hacia menores, y en hogares colaboradores otros 137 casos.
- Abuso sexual: El 50% de los hogares presentaba abusos sexuales, totalizando 310 casos. De ellos, 123 fueron perpetrados por adultos (92 en hogares colaboradores, 21 en CREAD y 10 en otros centros), y 187 por otros menores, mayormente en residencias para adolescentes de organismos colaboradores.
- Deserciones: El 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que aumentaba al 76,2% si se excluían las residencias para lactantes y discapacitados.
- Incumplimiento de protocolos: El 44,5% de los centros no cumplían con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Particularmente, el 72,9% no contaba con protocolo ante conductas suicidas y el 76,7% carecía de protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Además, la mayoría no tenía un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
- Fiscalización deficiente: Aunque el 98,3% de los centros recibía fiscalización periódica del Sename, estas supervisiones eran en su mayoría coordinadas previamente. Los tribunales de familia, que deben fiscalizar cada seis meses, en algunos casos solo lo hacían anualmente.
- Salud mental y física: Un alarmante 37,3% de los residentes padecía alguna enfermedad psiquiátrica. Además, el 14,2% presentaba patologías médicas, el 13,9% sufría enfermedades crónicas, el 0,4% estaba en riesgo vital y el 19,8% tenía alguna discapacidad.
- Falta de personal cualificado: 42 centros no contaban con encargado de salud, y en muchos otros, la función era ejercida por personal sin el perfil necesario. En 159 centros (66,3%), los medicamentos eran administrados por educadores de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud, a pesar de que investigaciones de CIPER de 2016 ya habían constatado el suministro descontrolado de fármacos como paliativo.
- Infraestructura inadecuada: El 93,8% de los centros no contaba con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfiles clínicos o casos complejos.
El informe policial fue categórico al señalar: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Ante la denuncia del diputado Saffirio, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, negó haber tenido conocimiento del documento.
Misión de Observación del INDH (2017)
Entre enero y abril de 2017, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desplegó un equipo de más de 60 profesionales para una misión de observación en 171 centros de todas las regiones del país. Esta misión buscaba evaluar las condiciones de cumplimiento de derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios e indagar sobre eventuales vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) residentes. Es importante destacar que, en ese momento, de los 250 centros existentes en Chile, solo 11 eran Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) del Sename, mientras que el 95,6% restante era administrado por organizaciones colaboradoras.
Los resultados de este estudio identificaron diez temáticas relevantes:
- Perfil de los NNA: La población era fundamentalmente femenina (63,5%), con un 60% entre 8 y 13 años.
- Perfil de los trabajadores: La mayoría eran mujeres (87,9%), lo que evidenciaba una feminización del personal.
- Condiciones de vida y cuidado: Las necesidades básicas (camas, baños, comedor, cocina) estaban generalmente satisfechas, pero la calidad de las instalaciones no era óptima. Había problemas de calefacción, recreación y espacios comunes. Preocupa que en un 20% de los casos, adolescentes convivían con niños de menor edad o no se separaban por sexo. El 21% de los centros presentaba sobrecupo, con un 12,5% alcanzando el 50% y un 3% superando el 75%.
- Alimentación: En un 1,6% de los establecimientos, los NNA recibían solo entre 1 y 2 comidas diarias, cifra que subía al 3% en centros para lactantes y preescolares. El 16% de los NNA declaró pasar hambre.
- Trato: El 22% consideraba que el personal no siempre les daba un trato respetuoso y cariñoso, y el 34% reportó trato discriminatorio.
- Vinculación con el medio: En un 4% de los centros, los NNA no estaban autorizados a hablar directamente con el juez. Aunque el 72% de los centros reportó que los NNA pudieron hablar con los jueces, solo el 32% de los niños lo confirmó.
- Educación: El 93% de los NNA asistía a la escuela, pero solo el 88% de los de 14 a 17 años lo hacía (8% por debajo del promedio nacional), y el 20% presentaba retraso escolar. Solo el 78% recibía apoyo en sus tareas. Solo el 77% de los centros permitía a los padres participar en reuniones de apoderados, evidenciando una vulneración del derecho a la educación.
- Familia e identidad: El 40% de los centros restringía los horarios de visita familiar, y el 30% no admitía más de dos visitas semanales. El 57% de los centros estaban fuera de la comuna de origen familiar, lo que contribuía al desarraigo. Un 16% usaba el retraso en las visitas como sanción, y el 13% las suspendía por mal comportamiento del niño.
- Salud mental: El 69% de los NNA de 14 o más años presentaba sintomatología depresiva. El 45% de quienes tenían síntomas no había podido acceder a un psicólogo o psiquiatra, y el 70% no estaba en tratamiento.
- Violencia institucionalizada: 8 de cada 10 NNA declararon haber recibido algún castigo del personal en los últimos 12 meses (privación de contacto familiar, negación de comida, encierro, contención física). El 46% reportó maltrato psicológico, el 12% agresión física leve y el 6% agresión física grave.
- Violencia entre pares: El 48% de los NNA había sido víctima reiterada de maltrato físico y/o psicológico. El 19% de los centros carecía de protocolos para atender estas situaciones.
- Abuso sexual: El estudio arrojó 23 casos de abuso sexual en los últimos 12 meses (6,4% de prevalencia), siendo 8 de cada 10 víctimas niñas. En el 78% de los casos, el abuso fue cometido por otro menor, y en un 7% por un adulto del centro. En el 69% de los casos, la víctima seguía en contacto con el agresor.
Las conclusiones del INDH incluyeron recomendaciones clave: toda prohibición de relación familiar debe ser judicialmente fundada, establecer criterios uniformes para visitas, no usar las visitas como sanción, desarrollar medidas para preservar la identidad (como libros de vida), asegurar la estabilidad emocional de cuidadores, promover el conocimiento de protocolos de maltrato y de la Ley N° 21.013, y generar condiciones para que los NNA puedan denunciar abusos sexuales de manera efectiva.
La Transición: Del Sename a Mejor Niñez y Reinserción Social Juvenil
Tras una prolongada seguidilla de cuestionamientos y la revelación de las graves vulneraciones de derechos, el Sename dejó de existir oficialmente en octubre de 2021. Fue reemplazado por una nueva institucionalidad con el objetivo de especializar y mejorar la atención:
- El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), enfocado en la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.
- El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, diseñado para contar con un sistema de justicia especializado, con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente.
Esta reestructuración fue acompañada por la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que establece un marco normativo general para enfrentar integralmente la protección de estos derechos. Con la puesta en marcha de estos nuevos servicios, Chile busca contar con una institucionalidad más robusta para el respeto, promoción, protección y realización de los derechos de la niñez y adolescencia.
Servicio Mejor Niñez y estrés del sistema: "Implementamos cosas nuevas en medio de una crisis"
La Comisión de Verdad y Niñez: Un Esfuerzo de Reparación y sus Desafíos
Un pilar fundamental en el camino hacia la reparación es la Comisión de Verdad y Niñez, una instancia estatal de asesoría presidencial creada en diciembre de 2024 (e iniciando operaciones en 2025). Su función es investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas contra NNA en recintos del Sename entre 1979 y 2021, incluyendo casos de abuso eclesiástico. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por estos centros residenciales y/o de detención durante casi 50 años, según un informe de UNICEF.
La Comisión nació a raíz de la sentencia dictada en 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que evidenció uno de los episodios más graves del sistema de protección: la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer” en 2007, y una serie de infracciones a los derechos humanos de 271 jóvenes en cuatro recintos (Limache, Rancagua, San Miguel y “Tiempo de Crecer”). El fallo internacional destacó que el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud, la educación y el acceso al agua, en perjuicio de jóvenes privados de libertad en centros con carencias básicas de seguridad y atención médica.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ya había investigado estos hechos, reforzando la idea de que no eran casos aislados. Problemas como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones, la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de condiciones adecuadas para la reinserción social eran comunes en varios centros del Sename. Aunque el Estado chileno reconoció parcialmente su responsabilidad, la Corte concluyó que las vulneraciones fueron sistemáticas y afectaron a un grupo altamente vulnerable bajo custodia estatal.
Sin embargo, la continuidad de la Comisión de Verdad y Niñez enfrenta desafíos. Sus funciones podrían paralizarse antes de lo previsto, con un posible fin en abril de 2026, a pesar de que su plazo original es hasta abril de 2027. Esta decisión se enmarcaría en un contexto de recortes fiscales anunciados por el presidente José Antonio Kast, afectando a diversos organismos estatales.
Desafíos y Perspectivas para la Protección Integral de la Niñez
A pesar de los avances legislativos e institucionales, persisten importantes desafíos para asegurar una protección integral de la niñez en Chile. Es fundamental:
- Políticas públicas de apoyo familiar: Necesidad de asegurar a las familias condiciones socioeconómicas suficientes para que puedan cumplir con su rol protector.
- Coordinación programática: Avanzar en el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias, garantizando el acceso a todas las prestaciones.
- Reformulación del cuidado residencial: Evitar la masividad en las residencias y asegurar el buen trato, fortaleciendo el trabajo con las familias para lograr la reunificación y asegurar el derecho de los niños a vivir en familia. UNICEF ha apoyado esta reformulación, incluyendo el cierre de los CREAD para 2021 y el rediseño de programas de familias de acogida y revinculación familiar.
- Reducción de la violencia: Apoyar la articulación de actores institucionales para implementar acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018-2025, abordando la violencia en diversos ámbitos (familiar, escolar, institucional, entre pares).
- Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil: Establecer y mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad para adolescentes, tanto en infraestructura y habitabilidad como en la supervisión de los programas de reinserción social.