A nivel global, aún no se ha logrado consagrar plenamente el modelo de derechos humanos para las personas mayores. Un estudio reciente evidenció esta brecha: de 3.101 recomendaciones emitidas por ocho comités de derechos humanos de Naciones Unidas, solo 23 (un 0,74%) hicieron referencia específica a términos como "persona de edad" o "persona mayor". Esta falta de visibilidad se replica en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde apenas el 1,77% de las metas y el 0,41% de los indicadores mencionan a las personas mayores, lo que se traduce en una insuficiente presencia de este grupo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas e indicadores.
A pesar de esta invisibilidad, la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos proporcionan una base fundamental inalienable, imprescriptible, inderogable e irrenunciable para un desarrollo social sostenible, inclusivo y accesible. Este desarrollo debe estar guiado por los derechos humanos, lo que hace que la consideración de un instrumento internacional específico sobre los derechos de las personas mayores sea de decisiva importancia en la actualidad.
La Necesidad de una Convención Específica
Identificar a las personas mayores como titulares de derechos en una Convención específica, que consagre el modelo de derechos humanos para ellas, no solo otorgaría visibilidad, sino también un soporte y una fuerza crucial a su conexión con el desarrollo sostenible. Si bien a nivel de Naciones Unidas aún no existe una convención de este tipo, la situación es diferente a escala regional.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
En el continente americano, se cuenta con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este instrumento, en teoría, fomenta y protege una amplia gama de derechos, entre los que se incluyen:
- No discriminación por edad en la vejez.
- Independencia y autonomía.
- Participación en la vida pública e integración en la comunidad.
- Seguridad social.
- Acceso a servicios de salud física y mental.
- No ser sometido a tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Libertad personal, de expresión y opinión.
- Derecho a la información, cultura, educación, vivienda y al trabajo.
Recientemente, Chile suscribió esta Convención, donde se reconoce que "la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades". Su objetivo es, por ende, promover, resguardar y asegurar el pleno goce y ejercicio de estos derechos.
Envejecimiento Poblacional y la Agenda 2030
Desde el año 2015, la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible se ha establecido como un marco global basado en la persona, el planeta, la prosperidad y la paz, con un fuerte soporte en los derechos humanos y libertades fundamentales. Actualmente, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050, se estima que esta cifra ascenderá a 2.000 millones, representando más del 20% de la población mundial. Este crecimiento demográfico subraya la necesidad de prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas de edad y los problemas a los que se enfrentan.
Para lograr la plena inclusión de las personas mayores en el desarrollo sostenible, la Agenda 2030 establece ciertas condiciones previas, como:
- ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Esto implica implementar sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos a nivel nacional, incluyendo niveles mínimos, para lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables para 2030 (Meta 1.3).
- ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Esto incluye lograr la cobertura sanitaria universal, protección contra riesgos financieros, acceso a servicios de salud esenciales de calidad, y a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos (Meta 3.8).
Estas metas, entre otras, están estrechamente relacionadas con la vida de las personas mayores y, al ser parte de la Agenda 2030, se traducen en indicadores medibles que pueden impulsar modificaciones legales y políticas públicas nacionales para que "no se deje atrás" a las personas mayores.
Derechos Clave y Desafíos de Inclusión
Accesibilidad y Movilidad
A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor para que pueda vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Parte deben adoptar progresivamente medidas pertinentes. Estas medidas deben asegurar el acceso de la persona mayor al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, e incluir la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso.
Capacidad Jurídica y Salvaguardias
Los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Para ello, adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona mayor al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, asegurando salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos, de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Inclusión Política
La inclusión política va más allá del ejercicio del derecho a voto, que debe estar debidamente asegurado. Es indispensable garantizar la práctica de la libertad de expresión y de opinión a nivel individual y grupal de las personas mayores, fomentando la asociatividad y la participación en cargos de representación. Las consultas ciudadanas deben incorporar a los dirigentes y personas mayores en general, incluso sin cargos, para rescatar la diversidad de este sector. Es necesaria la generación de consejos consultivos de personas mayores con independencia, que generen insumos para la producción de políticas públicas transversales.
Inclusión Económica y Laboral
En el ámbito de la inclusión económica, la inclusión laboral es crucial. Se requieren programas que faciliten la contratación de personas mayores en los sectores privado y público, considerando la "flexibilidad laboral" como un factor relevante. También se debe apoyar los trabajos por cuenta propia, el emprendimiento empresarial y las cooperativas. Un ser humano envejecido no es desechable por ser menos productivo a la economía; es una fuente de memoria colectiva, portador de conocimiento y, fundamentalmente, un ser humano con los mismos derechos fundamentales.
La inclusión Laboral | Formación Smart
Acceso a la Justicia
Para un verdadero desarrollo, el acceso práctico a la justicia por parte de las personas mayores es indispensable. El ODS 16 de la Agenda 2030 se ocupa especialmente de los derechos civiles y políticos, explicitando el acceso a la justicia para todos como un pilar del estado democrático de derecho. Este ODS señala metas para eliminar la violencia, el maltrato y la discriminación, situaciones que lamentablemente a menudo afectan a las personas mayores.
Responsabilidad Empresarial
Las empresas deben adoptar un compromiso político explícito, reflejado en políticas y procedimientos, para proteger los derechos humanos, incluyendo evaluaciones de impacto de sus actividades. Esto puede contribuir, por ejemplo, a la accesibilidad universal de las ciudades y otros asentamientos humanos (ODS 11).
Capacitación y Monitoreo
Es necesario generar protocolos claros y sencillos para que las personas mayores se instruyan respecto a sus derechos. Se requiere mayor capacitación de las personas mayores, los dirigentes de sus organizaciones y los profesionales de atención directa sobre los mecanismos para la exigibilidad y defensa de sus derechos. También es fundamental capacitar a la sociedad civil de personas mayores en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y sus vínculos con la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, para la producción de informes complementarios a los informes de los Estados. La formación de un grupo de trabajo que aborde estas temáticas, creando estrategias específicas, es un paso clave.
La Doble Discriminación de las Mujeres Mayores
Es crucial abordar la doble discriminación que sufren muchas mujeres mayores debido a su género y edad, a lo que se pueden sumar factores como la pobreza, etnia, orientación sexual, identidad de género y discapacidad. Las mujeres, a menudo, reciben peores pensiones que los hombres a pesar de ser en muchos casos las principales sostenedoras de sus familias, producto de la discriminación laboral. Las Recomendaciones generales aprobadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2009) prestaron particular atención a esta situación, manifestando preocupación por las múltiples formas de discriminación y la falta de abordaje sistemático de sus derechos en los informes de los Estados partes.
Debido a la longevidad de la mujer, se observa una feminización del envejecimiento, donde las desigualdades de género se acentúan por la injusta distribución de recursos, el abandono y el impedimento al acceso a servicios básicos. En este contexto, organizaciones no gubernamentales han jugado un papel vital en afrontar el aislamiento y la exclusión social de la tercera edad, como el Programa de Cuidados Domiciliarios de carácter Comunitario, ejecutado por el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH).
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
El maltrato de las personas de edad puede llevar a graves lesiones físicas y tener consecuencias psicológicas a largo plazo. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, subrayando la importancia de sensibilizar sobre esta problemática.