La vulnerabilidad en Paraguay se manifiesta como una condición multifactorial que expone a individuos y comunidades a riesgos significativos, limitando su acceso a oportunidades y al pleno ejercicio de sus derechos. Este concepto abarca desde aspectos individuales y sociales hasta programáticos, interconectando prácticas de salud con la situación económica de las familias.
Un estudio destaca que las familias en estado de vulnerabilidad son aquellas que corren el riesgo de quebrantarse debido al contexto en el que se desarrollan. La estructura social paraguaya, con sus desigualdades inherentes, define marcadamente las posiciones de los sujetos según su disponibilidad de recursos y oportunidades, como la propiedad, los ingresos y las cualificaciones, generando ventajas o desventajas relativas para su desenvolvimiento.

Dimensiones de la Vulnerabilidad Social
Concepto de Vulnerabilidad
El término vulnerabilidad, según la Real Academia Española (RAE, 2014), se refiere a la cualidad de ser "herido o recibir lesión, física o moralmente". En un sentido más amplio, la vulnerabilidad surge cuando la población expuesta al riesgo no puede evitar ser afectada. Se asocia a condiciones de riesgo y dificultad que inhabilitan, de manera inmediata o futura, a los grupos afectados en la satisfacción de su bienestar y calidad de vida, en contextos sociohistóricos, territoriales y culturalmente determinados.
Para el análisis de la situación de vulnerabilidad, es crucial considerar un conjunto de factores socioeducativos que pueden influir directa o indirectamente. Estos factores incluyen la pobreza, desastres naturales, desamparo institucional del Estado, fragilidad social y económica, resiliencia social, así como situaciones específicas de niños que sufren hambre, maltratos o se encuentran en situación de calle, a quienes no se les proveen los recursos básicos para su bienestar.
La vulnerabilidad se relaciona con la posesión y control de activos, que pueden ser tangibles (fuerza de trabajo, capital humano, vivienda, infraestructura social y económica) e intangibles (relaciones en el hogar, capital social).
Pobreza como Indicador Clave
La pobreza es una condición socioeconómica caracterizada por la falta de recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, incluyendo alimentación, vivienda, educación, salud y acceso a servicios esenciales. No se limita a la insuficiencia de ingresos, sino que abarca la falta de acceso a oportunidades económicas, la exclusión social y las limitaciones en el ejercicio de derechos fundamentales, lo que perpetúa la desigualdad y la vulnerabilidad.
El Índice de pobreza humana (IPH), desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1997, es un parámetro estadístico que mide el nivel de vida de los países, reflejando mejor el nivel de privación en comparación con el índice de desarrollo humano. Se considera "pobres extremos" a las personas en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos. Por su parte, la "pobreza total" se define cuando los ingresos son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios.
Según la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, los principales indicadores de Pobreza Monetaria para 2019 revelaron que el costo mensual por persona de una canasta de alimentos (línea de pobreza extrema, LPE) en el área urbana fue de 266.754 guaraníes, mientras que para la pobreza total (LPT) alcanzó los 699.634 guaraníes. En el área rural, la LPE se estableció en 243.608 guaraníes y la LPT en 497.049 guaraníes mensuales por persona.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó, por tercer año consecutivo, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), una medida oficial que analiza las carencias desde cuatro dimensiones: acceso a trabajo y seguridad social; vivienda y servicios; salud y ambiente; y educación. Este índice complementa la medición de pobreza monetaria. En 2022, el 17,6% de la población paraguaya (aproximadamente 1.297.000 personas) se encontraba en situación de pobreza multidimensional. Los indicadores con mayor reducción en comparación con 2021 fueron la práctica inadecuada o falta de servicios para eliminación de basura, el uso de carbón o leña para cocinar y el trabajo de personas de 10 a 17 años de edad.
La incidencia de la pobreza multidimensional por departamento en 2022 fue: San Pedro (38,26%), Caazapá (36,78%), Caaguazú (28,65%), Itapúa (25,31%), Alto Paraná (12,98%), Central (6,74%) y Asunción (3,96%). El resto de los departamentos, de manera agregada, mostró un 24,04% de incidencia.

Desigualdad de Género
En Paraguay, la brecha salarial de género es muy marcada. La inserción de las mujeres al mundo laboral se da en condiciones de desigualdad, con tasas de actividad económica significativamente dispares entre hombres (87,1%) y mujeres (62,0%), lo que representa 25,1 puntos porcentuales menos para las mujeres. En situación de pobreza, la proporción de actividad de las mujeres se reduce considerablemente (50,9%), mientras que en los hombres se mantiene prácticamente igual (86%). Los ingresos mensuales de las mujeres equivalen solo al 71,0% de los hombres, trabajando la mayoría de ellas en el sector informal, con condiciones altamente vulnerables y sin acceso a la seguridad social.
Derechos de los Pueblos Indígenas
En el país existe una desprotección generalizada de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, generando conflictos y violaciones de los derechos humanos. Esta situación ha llevado a la consideración de que el "Gobierno del Paraguay debe considerar la actual situación como una emergencia". Un ejemplo de este fenómeno se observa en el municipio de Mariscal Estigarribia, el más extenso del país, donde, a pesar de su baja densidad humana, existe una alta representación de comunidades indígenas (Enlhet, Nivacle y Ayoreo), y en 2012 la población indígena ascendía a 14.171 personas del total de 25.608 habitantes, concentradas en condiciones específicas.
Impacto de Eventos Críticos: El Caso del COVID-19
Contexto de la Pandemia
La pandemia de COVID-19 tuvo efectos directos y profundos sobre la población paraguaya, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Las necesidades y demandas que surgieron durante este período evidenciaron deudas históricas de la sociedad debido a las limitaciones del poder público. El esfuerzo puesto en evitar la propagación del virus intensificó la desprotección y la exclusión en poblaciones vulnerables. La superposición de vulneraciones es un rasgo característico de la población infantil y adolescente, particularmente en las clases sociales desfavorecidas.
El apoyo institucional del Estado tiende a focalizar la asistencia de manera segregada y, en ocasiones, bajo criterios clientelistas, lo que termina desarticulando la organización y acción colectiva, restando fuerza a las iniciativas de cooperación local. Otro factor gravitante de vulnerabilidad es la afrenta contra la integridad, donde niñas y adolescentes son estructuralmente víctimas debido a las desigualdades de género.
''Repatriados’’, documental sobre el Covid 19
Vulnerabilidad Socioeconómica durante la Pandemia
En el escenario previo a la pandemia (cuarto trimestre de 2019), la población en edad laboral que trabajaba era del 61,5%. En plena vigencia de las medidas de emergencia sanitaria (segundo trimestre de 2020), esta proporción descendió al 54,7%. La Evaluación de indicadores de riesgo de UNICEF registró una disminución del 9% en el trabajo formal y del 12% en el trabajo informal para los hogares con población infantil. Se incrementaron las remesas de origen familiar o amical (8%) y las donaciones, que pasaron del 1% antes de la pandemia al 3%. Un 3% de los hogares reportó no tener ninguna fuente de ingreso.
Un estudio en el Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, reveló que la fuente principal de ingreso de las familias proviene de la agricultura, el trabajo informal, la comercialización de animales y derivados, y el trabajo doméstico, con ingresos mensuales que se perciben con mayor frecuencia de manera semanal, diaria y quincenal.
Vulnerabilidad Educativa durante la Pandemia
El cambio de modalidad de clases a virtual ocasionó que muchas familias se vieran desprovistas de las capacidades de acompañamiento escolar, recibiendo una demanda inusitada de los miembros estudiantiles. Una madre expresó: "Yo decidí sacar a mis hijas de la escuela; no hacían nada, usaban mi celular y gastaban mi saldo y al final no aprendían nada. Esta cosa de la escuela por teléfono es una tontería. Nos perjudica porque no hacen mucho ahí y no pueden ayudarme."
La disponibilidad de un teléfono celular estuvo lejos de ser una solución para las familias socialmente desfavorecidas, que enfrentaron numerosos contratiempos en la transición a la virtualidad. En muchos hogares pobres, un solo aparato telefónico era compartido por padres e hijos. Esto interrumpió la rutina de interacción pedagógica entre docentes y estudiantes. Otro testimonio reflejó: "Lo que se tiene que aprender, a mi criterio, no se va a aprender así en la casa con la mamá y con el papá nomás. Yo por lo menos no tengo la capacidad que tiene el docente para enseñar."
La experiencia de las familias vulnerables se caracterizó por la dependencia de la labor docente. Esta carencia de capital cultural y la sobreexpectativa en el cuerpo docente generaron un malentendido y fricción entre familias e institución educativa. Para la población adolescente, la tasa de declaración de la condición estudiantil como razón de inactividad se redujo al 45% durante la pandemia, lo que sugiere un desaliento para mantener la condición estudiantil.
Metodología y Fuentes de Datos
Los datos cuantitativos movilizados en informes de investigación corresponden, en su gran mayoría, a fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos se recaban siguiendo una lógica atenta al objeto de estudio, con una perspectiva geográficamente ubicada. La técnica de la entrevista también se utiliza como herramienta metodológica para comprender el fenómeno.
La determinación de indicadores es crucial, ya que se definen como "una manifestación observable de un rasgo o característica de una o más variables de interés, susceptibles de evaluación, la cual proporciona información cuantitativa y/o cualitativa". La identificación de estos indicadores posibilita el estudio de situaciones de vulnerabilidad y permite accionar para atenuar, eliminar y transformar la situación real de los menores.
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