La gestión de niños, niñas y adolescentes vulnerables y en riesgo social en Chile, a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename), ha sido objeto de severas críticas y graves denuncias. Los casos de menores fallecidos bajo su tutela, la falta de protocolos adecuados y la presunta negligencia han puesto en evidencia un sistema en crisis, cuyas fallas han sido documentadas en diversos informes y testimonios.
El Caso de Guillermina: Un Símbolo de la Desprotección
El caso de Guillermina, una adolescente de 16 años que falleció en agosto de 2012, ilustra la problemática. Ingresada al Centro de Protección Alborada de Temuco, Guillermina se resistió a su reingreso tras haberse ido del centro, forcejeando con el personal. A pesar de su estado, no fue trasladada a un hospital para una evaluación médica completa. Menos de media hora después de ser acostada en un camarote, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
La querella presentada por su familia por cuasi delito de homicidio no prosperó, y su muerte quedó registrada como un "egreso" más del sistema, un término que el Sename utiliza para equiparar el fin de la vida de un menor con su escape de un centro o su reinserción familiar.
Estadísticas Confusas y Falta de Transparencia
Uno de los problemas más acuciantes es la falta de claridad en las cifras de menores fallecidos bajo la tutela del Estado. Un informe del Ministerio de Justicia reportó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, pero un reporte de Unicef señaló que en 2010 el número de fallecimientos fue cinco veces mayor al informado. BBC Mundo analizó anuarios oficiales del Sename entre 2010 y 2014, arrojando 318 fallecimientos, cifra que, sumada a otros datos, ascendería a 395.
María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, describe el sistema como "en estado terminal" y señala que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename, ha expresado su desconfianza en las cifras oficiales, indicando que es posible que la información esté replicada, contando una misma muerte en distintos programas.
Un Sistema "En Estado Terminal"
Las investigaciones señalan un sistema donde los niños vulnerables son cuidados por personal sin capacitación, incluso en primeros auxilios, y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. Saffirio afirma que, a pesar de presentar un informe con 200 medidas urgentes, "ninguna se han cumplido".
La propia María Estela Ortiz señala que "durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen".
El Factor "Lissette": El Caso que Desencadenó la Crisis
El caso de Lissette Villa, de 11 años, quien falleció en abril de 2016 en el Centro Galvarino, se convirtió en un detonante para visibilizar la crisis. Lissette, quien había pasado gran parte de su vida entrando y saliendo de centros del Sename debido a la determinación judicial de que sus padres no estaban capacitados para cuidarla, murió tras una crisis de la que, según testimonios, el personal no tomó real dimensión.
Las cuidadoras a cargo de Lissette ese día carecían de conocimientos en primeros auxilios y estudios superiores o técnicos. A pesar de la gravedad de la situación, no se aplicaron protocolos acordes con los parámetros internacionales. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el deceso a una "crisis emocional", explicación que fue considerada insatisfactoria y le costó el puesto.
Sobremedicación y Falta de Atención Psiquiátrica Especializada
Expertos como el psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, señalan que la menor estaba "sobremedicada", recibiendo fármacos que, en las dosis administradas, podían tener efectos adversos. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, describe la manipulación de medicamentos en los centros como "generalizada", con problemas graves de dosificación y falta de personal especializado.
La situación se agrava al considerar que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", según Estrada. La falta de psiquiatras infantojuveniles, muchos de los cuales prefieren trabajar en el sector privado, deja a muchas regiones sin acceso a esta atención especializada.
¿Cuál es la Solución?
La búsqueda de soluciones se centra en varios pilares:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Creación de unidades polivalentes con niños medicados, personal dedicado y trabajo conjunto con las familias.
- Retorno a las familias de origen: El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias, rompiendo el círculo de pobreza y maltrato a través de herramientas y acompañamiento. Se cuestiona la estigmatización de la pobreza como única causa de internamiento.
- Defensa jurídica adecuada: Garantizar que los niños cuenten con abogados que velen por sus derechos como sujetos de derecho, diferenciando de la defensa de "infractores de ley".
El Consejo para la Infancia tiene como meta a mediano plazo el cierre del Sename y la transición a un nuevo servicio. Sin embargo, la urgencia de la situación es innegable, ya que "los niños no pueden esperar".
Denuncias de Abusos Sistémicos
Un informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, reveló que en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. A pesar de que el informe fue entregado a la Fiscalía y al gobierno en diciembre de 2018, no se hizo público.
Este documento, de 257 páginas, es el resultado de una investigación de 28 tomos realizada por la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016. El informe concluye que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
Se detallan 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. Además, se constató que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename, incluyendo la falta de protocolos ante conductas suicidas, sujeción física y contención ante desajustes conductuales, y fallecimiento de un menor.
La mayoría de las fiscalizaciones del Sename son coordinadas previamente, y los tribunales de familia tampoco han logrado detectar estas vulneraciones sistemáticas de manera efectiva.