La historia del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile y su sucesor, Mejor Niñez, ha estado marcada por una serie de controversias, especialmente en lo que respecta a los procesos de licitación y la calidad de la atención brindada a niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados. Influencias políticas, falsificación de información y conflictos de interés han sido algunas de las acusaciones recurrentes en torno a la adjudicación de programas esenciales.
La Licitación de Programas Regionales y la Fundación Ciudad del Niño
Uno de los casos más sonados involucra a la Fundación Ciudad del Niño, también conocida como Codeni. Se ha denunciado que esta organización habría sido favorecida en la licitación de programas regionales del Sename, adjudicándose casi la totalidad de los proyectos a los que postuló, presuntamente por medio de influencias políticas y falsificación de información.
Acusaciones de Influencias y Equipos Inexistentes
El directorio de Codeni incluye a varias personas que ocuparon cargos políticos en gobiernos anteriores, como el exministro del Interior, el DC Jorge Burgos, y el asesor del Ministerio de Justicia en el Gobierno de Sebastián Piñera, José Pedro Silva. Además, las denuncias apuntan a que esta fundación presentaría en los proyectos a los que postula equipos de profesionales especializados que ni siquiera ha contratado. Un testimonio indicó: "Me consta que Ciudad del Niño presentó proyectos que no eran reales porque están armando equipos recién ahora y finalmente cuando adjudican tienen que levantar el proyecto desde cero".
En el ámbito de la experiencia territorial, un criterio de evaluación crucial, la Fundación Ciudad del Niño obtuvo la máxima puntuación, a pesar de haber realizado solo un programa de prevención focalizado en la provincia de San Antonio, de baja complejidad. Sin embargo, en la licitación, la misma fundación se adjudicó uno de estos programas de baja complejidad y cuatro de cinco programas de alta complejidad a los que postuló. La Dirección Regional de la institución, que preside la comisión evaluadora de las licitaciones, ha señalado que los organismos colaboradores tienen derecho a impugnar los concursos si existen vicios y que se han investigado estas situaciones cuando se ha presentado una denuncia.
A pesar de estas acusaciones, y aunque un informe al respecto fue emitido en mayo, la Fundación Ciudad del Niño mantiene vigentes y en pleno funcionamiento todos los programas que se le adjudicaron en el cuestionado proceso de licitación.
El Nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada: Mejor Niñez
El 1 de octubre de 2021, comenzó a funcionar el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, reemplazando al Sename. Este organismo tiene la responsabilidad de la protección especializada de NNA y depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
La Frustrada Licitación de Mejor Niñez en 2021
El 21 de octubre de 2021, Mejor Niñez adjudicó a instituciones especializadas 206 programas destinados a intervenciones ambulatorias de reparación, diagnóstico clínico especializado y seguimientos de casos y pericias para NNA gravemente vulnerados en sus derechos. Sin embargo, el 30 de noviembre del mismo año, el servicio emitió la resolución exenta N° 1015, invalidando la licitación que había adjudicado estos tratamientos a los organismos colaboradores. Esto significó que, a 31 días de finalizar el año, los recursos presupuestarios destinados a estos procesos terapéuticos no pudieron ser gastados.
Esta medida ha generado graves consecuencias, ya que más de 25 mil niños que requieren tratamientos o diagnósticos quedaron en lista de espera, cifra que se calculaba aumentaría a 40 mil en marzo de 2022. La Defensoría de la Niñez ha intervenido, solicitando antecedentes detallados sobre la planificación y las acciones a seguir por parte de Mejor Niñez.
Critican gestión de Mejor Niñez: El reemplazo del Sename
Incumplimiento al Tribunal y Consecuencias en la Atención
El abogado experto en temas de infancia, Carlos Alvear, miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Sename (COSOC), calificó lo ocurrido como una crisis. Los NNA con diagnóstico ambulatorio (DAM) son aquellos enviados por los tribunales a estos programas para evaluar el daño sufrido por la vulneración, y los resultados pueden usarse como medio de prueba en caso de delitos. El dirigente advirtió sobre "daños psicológicos irreparables" debido a la suspensión de los tratamientos.
Conflicto de Intereses en los Programas de Diagnóstico y Protección
La Ley 21.140, promulgada en 2019, prohíbe que una misma institución colaboradora del Sename ejecute programas de diagnóstico y, al mismo tiempo, de protección. Esta norma busca evitar el incremento artificial del número de niños enviados a programas de protección con el fin de aumentar los pagos, ya que se entrega una subvención por cada menor atendido. Sin embargo, de las ocho instituciones que realizan diagnósticos, al menos cuatro tienen en sus directorios a personas que se repiten en cargos de otras entidades que ejecutan programas de protección. Dos juezas de Familia y un exdirector del Sename calificaron esta situación como "gravísima".
La información sobre la reiteración de nombres en dos entidades diferentes se obtuvo comparando las nóminas de directores de todas las instituciones que se adjudicaron programas de diagnóstico en el séptimo concurso para programas DAM del Sename, revisando los certificados de directorio disponibles en el Registro Civil.
Casos Específicos de Conflicto de Interés
- Fundación Pares: Inscrita en septiembre de 2019, se adjudicó 16 de los 17 programas DAM en la Región Metropolitana y otros siete programas en otras zonas del país. Este caso llamó la atención por la concentración de adjudicaciones.
- Fundación Prodere: Creada en 2017, se adjudicó nueve programas DAM a nivel nacional. Al 26 de abril de 2022, su directorio era presidido por Marina Bustos, quien también es directora ejecutiva de Corporación Prodel, otra entidad con programas de protección. Bustos admitió que una normativa interna del Sename los obligó a actuar así, buscando la experiencia en proyectos de diagnóstico.
- Fundación Trabajo con Sentido: Inscrita en diciembre de 2019, ganó cinco programas DAM. El presidente de su directorio, Jorge Ormeño, también ejerce como secretario en León Bloy. La fundación confirmó que fue creada por Fundación León Bloy "sin ocultamiento alguno, con absoluta transparencia", argumentando que la ley no prohíbe la constitución de una persona jurídica distinta.
- Fundación Cordefam: Inscrita en noviembre de 2019, se adjudicó un programa DAM en la Región de Arica y Parinacota. La presidenta de Cordefam, Priscilla Sabando, es también directora de un programa Ambulatorio Intensivo Adolescente de Corfal en Arica.
La jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, Mónica Jeldres, afirma que esta situación "infringe el espíritu de la Ley 21.140". Desde el Sename, explicaron que ellos solo fiscalizan que una misma institución acreditada no desarrolle ambas líneas de acción.
Críticas a la Normativa y el Sistema de Financiamiento
Otras instituciones colaboradoras del Sename también han criticado la normativa. Un abogado de causas de Familia, Luis Cortés, sostuvo que la ley no da espacio a la interpretación y que hay una norma expresa sobre la separación de las dos líneas de acción, lo que podría dar lugar a acciones legales. "Es una ley imbécil. No hay ninguna posibilidad de que una institución pueda financiar su funcionamiento mínimo, teniendo solo un giro de línea programática", expresó un colaborador.
Un funcionario del área de licitaciones del Sename, bajo reserva de su nombre, explicó que el 70% de los fondos va a los colaboradores y el 30% a los centros administrados directamente por el Sename. Señaló que la supervisión financiera del servicio históricamente "nunca ha tenido control" sobre cómo se gastan los presupuestos, lo que permite que se pague por la atención de un número de niños que no siempre es el real.
Luis Ortúzar, director de un hogar en Peñaflor, defiende el rol de los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS), argumentando que la subvención que reciben ($180 mil mensuales por niño) es insuficiente para garantizar un buen cuidado, especialmente con un equipo de 35 funcionarios para 90 menores.
Falta de Capacitación y Fiscalización
La segunda comisión investigadora del Sename en la Cámara de Diputados, que investigó la respuesta del Estado a las recomendaciones hechas en 2014, reveló una "drástica baja" en el presupuesto destinado a capacitación y formación, con una disminución del 399%. Esto es especialmente preocupante, ya que la falta de capacitación fue un factor clave en la muerte de Lissette Villa en el hogar Galvarino en 2016.
Los testimonios indican que las capacitaciones son escasas y poco útiles para el trabajo real de los funcionarios. Christopher Simpson, educador de trato directo en el Centro Metropolitano Norte del Sename, ha recibido solo una capacitación en casi cinco años. Luis Ortúzar, director del Hogar Aldea Mis Amigos, señaló que su centro no ha recibido capacitación de la administración central en al menos los últimos cinco años, afectando las competencias de los educadores.
Además, la fiscalización de los 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado de menores ha sido insuficiente, con cuentas sin revisar por la administración central en los últimos tres años. Se destinaron $146 mil millones en 2017 para 1.204 programas de atención a menores prestada por privados. El diputado Ramón Farías criticó la forma de fiscalizar, calificándola de "checklist" y sugiriendo que "la fiscalización debe ampliarse".
Todos los entrevistados por CIPER coincidieron en que la fiscalización técnica y financiera de los OCAS es, como mínimo, insuficiente. La eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto para 2022 agrava aún más la situación.
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