El uso indebido del material policial, como el gas lacrimógeno, puede dar lugar a la represión de la disidencia y generar graves consecuencias para la población civil. A pesar de su clasificación como arma no letal, su utilización indiscriminada y la falta de regulación clara han provocado controversias y daños significativos, afectando especialmente a grupos vulnerables como los adultos mayores.
El Gas Lacrimógeno: Naturaleza y Riesgos Ocultos
El gas lacrimógeno, aunque con una larga historia de uso, fue definido como un arma química no letal para la represión de disturbios solo con la ratificación de la Convención sobre Armas Químicas por parte de países como Chile en 1997. Sin embargo, su naturaleza conlleva riesgos profundos para la salud y puede ser innegablemente letal si es disparado directamente al cuerpo.
Composición y Efectos Prolongados
En Chile, por ejemplo, se utiliza el gas CS, el cual se dispara en cartuchos o granadas de mano. Este material representó un gasto para el Estado de más de $3.3 millones de dólares entre 2011 y 2018. Su principal componente irritante es el cloro (clorobenzilideno malononitrilo), que al contacto con la piel se convierte en ácido clorhídrico. Para operar como gas, requiere un agente dispersor, lo que hace que a temperatura ambiente decante y mantenga sus efectos activos hasta por cinco días. Esto implica que sus residuos pueden permanecer en la ropa, hogares, vehículos, quioscos, oficinas, talleres y escuelas, afectando la vida cotidiana durante este periodo.
Riesgos para la Salud y Peligro de Sustancias Vencidas
Aunque se categoriza como arma no letal, el uso del gas lacrimógeno tiene graves riesgos asociados. Diversos estudios han demostrado que sus componentes pueden ser cancerígenos, produciendo alteraciones en el ADN, y son teratogénicos y clastogénicos, lo que significa que causan ruptura de cromosomas. También afectan órganos vitales como el corazón o los pulmones, especialmente frente a una alta o prolongada exposición.
La situación se agrava con el uso de bombas lacrimógenas vencidas, las cuales, según se ha denunciado, estarían siendo utilizadas en Chile. Sus componentes (el clorobenzaldehído y malononitrilo) se hidrolizan degenerando en cianuro, que es altamente tóxico para el ser humano. Según la investigadora Móica Kräuter Romano, “La descomposición del gas CS produce cianuro, ácido clorhídrico, óxidos nitrosos, monóxido de carbono, cloro, acetileno y fosgeno entre otros”, lo que subraya la severidad de los riesgos.
Vacíos Legales y Normativa sobre el Uso de Lacrimógenas
La regulación del gas lacrimógeno presenta serios vacíos tanto a nivel internacional como nacional, lo que facilita su uso impune contra la población.
La Convención sobre Armas Químicas y su Alcance
La normativa internacional está regida por la Convención sobre Armas Químicas, la cual no prohíbe su uso para la represión de la población civil, aunque sí para los conflictos bélicos. Es decir, están prohibidas para la guerra contra otros países, pero no para el control de disturbios internos, creando una paradoja legal que expone a los ciudadanos.
El Marco Legal Chileno: Un Vacío de Regulación
En Chile, las lacrimógenas, al ser consideradas armas, se regulan por la Ley 17.798 de Control de Armas. Sin embargo, esta ley presenta un enorme vacío regulatorio. Su artículo 3º delega la regulación a un reglamento, señalando que este tipo de armas “podrán ser utilizados” por las Fuerzas de Orden “en la forma que señale el respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional”, sin contener ningún indicio, criterio, principio u orientación sobre cómo emplear dicho armamento.
Los reglamentos existentes, como el Decreto Nº 83 del Ministerio de Defensa Nacional y la Resolución Nº 9.080 de la Dirección General de Movilización Nacional, no establecen las condiciones específicas de uso, generando un vacío legal que permite a las policías auto-regular su utilización y, en la práctica, hacer un uso impune contra la población.
Violación de Protocolos Policiales y Casos de Abuso
A pesar de la existencia de protocolos internos, su incumplimiento es una constante en las intervenciones policiales, exacerbando la vulnerabilidad de la población.
Incumplimiento de Protocolos en Chile
Aunque el uso del gas lacrimógeno no está reglamentado externamente, Carabineros de Chile mantiene una serie de Protocolos y Manuales para el control público, siendo la más reciente la Circular 1.832, que actualizó el “protocolo para el mantenimiento del orden público”. Este establece principios para el uso de la fuerza, tales como la legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, con la orden de hacer un uso diferenciado y gradual. No obstante, es sabido que estos protocolos no son respetados; la gradualidad y diferenciación son a menudo ignoradas.
Prohibiciones Ignoradas y Áreas Sensibles
El protocolo prohíbe el uso de disuasivos químicos en sectores donde puedan verse afectados hospitales, consultorios, jardines infantiles o lugares de naturaleza similar. Sin embargo, existe una multiplicidad de evidencias de uso de bombas lacrimógenas cerca de liceos, escuelas y lo acontecido en el Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar. Asimismo, el protocolo restringe su uso ante la presencia de niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con problemas de salud, pero lamentablemente, estas directrices tampoco se respetan. La represión policial ha mostrado un ensañamiento particular con la juventud y los menores de edad.
Casos Emblemáticos de Violencia Policial
Las violaciones de derechos humanos, incluyendo miles de detenciones ilegales y arbitrarias, insultos, golpizas y torturas por parte de las Fuerzas Especiales, hostigamientos y persecución, junto con el uso de balines, bombas y vehículos, muestran una forma sistemática de violar los derechos humanos por parte del Estado.
Muerte por Bomba Lacrimógena en Chile
Un trágico incidente en Chile involucró la muerte de un hombre de 38 años tras recibir un disparo de una bomba lacrimógena en la cabeza por parte de Carabineros durante manifestaciones contra la administración de Sebastián Piñera. El Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile documentó este y otros casos que ilustran la brutal represión y el garantismo provisto por el Gobierno de turno desde octubre de 2019.
Agresión a Anciano en Manifestaciones en Perú
En Lima, Perú, en septiembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) abrió una investigación tras la difusión de un vídeo que mostraba a un anciano siendo golpeado por un agente durante las manifestaciones de la ‘Generación Z’. Las imágenes revelaron cómo el anciano se paró ante un cordón policial y un oficial no identificado le propinó un fuerte golpe en el rostro con su vara, causándole una herida profusa. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condenó la agresión y denunció el “uso indiscriminado de bombas lacrimógenas” por parte de la policía, enfatizando que “protestar es un derecho, no es delito”. La PNP admitió un “presunto uso arbitrario de la fuerza” y exhortó a la ciudadanía a proteger a personas vulnerables durante las movilizaciones, evitando llevar adultos mayores o menores de edad, una recomendación que a menudo no es seguida en la práctica por las propias fuerzas del orden.
Maltrato a Anciano en Chile en Contexto de Protestas
En otro incidente en Chile, un grupo de mujeres intentó defender a un anciano que estaba siendo reducido por la policía durante protestas. Las mujeres gritaban a los policías: "puede ser tu papá, puede ser tu abuelo", pero fueron violentamente empujadas por los miembros de las fuerzas antimotines. Mientras tanto, uno de los policías reducía al anciano con un brazo sobre su cuello, dejándolo ensangrentado en el suelo. Este episodio resalta la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a la represión policial y los intentos ciudadanos de protegerlos ante el uso excesivo de la fuerza en entornos donde las bombas lacrimógenas son una constante.
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