El debate sobre el sistema de pensiones es un tema que ha estado por mucho tiempo en la discusión pública, caracterizándose por ser politizado y complejo. Lamentablemente, llevamos muchos años empantanados en el tema del lucro, las AFP y el rol del mercado en las instituciones de la seguridad social, lo que ha frenado toda mantención sustantiva al sistema.
Es claro que las sociedades cambian, sus mercados laborales se modifican, además de mudar también las expectativas de vida. En torno a esas líneas deben actualizarse constantemente los sistemas de seguridad social; sin embargo, en Chile no se ha podido adaptar el sistema por razones políticas. Un gran ejemplo de esto es la imposibilidad de subir la tasa de cotización, que debería ser prácticamente el doble de la actual.
La Iniciativa de la Ley Corta de Pensiones
La ley corta de pensiones, enviada al Congreso el 20 de septiembre, busca ampliar al 80% de los adultos mayores el acceso a pensiones solidarias. Además, esta iniciativa aumenta el monto de dichas pensiones para que, por sí solas, lleven a los beneficiarios hasta un nivel por encima de la línea de pobreza. Adicionalmente, mejora la cotización para pensiones que hace el seguro de cesantía cuando los trabajadores están desempleados.
A pesar de estos avances, seguimos sin un plan de navegación a largo plazo para el sistema previsional. Sin duda, se espera mucho debate sobre las AFP como entes con fines de lucro, más que sobre el sistema de pensiones en su conjunto. Estas entidades son solo una parte de nuestro sistema de pensiones, el cual también cuenta con un rol enorme del Estado a través de las pensiones solidarias, con seguros de invalidez y muerte articulados por compañías de seguro y con una integración con el seguro de cesantía.
Por encima de todo esto, las preguntas fundamentales que persisten son: “cuánto vamos a ahorrar” y “cómo vamos a apoyar a los trabajadores con menores ahorros”.

Ampliación de la Pensión Garantizada Universal (PGU)
La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio complementario al ahorro previsional individual, que reemplazó al Pilar Solidario y que busca mejorar los montos que reciben los actuales y futuros jubilados. Actualmente, la PGU es un beneficio que se otorga a todos quienes tengan 65 años o más, cumplan los criterios de residencia y tengan una pensión base conforme lo que señala la ley, siempre y cuando no integren un grupo familiar que pertenezca al 10% más rico de la población de 65 años y más. En este caso, el umbral para acceder al beneficio es de $497.468.
Cambios Propuestos para la Cobertura de la PGU
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó en la Comisión Mixta que se busca redefinir la cobertura de la PGU. El objetivo es pasar de un criterio basado en el 90% de menores ingresos de los adultos mayores sobre 65 años, a uno que incluya a los mayores de 65 años pertenecientes al 90% de la población total. Este cambio generará un incremento en la cobertura y, además, se incluirá una serie de medidas de carácter administrativo.
El compromiso se reafirmó, señalando que “tenemos hogares que tienen adultos mayores, donde a lo mejor (ellos) no tienen una pensión tan baja, pero el hogar en sí mismo es pobre. Ese va a ser el sentido de esta reforma legal”.
De acuerdo con la ley actual, uno de los criterios para acceder a la PGU es pertenecer al 90% del universo de más bajos ingresos de la población de 65 años o más. El nuevo proyecto modificará este criterio para que los beneficiarios deban pertenecer al 90% de los hogares de más bajos ingresos de la población, ampliando así el universo de corte. Esto significa que al considerar la población total, el umbral de acceso aumenta a $683.469, lo que permitirá que un mayor número de personas califiquen para recibir la PGU.
Impacto de la Ampliación de la PGU
Actualmente, cerca de 46.000 solicitudes de PGU han sido rechazadas. De ampliarse el universo como se propone, los rechazados serían menos, del orden de los 22.000. Esto implica que 24.000 personas que hoy no reciben el beneficio, lo recibirían.
El Informe Financiero (IF) estima que, en régimen, serían 76.070 los beneficiarios adicionales de PGU, lo que se traduce en un gasto fiscal adicional de $168.670 millones.

La Economista de LyD, Ingrid Jones, recalca la importancia de tener presente que, si bien la PGU es un beneficio previsional que ha permitido mejorar los ingresos de las personas de 65 años y más, es uno de los beneficios que concentra la mayor cantidad de recursos públicos. Para 2023, se destinarán aproximadamente el 2,3% del PIB para financiar este beneficio y, si bien respecto de esta cifra el cambio de universo equivale a un incremento marginal, el gasto total ascendería al 2,34%.
Relación con la Reforma Previsional Amplia
Esta iniciativa legal de la ley corta de pensiones se presentará en paralelo a la Reforma Previsional más amplia, presentada al Congreso por el Gobierno del presidente Gabriel Boric. Dicha reforma busca incrementar el monto de la PGU hasta los $250 mil, una medida que será financiada con recursos provenientes de la Reforma Tributaria, la cual se discute actualmente en la Comisión de Hacienda del Senado.