Desde fines del siglo XIX, el desarrollo del capitalismo en Chile transformó profundamente el mundo del trabajo. Surgió un proletariado vinculado a la actividad minera, la incipiente industrialización y las actividades urbanas propias del crecimiento de las ciudades y puertos. Estas transformaciones del mundo laboral estuvieron marcadas por permanentes conflictos que dieron lugar a sostenidos movimientos sociales. Poco a poco, los trabajadores fueron logrando una legislación social que permitió mejorar sus paupérrimas condiciones de trabajo.
Contexto Histórico: La Cuestión Social y el Régimen Parlamentario
El período comprendido entre el 26 de diciembre de 1891 y el 18 de septiembre de 1925 se caracterizó por la existencia de un régimen político parlamentario en Chile. Tras el fin de la Guerra Civil de 1891 y la muerte del Presidente José Manuel Balmaceda, la preeminencia del Parlamento se afianzó. Sin embargo, esto no implicó reemplazar la institucionalidad política emanada de la Constitución de 1833, sino que esta fue reformada e interpretada de manera parlamentaria por medio de las llamadas “prácticas parlamentarias”. Dichas prácticas limitaron y disminuyeron el poder del Jefe de Estado, otorgando facultades ejecutivas a los partidos políticos representados en el Congreso. Entre estas facultades destacaron las interpelaciones a los ministros, que provocaron una marcada inestabilidad de los gabinetes y una frecuente rotativa ministerial, entorpeciendo el normal desenvolvimiento de la labor gubernativa.
A pesar de esta inestabilidad, el régimen parlamentario se desenvolvió con una notable estabilidad política general, manteniendo las instituciones republicanas, las libertades públicas y la alternancia en el poder de la Alianza Liberal y la Coalición Conservadora. Durante este tiempo, se sucedieron presidentes como Jorge Montt (1891-1896), Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901), Germán Riesco (1901-1906), Pedro Montt (1906-1910), Ramón Barros Luco (1910-1915) y Juan Luis Sanfuentes (1915-1920).
Es de notar que en la primera década del siglo XX se promulgaron las primeras leyes sociales, tales como la ley de la silla (1904), la ley sobre habitaciones obreras (1906) y la ley de descanso dominical (1907). Sin embargo, estas iniciativas se mostraron insuficientes para solucionar las graves carencias que afectaban a los sectores obreros y populares de la sociedad. Con ocasión de las celebraciones del Centenario en 1910, la opinión pública manifestó un profundo malestar y pesimismo, con fuertes críticas al sistema político parlamentario debido a su elitismo oligárquico, su ineficacia e inmovilismo frente a la denominada “cuestión social”. Este descontento propició el surgimiento de agrupaciones y partidos políticos de izquierda, como los movimientos anarquistas y el Partido Obrero Socialista (fundado en 1912 y que posteriormente se convertiría en el Partido Comunista de Chile), quienes propugnaban cambios radicales en la organización política, económica y social chilena.
El Gobierno de Arturo Alessandri y el Impasse Legislativo
El malestar hacia el régimen parlamentario persistió y se agudizó, manifestándose de forma abierta y masiva en el año 1920 con la elección presidencial de Arturo Alessandri Palma. Alessandri asumió la primera magistratura del país tras una campaña presidencial que apeló a los sectores medios y populares, haciendo una dura crítica al sistema y a la clase política que sostenía el régimen parlamentario.
Durante su presidencia, Alessandri intentó implementar una serie de reformas a la institucionalidad política parlamentaria y a la legislación social y laboral, con el objeto de responder a las demandas ciudadanas y de impedir un estallido social. Su candidatura había alentado las esperanzas de los trabajadores al manifestarse a favor de promulgar una legislación social que armonizara las relaciones entre el capital y el trabajo, inspirándose en modelos de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, la clase política oligárquica se negó a acceder a tales reformas, lo que provocó un agudo clima de frustración e impotencia ante el régimen político imperante, ya que los parlamentarios se mostraban más preocupados de legislar una ley que aumentaba su dieta parlamentaria que las leyes laborales.
El "Ruido de Sables" y la Promulgación de las Leyes Sociales de 1924
Esta situación de estancamiento llegó a una crisis terminal en septiembre de 1924. La intervención militar, conocida como “Ruido de sables”, forzó al Congreso a aprobar sin mayor debate un paquete de leyes sociales que habían estado pendientes desde hacía mucho tiempo en el poder legislativo. Este evento marcó un punto de inflexión decisivo en la historia social y política de Chile.
Las leyes sociales de 1924 representaron un hito fundamental en la instauración de un sistema de seguridad social en Chile, que se convirtió en uno de los países pioneros en América Latina en este ámbito. El sistema de pensiones chileno, en su primera etapa, fue diverso y desordenado, logrando afiliar a una importante cantidad de trabajadores dependientes a diversas cajas de previsión de carácter semipúblico.
Principales Leyes Sociales de 1924
El paquete legislativo aprobado bajo presión militar en 1924 incluyó importantes avances en materia laboral y de seguridad social. Entre las leyes clave se encuentran:
- Ley N° 4053 sobre contrato del trabajo.
- Ley N° 4054: seguros de enfermedad, invalidez y accidentes del trabajo, que incluía la creación de la Caja del Seguro Obrero.
- Ley N° 4055: accidentes del trabajo.
- Ley N° 4057: la organización del sindicato industrial, la cual sentó las bases para el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores.
- Ley N° 4059: de los empleados particulares.
Con la promulgación de estas leyes, se crearon instituciones fundamentales para la previsión social, como la Caja del Seguro Obrero, la Caja de Empleados Particulares y la Caja de Empleados Públicos, las cuales otorgaban previsión social a sus cotizantes a través del sistema de reparto.
Consecuencias Inmediatas y el Fin del Parlamentarismo
A raíz de la intervención militar y la constitución de una junta militar, el presidente Arturo Alessandri renunció a su cargo y salió del país. Pocos días después, el Congreso fue disuelto y la junta militar asumió el poder. En este período comenzó a destacarse la figura del coronel Carlos Ibáñez del Campo, quien se transformaría en una figura importante en la vida política chilena.
Durante la ausencia de Alessandri, el país estuvo a cargo de diferentes figuras: el ministro del Interior, general de división Luis Altamirano Talavera, como vicepresidente desde el 9 de septiembre de 1924. Entre el 11 de septiembre de 1924 y el 23 de enero de 1925, se organizó una Junta de Gobierno presidida por Altamirano. El mando pasó luego al general de división Pedro Pablo Dartnell Encina hasta el 27 de enero de 1925, y posteriormente a Emilio Bello Codesido, hasta el 20 de marzo de 1925, fecha en que se pidió al presidente Alessandri que regresara para cumplir el resto de su mandato.
Tras el regreso de Alessandri a la Presidencia, este impulsó la redacción de una nueva Constitución Política, promulgada y firmada el 18 de septiembre de 1925. Esta nueva Carta Magna logró fortalecer el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, alcanzó la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, y aumentó el período presidencial de 5 a 6 años. Se suprimieron las facultades de interpelación y censura del Congreso en relación a los ministros de Estado, quienes pasaron a ser de exclusiva confianza del Presidente de la República. Con esto, se puso fin al régimen parlamentario, restaurando el sistema presidencialista.
Desarrollo de las Instituciones de Protección Social
A partir del diagnóstico de los graves problemas representados por la cuestión social y la ausencia de garantías para el desenvolvimiento vital de los grupos más pobres de la sociedad, se inició, desde la década de 1920, el diseño e implementación de una serie de instituciones que buscaron cubrir las necesidades sanitarias, educativas, de vivienda y protección social de las clases trabajadoras de Chile.
A las mutuales y organizaciones de socorro mutuo, y a la legislación social promulgada entre inicios del siglo XX y el gobierno de Arturo Alessandri Palma, se sumarían, a partir del primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, una serie de instituciones que buscaban responder de modo específico a las necesidades de protección social de los habitantes más pobres del país. De esa forma, en 1927, se constituyó el Ministerio de Bienestar Social, el cual tenía entre sus atribuciones el desarrollo de medidas de higiene, educación, protección del trabajo y previsión social. El conjunto de desafíos de asistencia social continuó desarrollándose en las décadas siguientes, marcando el inicio de una estructura de protección social más formal en el país.