La colusión en el mercado del papel tissue en Chile marcó un precedente histórico, no solo por la magnitud del daño a los consumidores, sino también por el acuerdo de compensación sin precedentes y la subsiguiente controversia en torno a la transparencia de los pagos realizados a las asociaciones de consumidores que lideraron las negociaciones.
El Contexto de la Colusión
La Fiscalía Nacional Económica denunció ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que, al menos durante 10 años, las empresas CMPC (conocida como La Papelera) y la sueca SCA (ex PISA) acordaron cobrar precios superiores a los competitivos en los productos denominados papel tissue. Esta colusión, que permitió a CMPC y SCA subir ilegalmente los precios del papel higiénico entre 2000 y 2011, finalizó sin penas de cárcel para sus ejecutivos, pero con un acuerdo de indemnización histórico.
Un estudio, realizado por la economista y ex funcionaria de la FNE, Andrea Alvarado, y emanado de la oficina de Bravo y Reyes, estableció el daño a los consumidores al subir ilegalmente los precios del papel higiénico: US$510 millones, con un cálculo de un sobreprecio promedio del 20%. Tras la denuncia de la FNE, el SERNAC invitó a la empresa a participar en una mediación colectiva.
El Proceso de Compensación a Consumidores
El fallo de la Corte Suprema en este caso es un hito en la historia del derecho del consumidor en Chile. El acuerdo de compensación totalizó US$150 millones ($97.647 millones), destinado a beneficiar a 13,7 millones de personas. Lucas Del Villar, Director Nacional del SERNAC, recalcó la naturaleza inédita de este caso por la cantidad de dinero involucrada y por el universo de consumidores que serían beneficiados, incluyendo a todos los ciudadanos chilenos o extranjeros mayores de 18 años cumplidos al 31 de mayo y con Cédula de Identidad vigente.
El Director Nacional del SERNAC, Lucas Del Villar, valoró el resultado de este proceso, único en su tipo, especialmente por su complejidad, tanto por el alto monto involucrado como por la gran cantidad de personas beneficiadas. “Esto marca un antes y un después en materia de compensaciones en Chile”, afirmó, añadiendo que “sabemos que ningún monto va a compensar el daño que produce una infracción a la libre competencia al mercado y a los consumidores”.
Modalidades de Pago y Beneficiarios
El SERNAC presentó un plan detallado para la distribución de los $7 mil pesos iniciales de compensación, que solo pagó CMPC. Este proceso se distribuyó de la siguiente manera:
- Cerca de 9.337.568 consumidores recibieron el dinero de forma automática a través de productos financieros de BancoEstado (CuentaRUT, Chequera Electrónica y Cuenta Corriente).
- Un total de 2.109.785 personas obtuvieron el monto automáticamente a través del Instituto de Previsión Social (IPS), incluyendo a aquellos con los ingresos más bajos del país.
- Para el "público general", que representaba alrededor de 3,3 millones de personas no incluidas en los grupos anteriores, fue necesario inscribirse en el sitio web www.micompensacion.cl para luego poder cobrar su compensación en una CajaVecina de BancoEstado. El plazo para esta inscripción fue de 3 meses, hasta el 30 de septiembre. Quienes no se inscribieron, aunque cumplieran los requisitos, no recibieron la compensación.
- En caso de no contar con los medios de cobro mencionados, las personas podían acudir a las oficinas regionales del SERNAC o a las oficinas municipales de atención al consumidor.
La distribución, implementación y evaluación de todo este proceso tuvo un costo superior a los $1.900 millones de pesos, lo que representó el 2% del total del fondo de compensación.
Compensación Adicional para Jubilados y Grupos Vulnerables
Una vez concluido el período de pago inicial de la compensación del papel higiénico, el Sernac informó sobre un remanente del proceso. Cerca de 600 mil personas vulnerables, específicamente 589.983 beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria, recibieron un total adicional de $14 mil pesos. Estos individuos forman parte del 60% de la población con menos recursos, según la clasificación del Instituto de Previsión Social (IPS), y cerca del 70% de este grupo corresponde a adultos mayores, muchos de ellos jubilados.
Este dinero adicional se sumó a los $7 mil de compensación que ya habían recibido automáticamente al inicio del proceso, elevando la compensación total para los beneficiarios más vulnerables a $21 mil pesos. El monto del remanente fue entregado a través del IPS en las liquidaciones del mes de agosto, sin que los beneficiarios tuvieran que realizar ningún trámite adicional más allá del cobro normal de su pensión.
El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, destacó esta medida: “Hoy tenemos una gran noticia ya que se da inicio a la devolución de los excedentes 'no reclamados' del papel tissue. Todos los pensionados del Instituto de Previsión Social, IPS, que reciban pensiones básicas solidarias, tendrán en su cartola de pago del mes de agosto, un aporte de $14 mil pesos, que llegará a alrededor de 600 mil beneficiarios. Esto se debe a las gestiones y al compromiso de las asociaciones de consumidores, como CONADECUS, que fue el principal demandante en esta causa”.
La Controversia sobre los Pagos a las Asociaciones de Consumidores
El acuerdo de compensación también incluyó un segundo pago significativo: $2.795 millones (casi US$4 millones) destinados a las dos asociaciones de consumidores que lideraron la negociación durante casi tres años. De este monto, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) recibió $2.275 millones y la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) obtuvo otros $520 millones.
Desde que Conadecus presentó su acción judicial contra CMPC y SCA en noviembre de 2015, se anticipaba que recibirían un pago si su demanda prosperaba. Según relatos de abogados y profesionales que participaron en las negociaciones, el entonces director del Sernac, Ernesto Muñoz, insistió a directivos de ambas asociaciones sobre la necesidad de transparentar el uso de estos recursos. La recomendación del Sernac era clara: dado que se trataba de un juicio emblemático, era imperativo que todos los pagos estuvieran justificados con boletas, recibos y comprobantes.
Falta de Transparencia en los Gastos
A pesar de estas recomendaciones, ambas organizaciones se negaron a transparentar el detalle de sus gastos. Una investigación de CIPER reveló que ya existía un acuerdo para pagar un total de $1.800 millones a tres bufetes de abogados que participaron en el proceso:
- Para Conadecus: Estudio Bravo ($900 millones) y Parra&Rivera ($450 millones).
- Para Odecu: Pérez Donoso ($450 millones).
Los $900 millones recibidos por el Estudio Bravo, liderado por los abogados Mario Bravo y Cristián Reyes, consideraron el diseño de la estrategia legal, su ejecución y los alegatos ante los tribunales. El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, indicó a CIPER que aproximadamente el 60% del reembolso de CMPC ($1.365 millones) sería destinado al pago de los abogados que iniciaron las acciones legales en 2015, cuyo trabajo aún no termina debido a la demanda contra SCA. Los directivos de ambas asociaciones afirmaron que el monto de las costas se calculó en base a cifras estimadas, fijándose entre el 1% y el 2,5% del total compensatorio, una práctica recomendada a nivel internacional. Finalmente, se zanjó en $2.795 millones, equivalentes al 2,3% de los US$150 millones de la compensación a los consumidores.
La investigación de CIPER pudo acreditar que el pago de CMPC a las asociaciones de consumidores se realizó sin tener a la vista ningún recibo o comprobante, solo una factura por cada una de ellas. El ex director del Sernac, José Roa, comentó que con los US$4 millones entregados a Conadecus y Odecu, solo se podían pagar costas. La abogada Érika Isler añadió que "es esperable que las asociaciones de consumidores receptoras asuman una adecuada transparencia".
Rol del Sernac y el Marco Legal
El Sernac se encontró con las manos atadas, ya que el acuerdo de compensación “no explicita ningún mecanismo de transparencia o algún procedimiento público de vigilancia a los gastos entregados a las asociaciones de consumidores. La cláusula indica que solo se reembolsarán los gastos incurridos pero nada indica del procedimiento para ello”. Funcionarios del Sernac llegaron a consultar a abogados externos si un monto tan elevado era apropiado.
Las asociaciones han declarado que los “excedentes” que queden después de cubrir los pagos a profesionales y expertos se destinarán a financiar el reforzamiento de sus entidades. Entre los costos que deben asumir de inmediato se encuentra el juicio que aún mantienen con la empresa SCA, la cual se negó a negociar una compensación. Estimaciones de Conadecus señalan que unas doce personas, entre abogados y comunicadores, trabajaron en el caso. Odecu, por su parte, espera que los “excedentes” representen aproximadamente el 20% del dinero recibido y planea usar esos ingresos en futuros litigios y estudios. En las últimas dos décadas, Conadecus y Odecu han recibido del Estado US$1,3 millón, principalmente del Fondo Concursable para el Financiamiento de Asociaciones de Consumidores del Sernac.
Con la nueva ley del consumidor, que entró en vigor en septiembre, el aporte público para los fondos concursables del Sernac prácticamente se duplicará. Esta cifra podría crecer anualmente gracias a montos compensatorios no cobrados de otras negociaciones, que superan los $800 millones según directivos de estas organizaciones. A medida que los fondos públicos se incrementan, también disminuyen las limitaciones a la generación de ingresos de las asociaciones de consumidores.
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