En Chile, el tema de las pensiones de retiro que reciben exmilitares condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen militar ha generado un amplio debate. Estas pensiones, otorgadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), se mantienen a pesar de las condenas, lo que ha sido objeto de críticas y controversias.
El Sistema de Pensiones de Retiro para Uniformados
Las pensiones de retiro se otorgan al personal uniformado que cumple un mínimo de 20 años de servicios efectivos. En el caso de los funcionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), no pierden su grado, independientemente de si fueron condenados por cualquier delito, lo cual les permite mantener estas pensiones. La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) es la institución encargada de entregar estas jubilaciones, las cuales se calculan de acuerdo al grado que ostentaban al momento de su retiro.
Miguel Krassnoff y Otros Exagentes de la DINA y CNI con Altas Pensiones
Un registro público, revelado a través de una solicitud de Transparencia, muestra que Capredena destinó una cantidad significativa de dinero en pensiones de retiro a exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), todos condenados por crímenes durante la dictadura militar. Los pagos corresponden a períodos específicos y reflejan montos considerables.
Montos de las Pensiones de Exagentes
- Miguel Krassnoff Martchenko, ex brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la DINA, recibe una de las jubilaciones más altas de la nómina. En 2019, su pensión superaba los $2.6 millones mensuales. Entre enero y noviembre de 2025, su pensión fue de $3.636.918 mensuales, subiendo a $3.762.028 en diciembre de 2025 y enero de 2026. En total, Krassnoff acumuló $47.530.154 en un año solo por su retiro de las Fuerzas Armadas. Su pensión se empezó a entregar desde 1999.
- Raúl Iturriaga Neumann, exintegrante y subdirector de la DINA, percibió $3.131.949 mensuales entre enero y noviembre de 2025, sumando un total de $40.930.815 en el último año. Su pensión mensual desde 1991 era de $2.143.977.
- Fernando Torres Silva, coronel (r) y ex fiscal militar, lidera el listado con una jubilación bruta de $3.254.850. Su pensión se empezó a entregar el 11 de noviembre de 1999.
- Eugenio Covarrubias Valenzuela, ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine), recibe $2.940.671 desde el 1 de agosto de 1997.
- Álvaro Corbalán Castilla, exjefe operativo de la CNI, recibió $1.046.587 mensuales entre enero y noviembre de 2025, ajustada a $1.082.590 en diciembre de 2025 y enero de 2026. Su pensión base era de $716.442.
- Carlos Herrera Jiménez, exagente de la CNI, con $19.467.728 acumulados y un pago mensual de Capredena de $1.019.730. Entre enero y noviembre de 2025, recibió $1.489.634 mensuales.
En promedio, 95 ex oficiales sentenciados en casos de violaciones de lesa humanidad reciben en promedio $1.618.459 mensuales. Estos pagos se realizan mensualmente a través de BancoEstado, vía Cuenta RUT o cuenta corriente, o mediante retiro por ventanilla.
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Casos Emblemáticos y Sus Condenas
Los beneficiarios de estas pensiones incluyen a individuos con un historial extenso de condenas por crímenes contra la humanidad:
Miguel Krassnoff Martchenko
Fue brigadier del Ejército de Chile e integrante de la Brigada Lautaro de la DINA. Participó en el asalto a la casa presidencial de Tomás Moro durante el golpe de Estado de 1973 y, posteriormente, en diversas misiones como miembro de la policía secreta de la dictadura. Ha sido acusado y condenado en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, específicamente de secuestro y desaparición de personas, ocurridos principalmente entre 1974 y 1976. Krassnoff es uno de los militares con más condenas en Chile, totalizando 20 ratificadas por la Corte Suprema, que sumaban, a octubre de 2019, más de 650 años de cárcel. Con un nuevo fallo por el secuestro calificado de los cineastas Jorge Hernán Müller Silva y Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, Miguel Krassnoff suma una condena de 1047 años de cárcel.
Raúl Iturriaga Neumann
Fue mayor general del Ejército y director asistente de la DINA. Actualmente cumple una serie de condenas en el penal Punta Peuco, como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, y por el secuestro calificado de varias víctimas. Está condenado a permanecer en prisión hasta el año 2118, pero mantiene 32 procesos pendientes.
Pedro Espinoza Bravo
Su nombre está ligado a la denominada “Caravana de la Muerte”, operativo que dejó 68 ejecutados en 15 días. Ocupó una de las jefaturas de la DINA y fue jefe de operaciones y del Centro de tortura Villa Grimaldi. Actualmente cumple condenas por asesinato y secuestro, incluyendo el homicidio calificado de Orlando Letelier.
César Manríquez Bravo
Jefe de la brigada metropolitana de la DINA, está sometido a proceso en múltiples causas, destacando los homicidios calificados de Víctor Jara y Miguel Enríquez.
Carlos Herrera Jiménez
Autor confeso del homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, se encuentra recluido en la cárcel de Punta Peuco cumpliendo condena de presidio perpetuo, además de causas por torturas y asesinato.
Fernando Torres Silva
Exfiscal militar en tiempos de dictadura y ex auditor general del Ejército, participó en consejos de guerra y asesoró a Pinochet. Actualmente cumple condenas por su participación en el asesinato del exquímico de la DINA, Eugenio Berríos, y es acusado de encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez.
Hugo Salas Wenzel
Ex director de la CNI, fue el primer ex oficial militar en ser condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en la Operación Albania (Corpus Christi).
El Debate sobre la Ética y la Legalidad de las Pensiones
La situación ha provocado una fuerte discusión sobre la ética de que el Estado siga pagando estas pensiones a individuos condenados por crímenes atroces. El abogado de casos de lesa humanidad, Nelson Caucoto, señala que "el hecho de ser violador de derechos humanos no impide mantener la pensión", pero que el problema radica en la falta de un sistema de degradación que les hiciera perder sus cargos y, por ende, sus altas pensiones.
Existe una paradoja evidente cuando se comparan las pensiones millonarias de estos exmilitares con las pensiones de reparación notablemente inferiores que reciben las víctimas de violencia estatal durante el estallido social, las cuales, en algunos casos, han sido incluso revocadas por el Gobierno. Mientras los criminales de la dictadura reciben montos que superan el millón de pesos, las víctimas de lesiones leves recibían $283.619, las de lesiones graves $415.428, y las de lesiones gravísimas $567.238.
La Corte Suprema ha emitido fallos que buscan terminar con privilegios dentro del penal de Punta Peuco, como la eliminación de televisores, refrigeradores y otros electrodomésticos, enviando un mensaje claro: "condena es condena". Sin embargo, el debate sobre las pensiones continúa, con el argumento de algunos abogados de que retirar las pensiones significaría castigar a las familias, que son distintas al sujeto condenado.
En total, 70.739 funcionarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea reciben pensiones del Estado, desembolsando más de $72.000 millones solo en noviembre para jubilaciones de exmilitares, incluyendo a quienes cumplen condenas firmes por crímenes de lesa humanidad.
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