Los estudios sobre la vulnerabilidad a la pobreza en México han identificado a los jóvenes como un grupo de población relativamente inexplorado, a pesar de ser un tema emergente (Conapred, 2018a; Coneval, 2018c). Esta situación puede parecer comprensible dado que la prevalencia de pobreza en la juventud fue del 41 por ciento en 2018, cifra muy cercana al promedio nacional del 42%. No obstante, diagnósticos de instituciones federales como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) han identificado la pobreza como un problema significativo para la juventud (Conapred, 2018b, 2019; Coneval, 2018c).
Además de la pobreza, los jóvenes enfrentan una serie de problemáticas que les afectan de manera característica. Estas incluyen: desempleo y empleo precario, una notoria desconexión entre la educación y el empleo, y la ausencia de capacitación adecuada. También se observa que los programas y servicios de salud no están diseñados para sus necesidades específicas, evidenciándose en la falta de medicina preventiva y de atención a la salud sexual y reproductiva, entre otros aspectos. A esto se suman problemas como la violencia, el embarazo adolescente y la discriminación (Conapred, 2018a, 2018b; Coneval, 2018a, 2018b).
Por lo tanto, este artículo se propone analizar las fuentes de fragilidad y riesgo que afectan a los jóvenes mexicanos en relación con la pobreza. El objetivo es identificar los factores sistémicos y estructurales que generan la vulnerabilidad en este grupo de población. El enfoque tradicional de la pobreza no es suficiente; un análisis más amplio de las circunstancias actuales de la juventud, que trascienda la mera prevalencia de pobreza, revela riesgos que no siempre se reflejan en las cifras y diagnósticos actuales. Dicho análisis es crucial para estructurar una política social dirigida a este grupo de población, la cual ha estado notablemente limitada a algunos factores educativos, económicos y laborales, usualmente más ventajosos para los empleadores que para los jóvenes mismos.
Enfoques conceptuales: vulnerabilidad y desigualdad social
Para examinar las condiciones de riesgo de los jóvenes mexicanos, que no siempre son visibles en términos de prevalencia de pobreza, este estudio recurre a los enfoques de vulnerabilidad y de desigualdad social.
Vulnerabilidad a la pobreza
La vulnerabilidad a la pobreza se entiende como la propensión al daño o a sufrir cambios negativos respecto a las condiciones de vida que caracterizan la pobreza. Las causas de la vulnerabilidad pueden originarse en las características individuales de las personas o en su relación con otras personas e instituciones, lo que se traduce en una mayor exposición al riesgo o en una mayor fragilidad (Busso, 2001; Feito, 2007; Moreno Crossley, 2008).
Fragilidad
La fragilidad se refiere a una situación donde una persona posee menos recursos para enfrentar condiciones adversas, independientemente de que esté expuesta a estas condiciones en la misma medida que cualquier otra. Algunas fuentes de fragilidad características de los jóvenes incluyen la falta de protección social y la limitada posibilidad de ahorro y acumulación de recursos valiosos (como dinero o habilidades atractivas en el mercado laboral).
Exposición al riesgo
Por otro lado, la mayor exposición se refiere a una mayor frecuencia o intensidad al experimentar condiciones adversas, sin importar los recursos con los que se cuente.
Desigualdad social
El enfoque de desigualdad examina las diferencias en las circunstancias de los grupos sociales que no pueden atribuirse a variaciones aleatorias o que no están justificadas de manera objetiva. En este estudio, se analizan los riesgos que afectan a los jóvenes de manera particular en comparación con los adultos (quienes constituyen el grupo hegemónico), dado el orden social institucionalizado actualmente. Es importante destacar que vulnerabilidad y desigualdad no son sinónimos.
El concepto de adultocentrismo
El concepto de adultocentrismo (Duarte Quapper, 2012; Unicef, 2013) se utiliza como guía para analizar la desigualdad estructural. El adultocentrismo implica organizar la sociedad a partir del mundo -incluyendo las necesidades, perspectivas, experiencias y control político- de las personas consideradas adultas, y afecta a todos los otros grupos etarios. Aunque no solo los jóvenes padecen el adultocentrismo, probablemente son el grupo con la menor protección, ya que la expectativa social es que comiencen "desde abajo" y se mantengan en esa posición durante algún tiempo antes de mejorar sus condiciones de vida, laborales o sociales.
Definición de juventud y sus transiciones
La juventud es una etapa social que trasciende los meros cambios biológicos que ocurren en ella, por lo que no existen criterios unívocos para definirla (Dávila, 2004; Téllez Infantes, 2013). Diferentes instituciones e investigadores establecen rangos de edad variables según sus objetivos, y en México, comúnmente se ha utilizado el criterio de 12 a 29 años para definir a la población joven (Coneval, 2018c; DOF, 1999).
La juventud se caracteriza por las transiciones a la adultez, como el ingreso al mercado laboral, la emancipación o unión, y la paternidad/maternidad. El orden y el momento en que las personas atraviesan estas transiciones son muy variables, pero estudios han demostrado que en México las principales transiciones ocurren entre los 15 y los 29 años (Nájera Catalán, 2016).
Fuentes de vulnerabilidad: fragilidad y riesgo
El presente estudio tiene por objetivo responder a las siguientes preguntas: ¿cuáles son las fuentes de vulnerabilidad a la pobreza para la juventud mexicana? ¿Enfrentan el mismo nivel de riesgo que los adultos? La fragilidad, como se mencionó, es una de las facetas de la vulnerabilidad y se caracteriza por una menor resistencia debido a la falta de recursos de diversa índole para hacer frente o recuperarse ante condiciones adversas, como un shock económico. La evidencia de la vulnerabilidad de los jóvenes a la pobreza se observaría entonces en un acceso limitado a recursos institucionales -como la seguridad social- y monetarios -como los ingresos-, y no solo en una mayor prevalencia de pobreza. Además, las limitaciones en el acceso a los recursos serían desiguales respecto a otros grupos etarios.
17. Precarización laboral juvenil
Acceso limitado a la seguridad social
Los sistemas de seguridad social estatales en México se organizan alrededor del trabajador asalariado con prestaciones. Asociar los sistemas de seguridad social al empleo formal es un problema para toda la población, pero se agudiza entre los jóvenes, quienes experimentan mayor desempleo (Coneval, 2018b), mayor rotación laboral (Cunningham, 2009), mayor empleo informal (Coneval, 2018b; INEGI, 2014) y menor acceso a fondos para el retiro o peores condiciones en los esquemas de jubilación en comparación con los adultos.
Los jóvenes se encuentran en un contexto de precarización del mercado laboral (De Oliveira, 2006) que el Estado no ha logrado contener. Son una generación expuesta a la subcontratación y a la falta de regulación en muchos empleos emergentes, como los asociados a aplicaciones digitales. El mismo diseño de la seguridad social, vinculado al empleo formal, repercute seriamente en el acceso a la salud y en las condiciones materiales de vida al alcanzar la edad de jubilación o en caso de incapacidad para trabajar.
En México, los jóvenes tienen un acceso menor a la seguridad social que cualquier otro grupo de edad: el 68 por ciento de las personas entre 15 y 29 años no tuvo acceso -medido con el indicador de carencia de Coneval-, frente al 59 por ciento de las personas entre 30 y 59 años, y el 27 por ciento en mayores de 60 años (INEGI, 2014).
Impacto de la privatización del sistema de pensiones
Además del menor acceso general a la seguridad social, la situación se vuelve más crítica para quienes ingresaron al mercado de trabajo después de la privatización del sistema de pensiones, que introdujo el financiamiento individual a través de administradoras de fondos para el retiro (Afore). En 2014, todos los menores de 24 años van a financiar su propio retiro y, además, contribuirán a financiar el retiro de generaciones anteriores mediante el pago de impuestos. Sin embargo, el 5 por ciento de estos jóvenes está desempleado -frente a menos del 3 por ciento entre los adultos- y solo el 18 por ciento de los que trabajaron tuvo la prestación de Afore en su empleo.
Suponiendo que la privatización del sistema de pensiones fuera una necesidad insoslayable y que se adoptó la solución más eficiente posible, no hay evidencia de que se hayan tomado medidas compensatorias para evitar que los efectos negativos se concentraran injustamente en los jóvenes. Aunque el Estado se ha hecho cargo del déficit en los ingresos de los adultos mayores mediante programas de transferencias, la política pública dirigida a mejorar el empleo y los ingresos en el caso de los jóvenes es casi inexistente.
La puesta en marcha del programa Jóvenes Construyendo el Futuro representa una primera iniciativa a gran escala, aunque está dirigida a la capacitación para el empleo y no al empleo mismo, y los montos de la beca son relativamente bajos (STPS, s.f.). Otro ejemplo es el programa de Primer Empleo en México, pero este no está dirigido específicamente a los jóvenes. Además, los mayores subsidios se otorgan a los empleos con salarios menores, de manera que los empleadores obtienen el máximo beneficio al contratar a jóvenes para los empleos con los peores salarios.
Deficiencias en los servicios de salud
En cuanto al acceso a la salud, el panorama es similar. El diseño de los servicios de salud desfavorece a los jóvenes, ya que se concentra en los problemas que típicamente afectan a otros grupos de población y desatiende las necesidades características de la juventud (Coneval, 2018c). La medicina preventiva, la salud sexual y reproductiva y el bienestar psicológico, que son muy relevantes en esta etapa de la vida, ocupan un lugar secundario en los servicios de salud estatales. Por el contrario, la atención a enfermedades y padecimientos que usualmente se manifiestan en la edad adulta, en la vejez o en la primera infancia reciben muchos más recursos y atención.
Además, según las estadísticas de mortalidad de 2016 del INEGI, los jóvenes tienen una tasa de suicidio mayor que cualquier otro grupo de edad, y sin embargo, la atención psicológica no es accesible.
Falta de acceso a recursos monetarios y desigualdad salarial
La falta de acceso a recursos monetarios para hacer frente de manera individual a las condiciones adversas, debido a la falta de protección del Estado, constituye una segunda fuente de fragilidad. Además de que hay un mayor desempleo juvenil que adulto, entre los ocupados existe una desigualdad sistemática en los salarios de los diferentes grupos de edad.
Esta desigualdad se considera justificada cuando se debe a diferencias en puestos de mayor responsabilidad o jerarquía, a la experiencia o la antigüedad. En primera instancia, cabe reflexionar si una mayor experiencia es justificación suficiente para que exista una desigualdad salarial, particularmente cuando es imposible que los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo cuenten con ella, y considerando que los retornos de la educación -que es la ventaja competitiva de las nuevas generaciones- son cada vez menores (Szekely y Flores, 2018).
Pero incluso si la experiencia fuera un criterio razonable para asignar salarios distintos, no existe información suficiente para distinguir entre antigüedad -entendida como tiempo en un mismo empleo-, experiencia -entendida como práctica adquirida en una actividad específica, aunque no sea en la misma institución- y edad laboral -entendida como tiempo que una persona ha pasado dentro del mercado de trabajo sin importar si adquirió habilidades en la resolución de problemas o si adquirió antigüedad-. En consecuencia, no hay manera de comprobar que la diferencia en salarios se explique por diferencias en experiencia, y que esta a su vez refleje la productividad del trabajador.
Impedimentos para el ahorro y la acumulación de recursos
Aunado a los ingresos laborales, las personas pueden hacer frente a los riesgos mediante el ahorro o la deuda. Sin embargo, el hecho de que exista mayor informalidad, desempleo, rotación y salarios bajos entre los jóvenes, además de limitar el acceso a la seguridad social y a los ingresos laborales, impide la generación de ahorros. Así, los jóvenes se encontrarán en una situación de desventaja social y estructural generalizada que, si bien podría superarse en la adultez con el paso del tiempo, deja secuelas importantes en su trayectoria laboral y económica.
La falta de ahorro y las deudas son resultado tanto de circunstancias generales -factores macroeconómicos- como específicas que impactan a los jóvenes en mayor medida -el diseño de los esquemas de retiro, por ejemplo-. Aunque tienen consecuencias importantes para toda la población, afectan a los jóvenes de manera particular. Por ejemplo, obstaculiza la emancipación. Salir de casa de los padres, ya sea en pareja o individualmente, implica muchos gastos iniciales. En estas condiciones, las compras a crédito se vuelven una alternativa, aunque a un costo elevado.
Brecha salarial y productividad
Los jóvenes ganan menos que los adultos en todas las categorías de empleo, una diferencia que suele justificarse por factores como la experiencia. El reto es discernir si se trata de una situación justa o equitativa, dado que las fuentes de información no permiten distinguir experiencia, antigüedad, edad laboral y productividad para comparar la situación de los jóvenes respecto a los adultos. Esta carencia se solventó con dos estrategias.
La primera fue considerar solo los empleos donde la experiencia no es relevante en términos de las recompensas del mercado. Tal es el caso de los trabajadores en actividades elementales y de apoyo. Los jóvenes están desproporcionadamente concentrados en este tipo de trabajos, que además tienen el salario promedio más bajo del mercado (20.6 pesos por hora). Además de la concentración desproporcionada, dentro de esta misma categoría, los jóvenes tienen salarios más bajos que los adultos: 15 pesos por hora, en promedio, para los primeros y 20 pesos para los segundos. La brecha no se cierra con la educación, ya que un joven con educación media superior gana, en promedio, casi lo mismo que un adulto sin educación.
La segunda estrategia fue observar el patrón de diferencias en salarios entre los jóvenes, los adultos y los mayores. Si los adultos ganan más porque tienen más experiencia en general -es decir, que la experiencia se asocia a la edad-, se esperaría que los mayores tuvieran salarios más altos que los adultos, dado que, usualmente, poseen la mayor experiencia. Se podría argumentar que los mayores no tienen los ingresos laborales más altos que los adultos porque la productividad decae con la edad. Esto implicaría, primero, aceptar que la experiencia y la productividad no necesariamente van juntas. Por otro lado, las categorías donde los mayores ganan más que los adultos son aquellas donde la productividad es un factor altamente valorado: funcionarios, directivos y jefes; profesionistas y técnicos; y operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte. Para que la justificación de la experiencia se sostenga, se tendría que aceptar que el mercado recompensa a los mayores en estos ámbitos.
tags: #jovenes #desempleados #y #vulnerabilidad #social