La situación de los menores bajo la tutela del Estado en Chile ha sido objeto de escrutinio, particularmente en relación con incidentes de violencia que involucran a agentes policiales. El Ministerio Público ha solicitado penas significativas para funcionarios de Carabineros imputados por apremios ilegítimos contra adolescentes en residencias colaboradoras del Servicio Nacional de Menores (Sename), mientras se han documentado numerosos casos de violencia policial contra jóvenes durante periodos de estallido social.
El Caso Talcahuano: Disparos en Residencia del Sename
El Ministerio Público solicitó una pena de 5 años y un día de cárcel para el funcionario de Carabineros que, en el marco de un procedimiento policial en 2020, hirió a bala a dos menores de una residencia colaboradora del extinto Servicio Nacional de Menores (Sename) en Talcahuano. Dos años y medio después de ocurridos los hechos, el órgano persecutor cerró la investigación y presentó ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano la acusación en la que le imputan al efectivo policial el delito de apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de dos menores de edad.
La tarde del 18 de noviembre de ese año, el Centro Residencial Carlos Macera de Talcahuano, que dependía de la Fundación Ciudad del Niño, se transformó en el foco de la noticia a nivel nacional: dos jóvenes habían terminado baleados en medio de confusos incidentes al interior del recinto. Desde la residencia se solicitaba la presencia policial para ayudar al personal de SAMU en la contención de un menor descompensado que, según se lee en la acusación, padecía “discapacidad intelectual y agitación sicomotora”.
El sargento John Mograve Villegas, a bordo de una bicicleta institucional y acompañado de una colega, arribó al hogar pasadas las 16:30 horas. Seguidamente, el imputado Mograve Villegas se trenzó a golpes de puño con el adolescente F.A.E.C. (de entonces 17 años) cayendo ambos al suelo y rodando conjuntamente por una pendiente existente en el lugar. Tras ello, otros menores de edad residentes del referido Hogar le siguieron, lanzándole piedras y palos, ante lo cual el imputado corre por el interior del recinto y realiza un disparo al aire con su arma de servicio.
No iba a ser la única vez que esa tarde el sargento Mograve utilizaría la Taurus calibre 9 milímetros institucional que tenía a su cargo. Después de ese primer incidente, el uniformado se trasladó hasta otro sector del inmueble, siendo seguido por algunos de los menores usuarios del sistema de protección estatal. Entre ellos un menor de 14 años de iniciales F.A.J.S. y el adolescente que anteriormente había participado del conato. Ambos terminarían heridos a bala.
El fiscal Vigueras sostiene que, en tal escenario, el imputado, "abusando de sus funciones, infringiendo la normativa sobre Principios y Normas de uso de la Fuerza, en particular tratándose de víctimas menores de edad bajo protección del Estado de Chile en residencia de organismo dependiente de la red del Sename, aplicó apremios ilegítimos en contra de los dos menores víctimas utilizando nuevamente su arma de servicio". El adolescente F.A.E.C. terminó con una herida a bala en su muslo, que de no ser por la intervención médica oportuna le podría haber costado la pierna. Por su parte, el menor de 14 años de iniciales F.A.J.S. fue impactado por una bala justo por debajo de su rodilla derecha.
Proceso Judicial y Reacciones
Luego de casi dos años y medio de investigación, decenas de entrevistas a testigos y toma de declaraciones, el Ministerio Público llegó a la convicción de que los hechos ocurridos aquella tarde de noviembre en la residencia Carlos Macera son constitutivos de dos delitos de “apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de personas menores de edad”. Uno con resultado de lesiones graves y otro con resultado de lesiones menos graves.
El organismo solicitó al tribunal que se le imponga al acusado una pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de las accesorias legales y costas de la causa. Para ello, ofreció como prueba testimonial para el juicio a 74 testigos, incluyendo a las dos víctimas del ilícito, además de decenas de pruebas periciales, documentales y materiales. A favor del acusado, señaló la propia fiscalía, concurre la atenuante de irreprochable conducta anterior. La audiencia de preparación de juicio oral está fijada para el 9 de junio de 2023.
En la misma causa, el mismo efectivo policial ostentaba la calidad de víctima del delito de maltrato de obra contra Carabineros. Sin embargo, el Ministerio Público informó la decisión de no perseverar en esa arista, "por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación respecto del delito".
John Mograve Villegas, en entrevista con Meganoticias, afirmó: "No hay carabinero que diga o salga a pegarle o a disparar a alguien. Tenemos hijos, familia, tenemos una mochila grande en la espalda". Tras una visita del general director de Carabineros Ricardo Yáñez en los calabozos, Mograve manifestó sentir "el apoyo de la institución, no al 100%, sino 1000%". Aunque el 20 de noviembre el Juzgado de Garantía de Talcahuano había decretado la prisión preventiva del uniformado, la Corte de Apelaciones de Concepción revocó posteriormente esta medida cautelar, decretando el arresto domiciliario total del carabinero en su domicilio.
Violencia Policial contra Menores en el Contexto del Estallido Social
Un 11% de los detenidos durante el estallido social son menores, según las cifras del gobierno. Entre ellos hay muchos adolescentes vulnerables que pertenecen a la red del Sename. Al menos 115 jóvenes atendidos por ese servicio han denunciado maltrato policial grave e irregularidades en sus detenciones. De esta forma, menores que están bajo tutela del Estado acusan haber sido víctimas de agentes del mismo aparato público.
Manuel: Un Joven de 16 Años con Daño Ocular
Cuando Manuel, de 16 años, sintió el impacto en el ojo derecho, instintivamente se lo tapó con la mano. Pensó que no era grave, pero empezó a sangrar, a marearse. Todo se oscureció. La mamá de Manuel, Carolina, relata que su hijo había ido a buscar a su hermana de 14 porque estaba preocupado. En medio de las lacrimógenas logró dar con ella, pero casi al instante recibió un perdigón en el ojo. Manuel es uno de los 115 adolescentes que se atienden en la red del Servicio Nacional de Menores (Sename) que acusan haber sido víctimas de violencia policial durante el estallido social que vive Chile.
El caso de Manuel engrosa las alarmantes cifras de lesiones oculares. Según relata su madre, están viendo la posibilidad de que le implanten un ojo ortopédico, "porque los doctores me dijeron que, si no lo hacen, se le va a caer el párpado".
Lesiones oculares sufridas por manifestantes alarman a Instituto de DD. HH. de Chile | AFP
Otros Casos de Maltrato y Abuso Documentados
Las cifras oficiales entregadas por el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que el 11% de los 14.581 detenidos que se contabilizaban hasta el 4 de noviembre eran menores de edad. No existen cifras oficiales de cuántos de esos menores arrestados han pasado o están en algún programa de la red del Sename. Lo que sí ha sido documentado por ese servicio es el número de niños, niñas y adolescentes (NNA), vinculados a su red y que hasta el 4 de noviembre habían sufrido “hechos vulneratorios” en manos de agentes del Estado (policías y militares).
- De ese total, 78 corresponden a niños, niñas y adolescentes del área de protección (menores en situación de vulnerabilidad). La mayoría de estos (54 casos) reciben asistencia de manera ambulatoria.
- Otros 37 casos corresponden a menores infractores de ley (de 14 a 17 años de edad), que participan en programas del área de justicia juvenil. La mayoría, informó el Sename a CIPER, “están cumpliendo medidas cautelares o sanciones en medio libre”.
Francisco, un joven de 17 años de nacionalidad extranjera, es parte de un programa de libertad asistida especial para infractores de ley. El 29 de octubre, Francisco participaba en una manifestación en Iquique y fue detenido por efectivos de Fuerzas Especiales. Lo golpearon y lo subieron a un vehículo policial, donde le pegaron duramente en la espalda y el estómago, mientras le gritaban que se devolviera a su país, que lo iban a deportar. El menor vomitó sangre, pero no recibió atención médica y lo encerraron en un calabozo con adultos, siendo entregado a su mamá horas después.
Otro caso documentado por la Corporación Opción es el de un joven de 17 años de la comuna de Padre Hurtado, usuario de un programa de protección del Sename. Durante la semana del Estado de Emergencia y después del inicio del toque de queda, militares le hicieron un control de identidad, le apuntaron con un fusil a la cabeza y le dijeron que si no corría antes de contar hasta tres, lo fusilarían.
El 24 de octubre, en Concepción, un adolescente de 16 años que es parte de un Programa de Intervención Especializada, fue brutalmente golpeado por carabineros durante una marcha convocada en el centro. Tras la disolución de la manifestación, fue sacado a la fuerza de un negocio de barrio y, por los golpes recibidos en la nuca, terminó con convulsiones. También se reportó el caso de un joven de 16 años de un programa de nivelación escolar, detenido en Linares durante una protesta que terminó con una garita quemada.
Denuncias, Protocolos y la Respuesta Institucional
En la práctica, quienes realizan la denuncia generalmente son los organismos de la red Sename. El servicio informó a CIPER que todos los casos registrados “han sido denunciados al Ministerio Público para que se haga la investigación correspondiente”. El 28 de octubre, el Sename instruyó a todos los organismos de su red a activar las circulares 5 y 6, las cuales se utilizan para reportar vulneraciones sufridas por menores que fueron víctimas de agresiones en procesos de detención o que fueron afectados por el quebrantamiento de las normas que debe cumplir Carabineros al momento del arresto.
Para la abogada Camila de la Maza, "el maltrato que sufren los infractores adolescentes por parte de Carabineros es una táctica súper habitual". Señala que, en el contexto del Estado de Emergencia, se ha agravado ese maltrato, con adolescentes en la vía pública durante el toque de queda siendo detenidos, golpeados y amenazados de fusilamiento. La abogada considera que “aquí hay una política por parte del gobierno de dar cierta discrecionalidad a las policías, darles mayores facultades y que los actos de agresión queden en total impunidad”.
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, explicó a CIPER que "hemos recibido información del Sename que indicaba, en una primera instancia, que 79 menores -que están o han estado en programas ambulatorios o residenciales del sistema de Protección- han sido víctimas del personal policial, cuyos derechos han sido vulnerados. De ellos, 51 son de la Región Metropolitana". Luego, recibió información de otros 37 casos. Esta información contrasta con los datos aportados por el gobierno a la CIDH, donde el abogado Mijail Bonito aseguró que “hay protocolos muy estrictos con respecto al tratamiento que se le da a los menores que son detenidos en cualquier circunstancia". Sin embargo, la Corporación Opción ya ha documentado casos en que fueron ignorados los protocolos descritos por Mijail Bonito.
Abogadas organizadas durante el estallido social para recorrer comisarías y entrevistar a detenidos detectaron “una serie de vulneraciones a niños, niñas y adolescentes que incluían detenciones con uso excesivo de la fuerza, desnudamientos, tocaciones e incumplimientos a la normativa, como la constatación inmediata de lesiones o que haya un espacio separado de adultos". También observaron dificultades para acceder a entrevistas privadas con los menores.
El informe agrega: “Falta de cumplimiento de la normativa que resguarda a los NNA en casos de detenciones, impidiendo el contacto telefónico con sus familiares, la mayoría de las veces sin acceso a agua y a baño durante su detención, sin constataciones de lesiones inmediatas, sino que realizadas luego de varias horas después y en presencia de personal policial, sin poder entrevistarse con un abogado de manera privada, sino por el contrario”.
Nicole Martínez, abogada que cruzó datos, señaló que "muchos programas (organismos que atienden a los menores) no tenían idea de la situación que estaban atravesando estos chicos, porque no están funcionando dentro de la normalidad por el contexto". Además, indica que no han recibido más instrucciones por parte del Sename aparte de activar las circulares 5 y 6, y denunciar al Ministerio Público: “No sabemos qué va pasar con esos chicos. No ha habido pronunciamiento ni siquiera de parte de los funcionarios”. La abogada explica que gran parte de los adolescentes imputados lo están por el delito de robo en lugar no habitado, “a pesar de que la mayoría de la gente señala que solo eran espectadores".