Internamientos Psiquiátricos para Control Disciplinario: Una Problemática del Sename
Un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), publicado en diciembre de 2018, reveló que jóvenes del Servicio Nacional de Menores (Sename) que no presentan patologías mentales son internados en unidades psiquiátricas para controlar problemas de disciplina. Testimonios recogidos para esta investigación confirman que funcionarios de la institución utilizan esta vía cuando enfrentan conflictos de “difícil manejo”, vulnerando los derechos de los adolescentes. Un ejemplo claro fue el de dos adolescentes, que habían sido internadas en la Unidad de Atención Psiquiátrica (UHCIP) del centro de Iquique, cuyos gritos desesperados de «¡Nosotras no tenemos na’ que hacer aquí!» se escuchaban desde lejos. El terapeuta ocupacional de turno esa noche, que oía todo desde el piso de arriba, señaló en su testimonio que las chicas no sufrían problemas de salud mental y tuvieron que ser egresadas dos días después por no presentar un trastorno de salud mental.
El documento del INDH detalla que “hay adolescentes que son hospitalizados por presiones de funcionarios, como medida de castigo o como estrategia de resolución de un conflicto”. El caso de las dos adolescentes de Iquique no es un hecho aislado, sino que forma parte de una práctica documentada.
Alcance y Contexto de la Vulneración de Derechos
Para esta investigación periodística, se entrevistó a funcionarios de las cinco Unidades de Atención Psiquiátrica (UHCIP) existentes en el país, ubicadas en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Régimen Cerrado (CRC) de Iquique, Limache, Til Til, Coronel y Valdivia. Las fuentes afirman que funcionarios del Sename no cumplen con los criterios para cursar una hospitalización, derivando a las unidades de internación psiquiátrica a jóvenes que solo presentan mala conducta. Una de las profesionales que reconoció esta grave vulneración de derechos es Sofía Sepúlveda, ex jefa de la Unidad de Atención Psiquiátrica del centro del Sename en Limache, quien explicó: “Cuando los chicos se ponen violentos y no regulan el nivel de agresividad, Sename los toma y los deriva a estas unidades de hospitalización psiquiátrica”.
Las respuestas del Sename para este reportaje fueron proporcionadas por Benjamín Ulloa, jefe (s) del Departamento de Justicia Juvenil, quien solo aceptó un cuestionario escrito. Ulloa informó que, salvo por el informe del INDH, el Sename no ha recibido denuncias sobre internaciones psiquiátricas no justificadas. Además, deslindó responsabilidades: “Las UHCIP dependen del Ministerio de Salud y quien evalúa el ingreso de un joven a estas unidades es un médico psiquiatra, ya que, como cualquier ‘acto médico’, es una decisión sanitaria que obedece a criterios clínicos, de acuerdo con la Ley 20.584 de deberes y derechos del paciente”. Sin embargo, la investigación periodística constató que funcionarios del Sename presionan al personal de las UHCIP para que internen a jóvenes que presentan problemas graves de conducta. Respecto a la denuncia del INDH, Benjamín Ulloa señaló que el documento se recibió a fines de marzo pasado y que recién en julio, casi tres meses después, se puso en marcha una acción concreta, coordinando una reunión con el Ministerio de Salud en abril.
Dentro de los centros, en las llamadas “casas”, es frecuente el trato violento entre los jóvenes, con “un montón de cosas complejas adentro: violaciones, intentos de suicidio, robo y tráfico”, explica el psicólogo y ex funcionario del Sename, Álvaro Ayala. En este ambiente de violencia, según el educador de trato directo del centro de Limache, José Miguel Leiva, “no es novedad” que los jóvenes presenten “desajustes conductuales”: episodios de violencia inmanejables para los funcionarios del Sename, que pueden ser “del tipo ‘agarro un fierro y te trato de partir la cabeza en tres partes’, ‘te quiero apuñalar treinta veces’”. En este contexto de alta agresividad, las unidades psiquiátricas, que cuentan con un ambiente terapéutico más personalizado y protegido, se utilizan para “descomprimir las ‘casas’”, buscando tranquilizar el ambiente al retirar al adolescente más conflictivo. Es lógico que para los funcionarios sea un respiro que se los lleven unos días a la unidad de corta estadía.
Mecanismos de Ingreso Irregulares y Ausencia de Protocolos
Para ingresar a las unidades de psiquiatría existen al menos dos vías: la programada, donde el psiquiatra del módulo evalúa el caso y determina la internación; y la hospitalaria, donde el adolescente es trasladado a un servicio de urgencias para ser ingresado por orden del médico de turno. Esta última es la vía utilizada por funcionarios del Sename para realizar los ingresos que no cumplen con el perfil establecido por el Ministerio de Salud, ya que en este caso la UHCIP está obligada a recibir a quien es derivado y no hay forma de negar su internación. Así ingresaron las dos adolescentes del recinto de Iquique, a quienes “les mintieron” al derivarlas. El director de la Asociación de Funcionarios de la Salud del Hospital Base de Valdivia, Johnson Parra, quien representa a los trabajadores de la UHCIP de dicha comuna, confirma esta práctica: “Se les dice que los van a trasladar allá (a la unidad psiquiátrica) si se portan mal”.
Quienes se encargan de dar la primera alerta al asistente social y al psicólogo sobre las posibles descompensaciones de salud mental son los educadores de trato directo, funcionarios del Sename que tienen una relación cercana y diaria con los menores. Las bases de postulación para el cargo de educador indican que los aspirantes deben tener la capacidad de desarrollar estrategias de contención para adolescentes. Para cumplir estos objetivos, según la dirigenta de la Afuse, Alicia del Basto, los educadores deberían tener una capacitación en salud mental, ya que “cuando un chico está descompensado es capaz de cualquier cosa”.
Si bien el Sename entrega capacitaciones en salud mental a sus funcionarios, no cuenta con un plan nacional de formación en el área. Los datos de la cuenta pública de Sename 2017, los más actualizados en la web en el momento de la investigación, señalan que de los 51 cursos técnicos realizados por la institución, 25 fueron dirigidos a la detección de conductas de riesgo en salud mental y al manejo de conflictos críticos. El educador de trato directo del CIP-CRC de Coronel, Alejandro Saavedra, asegura que estas capacitaciones son insuficientes y que “cuando postulamos, no se nos plantea que vamos a trabajar con niños con problemas de salud mental”. Además, el Sename tampoco cuenta con protocolos ante una crisis o desestabilización de un cuadro psiquiátrico. El director de la Asociación de Funcionarios del Sename de Valdivia, Patricio Araya, explica que desde el Servicio de Salud tampoco les han enviado las directrices a seguir. Así, la falta de capacitación de los educadores es uno de los factores que incide en las internaciones injustificadas, pues “los educadores de trato directo tienen muy baja preparación, porque en el Sename trabaja el que se atreve, no el más capacitado”.
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Fallas Institucionales y la Conexión con Viña del Mar
El problema de la salud mental en el Sename va más allá de los educadores; todas las fuentes entrevistadas aseguran que es un tema que el sistema de justicia juvenil no ha logrado abordar de manera exitosa. Para el psicólogo del CIP-CRC de Coronel, Flavio Benavente, los problemas de los ingresos son producto de una falla institucional: “Falta formación, pero no solamente de los funcionarios, sino también del Sename. La institución todavía está en pañales en temas de salud mental y en otras temáticas”.
Un claro ejemplo de esta problemática institucional se vivió en la UHCIP de Limache. A fines de 2018, Sofía Sepúlveda, ex jefa de la unidad psiquiátrica del centro penitenciario adolescente de Limache, estaba cansada de recibir casos de jóvenes con problemas de conducta. Ella llevaba un tiempo advirtiendo al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, entidad encargada del funcionamiento de esa unidad, que el Sename la estaba presionando para ingresar a los adolescentes al módulo hospitalario. La denuncia de Sofía Sepúlveda sobre requerimientos de ingreso sin justificación no solo se basaba en su experiencia de más de 10 años como psicóloga, sino también en el programa de funcionamiento del recinto de salud mental de Limache. A pesar de que la denuncia fue realizada en 2018, un año después, en julio de 2019, la situación no había cambiado mucho; un actual funcionario del mismo centro de Limache, que tiene trato directo con los jóvenes, aseguró que se seguía internando a jóvenes que no tenían patologías psiquiátricas. Esta investigación periodística fue realizada por Trinidad Rojas y Monserrat Vitar, estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica.