El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es una política pública implementada en Chile con el objetivo de complementar los ingresos de los trabajadores dependientes con jornada completa que perciben salarios bajos. Este subsidio busca asegurar que los trabajadores alcancen un ingreso líquido que les permita mejorar su calidad de vida y disminuir la brecha entre el salario mínimo y la línea de la pobreza.
Orígenes y Contexto del Ingreso Mínimo Garantizado
La Ley N° 21.218, que crea el subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado, fue publicada el 3 de abril de 2020 y entró en vigencia el 3 de mayo del mismo año. La creación de este subsidio respondió a una de las mayores preocupaciones de las familias chilenas: contar con un empleo formal que garantizara el acceso a instrumentos de seguridad social y un ingreso que permitiera una mejor calidad de vida.
El surgimiento del IMG se enmarca en un contexto social y económico particular. El estallido social del 18 de octubre de 2019 reveló un escenario donde el trabajo se había vuelto inestable y los salarios reales disminuían. La desigualdad en Chile es significativa; el 1% más rico acumula el 33% de los ingresos totales, mientras que la mitad de los trabajadores gana menos de $400.000. Además, el sistema de distribución de ingresos del siglo XX, que generaba trabajos inestables, salarios bajos y endeudamiento crónico, estaba en crisis.
La propuesta de IMG fue planteada por el Ejecutivo con un costo fiscal de alrededor de US$ 396 millones y se estimó que beneficiaría a aproximadamente medio millón de personas. En ese momento, un aporte máximo de $49.000 se otorgaba a quienes percibían $301.000 de sueldo mínimo bruto, lo que les permitía alcanzar un ingreso mensual líquido de $289.800. La brecha entre el salario mínimo ($301.000) y la línea de la pobreza para un hogar promedio de 4 personas ($436.000) era de $135.000, lo que evidenciaba la necesidad de un complemento salarial.
Detalles y Mecanismos del Subsidio
Beneficiarios y Montos
El subsidio del IMG está dirigido a trabajadores con jornada completa que perciben ingresos brutos inferiores a $360.000. Dicho subsidio no es imponible ni tributable y se entrega directamente al trabajador. Inicialmente, la ley estableció un aporte máximo de $59.200 para quienes ganaban el Salario Mínimo vigente hasta el 29 de febrero de 2020 ($301.000 brutos), lo que les permitía alcanzar un monto bruto de $360.200 y un monto líquido de $300.000 a fin de mes.
Podrán acceder al beneficio todos aquellos trabajadores entre 18 y 65 años de edad que perciban ingresos brutos menores a los $360.000. Al momento de su publicación el 3 de abril de 2020, la Ley N° 21.218 estableció que los trabajadores dependientes debían recibir remuneraciones brutas mensuales inferiores a $384.363 para ser elegibles. Este monto se ajustó en marzo de 2021 por la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC), alcanzando $393.987.
La ley establecía un aporte máximo de $59.200 y un valor afecto al subsidio correspondiente a 71,01% de la diferencia entre la remuneración bruta mensual y $301.000, la cual estuvo vigente desde la entrada en vigencia de la ley (mayo de 2020) hasta marzo y julio de 2021, respectivamente. Para trabajadores que perciben remuneraciones brutas inferiores a $308.537 pesos, con una jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales, recibirán un subsidio mensual correspondiente al 21,68% de la remuneración bruta mensual.
El subsidio se devenga mensualmente y puede cobrarse en el plazo máximo de un año desde la emisión del pago. Un trabajador tiene derecho a este beneficio solo en virtud de un contrato de trabajo.
Proceso de Postulación y Requisitos
Los trabajadores que cumplan con el perfil pueden solicitar el subsidio directamente a través de la página web del Registro Social de Hogares, o de manera presencial ante el Ministerio de Desarrollo Social en la Subsecretaría de Servicios Sociales. Para ello, deben presentar requisitos como la constancia de trabajo y las últimas tres liquidaciones de sueldo. El primer pago del IMG se realizó en mayo de 2020.
Compatibilidad con Otros Beneficios
El IMG es compatible con el Subsidio al Nuevo Empleo y el IFE Laboral, además del Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM). Sin embargo, si un trabajador tiene derecho a recibir simultáneamente el IMG y alguno de estos dos últimos beneficios (SEJ o BTM), solo recibirá el pago mensual del IMG en virtud de la Ley N° 21.218. Por ejemplo, una mujer que percibe una remuneración equivalente al ingreso mínimo mensual, puede acceder a ingresos líquidos mensuales de más de $500 mil con los beneficios de IMG, AF e IFE Laboral. De forma análoga, un hombre en la misma situación obtendría ingresos líquidos mensuales de más de $480 mil.
Rol de las Empresas y Restricciones
Se establecieron diversas restricciones para que las empresas no utilicen indebidamente este beneficio o disminuyan las remuneraciones de sus trabajadores. La Ley N° 21.218 estableció que el empleador no puede fijar el valor de la remuneración del trabajador en atención al monto del subsidio que este perciba. La Dirección del Trabajo (DT) es la encargada de fiscalizar estas conductas. En caso de irregularidades, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas con los reajustes e intereses correspondientes.
Además, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MSDF) deberá publicar anualmente en su página web el nombre de las empresas con ingresos por ventas mayores a 100 mil unidades de fomento anuales, que posean trabajadores beneficiarios del subsidio durante uno o más meses de dicho año.
En virtud de la modificación legal introducida por la Ley N° 21.360 en julio de 2021, el empleador deberá solicitar mensualmente al MSDF la concesión del beneficio a todos sus trabajadores que pudieran tener derecho a acceder a él. También deberá informar por medios electrónicos a la Inspección del Trabajo del cumplimiento de esta obligación.
Evaluación y Datos de Implementación
El Consejo Superior Laboral (CSL) tiene el mandato de elaborar una evaluación anual del funcionamiento del IMG, considerando su impacto en el mercado laboral, la calificación de los trabajadores, el nivel de remuneraciones y la productividad. El primer Informe de Evaluación Anual del Funcionamiento y Recomendaciones del Ingreso Mínimo Garantizado fue elaborado en noviembre de 2021.
Este informe detalla la Ley N° 21.218, estadísticas descriptivas de los beneficiarios del IMG, una evaluación de la cobertura y su impacto en las remuneraciones, la implementación operativa y conclusiones y recomendaciones.
Entre mayo de 2020 y julio de 2021, se identificó a 798.292 personas que recibieron al menos un pago del IMG, de las cuales un 54% eran mujeres y un 46% hombres. Un 60% de los beneficiarios pertenece al tramo inferior de la clasificación socioeconómica según el Registro Social de Hogares (40% más vulnerable).
En cuanto a la composición del hogar, los hombres beneficiarios viven en hogares con un promedio de 2,8 integrantes, mientras que las mujeres con el beneficio viven en hogares con un promedio de 3 integrantes. Aproximadamente el 50% de los beneficiarios trabajan en los rubros de comercio, servicios administrativos, agricultura, construcción y otros servicios. Se observan diferencias por sexo: un 17% de las mujeres beneficiarias trabaja en comercio, un 16% en servicios, un 11% en actividades de los hogares como empleadores y un 18% en alojamiento u otros servicios.
En mayo de 2020, cuando comenzó a pagarse el IMG, existían cerca de 330 mil beneficiarios, cifra que alcanzó alrededor de 515 mil en julio de 2021. Un tercio de los beneficiarios del subsidio recibieron su primer pago en mayo de 2020 (261 mil personas), y a lo largo de los doce meses siguientes, ingresaron entre 14 y 50 mil beneficiarios mensuales.
Se ha observado que la cantidad de cotizaciones en el SC (Sistema de Cotizaciones) es mayor a la cantidad de pagos recibidos, lo que indica que parte de quienes comenzaron a recibir el IMG en 2020 no se han mantenido de manera continua en el beneficio. Sin embargo, en los últimos seis meses se registra una mayor permanencia en el IMG.
Un tercio de los trabajadores que reciben el IMG trabajan en microempresas, recibiendo en promedio $37.000 mensuales. Proporcionalmente, las empresas más pequeñas concentran más beneficiarios del IMG.
Polémica por Ingreso Mínimo Garantizado de mil pesos
El Debate sobre el Ingreso Básico Universal (IBU)
Frente a la inestabilidad laboral y la desigualdad, surge el debate sobre el Ingreso Básico Universal (IBU), una propuesta que se discute en países que buscan hacer frente a la desaparición de empleos por la automatización. Este ingreso implicaría que todos los ciudadanos recibieran un monto, independientemente de si trabajan o no.
Características del IBU
- Pagado en efectivo: Permite a quienes lo reciben decidir en qué gastarlo.
- Pagado por una comunidad política: No necesariamente por un estado nacional.
- Pagado a todos sus miembros: Abre el debate sobre incluir a personas sin estatus legal y desde qué edad se pagaría.
- Pagado de manera individual: Uniforme para cada miembro del hogar.
- Independiente de los ingresos por trabajo u otros: Se pagaría igualmente a ricos y pobres, aunque los recursos sujetos a carga impositiva podrían gravarse a altas tasas para financiarlo.
- Sin ningún requerimiento laboral: Independientemente del desempeño o disposición a buscar trabajo.
Justificación y Ventajas del IBU
Un argumento fundamental es que el IBU es un instrumento de justicia social que refleja el carácter social o colectivo intrínseco de la riqueza de una sociedad. Ataca la proletarización del trabajo (falta de libertad) postulada por Marx. Implementar un IBU se considera una reforma estructural para avanzar hacia una sociedad con personas libres en un sentido real y no solo formal.
Según Standing (2017), existe evidencia de que un sistema IBU generaría ventajas económicas, aumentando la demanda agregada y propiciando el crecimiento económico al haber dinero adicional circulando en la economía. Esto disminuiría las restricciones en la balanza de pagos y crearía nuevos empleos, aumentando los salarios, el poder de compra y la producción por un efecto multiplicador.
La implementación del Ingreso Básico Universal como un derecho de la sociedad implicaría un nuevo pacto social con un compromiso mínimo de seguridad que actualmente no existe, sin necesidad de derribar el sistema de seguridad social chileno existente.
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