La situación de la infancia y adolescencia bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido objeto de diversas investigaciones y reportes que han revelado graves vulneraciones de derechos. Dos de los documentos más contundentes son la Misión de Observación realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2017 y un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017-2018. Estos estudios han expuesto fallas sistémicas, maltratos y abusos en los centros de protección y justicia juvenil del país.
Misión de Observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2017
El Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, entregó las primeras conclusiones de una misión de observación exhaustiva realizada por el INDH entre enero y abril de 2017. Para esta misión, un equipo de más de 60 profesionales se desplegó en 171 centros de la red nacional del Servicio Nacional de Menores (SENAME) de todas las regiones del país.
El trabajo de observación en terreno consistió en el diagnóstico integral sobre la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) residentes en los Centros de Protección. Esta misión consideró el 83% del total de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) y de Convenios Organismos Colaboradores Sename (OCAS). Los objetivos principales fueron: i) evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos al interior de los centros; ii) evaluar las condiciones laborales en que se desempeñan los funcionarios; y iii) indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos a los NNA residentes.
El diagnóstico comprendió la aplicación de tres instrumentos que evaluaron las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos al interior de los centros, las condiciones laborales de los funcionarios/as, y uno aplicado directamente a 401 niños, niñas y adolescentes para indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos de que pudiesen ser víctimas. Se realizaron entrevistas a los directores de los establecimientos y se encuestó a los trabajadores. Además, se realizó una descripción del estado de la infraestructura y equipamiento de los centros mediante una ficha de observación.
Es importante señalar que en Chile, en la actualidad, existen 250 centros, de los cuales solo 11 corresponden a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del SENAME; todo el resto es administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas, lo que equivale al 95,6% del total.
Perfil de Niños, Niñas y Adolescentes y Trabajadores
A partir de la muestra de 401 NNA entrevistados, se desprende que la población de estos centros es fundamentalmente femenina: el 63,5% corresponde a niñas y adolescentes mujeres. El 60% de ellas tiene entre 8 y 13 años de edad. El grupo predominante lo constituyen niñas de entre 8 y 13 años, que representan un 37,8% del total.
En cuanto al personal, del total de trabajadores entrevistados, la mayor parte corresponde a mujeres, con un 87,9%, lo que da cuenta de una feminización del personal en los centros del SENAME.
Condiciones de Vida y Cuidado
El informe da cuenta que, si bien las necesidades básicas (disponibilidad de camas; acceso a baños, comedor y cocina) están generalmente satisfechas, la calidad de dichas instalaciones no es siempre óptima. En ocasiones, no se está en condiciones de proveer adecuada calefacción, recreación, espacios comunes y condiciones para el resguardo de la identidad y privacidad de los NNA. Resulta preocupante que en un mismo dormitorio convivan adolescentes con niños y niñas de menor edad, o que no se les separe por sexo, lo que tiene una prevalencia cercana al 20% de los casos.
Los centros, asimismo, presentan en un 21% sobrecupo; en el 12,5% de estos casos el sobrecupo puede llegar al 50%, mientras que en el 3%, el sobrecupo puede ser superior al 75%.
En materia de alimentación, resulta crítico destacar que en un 1,6% de los establecimientos a los NNA se les entrega solo entre 1 y 2 comidas diarias, lo que ocurre en el 3% de los centros que acogen a lactantes y preescolares. Las niñas y niños entrevistados declaran en un 16% pasar hambre en el establecimiento.
El 22% de los NNA considera que el personal a cargo de su cuidado no siempre le da un trato respetuoso y cariñoso. Un 34% declara que existe trato discriminatorio (por género, apariencia física u otras características de personalidad) por parte de los funcionarios del hogar hacia ellos o compañeros de centro.
Vinculación con el Medio y Educación
Un 4% de los Centros declara que los NNA no se encuentran autorizados para hablar con el juez directamente en caso de requerirlo. Si bien el 72% de los centros reporta que durante la última visita de los jueces de familia los NNA pudieron hablar con ellos, según el testimonio de los propios NNA, solo el 32% de ellos tuvo la posibilidad de hacerlo.
En el ámbito educativo, si bien el 93% de niñas y niños entrevistados asiste a un establecimiento educacional, solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hace, lo que está 8% por debajo del promedio nacional. El 20% presenta retraso escolar. Solo el 78% de los NNA recibe apoyo en sus tareas.
Una cifra que resulta preocupante es que solo el 77% de los centros declara “autorizar” a los padres a participar en las reuniones de apoderados. El informe indica que, sumado a la vulneración de derechos que han generado las medidas de protección, se añade la falta de garantías sobre su derecho a acceder y progresar en el sistema educativo.
Familia e Identidad
El 40% de los centros estudiados pone algún tipo de restricción a los horarios de visita de la familia. Un 30% no admite más de dos visitas a la semana. Además, en el 57% de los casos, el centro se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que potencia un eventual desarraigo, sentimiento de soledad, pérdida de identidad o “abandono progresivo” de la familia.
Parte de las cifras más preocupantes del informe dice relación con que un 16% de los centros estudiados utilizan el retraso al ingreso de visitas de los familiares como sanción, y que el 13% reporta suspender las visitas por el mal comportamiento del niño o niña. Al respecto, el INDH señala que el marco dado por las orientaciones técnicas del SENAME es muy amplio, discrecional e impreciso para desarrollar acciones de re-vinculación familiar y reforzamiento de la identidad, lo que posibilita prácticas muy diversas para el ejercicio de los derechos de los NNA.
Salud Mental
El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo. Resulta también preocupante que el 45% de quienes presentan al menos uno de estos síntomas señala no haber podido acceder a un psicólogo o psiquiatra dentro o fuera del centro. El 70% de los NNA con al menos un síntoma de depresión indica no encontrarse en tratamiento.
Violencia y Abuso en los Centros
Violencia Institucionalizada
8 de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo durante los últimos 12 meses por parte de algún miembro del personal. Vale destacar la presencia de un 15% de casos en que se priva de contacto con la familia como forma de castigo; un 7% que es dejado sin comida; un 7% comunica que ha sido encerrado; el 12% señala haber sido “contenido físicamente”, es decir, inmovilizado con el cuerpo o manos.
El 46% de los NNA reportó haber sido victimizado por parte del personal del centro mediante maltrato psicológico durante los últimos 12 meses. El 12% ha sido agredido físicamente de manera leve, mientras que el 6% lo ha sido de manera grave (como recibir patadas o quemaduras de cigarro).
Violencia entre Pares
El 48% de los NNA entrevistados indicó haber sido objeto de manera reiterada de maltrato físico y/o psicológico. La violencia afecta por igual a niños y niñas, y con independencia de su edad. De dicho total, el 46% ha sido violentado psicológicamente; el 13% lo ha sido de manera física reiteradamente. Al respecto, resulta crítico que al menos un 19% de los centros no cuenten con protocolos para atender este tipo de situaciones.
Abuso Sexual
El estudio arrojó que, de los NNA entrevistados, en 23 casos se reportó el sufrimiento de abuso sexual durante los últimos 12 meses, lo que corresponde a una prevalencia del 6,4%. Además, se identificaron otros 4 casos ocurridos en el centro actual o anterior, y un caso que fue identificado luego de haber realizado el estudio general. Se tomó conocimiento, asimismo, de otros 5 casos ocurridos con anterioridad al periodo considerado.
Es tristemente destacable que 8 de cada 10 abusos sexuales son experimentados por niñas, lo que indica una feminización de las víctimas de abuso. En el 78% de los casos, el abuso sería cometido por otro menor de edad, mientras que en un 7% el abuso fue efectuado por un adulto del centro. En el 69% de los casos, la víctima sigue en contacto con la persona que habría cometido el abuso. El 52% declara haber sufrido abusos en reiteradas oportunidades, mientras que el 66% de los NNA que reportaron abusos lo experimentaron cuando tenían menos de 14 años.
El Lapidario Informe de la PDI y la Vulneración Sistemática de Derechos
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del SENAME. Sin embargo, los informes posteriores demostraron que la situación no mejoró.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años (entre 2005 y 2016).
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del SENAME. Los detectives visitaron 240 residencias de las 241 existentes (ya sea con administración directa del SENAME o gestionadas por instituciones privadas); solo una se negó a recibirlos.
Las conclusiones de este lapidario informe de la PDI, que investigó 240 hogares de menores en 2017, son contundentes: en el 100% de los centros que administra directamente el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Tan grave como lo anterior es que el informe policial, de 257 páginas (resumen de una extensa investigación contenida en 28 tomos), fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, criticó la falta de transparencia del gobierno y la Fiscalía.
Este reporte de la PDI es mucho más completo que otro documento de la ONU del año anterior, el cual solo visitó cuatro residencias. El informe de la policía consideró 240, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el SENAME tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado una violación de derechos sistemática en el 100% de los hogares administrados directamente por el SENAME.
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena de reportes elaborados por diversas instituciones a lo largo de los últimos siete años, entre los que destaca el Informe Jeldres (investigación del Poder Judicial y Unicef). Tras cada informe, las autoridades han anunciado medidas, sanciones y reformas, pero la situación persiste.
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre, no solo el SENAME, sino también el Poder Judicial. Los jueces de familia tienen la obligación de visitar los centros dos veces al año, lo que plantea la interrogante de por qué estas vulneraciones sistemáticas no fueron detectadas ni abordadas previamente.
Hallazgos Específicos del Informe PDI
Tipos de Vulneraciones y Abusos
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos
- 1.265 maltratos entre pares
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores
Buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los CREAD (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, contabilizándose 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los CREAD y 10 en otros centros), y 187 por otros menores, la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico al afirmar: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros." Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que sube al 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
Incumplimiento de Protocolos y Falta de Fiscalización
El equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME" para asegurar el resguardo de la integridad de los niños. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esta situación es crítica, considerando que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
El SENAME, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar la existencia y cumplimiento de estos protocolos. A pesar de que el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, si bien los centros deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de sus hallazgos. Había casos que requerían atención urgente, como los 40 menores con “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al SENAME y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos, por lo que los datos levantados son casi exclusivamente de ese año.
Problemas de Salud y Cuidado Especializado
Según el reporte de la PDI, la cifra de menores a cargo del SENAME que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Adicionalmente, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta situación es alarmante: 42 centros no tienen un encargado de salud. De los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, un puesto para el que solo se exige cuarto medio rendido.
Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del SENAME, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta, si se considera que el 93,8% de los centros del SENAME “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Reacciones Políticas y Contexto Internacional
Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia del informe de la PDI, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento, afirmando: "El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio." Larraín argumentó que, si bien sabía que se estaba realizando el estudio, este era para un proceso judicial del que el Ejecutivo no era parte.
La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por Naciones Unidas, busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Los hallazgos de estos informes contrastan fuertemente con los principios de este tratado internacional.
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Conclusiones y Recomendaciones del INDH para la Protección de la Infancia
Las conclusiones del estudio del INDH son numerosas y de variado orden. Entre ellas, se destacan las siguientes recomendaciones clave:
- Toda prohibición de relación entre un familiar y el niño o niña bajo protección del Estado debe estar fundada en una resolución de la autoridad judicial, basada en la realización de su interés superior.
- El Estado debe establecer criterios uniformes, dirigidos a las residencias, en la regulación de los días, horarios y frecuencias de las visitas de familiares u otros adultos significativos a niños o niñas residentes, así como de las actividades a realizar, la supervisión y desarrollo de las mismas.
- No se debe establecer como sanción la prohibición de visitas a niños o niñas o su comunicación con familiares o adultos significativos, ya sea por mala conducta del o la residente o por atrasos de los familiares.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los niños y niñas residentes, como, por ejemplo, la existencia de un libro de vida que permita la reconstrucción de su pasado y el registro de su experiencia en el centro.
- Atender la estabilidad emocional de los y las cuidadoras y profesionales que trabajan en los centros, de modo que puedan cumplir la función de sostén y contención de niños y niñas.
- Se debe promover el conocimiento y observancia de los protocolos existentes elaborados por SENAME, por parte de los y las trabajadoras, en materia de maltrato. Asimismo, se debe promover el conocimiento y observancia de la ley N° 21.013 que sanciona el maltrato a niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad perpetrado por quienes tienen un deber de cuidado.
- Con el fin de permitir a niños y niñas residentes el derecho a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual, resulta imprescindible generar las condiciones que garanticen efectivamente su ejercicio. El mecanismo de denuncia no debería ser una sola pregunta dirigida a los niños y niñas, ya que no necesariamente una pregunta será suficiente para una develación de abuso.
- Especialmente en materia de abuso sexual, los y las trabajadoras de las residencias deben estar capacitadas y contar con las competencias para una escucha efectiva a los niños o niñas, a fin de identificar situaciones de riesgo o de abusos sexuales consumados.