La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero, como revelaría un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) en 2017, estas acciones no solo no cesaron, sino que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela.
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El Lapidario Informe de la PDI y sus Hallazgos
En diciembre de 2018, la Fiscalía recibió un informe policial de la PDI que, aunque no se hizo público inicialmente, constató una dramática realidad. El documento de 257 páginas, al cual accedió CIPER, es un resumen de la extensa investigación, contenida en 28 tomos, realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename registradas entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette.
Alcance de la Investigación y Vulneraciones Constatadas
La investigación de la PDI fue mucho más exhaustiva que informes previos, como el de la ONU, que visitó solo cuatro residencias. El reporte policial consideró 240 de un total de 241 centros existentes en todo el país, dando cuenta de la situación de cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Solo una residencia se negó a recibirlos.
Los detectives constataron 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños, niñas y adolescentes. Estos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe indicó que en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron abusos, con un total de 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros), y 187 fueron perpetrados por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, se constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo, por lo que los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
Fallos en Protocolos y Fiscalización
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. El informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Asimismo, a pesar de que los centros del Sename deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
La Problemática de Salud de los Residentes
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esa afirmación es sorprendente:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- De entre los 198 centros que sí cuentan con uno, en 55 la función es ejercida por un técnico de un área distinta a la salud.
- En 159 centros (el 66,3% del total), la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado.
Una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta, si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Reacciones y Negación ante el Informe
Declaraciones de Autoridades
Tras la denuncia del diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia de este informe de la PDI el martes 2 de julio de 2019, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio”. Larraín afirmó que tuvo conocimiento de que se estaba realizando este estudio para un proceso judicial del que el Ejecutivo no es parte, pero desconocía si se concluyó, si lo tenía el juez o si estaba en proceso de investigación.
El diputado Saffirio, quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename, a juicio del parlamentario, consideró muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo, y le pidió la renuncia al ministro Larraín ante la gravedad de los hechos.
Críticas Políticas y Demandas de Reforma
El senador Patricio Walker aseguró que "las cifras entregadas por el Sename dan cuenta de una realidad dramática, dolorosa e inaceptable". Sus pares, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y el senador Manuel José Ossandón, criticaron la falta de un plan concreto con financiamiento desde el gobierno.
La senadora Van Rysselberghe calificó la exposición de la directora del Sename, Solange Huerta, como "decepcionante" y recalcó que "quedé con una sensación amarga pues la crisis en el Sename surge con la muerte de una menor en el Centro Galvarino a principios de año y todavía no vemos un plan de acción concreto financiado con recursos específicos". Por su parte, el senador Ossandón argumentó que tras conocer este informe quedaba claro que "el Sename violentó los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes porque actuó en su calidad de agente del Estado".
Felipe Kast habló de su experiencia visitando centros de menores, contrastada con la indiferencia política, e instó a dejar la rabia y plantear una propuesta. Según él, "la solución pasa por una decisión política de modernizar el SENAME a través de una reforma estructural", comparando la falta de acción social con la institución de lujo que es el Banco Central.
El Contexto Histórico y la Crisis del Sename
Investigaciones Precedentes
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de sus hallazgos dio pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, además del reporte de la ONU.
Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas. Sin embargo, "eso no pasó". El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
La Voz del Periodismo y la Sociedad Civil
Periodistas y miembros de la sociedad civil han insistido en que esta crisis no es un fenómeno reciente. Una periodista señaló: “Que todos estén sorprendidos ya no me provoca ni rabia, porque el periodismo sí hizo su pega y la hicimos bien”, citando las denuncias realizadas por los programas Contacto, Informe Especial, En la mira y los diarios El Mercurio y La Tercera. “Lo de la crisis en el Sename lo venimos diciendo hace 10 años”. La periodista expuso acerca de la situación crítica que enfrenta la institución: 1.313 muertes en la última década, niñas y niños violados, golpeados, abandonados, fugados.
Nicolás Canales, líder de inclusión social de Desafío Levantemos Chile, indicó que “los niños del Sename viven un 28 de febrero todos los días, un verdadero terremoto social”. Atribuyó las razones a un Estado que no puede, una sociedad civil pasiva y una población que carga con el estigma social. Además de preocuparse, expresó Canales, "debemos ocuparnos", y en su opinión, esta crisis no comenzó ni con el caso de Lissette Villa, ni hace 10 años, sino que viene de mucho antes, siendo "un problema no solo del Estado sino de la sociedad civil".
El Caso Lissette Villa: Nuevos Antecedentes
Un informe reservado elaborado por el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales de la PDI (Cavas) sobre la menor Lissette Villa, con fecha 29 de enero de 2016, concluyó que la niña habría sido víctima de ataques sexuales por parte de su padre, Javier Villa Hidalgo (57). La existencia de este documento, parte de la carpeta investigativa, fue el principal fundamento que el querellante Sebastián Lafaurie, en representación de la madre de la menor, Juana Poblete, expuso ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago para sustentar su pretensión de excluir al padre como querellante en el caso, ya que a su juicio, el hombre no tenía legitimación activa como víctima, sino como victimario.
En el escrito de 12 páginas, al que tuvo acceso Emol, se establece que Lissette "presenta indicadores de daño severo vinculados a diversos eventos biográficos de índole traumática, entre los que se encuentran experiencias de transgresión en la esfera de la sexualidad, siendo de mayor impacto aquellas que la referida vincula a su figura paterna". De acuerdo al análisis, la menor "refiere experiencias de transgresión sexual acontecidas en la comuna de Tiltil, durante el periodo en que habitaba con su familia de origen", señalando que "habría sido objeto de vulneraciones en la esfera de la sexualidad por parte de su figura paterna, dando cuenta de una experiencia negativa, indicando elementos sensoriales relacionados a una vivencia invasiva hacia su corporalidad vinculada a la genitalidad masculina, identificando al señor Javier Villa como autor de esta".
El informe agrega que la niña “solo logra verbalizar elementos parciales vinculados a su vivencia de vulneración sexual, siendo incapaz de entregar un relato fluido y detallado de los hechos, debido a que la evocación y verbalización de estas experiencias traumáticas da lugar a una significativa perturbación emocional”. En concordancia con lo anterior, al explorar los aspectos más profundos vinculados a las vivencias de vulneración sexual asociadas a su figura paterna, aparecen sentimientos de indefensión y temor.
Financiamiento y Prioridad de la Infancia
En la Comisión Especial sobre temas de Infancia, convocada para analizar los recursos presupuestarios necesarios para el adecuado funcionamiento del Sename y su proyección para el año 2017, la directora del Sename, Solange Huerta, informó que entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016, 243 menores fallecieron en los centros que se encuentran bajo la administración del organismo, 210 de ellos en el sistema residencial y 33 en centros de Justicia Juvenil. De los 210 decesos en el sistema de protección residencial (centros del Sename o de organismos colaboradores privados), 131 estaban asociados a alguna enfermedad. Además, 406 niños fallecieron mientras vivían con sus familias y eran atendidos en programas ambulatorios a cargo de organismos privados, y 215 adultos que permanecían en centros de protección por tener graves discapacidades, al no existir otros organismos que los acogieran, también fallecieron en este periodo.
Al respecto, el senador Patricio Walker reiteró la necesidad de hacer una "cirugía mayor" a esta institución e instó al Ministerio de Salud a comprometerse con la atención urgente de los niños "con enfermedades mentales o con enfermedades basales que puedan terminar en muerte o en el suicidio". Según el parlamentario, "las cifras entregadas por el Sename dan cuenta de una realidad dramática, dolorosa e inaceptable de muertes de niños durante los últimos 11 años, muchas de ellas no registradas. Este es un tema que tiene que cambiar".
El presidente de la Comisión Especial sobre temas de Infancia del Senado aseguró que "acá no basta contar niños muertos, tenemos que buscar soluciones, porque estamos hablando de personas, estamos hablando del futuro y del presente de Chile, de la gente más marginada". Criticó que la subvención basal para los niños que residen en instituciones colaboradoras de Sename era de 215 mil pesos, en circunstancias que por cada preso se invertían 600 mil pesos, evidenciando que "los niños no son prioridad".
El legislador afirmó que "falta crear una nueva institucionalidad que signifique una cirugía mayor al Sename para que a los niños, cuyos derechos han sido vulnerados, el Estado se los restituya. Es el Estado el que tiene la mayor responsabilidad en la protección de los derechos de la infancia". Walker agregó que era muy importante aclarar las causas de las muertes, ya que un 60% murieron por causas naturales o enfermedad, en un 15% no hubo enfermedad y en un 25% no había claridad. Finalmente, el senador Walker indicó que se alegraba de que la Presidenta hubiera anunciado 16 mil quinientos millones de pesos adicionales al presupuesto de Sename, que apuntarían a mejorar las residencias, los programas de salud mental y las fiscalizaciones a los hogares, pero lamentó que "los niños en Chile nunca han sido prioridad. Los niños siempre han sido el patio trasero de las preocupaciones del Estado".
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