En medio del intenso debate público en torno a las 419 pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social, la Contraloría General de la República dio a conocer el resultado de una auditoría exhaustiva sobre el proceso de entrega de estos beneficios, realizado entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022. El documento de 79 carillas evidencia una serie de falencias administrativas que comprometen la legalidad de los otorgamientos.
La investigación del organismo, liderado por Dorothy Pérez, verificó las labores del Departamento de Acción Social (DAS) y las gestiones de acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), confirmando importantes vacíos en el control del gasto público.
Siete falencias clave identificadas
1. Falta de acreditación y validación de datos
La Contraloría estableció que el INDH era el organismo encargado de acreditar la calidad de víctima, sin que existiera una instancia superior que validara dichos antecedentes. El DAS no confirmó la información remitida, lo que genera un riesgo de otorgar beneficios por montos o plazos que no corresponden a la realidad del daño sufrido.
2. Cuestionamientos a los antecedentes médicos
Se constató que 19 expedientes carecían de antecedentes médicos, presentaban certificados ilegibles, sin diagnóstico claro o con fechas anteriores a octubre de 2019. Aunque el INDH subsanó 9 de estos casos, la Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Interior iniciar procesos disciplinarios para determinar responsabilidades administrativas.
3. Beneficiarios con antecedentes penales
Uno de los puntos más complejos indica que 58 de los 419 beneficiarios cuentan con condenas previas. Entre los delitos registrados se encuentran:
- Producción de material pornográfico infantil
- Abuso sexual y homicidio
- Robo con violencia
- Tráfico y microtráfico de estupefacientes
- Lesiones en contexto de violencia intrafamiliar
Contraloría solicitó a la Subsecretaría del Interior actualizar el manual de procedimientos para incluir la revisión obligatoria de antecedentes penales.
4. Incompatibilidad de beneficios
Se identificaron 11 pensionados que, durante 2022, también recibieron el Subsidio Único Familiar (SUF). Aunque el Instituto de Previsión Social (IPS) no encontró una norma legal explícita que impida esta acumulación, el ente contralor subrayó que el actuar del DAS infringe los principios de eficiencia y responsabilidad estatal.
5. Categorización arbitraria de montos
La auditoría reveló que el documento utilizado para categorizar las lesiones y asignar los montos de las pensiones no contaba con una aprobación formal. Esto contraviene la normativa vigente al permitir incrementos de pensiones sin un sustento técnico claro.
6. Aumentos sin respaldo administrativo
No fue posible verificar los fundamentos de los aumentos en los montos de las pensiones otorgadas. Las actas de la Comisión Asesora no detallan los antecedentes considerados para justificar las alzas, contraviniendo los principios de transparencia y control.
7. Irregularidades en la notificación de pagos
El proceso de pago presenta falta de mecanismos para verificar la autenticidad de los actos administrativos. Además, se detectaron retrasos significativos: 42 decretos fueron entregados con demoras superiores a 40 días, y 18 superaron los 100 días de retraso tras su tramitación.
Perspectiva institucional y desafíos
El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, enfatizó que este tipo de fiscalizaciones son esenciales para evaluar el cumplimiento de las instituciones. Según datos del CPLT, la Subsecretaría del Interior emitió 782 actos sobre pensiones de gracia en el período analizado, donde el 41% concedió nuevos beneficios y el 32% aumentó pensiones ya existentes.
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Por su parte, parlamentarios como el diputado Andrés Longton han cuestionado que se prioricen intereses políticos por sobre el correcto uso de los recursos públicos, especialmente ante la crisis de seguridad actual, instando al Gobierno a utilizar la vía de la revocación o invalidación para dejar sin efecto los beneficios otorgados irregularmente.
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