La protección de niños, niñas y adolescentes en Chile ha sido objeto de intenso debate y preocupación, especialmente a raíz de la viralización de registros que exponen la dura realidad de los centros de protección al menor. La pregunta central que surge es: ¿Qué hacer con el Sename? ¿Cómo proteger a los niños, niñas y adolescentes? Para muchos, la situación actual es un reflejo de las problemáticas que aquejan a estos centros desde hace más de tres décadas.
Testimonios Devastadores: El Impacto en la Infancia
Las experiencias de quienes han vivido en hogares del Sename pintan un panorama desolador. Un testimonio de Edson, quien también residió en un centro de protección, describe cómo en estos lugares se "muelen emociones, matan la infancia". Señala que los niños allí necesitan protección, pero en cambio, sufren un daño profundo.
Alejandra, quien prefirió mantener el anonimato por temor a la estigmatización, relató la crueldad experimentada: "La gente es mala, dejan que abusen de ti. Que te peguen, que te maltraten, por cualquier cosa". Su relato revela la soledad y la falta de afecto, recordando cómo debía esconder una muñeca, su único juguete, y cómo el Sename "le rompió la vida". Las secuelas de esta experiencia son descritas como una tortura constante, incluyendo violaciones sufridas desde los siete años, y la obligación de lavarse por haberse "portado mal".
Un Historial de Conflictos y Cifras Alarmantes
El historial del Sename está marcado por cifras impactantes. En solo 12 años, se registraron 1.313 menores fallecidos. Esta alarmante estadística cobró mayor relevancia tras la muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016, un caso que conmocionó al país y movilizó a diversas instituciones estatales.
En 2017, por encargo del fiscal Marco Emilfork, la Policía de Investigaciones (PDI) elaboró un informe lapidario. Este documento concluyó que el Estado chileno viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. La investigación abarcó 240 hogares de menores, y los resultados fueron contundentes: en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual.
El Informe de la PDI: Una Radiografía Crítica
El informe de la PDI, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público de inmediato, lo que generó controversia. El documento, de 257 páginas y basado en una investigación de 28 tomos, confirmó la gravedad de la situación. Se determinó que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe, criticó la falta de difusión y solicitó la renuncia del entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín. Saffirio destacó que este reporte es mucho más completo que uno previo de la ONU, ya que la PDI consideró 240 de los 241 hogares de menores en el país, abarcando a cerca de 6.500 niños.
Detalles del Informe de la PDI:
- Violaciones sistemáticas: El informe confirma una violencia sistemática, similar a la documentada por la ONU, pero con un alcance mucho mayor.
- Alcance de la investigación: Se investigaron 240 residencias de un total de 241, abarcando a casi todos los menores bajo el sistema de residencias del Sename.
- Abusos constatados: Se documentaron 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos, incluyendo 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por familiares, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales entre menores.
- Casos de alta complejidad: Se identificaron 40 menores con "alta complejidad médica" y "posible riesgo vital", cuya situación fue informada al Ministerio de Justicia, Sename y Ministerio de Salud en mayo de 2018.
- Falta de información previa: La mayoría de los directores de centros no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones, limitando los datos recabados principalmente a ese año.
Crisis del Sename
Responsabilidades Institucionales y Falta de Fiscalización
El informe de la PDI pone en entredicho a varias instituciones, no solo al Sename, sino también al Poder Judicial. Se cuestiona la labor de los jueces de familia, quienes deben visitar los centros dos veces al año, y si realmente han detectado y abordado estas vulneraciones sistemáticas.
Este documento se suma a una serie de reportes elaborados por diversas instituciones en los últimos siete años, incluyendo el Informe Jeldres (Poder Judicial y Unicef), informes de la Contraloría, y el reporte de la ONU. A pesar de cada informe, las medidas, sanciones y reformas anunciadas por las autoridades no han logrado erradicar los problemas de fondo.
Protocolos Incumplidos y Condiciones Deficientes:
- Incumplimiento de protocolos: El 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos por el Sename.
- Protocolos ante conductas suicidas: El 72,9% de los centros a nivel nacional carece de protocolos para abordar conductas suicidas.
- Protocolos de contención física: El 76,7% de los hogares no cuenta con un protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", una falencia crítica considerando la muerte de Lissette Villa.
- Protocolos ante fallecimiento: La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
- Fiscalización: Aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, estas supervisiones suelen ser coordinadas previamente. Los tribunales de familia también deben fiscalizar, pero se constató que algunos hogares solo recibieron visitas anuales.
Problemas de Salud y Personal No Calificado
La PDI también expuso la alta prevalencia de enfermedades entre los menores atendidos: un 37,3% padece alguna enfermedad psiquiátrica, un 14,2% alguna patología médica, un 13,9% una enfermedad crónica, y un 19,8% algún tipo de discapacidad.
La situación se agrava por la falta de personal calificado en salud. En 42 centros no hay un encargado de salud, y en otros, la función es ejercida por personal sin la formación adecuada. Peor aún, en el 66,3% de los centros, la administración de medicamentos recae en educadores de trato directo sin formación en el área de la salud, quienes solo requieren cuarto medio para ser contratados.
Una investigación de CIPER de 2016 ya había alertado sobre el suministro de fármacos sin control, a menudo como medida de contención. La situación estructural de los centros tampoco es la adecuada, ya que el 93,8% "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Reacciones y Aclaraciones de Corporación Opción
Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, negó haber conocido el informe de la PDI, calificando de "falso" lo dicho por el parlamentario. Afirmó que el Ministerio de Justicia no había recibido dicho informe.
Por otro lado, la Corporación Opción emitió una declaración manifestando su molestia ante un reportaje de Canal 13, argumentando que no se ajustaba a la realidad de su institución y que contenía información parcial y sesgada. La corporación aclaró varios puntos:
- El caso de Jéssica y su nieta no fue atendido por la Corporación Opción, la cual no tiene cobertura en la comuna de Talagante para Programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM).
- El profesional Lucha Venegas, entrevistado en el reportaje, nunca tuvo vínculo laboral con la Corporación Opción.
- Un documento exhibido no correspondía a una pericia de OPCIÓN, sino a una demanda laboral donde no se determinó responsabilidad de la corporación.
- Un Informe de la Contraloría General de la República citado se refería a una auditoría en el Programa CEPIJ Lo Prado, no a un Programa DAM, y la irregularidad detectada fue puntualmente con ex trabajadores, siendo denunciada por OPCIÓN y respondida en forma.
- Los Programas DAM de OPCIÓN tienen un standard de asignación de 20 casos por dupla psicosocial, siguiendo lo establecido por SENAME, y no 40 como se sugería.
- La corporación rechaza la práctica de "copy paste" de informes diagnósticos y posee mecanismos de revisión interna.
- Cada informe DAM establece recomendaciones al Tribunal, correspondiendo a este último adoptar las decisiones.
- En los Programas DAM de OPCIÓN, menos del 1% de los casos sugiere la separación del niño de su familia.
- Corporación Opción atiende anualmente a más de 26.000 niños y niñas a nivel nacional, sin implementar residencias.
La Corporación Opción reafirmó su compromiso de seguir trabajando con seriedad y profesionalismo, buscando garantizar, defender y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.
Desafíos y Propuestas para el Futuro
El informe de la PDI y los testimonios recogidos evidencian una crisis profunda en el sistema de protección de menores en Chile. La falta de recursos, la deficiencia en la fiscalización, la ausencia de protocolos adecuados y la presencia de personal no calificado son solo algunos de los graves problemas identificados.
Se ha planteado la necesidad de crear el Organismo de Capacitación y Evaluación del Personal del SENAME (OCEP-SENAME), financiado con recursos del propio Sename, para desarrollar programas de capacitación y perfeccionamiento para sus trabajadores.
La situación de los menores en programas residenciales también es preocupante. Los lineamientos técnicos del Sename establecen un máximo de 365 días de permanencia, pero entre 2012 y 2015 se evidenció un promedio tres veces superior. Además, los Organismos Colaboradores (OCAS) concentraron el 99,07% de los niños atendidos en 2015 y tienen la facultad de rechazar derivaciones, generando largas listas de espera.
La comisión investigadora también señaló falencias institucionales, de infraestructura, supervisión y administración financiera, destacando que muchas de estas situaciones de arrastre histórico se repiten sin solución. A su vez, se ha cuestionado el enfoque político histórico del Sector de Justicia, y cómo propuestas previas para abordar la crisis no fueron debidamente consideradas.