En Chile, se ha constatado históricamente una sistemática violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que deberían estar bajo la protección del Estado, situación que persiste en algunos centros del Servicio Nacional de Menores (Sename). Ante esta crítica realidad, el 1 de octubre entra en vigor Mejor Niñez, un nuevo servicio destinado a reemplazar al Sename y a superar su historial de vulneraciones, lo que representa un desafío considerable dado que aún no existe una ley que garantice plenamente los derechos de la infancia en el país.
La Transición de Sename a Mejor Niñez y los Desafíos Pendientes
La iniciativa 3xi, en colaboración con la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, formó hace cuatro años Juntos por la Infancia, un proyecto enfocado en mejorar la calidad de vida y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que residen en hogares del Sename, conectando a empresas con estas instituciones.
Voces Expertas sobre los Estándares y Retos
En un panel de discusión, la directora implementadora del nuevo servicio, María José Castro, y el director técnico del Hogar de Cristo, Carlos Vöhringer, abordaron los estándares, presupuestos y los retos pendientes de esta transición. Por su parte, María Elena Santibáñez, querellante en el caso del fallecimiento de Lissette Villa, una niña de 11 años que murió en 2016 en un centro del Sename, expuso las dificultades para investigar las vulneraciones de derechos humanos de los menores.
Críticas al Funcionamiento del Sename y la Falta de Voluntad Política
El sistema de protección a la infancia en Chile ha sido objeto de duras críticas desde principios de la década de los 90. A pesar de las constantes denuncias de distintos frentes, las respuestas han sido insuficientes, lo que evidencia una falta de voluntad política para transformar la situación. Como resultado, los niños, niñas y adolescentes han permanecido en condiciones de vida precarias, expuestos a riesgos para su salud física y psicológica, e incluso a la muerte. Desde su creación en 1979, el Sename se ha convertido en una "verdadera máquina productora de exclusión social".
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El Trágico Caso de Lissette Villa: Un Punto de Inflexión
La muerte de Lissette Villa en abril de 2016, a causa de una crisis no manejada adecuadamente por sus cuidadoras en el hogar Galvarino (administrado por el Sename), evidenció la grave falta de capacitación y protocolos en el servicio. Conne Fritz, asistente de contador sin experiencia como educadora de trato directo, y Thiare Oyarce, sin título ni contrato, aplicaron métodos de inmovilización que resultaron fatales para la menor.
Informe de la Comisión Investigadora y Presupuesto
La comisión del Sename II de la Cámara de Diputados, un año y dos meses después, aprobó un informe que investigó la respuesta del Estado a las recomendaciones de la primera comisión en 2014. Las conclusiones fueron desalentadoras, especialmente en cuanto a la drástica reducción del presupuesto destinado a capacitación y formación, lo que precisamente hizo falta en el caso de Lissette.
Según el borrador del informe, al que accedió CIPER, el presupuesto para capacitación y perfeccionamiento de funcionarios disminuyó un 399%. Además, se reveló que 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado de menores no habían sido fiscalizados en los últimos tres años, lo que representaba un monto de 146 mil millones de pesos destinados en el presupuesto de 2017 para 1.204 programas gestionados por privados.
Responsabilidades y Prioridades del Sename
El debate público se centró en las responsabilidades políticas de ex ministras y directores, pero funcionarios y colaboradores indicaron que el verdadero problema radicaba en cómo el Sename establecía sus prioridades en la asignación de fondos. Los testimonios recogidos por CIPER señalaron que las capacitaciones eran escasas y poco útiles para el trabajo real con los menores, y las fiscalizaciones eran laxas. La jueza de familia Mónica Jeldres, en su informe de 2012, ya había alertado sobre los graves abusos sufridos por los menores bajo protección del Estado.
La Persistencia de las Fallas Institucionales
Falta de Capacitación y Fiscalización
Christopher Simpson, educador de trato directo en un centro del Sename en Til Til, expresó su temor ante la falta de capacitación, habiendo recibido solo un curso insuficiente en casi cinco años. Esta carencia afecta su formación y desarrollo profesional, y es especialmente preocupante en temas como la inclusión, ante la llegada de menores trans, por ejemplo. Luis Ortúzar, director del Hogar Aldea Mis Amigos, confirmó que su centro no había recibido capacitaciones de la administración central en al menos cinco años, lo que obliga a las organizaciones a realizar capacitaciones internas, restando tiempo de trabajo directo con los niños.
El diputado Ramón Farías afirmó que la falta de capacitación y perfeccionamiento incide directamente en otro punto crítico: la fiscalización. Explicó que la reducción del presupuesto del Sename conlleva una disminución de las fiscalizaciones, y la forma actual de realizarlas, basada en un simple "checklist" cuantitativo, es "insuficiente".
Ineficiencia en la Gestión de Fondos
Todos los entrevistados por CIPER coincidieron en que la fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas colaboradoras del Sename (OCAS) era, como mínimo, insuficiente. La eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto de este año empeoró aún más la situación. Un funcionario del área de licitaciones explicó que los OCAS a menudo "guardan" fondos por si cierran programas, lo que resulta en la desaprovechamiento de recursos.
Las inspecciones, según Simpson, son "someras", centrándose en datos cuantitativos sin evaluar el avance en la intervención de los menores. En cuanto a las inspecciones financieras, solo se revisan las boletas para verificar que "cuadren", sin un análisis exhaustivo. El psicólogo Matías Marchant señaló que esta forma de supervisión "ayuda más a ocultar las falencias que a encontrarlas".
La Ley 20.032, que establece mecanismos para subvencionar gastos de intervención, no especifica la "glosa" en los convenios, lo que significa que un programa puede ser pagado por cien niños, incluso si solo atiende a veinte. Luis Ortúzar defendió el rol de los OCAS, explicando que la subvención mensual de $180 mil por niño es insuficiente para garantizar un buen cuidado y mantener un equipo profesional estable, lo cual es fundamental para el bienestar de los menores.
La Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez: Un Intento Fallido
En mayo, cuatro integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez anunciaron su renuncia colectiva. Esta comisión, anunciada en 2024, tenía como objetivo establecer una "verdad histórica" sobre las vulneraciones sufridas por menores bajo el cuidado del Estado entre 1979 y 2024, sirviendo de base para proponer mecanismos de reparación. Las desavenencias y reproches al funcionamiento actual culminaron con la renuncia de su presidenta, Soledad Larraín, y los comisionados Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.
Cuestionamientos a la Autonomía y el Compromiso del Ejecutivo
Estela Ortiz, exvicepresidenta Ejecutiva de la Junji, advirtió en una conversación con La Tercera sobre la falta de claridad en el compromiso del Ejecutivo con las víctimas. Las propuestas de la comisión no fueron aceptadas, y la intención de traspasarla a la subsecretaría de Niñez implicaba un retraso significativo. La injerencia en el personal y la autonomía de la comisión, con la intención de despedir al 50% de los profesionales encargados de las "escuchas" a las víctimas, se convirtió en el punto de inflexión. Esto, a pesar de los innovadores mecanismos establecidos para escuchar a las personas vulneradas y la falta de colaboración de otros organismos como Educación, Salud y Desarrollo Social.
Los exmiembros de la comisión enfatizaron que el problema de vulneración de derechos es un asunto de Estado que se arrastra por casi 50 años, requiriendo inversión de recursos para su erradicación definitiva. Acusaron una visión "economicista" por parte de las autoridades, que prioriza temas administrativos sobre la infancia. Las diferencias internas previas en la comisión nunca pusieron en riesgo su mandato, pero este gobierno, al considerar el desempeño en términos de "metas administrativas", "ha puesto en riesgo el sentido profundo de esta comisión por vulneraciones a niños del Sename".
La Necesidad de un Compromiso Genuino
Ortiz lamentó la falta de compromiso de las nuevas autoridades, señalando una visión diferente en el tema de derechos humanos. Criticó la falta de comprensión del proceso de escucha y el tiempo que toma llegar a las personas vulneradas, especialmente sin recursos ni apoyo. La solución de "sacar gente" en lugar de buscar acuerdos entre expertos de distintas sensibilidades, fue inaceptable para los comisionados renunciantes. La llegada del nuevo director ejecutivo de la Comisión, Pedro Natho, generó la esperanza de un futuro encuentro.
Hacia una Transformación Profunda: Más Allá del "No + Sename"
La frase “No+ Sename”, usada por organizaciones y personas que rechazan el servicio, expresa el deseo de poner fin a la desprotección, precariedad, discriminación y malos tratos sufridos por niños, niñas y adolescentes. Se busca mejorar los modelos de atención, la calidad de los programas, el diseño, la presencia territorial, la oferta intersectorial (especialmente en salud y educación), la institucionalidad, la legislación, la coordinación con los tribunales de justicia y la especialización de los profesionales.
Responsabilidad Estatal y Ley de Garantías de Derechos
Una condición fundamental para transformar esta realidad es que el Estado tome una acción determinada para proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas. Es urgente detener la violencia en los centros del Sename y abrir el debate sobre un proyecto de ley de garantía de derechos para niños y niñas. Rodrigo Paz, director regional (s) del Sename Maule, enfatizó que "solo una transformación profunda puede salvar las vidas de otros niños y niñas".
Es imperativo establecer una ley de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia antes de cualquier división del Sename, que abarque a todos los niños, no solo a los más vulnerables o infractores de ley. El proyecto de ley que se encuentra en el Congreso busca separar las funciones del Sename creando un Servicio Nacional de Infractores de Ley y otro Servicio Nacional para niños y adolescentes vulnerados en sus derechos.
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El Trauma y el Silencio Cómplice
La investigación de casos de la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad sobre vulneraciones de derechos humanos a niños y adolescentes resguardados por el Sename es crucial. Los silencios, la falta de reconocimiento, la falta de verdad, justicia y reparación profundizan el trauma. La muerte de Lissette Villa obligó a la sociedad a confrontar la indulgencia con la que estos casos eran abordados. Antes de Lissette, el Informe Jeldres de 2013 ya había revelado que el 88% de las residencias registraba vulneraciones graves y el 100% de los centros públicos del Sename incurrían en prácticas sistemáticas que lesionaban los derechos de los menores.
A pesar de los avances del actual Gobierno, como la creación de Mejor Niñez y la promulgación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la cantidad de años de espera para detener esta violencia es alarmante. La comisión no es un mero acto político, sino una oportunidad para superar la negación y los eufemismos que han marcado la historia del país. La única manera de no repetir esta historia es responsabilizarse hoy por los cambios venideros, construir un nuevo escenario, desechando las "reformas aisladas" que no han resuelto el problema de fondo. El Estado de Chile debe asegurar los recursos necesarios para construir un sistema de garantías y protección de derechos en todas sus dimensiones.
La Niñez como Actor Social y Protagonista Constitucional
En Chile, los niños, niñas y adolescentes, que representan aproximadamente un cuarto de la población, han demostrado ser un actor social capaz de remover el statu quo. Han sido protagonistas en movimientos como la movilización pingüina en 2006, la instalación de la emergencia climática, las protestas contra el alza del pasaje del metro en 2019 y la lucha feminista. Considerando que la nueva Constitución sentará las bases para un pacto social donde las nuevas generaciones serán protagonistas, es urgente incluir a niños, niñas y adolescentes en este proceso.
Desafíos para la Nueva Constitución
Los desafíos inmediatos son asegurar su participación efectiva en el proceso constituyente y consagrar un estatuto constitucional para niños, niñas y adolescentes en el texto final. El Reglamento de Participación Popular de la Convención Constitucional busca garantizar su derecho a ser oídos y participar de manera incidente, reconociendo principios como la autonomía progresiva y promoviendo la disminución de la edad para el voto en el plebiscito de salida.
Chile es uno de los pocos países en Sudamérica que no menciona a niños, niñas y adolescentes a nivel constitucional, lo que refleja una deuda en la protección integral de sus derechos. A las vulneraciones del Sename y los fallidos esfuerzos por una ley de garantías, se suma el impacto de la pandemia. Según el Informe Anual de la Defensoría de la Niñez, el 13% de los menores viven en hacinamiento, 9 de cada 10 reportaron ansiedad durante la cuarentena y uno de cada 5 no asistió a establecimientos educacionales.
Garantía de Derechos Sociales y Perspectiva Interseccional
Esto exige una Constitución que garantice un sistema de derechos sociales, incorporando un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia en el derecho a la vivienda, la salud (incluida la mental), la educación y el acceso a internet. Recientemente se presentó una iniciativa constituyente que garantiza el derecho a una vida libre de violencia contra mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas. Además, se requiere un estatuto constitucional propio que reconozca a niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derecho, con principios como la autonomía progresiva y el interés superior del niño, garantizando su desarrollo integral, el derecho a ser oídos, la prohibición de toda forma de maltrato y el derecho a la participación.
Esto demandará una acción decidida del Estado a través de una institucionalidad robusta y políticas públicas con una perspectiva integral e interseccional, ya que las discriminaciones que sufren los menores se cruzan con la identidad de género, condiciones socioeconómicas, orientación sexual, discapacidad y condición migratoria. Por ejemplo, según ONU Mujeres, el 80% de las mujeres y niñas con discapacidad experimentan algún tipo de violencia. Chile tiene una gran deuda con la niñez, y la nueva Constitución debe consagrar un Estado Cuidador cuyo mandato central sea cuidar a las personas, a las comunidades y al medio ambiente, a partir de un proceso participativo donde las nuevas generaciones tengan la oportunidad de escribir su propia historia.