Incapacidad e Incompetencia en Segunda Instancia

La distinción histórica entre "incapacidad" y "incompetencia" ha evolucionado en el ámbito legal y médico. Tradicionalmente, la incapacidad se consideraba un hallazgo clínico, mientras que la incompetencia se definía como un hallazgo legal. Sin embargo, en la actualidad, especialmente en las leyes estatales de Estados Unidos, el término "incapacidad" se utiliza con mayor frecuencia, a menudo de manera indistinta con "incompetencia". A pesar de esta superposición terminológica, la distinción más relevante en el contexto de la toma de decisiones en atención médica se centra en la capacidad clínica y la capacidad legal.

Las personas que poseen tanto capacidad legal como clínica tienen el derecho inherente de tomar decisiones sobre su propia salud, incluso si estas decisiones implican la negativa a recibir atención médicamente necesaria que podría llevar a la muerte. Por el contrario, aquellas personas que carecen de ambas capacidades no están en posición de tomar decisiones relativas a su atención sanitaria. No obstante, si un profesional de la salud considera que un paciente carece de capacidad clínica, pero este expresa una preferencia respecto a una decisión médica, el profesional no puede ignorar dicha preferencia a menos que un juez también determine que la persona es legalmente incapaz de tomar esa decisión.

Capacidad Clínica

La capacidad clínica para la toma de decisiones en atención médica se refiere a la habilidad de un individuo para comprender los beneficios y los daños potenciales de un tratamiento propuesto, así como para entender las alternativas disponibles y comunicar una decisión tomada respecto a su atención de salud. La evaluación de esta capacidad implica considerar diversos factores:

• Factores médicos: Incluyen la condición médica del paciente, déficits sensoriales, efectos adversos de medicamentos, así como cuestiones emocionales y psiquiátricas.
• Habilidades funcionales: Abarcan las capacidades físicas, cognitivas y psicológicas del individuo.
• Factores ambientales: Consideran condiciones de vida estresantes, la disponibilidad de ayudantes, el aislamiento social y las variaciones diarias en la efectividad de medicamentos o niveles de fatiga.

Los profesionales de la salud competentes son los encargados de determinar este tipo de capacidad cuando es necesario, documentando rigurosamente todo el proceso. En la mayoría de los estados de EE. UU., los profesionales de la salud calificados están legalmente autorizados para realizar estas determinaciones bajo las leyes de instrucciones anticipadas. La intervención judicial se reserva para casos en los que la determinación de capacidad o algún otro aspecto del proceso sea cuestionado por el paciente u otra parte.

Es crucial entender que la capacidad clínica es específica para cada decisión de atención médica y, por lo tanto, está limitada a esa decisión particular. El nivel de capacidad clínica requerido varía según la complejidad de la decisión. Un paciente con una disminución de la capacidad, incluso con déficits cognitivos significativos, puede ser capaz de tomar decisiones sencillas, como permitir un examen o la colocación de una vía intravenosa. Además, un paciente con capacidad disminuida aún puede ser capaz de designar a un tomador de decisiones sustituto. Sin embargo, ese mismo paciente podría carecer de la capacidad para decidir sobre su participación en un ensayo clínico.

Es fundamental realizar todos los esfuerzos posibles para involucrar al paciente en el proceso de toma de decisiones. Ignorar la decisión de un paciente con capacidad o aceptar la decisión de uno sin capacidad es éticamente incorrecto y conlleva riesgos de responsabilidad civil. Los médicos también deben evaluar la capacidad del paciente para llevar a cabo la decisión tomada. Por ejemplo, un paciente puede ser capaz de decidir regresar a casa tras una fractura, pero incapaz de realizar el autocuidado necesario durante la convalecencia. En tales casos, proporcionar el apoyo necesario para implementar la decisión se convierte en un objetivo primordial de la atención.

La capacidad puede ser intermitente, variable y estar influenciada por el entorno. Los pacientes que carecen de capacidad debido a intoxicación, delirio, coma, depresión severa, agitación u otros deterioros pueden recuperarla una vez que estos problemas se resuelven. Para obtener el consentimiento de un paciente que carece de capacidad clínica, los profesionales de la salud deben intentar restablecer su capacidad. Si esto no es posible, deben comunicarse con un agente o apoderado designado en el poder notarial permanente del paciente o con otro sustituto legalmente autorizado. En situaciones de atención urgente o de emergencia, donde no existe un sustituto designado o este no está disponible, se aplica la doctrina del consentimiento presunto, asumiendo que el paciente consiente el tratamiento necesario a menos que haya evidencia en contrario (como una orden médica para tratamiento de soporte vital o una indicación de no reanimar).

Capacidad Legal

La capacidad legal, también conocida como competencia, es una condición jurídica que no puede ser determinada únicamente por profesionales de la salud, aunque estos desempeñan un papel importante en el proceso de evaluación. En Estados Unidos, las personas mayores de 18 años se presumen legalmente capaces de tomar decisiones sobre su atención médica. Los menores emancipados, aunque menores de edad, también se consideran legalmente capaces. La definición de este grupo varía según el estado, pero generalmente incluye a menores casados, en las fuerzas armadas, financieramente independientes o que han obtenido la emancipación judicial. En algunos estados, la edad de consentimiento médico puede ser inferior a la mayoría de edad legal.

Las personas permanecen legalmente capaces hasta que un juez con jurisdicción competente las declara legalmente incapacitadas en relación con algunas o todas las áreas de su funcionamiento. Esta declaración generalmente se produce a través de un procedimiento judicial que involucra a un tutor o curador. Los requisitos legales para declarar la incapacidad varían según el estado, pero suelen incluir una combinación de los siguientes elementos:

• Una discapacidad (por ejemplo, discapacidad intelectual, trastorno psiquiátrico, demencia, u otro trastorno del sistema nervioso, uso crónico de drogas).
• Falta de capacidad cognitiva para recibir y evaluar información, o para tomar y comunicar decisiones.
• Incapacidad para cumplir con los requisitos esenciales de salud física, seguridad o autocuidado sin intervención protectora.
• Comprobación de que la tutela o curatela es la alternativa menos restrictiva para la protección de la persona.

Si los médicos cuestionan la capacidad legal de una persona, pueden solicitar una evaluación judicial a través de procedimientos de tutela o protección. En estas audiencias, se puede solicitar a los médicos que testifiquen o presenten documentación.

Cuando un tribunal declara a una persona legalmente incapacitada, se nombra un tutor o curador para tomar decisiones legalmente vinculantes en su nombre, ya sea en todos los aspectos o en un rango limitado determinado por el tribunal. Los tribunales también pueden tomar decisiones sobre cuestiones específicas en disputa, como una decisión terapéutica particular o el significado de una instrucción específica en un testamento vital.

Cada vez con mayor frecuencia, se considera la asistencia tecnológica y el apoyo en la toma de decisiones como alternativas menos restrictivas a la tutela para confirmar una capacidad legal disminuida. El apoyo en la toma de decisiones permite a las personas con discapacidad mantener sus derechos y su capacidad de decisión con la ayuda de asesores de confianza (amigos, familiares, profesionales), quienes actúan como respaldo. Estos soportes pueden incluir ayuda informal, asistencia técnica (como monitores médicos o aplicaciones móviles) y acuerdos formales de apoyo.

Muchos estados de EE. UU. han reconocido acuerdos formales de toma de decisiones con apoyo que pueden utilizarse para hacer cumplir el derecho de un individuo a recibir apoyo de terceros, siempre y cuando se definan claramente los elementos de la relación de apoyo y se reconozca que el individuo que recibe el apoyo sigue siendo el responsable de la toma de decisiones. Los estados también reconocen cada vez más la toma de decisiones apoyada en sus estatutos de tutela como una alternativa menos restrictiva.

Implicancia y Recusación en el Contexto Procesal Chileno

En el ámbito procesal chileno, la imparcialidad del juzgador es un pilar fundamental del debido proceso. Para garantizarla, el ordenamiento jurídico establece las instituciones de las implicancias y recusaciones. Estas se definen como causas legales que, al ser declaradas, hacen que un juez pierda la competencia para conocer de un determinado asunto, debido a la falta de imparcialidad necesaria.

Naturaleza Jurídica del Vicio: Pérdida de Competencia

El Código Orgánico de Tribunales (COT) establece que los jueces pueden perder su competencia para conocer de determinados negocios por implicancia o recusación. El artículo 194 del COT es categórico al señalar que estas inhabilidades resultan en una pérdida de competencia subjetiva o personal. Esto significa que la actuación de un juez inhabilitado no constituye un mero error procesal, sino un vicio de incompetencia sobreviniente. Esta calificación es crucial, ya que encauza la solución del problema a través de los mecanismos específicos para la incompetencia, como el incidente de nulidad procesal y el recurso de casación en la forma.

Distinción entre Implicancia y Recusación

El COT distingue entre:

• Implicancia (Artículo 195 del COT): Se refiere a causales de extrema gravedad donde se presume de derecho la falta de imparcialidad. Afectan el orden público procesal y son irrenunciables. El juez tiene el deber de declararlas de oficio. Ejemplos incluyen tener interés personal en el pleito, ser parte, o tener parentesco cercano con las partes o sus abogados.
• Recusación (Artículo 196 del COT): Se basa en circunstancias que generan una presunción simplemente legal de parcialidad, tutelando principalmente el interés privado. Ejemplos son la amistad o enemistad manifiesta con alguna de las partes, o tener un pleito pendiente. Son renunciables y, por regla general, deben ser alegadas por la parte perjudicada.

El Régimen Sancionatorio: Nulidad Procesal

La sanción general para los actos procesales ejecutados con infracción de sus requisitos de validez es la nulidad procesal, regulada en el Código de Procedimiento Civil (CPC). Esta nulidad no opera de pleno derecho y está sujeta a principios como el de especificidad (solo procede si hay causa legal), trascendencia (debe causar un perjuicio reparable solo con la nulidad), convalidación (se sanea por consentimiento de la parte) y protección (quien originó el vicio no puede solicitar la nulidad).

La actuación de un juez incompetente por implicancia o recusación encuadra en este régimen. Sin embargo, se descarta la aplicación de la nulidad de derecho público, la cual se reserva para actos de la Administración del Estado y no para actos jurisdiccionales. La doctrina y jurisprudencia mayoritarias establecen una clara distinción basada en el principio de especialidad: los actos judiciales se rigen por su propio estatuto de nulidad procesal, que incluye plazos y mecanismos específicos.

La Preclusión como Límite Temporal

En el ámbito procesal, la pérdida de la oportunidad para ejercer una facultad por no haberla hecho en el momento oportuno se denomina preclusión. El ordenamiento jurídico chileno establece vías y momentos específicos para alegar la inhabilidad de un juez:

• Incidente de Implicancia o Recusación (Arts. 113 y ss. CPC): Debe hacerse valer "tan pronto como se tenga noticia de ella". La inacción de la parte provoca la preclusión de esta vía incidental.
• Recurso de Casación en la Forma (Art. 768 N° 2 CPC): Es el remedio procesal contra sentencias dictadas por jueces inhabilitados. Sin embargo, su interposición está sujeta a un plazo fatal (generalmente 15 días) y exige la "preparación del recurso", es decir, haber reclamado oportunamente durante las instancias.

La falta de diligencia del demandado en estas etapas, al no alegar la inhabilidad del juez en el momento procesal oportuno, provoca la preclusión de su derecho a reclamar, actuando como una "compuerta" que impide retrotraer el procedimiento a etapas ya superadas.

La Convalidación Tácita

Cuando una parte no ejerce las acciones o excepciones que la ley le confiere dentro de los plazos establecidos, se produce la convalidación tácita de los vicios procesales. Esto significa que el vicio se sanea por el consentimiento expreso o tácito de la parte perjudicada. En el caso de la incompetencia por implicancia o recusación, la falta de alegación oportuna durante el proceso implica la convalidación del vicio, impidiendo su posterior impugnación.

La Cosa Juzgada

Finalmente, la cosa juzgada opera como el mecanismo de cierre definitivo del sistema procesal. Una vez que una sentencia ha adquirido firmeza y ejecutoriada, se vuelve inmutable y produce efectos de cosa juzgada, impidiendo reabrir el debate sobre la validez del procedimiento concluido. La pretensión de anular un juicio años después de su conclusión, basándose en la actuación de un juez inhabilitado que no fue alegado oportunamente, se ve definitivamente extinguida por la autoridad de la cosa juzgada.

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