El período de la República Parlamentaria en Chile, que se extendió desde el 26 de diciembre de 1891 hasta el 18 de septiembre de 1925, marcó una etapa crucial en la historia política del país. Tras el fin de la Guerra Civil de 1891 y la muerte del Presidente José Manuel Balmaceda, este régimen se caracterizó por la preeminencia del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. Sin embargo, a pesar de una aparente estabilidad política y un desarrollo económico impulsado por el salitre, el sistema demostró una profunda incapacidad para abordar las crecientes demandas de la llamada "Cuestión Social", un conjunto de problemas que generaron un malestar generalizado y, eventualmente, la crisis y el fin de este modelo.
El Régimen Parlamentario en Chile: Estructura y Funcionamiento
El régimen parlamentario chileno se inauguró con la asunción de Jorge Montt Álvarez, el primer presidente de este sistema. Este período se caracteriza por la existencia de un régimen político parlamentario. Sin embargo, la preeminencia del Parlamento no significó reemplazar la institucionalidad política emanada de la Constitución de 1833, sino que se la reformó e interpretó de manera parlamentaria por medio de las llamadas “prácticas parlamentarias”, limitando y disminuyendo el poder del Jefe de Estado y otorgando facultades ejecutivas a los partidos políticos representados en el Congreso.
Preeminencia del Congreso y Debilitamiento del Ejecutivo
Entre estas prácticas destacan las facultades de pedir cuentas a los ministros en las llamadas interpelaciones, las que provocaron una marcada inestabilidad de los gabinetes, afectados por una frecuente rotativa ministerial que entorpecía el normal desenvolvimiento de la labor gubernativa. De esta forma, el Congreso utilizaba herramientas como las censuras e interpelaciones a los ministros, así como la obstrucción indefinida de un proyecto de ley, dado que el reglamento de la corporación no permitía la clausura del debate. La rotativa frecuente de ministros -con gabinetes que duraban en promedio pocos meses- y prácticas electorales cuestionables (cohecho, intervención de los padrones por caudillos locales) generaban inestabilidad e inacción gubernamental.
Si bien el Presidente de la República podía designar a sus ministros libremente, estos debían rendir cuenta de sus actos ante el Senado y la Cámara de Diputados. Como las mayorías políticas en el Congreso cambiaban con cierta frecuencia, se producía una rápida rotativa ministerial. A pesar de ello, el régimen parlamentario se desenvolvió con una notable estabilidad política, manteniendo las instituciones republicanas, las libertades públicas y la alternancia en el poder de la Alianza Liberal y la Coalición Conservadora.
Durante el período se sucedieron de manera consecutiva en la Presidencia de la República el almirante Jorge Montt (1891-1896), Federico Errázuriz Echaurren (1900-1901), Germán Riesco (1901-1906), Pedro Montt (1906-1910), Ramón Barros Luco (1910-1915), Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) y en sus postrimerías, Arturo Alessandri Palma (1920-1925), a quien se le considera un mandatario de transición.
Un Sistema Oligárquico y Excluyente
Solo una pequeña élite participaba en política (menos del 5% de la población ejercía el derecho a sufragio), conformando una oligarquía homogénea y poco sensible a las urgentes demandas sociales. El sistema electoral impuesto desde 1891 por la ley de comuna autónoma, permitía métodos cuestionables. Los alcaldes y regidores, al dejar de ser controlados por el Ejecutivo y pasar a depender de los partidos políticos que ganaban las elecciones, tenían la facultad de intervenir en los padrones electorales, lo que fomentó el cohecho y el fraude. Fácilmente un sillón parlamentario podía costar varios millones de pesos a los candidatos, quienes siempre estaban dispuestos a gastar sus fortunas en adquirir los honores y privilegios del cargo.
Por lo mismo, los miembros del Congreso Nacional constituían una oligarquía homogénea, de mentalidad burguesa y aristocrática y, más que tomar decisiones en el Parlamento o La Moneda, lo hacían en los centros sociales de la época como El Club Hípico, el Club de la Unión, logias masónicas o círculos ligados a la Iglesia Católica. En este escenario, no era de extrañar que abundaran las relaciones de parentesco en el mundo político. Los presidentes Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901) y Pedro Montt (1906-1910) eran hijos de dos presidentes del siglo XIX; Germán Riesco (1901-1906) era cuñado de Errázuriz.
La dinámica del régimen parlamentario generó una falta de continuidad en la gestión del gobierno, lo cual dificultaba la implementación de políticas públicas efectivas. Los historiadores Simon Collier y William Sater plantearon: "Durante sus cinco años de mandato (del Presidente Germán Riesco) hubo diecisiete gabinetes y el péndulo oscilaba entre la Alianza y la Coalición. A esas alturas, comenzó a producirse cierta intranquilidad creciente entre los círculos políticos por la forma en que se estaba comportando el régimen parlamentario, la que a menudo se reflejó en la prensa. Como comentó cáusticamente El Mercurio en 1903: 'No es parlamentarismo, ni es un régimen, sino la anarquía más desenfrenada por la dictadura irresponsable de unos 150 congresales'... La idea de un 'hombre fuerte', un caudillo que pudiera controlar la inestabilidad ministerial, comenzó a ejercer un atractivo indudable."
La "Cuestión Social": El Gran Desafío No Resuelto
Entre 1880 y 1930, Chile experimentó una modernización de sus procesos productivos, basada en el rol del salitre como principal producto de la economía nacional. Esto generó procesos de urbanización y migración hacia las grandes ciudades. Los espacios urbanos no estaban preparados para recibir a esta población, lo que resultó en condiciones de vida precarias, hacinamiento y problemas sanitarios, sumando otras dificultades como los bajos salarios y la falta de garantías laborales. Este conjunto de problemas sociales, asociados a la industrialización y la modernización, fue conocido como la "Cuestión Social", que evidenciaba las profundas desigualdades sociales y económicas del país.
Durante el parlamentarismo, el desarrollo económico y social del país estuvo a merced de las expansiones y crisis de la industria salitrera que, en sus períodos de auge, logró llenar las arcas fiscales. Asimismo, se desarrollaron las obras públicas, se impulsó la educación, se expandió el comercio y la economía dio muestras de un gran vigor. Estas iniciativas se sostenían, en gran medida, gracias a las abundantes riquezas que el Estado recaudaba por medio del impuesto a la venta del salitre, principal producto de exportación del periodo.
Sin embargo, a pesar de este auge, las iniciativas legales para solucionar las graves carencias de los sectores obreros y populares resultaron insuficientes. En la primera década del siglo XX, se promulgaron las primeras leyes sociales de nuestra historia, tales como la ley de la silla (1904), la ley sobre habitaciones obreras (1906) y la ley de descanso dominical (1907). Estas iniciativas legales, en las cuales el rol de la Cámara de Diputados y el Senado fueron claves, se mostraron insuficientes para solucionar las graves carencias que afectaban a los sectores obreros y populares.
Surgimiento del Movimiento Obrero y Críticas al Sistema
Ante la inacción del Estado de implementar una política integral de protección social, además de las sucesivas crisis económicas y el deterioro de la calidad de vida, los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos, sociedades de socorro mutuo y mancomunales. Este movimiento obrero lideró huelgas y manifestaciones para exigir mejores condiciones laborales y de vida. Eventos como la huelga portuaria de Valparaíso en 1903, la huelga de Antofagasta en 1906 y la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, donde cientos de trabajadores fueron asesinados por fuerzas del Estado, ejemplifican la tensión social de la época.
Las demandas sociales se articularon en grandes confederaciones sindicales nacionales, como la Federación Obrera de Chile (FOCH), fundada en 1909, que pronto asumió una ideología socialista de carácter revolucionaria. Más tarde, en 1917, surgió la Industrial Workers of the World (IWW), de tendencia anarcosindicalista y con una fuerza importante en Valparaíso. A nivel político, se organizaron partidos de orientación socialista como el Partido Obrero Socialista, fundado en 1912 y que pasaría a convertirse en el Partido Comunista de Chile, diez años más tarde.
Intelectuales como Enrique Mac Iver, Alberto Edwards, Nicolás Palacios, Tancredo Pinochet, Alejandro Venegas (Dr. J. Valdés Cange), Francisco Antonio Encina y Luis Emilio Recabarren, fueron parte de esta corriente crítica, desde diversas posturas. En uno de sus textos más conocidos, Enrique Mac-Iver -parlamentario del Partido Radical- planteó en su "Discurso sobre la crisis moral de la República", que se publicó en 1900: "En mi concepto, no son pocos los factores que han conducido al país al estado en que se encuentra; pero sobre todos me parece que predomina uno hacia el que quiero llamar la atención y que es probablemente el que menos se ve y el que más labora, el que menos escapa a la voluntad y el más difícil de suprimir. Me refiero ¿por qué no decirlo bien alto? a nuestra falta de moralidad pública; sí, la falta de moralidad pública que otros podrían llamar la inmoralidad pública."
Por su parte, Luis Emilio Recabarren, en su escrito "Ricos y Pobres", que surge de una conferencia dictada en 1910, caracterizó a los sectores populares de la siguiente manera: "La 'Última Clase', como puede considerarse en la escala social a los gañanes, jornaleros, peones de los campos, carretoneros, etc., vive hoy como vivió en 1810. Si fuera posible reproducir ahora la vida y costumbres de esta clase de aquella época y compararla con la actualidad, podríamos ver fácilmente que no existe ni un solo progreso social. En cuanto a su situación moral, podríamos afirmar que en los campos permanece estacionaria y que en las ciudades se ha desmoralizado más."
Estos análisis sobre el régimen oligárquico chileno destacaron la combinación entre un sistema político ineficaz y las profundas desigualdades sociales, y el desarrollo de un cierto desánimo general. Dichos elementos en su conjunto, fueron socavando la legitimidad del parlamentarismo en Chile, y de la Constitución de 1833 como marco jurídico.
La Crisis del Centenario y el Fin del Parlamentarismo
Con ocasión de las celebraciones del Centenario en 1910, en la opinión pública se hizo presente una sensación de malestar y pesimismo, con fuertes críticas al sistema político parlamentario, en vista del cerrado elitismo de clase oligárquica, su ineficacia e inmovilismo, especialmente ante la "Cuestión Social". La celebración del Centenario de la Independencia en 1910 contrastó con la realidad del país: mientras la élite celebraba, la mayoría de la población vivía en condiciones precarias. La desconexión entre las clases sociales evidenció la crisis del modelo político y económico vigente. A nivel internacional, la Revolución Mexicana (1910) y Soviética (1917) ofrecían grandes ejemplos de cambios sociales a distintos sectores, además del impacto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), lo que aumentó la tensión en los actores sociales de la época.
En consecuencia, el malestar hacia el régimen parlamentario persistió y se agudizó, hasta manifestarse de forma abierta y masiva en el año 1920, con la elección presidencial de Arturo Alessandri Palma. Alessandri asumió la primera magistratura del país tras una campaña presidencial que apeló a los sectores medios y populares, haciendo una dura crítica al sistema y a la clase política que sostenía al régimen parlamentario. Durante su presidencia, Alessandri intentó implementar una serie de reformas a la institucionalidad política parlamentaria y a la legislación social y laboral, con el objeto de responder a las demandas ciudadanas y de impedir un estallido social. Sin embargo, la clase política oligárquica se negó a acceder a tales reformas, lo que provocó un agudo clima de frustración e impotencia ante el régimen político imperante.
Arturo Alessandri Palma y la Constitución de 1925 (1920-1925)| Historia de Chile #44
El "Ruido de Sables" y el Colapso del Sistema
Esta situación llegó a una crisis terminal en septiembre de 1924, con la intervención militar denominada “Ruido de sables”, que obligó al Congreso a aprobar sin mayor debate un paquete de leyes sociales que estaban pendientes desde largo tiempo en el Congreso. En vista de que los militares se constituyeron en una junta militar, Alessandri renunció al cargo y salió del país. Pocos días después, el Congreso fue disuelto y la junta militar asumió el poder. En estos días comenzó a destacarse la figura del coronel Carlos Ibáñez del Campo. El 9 de septiembre de 1924, el país quedó a cargo del ministro del Interior, general de división Luis Altamirano Talavera, en calidad de vicepresidente.
Tras el regreso de Alessandri a la Primera Magistratura, este impulsó la redacción de una nueva Constitución Política, que logró fortalecer el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, alcanzó la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, y aumentó el período presidencial de 5 a 6 años. A su vez, se suprimieron las facultades de interpelación y censura del Congreso en relación a los ministros de Estado, quienes pasaron a ser de la exclusiva confianza del Presidente de la República. Las leyes de contribuciones y de fijación de las Fuerzas Armadas perdieron su carácter de periódicas y la ley de presupuestos perdió su carácter de arma política del Parlamento ante el Ejecutivo. Se prohibió el acceso de diputados y senadores a cargos ministeriales y se entregó el control de las elecciones a un ente autónomo, el Tribunal Calificador de Elecciones. Con esto se puso fin al parlamentarismo, restaurando el sistema presidencialista.
En síntesis, la crisis del parlamentarismo, la crisis del Centenario y la “Cuestión Social” fueron elementos estructurales que configuraron un escenario de crisis global en el país, llevando a la promulgación de una nueva Carta Fundamental que estableció un régimen presidencialista y otorgó el marco jurídico para un Estado más activo en la protección social.
Desafíos y Debates Actuales sobre la Capacidad del Parlamentarismo
Aunque el parlamentarismo histórico chileno exhibió una incapacidad para resolver problemas sociales, el debate sobre la idoneidad de los sistemas políticos persiste en el presente, especialmente en contextos de creciente fragmentación política. La fragmentación del sistema de partidos en Chile, iniciada principalmente desde la reforma al sistema electoral binominal implementada en el año 2017, ha planteado diversos retos para la gobernabilidad y la toma de decisiones. Esta reforma tuvo como resultado un incremento en el número de partidos con representación parlamentaria. En la actualidad, hay más de 20 partidos presentes en el Congreso Nacional, lo que ha complicado la capacidad de lograr acuerdos y consensos en distintas materias, debilitándose la cohesión legislativa.
Argumentos a Favor de la Flexibilidad Parlamentaria
Una consideración a la luz del reciente estallido social y lo cerca que se estuvo de un nuevo quiebre institucional es que, en el futuro, situaciones de una tensión similar son probables. Los sistemas rígidos, cuando se exigen, se rompen, no incorporan un plan B y, en Latinoamérica, se está mal acostumbrado a que se resuelvan con disparos, tenida de combate y presidentes huyendo al exilio. En este sentido, el parlamentarismo es un sistema más flexible para navegar las crisis políticas.
Un Gobierno que ya no cuenta con la confianza del Parlamento se disuelve y lo sustituye otro que sea capaz de congregar una nueva mayoría (lo que se conoce como censura constructiva, que aporta a la estabilidad de los gobiernos elevando los requisitos para su destitución). Lo crucial es que no se interrumpe la institucionalidad democrática. Se señala que casi todas las dictaduras del mundo son sistemas presidenciales. En un parlamentarismo, el gobierno representa a la mayoría parlamentaria, a diferencia de muchos gobiernos presidenciales que carecen de mayoría parlamentaria, paralizando su agenda de gobierno.
La mecánica parlamentaria también ahuyenta el riesgo de caudillos populistas que crecen ante la opinión pública denostando a las instituciones y a sus pares. Para sumar una mayoría se necesitan las fuerzas políticas del centro, las que adquieren especial relevancia, por lo mismo, se hace extremadamente difícil para los extremos gobernar en solitario.
Críticas a la Fragmentación y Propuestas para Chile
La multiplicidad de partidos ha prolongado los debates y ha impedido la convergencia entre actores con visiones distintas, convirtiendo al parlamento en un espacio menos efectivo para responder a las demandas sociales urgentes que se necesitan hoy en día. La fragmentación, reflejada en un clima de trincheras políticas, ha impactado las dinámicas y también a la percepción pública. La creciente pluralidad de partidos y la falta de cohesión interna dentro de las coaliciones han complicado la toma de decisiones en el Congreso, dificultando la formación de mayorías parlamentarias estables. Este escenario fragmentado genera incertidumbre sobre la gobernabilidad futura y pone de relieve la necesidad de un sistema político más flexible y receptivo a los cambios sociales y políticos.
La fragmentación ha sido un proceso influido tanto por el sistema electoral binominal (que privilegiaba la formación de coaliciones estratégicas para asegurar representación, eligiendo solo dos parlamentarios por distrito o circunscripción) como por tensiones internas dentro de las colectividades. Por otro lado, el sistema proporcional promueve una representación más inclusiva de los diferentes sectores de la población al asignar varios escaños en función del número de electores. Si bien esto enriquece la diversidad, también conlleva desafíos como un posible aumento en la fragmentación política y las dificultades para lograr consensos en la gobernanza.
La creciente desconfianza ciudadana hacia los partidos, que en 2023 alcanzó niveles históricamente bajos, es una clara muestra de este fenómeno, revelando una desconexión profunda entre las instituciones de la política formal y la sociedad, y la incapacidad de los partidos fragmentados para actuar como intermediarios eficientes dentro del sistema democrático. En este contexto, se plantea la necesidad de canalizar el multipartidismo endémico chileno por vías que permitan asegurar gobiernos de mayoría. Eso se lograría formando coaliciones ex post, es decir, después de la elección parlamentaria. En ella, compiten todos los partidos que tengan capacidad de representación y solo después del resultado, se negocia un programa de gobierno común, de acuerdo con las fuerzas necesarias para conformar una coalición que sume 50+1. El líder de esa coalición -que suele ser el líder del partido más grande, pero no necesariamente- adquiriría el título de primer ministro y seleccionaría un gabinete de entre sus pares.
Para finalizar, los efectos de la fragmentación política se ven reflejados en la gobernabilidad del país; la falta de capacidad para formar consensos estables y duraderos ha debilitado la efectividad en la toma de decisiones en el Congreso y ha intensificado la polarización política, comprometiendo la estabilidad del sistema democrático. Esto no solo evidencia un problema estructural, sino también una grave crisis de representatividad en el sistema político chileno.
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