El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. El documento es un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.
El 7 de noviembre de 2017 la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas). Solo una se negó a recibirlos. El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”.
Hallazgos cuantitativos: alcance y tipos de vulneraciones
Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual.
| Tipo de vulneración | Cantidad |
|---|---|
| Maltratos por adultos | 432 |
| Maltratos entre pares | 1.265 |
| Maltratos por familiares dentro de recintos | 53 |
| Abusos sexuales por adultos | 123 |
| Abusos sexuales entre menores | 187 |
| Total vulneraciones graves | 2.071 |
De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
Violencia sistemática y dinámica institucional
El documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. El informe policíal es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%. El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas. Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
Problemas en fiscalización, protocolos y salud
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros. Se trata de nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. ¿Por qué no lo ha hecho?
El informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica. El 13,9% sufre una enfermedad crónica. El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esa afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”.
Una investigación de CIPER de 2016 constató como los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta, si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Silencio institucional, entrega de informes y reacciones
Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación.
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
Casos emblemáticos y relatos de vida
La muerte de la pequeña Lissette Villa (abril de 2016) conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero eso no pasó. La muerte de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del Sename.
Luis Valencia tiene hoy 21 años. Pasó dos tercios de su vida bajo los cuidados del Servicio Nacional de Menores (Sename). Ingresó por protección antes de los cinco años buscando un lugar donde vivir y salió justo antes de los 18, ya no como un niño vulnerado, sino como un infractor de ley tras ser liberado de un régimen de Internación Provisoria.
La historia de Luis da cuenta de ello. Tras la separación de sus padres fue enviado a un hogar del Sename y lo derivaron a diversas familias guardadoras. Pero, ninguna pudo contenerlo. Así fue como a los 9 años comenzó su precoz vida delictual robando en supermercados. A los 12, ya recorría las calles de Santiago con pistola en mano. A los 14 lo detuvieron tras robar un millón de pesos en una sucursal de "Sencillito". En esa ocasión, calificaba dentro de la edad punible por la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente y fue derivado a un sistema de supervisión de régimen semicerrado.
Al mismo tiempo, datos de estudio de la Fundación San Carlos de Maipo indican que uno de cada dos reos de la población penal adulta pasó por un centro de menores durante su infancia o adolescencia. La investigación concluye que más del 50% de los jóvenes egresados de algún centro por responsabilidad penal juvenil reincidirá antes de los 24 meses. La investigación demuestra el "fracaso de las políticas públicas" y afirma que el problema se agrava, considerando que los jóvenes que pasan por esos centros son propensos a desarrollar conductas delictuales o conflictivas que de no haber entrado posiblemente no habrían desarrollado.
Centros de internación: el caso Tiltil y la dinámica interna
A 64 kilómetros de Santiago, justo al lado del Penal de Punta Peuco, separado sólo por un muro de los principales violadores de derechos humanos de la dictadura, se encuentra el centro de reclusión cerrada más moderno del SENAME: el Centro Metropolitano Norte de Tiltil. Allí residen hoy 88 jóvenes cuyos prontuarios hablan de su historial de abandono y violencia. Pero hasta hace sólo días eran 93. Daniel Ballesteros es uno de los cinco jóvenes que faltan. Y ya no regresará más. Fue asesinado a sus 17 años por sus propios compañeros de reclusión al interior del recinto.
La puesta en marcha del Centro Metropolitano Tiltil del SENAME se inició hace exactamente un año, en noviembre de 2012. Las reuniones se sucedieron cada quince días y en ellas participaron la subsecretaria, el director del SENAME, seremis, abogados del ministerio, directores de centros y otros profesionales para debatir las dificultades que implicaba, por primera vez, dejar en manos de privados, a través de una licitación, la responsabilidad de la intervención de los menores del centro: el proceso de reinserción a cargo de terapeutas, sicólogos, educadores y asistentes sociales, todos los cuales asumen el trato directo y cotidiano con los jóvenes infractores y que debieran ser altamente calificados.
Como ese modelo de reinserción en manos de privados no funcionó, el 11 de noviembre se decidió ponerle fin al contrato con CERCAP. Un convenio que se firmó en marzo de 2012, por un monto de $5.984.130.000 y que incluyó la tarea de reinserción para 200 plazas (de jóvenes infractores) durante cinco años. Al día siguiente de la notificación que hizo Rolando Melo del fin de la intervención y control de centros por entes privados, el 12 de noviembre el SENAME llamó a concurso para proveer 49 vacantes de distintos profesionales para desempeñarse en el centro de Tiltil.
Al interior del centro “modelo”, que ya no es tal, residen más de 80 jóvenes de los 527 privados de libertad que cumplían sus condenas en centros cerrados del SENAME al 1 de diciembre (otros 547 jóvenes la cumplen en centros semicerrados, a los cuales van sólo a dormir). El perímetro exterior es similar al de cualquier cárcel, con rejas y gendarmes que vigilan y controlan la entrada y salida de los visitantes. Pero al traspasar el ingreso, los gendarmes desaparecen y se abren espacios que en nada se asemejan a las cárceles que conocemos.
FOTO 1: Fue tomada al interior de una de las celda-habitación de uno de los jóvenes. Atrás, se distingue a tres adolescentes, dos portan grandes estoques de metal con punta y filo. Los portadores de esas “armas” son llamados perros o soldados al servicio de un vivo (líder), rol que cumple el joven que se encuentra al medio de la foto, montado sobre otro interno a quien le mantiene su rostro aprisionado con una toalla y que recibe el nombre de perkins, mientras el vivo hace un gesto con el dedo mayor de su mano derecha. Los perkins suelen ser los jóvenes más vulnerables, de los cuales el vivo y los soldados terminan abusando incluso sexualmente.
FOTO 2: También está tomada al interior de una celda-habitación en donde uno de los internos, que hace la función de soldado o perro, porta y enseña de modo amenazante los estoques con los que debe defender al vivo. El código interno indica que el vivo les ordena que sean ellos los que guarden los estoques en sus propias celdas para quedar libres de toda sanción en caso de allanamiento.
FOTO 3: Este joven era uno de los vivos de Tiltil (fue trasladado). Se fotografió en su celda-habitación con 19 laptop que poco antes había robado junto a otros internos del centro. Uno de sus soldados fue ayudado a escalar por una de las paredes externas de la biblioteca y se introdujo al recinto por un pequeño espacio abierto a modo de ventilación de no más de 30 centímetros de ancho, por donde sacó los laptop. La operación se hizo durante la noche de un sábado. Al día siguiente fueron sacados todos los computadores por las visitas sin que los gendarmes a cargo de la seguridad del recinto detectaran ni uno de ellos.
FOTO 4: La foto también fue tomada al interior de una celda-habitación, en la que se distingue a un joven que enseña billetes por un monto de $300 mil, según relató otro de los internos. El manejo de dinero al interior es otro de los instrumentos para obtener poder.
Reflexiones sobre causas, responsabilidades y propuestas
Con razón ha causado indignación que más de mil niños hayan muerto estando bajo custodia del Sename entre 2005 y 2016. Pero que en Chile, bajo los cuidados del Estado, mueran más de mil niños, no debe pasar como otra cifra más de un danza macabra de tragedias. Esta vez, no podemos achacársela a un Gobierno determinado. Su ámbito ha abarcado a gobiernos de la Concertación, de la Alianza y de la Nueva Mayoría.
Es imperativo asignar responsabilidades y obviamente revisar las políticas que hicieron posible no solo las muertes sino también que hasta ahora la ciudadanía desconociera la realidad. ¿Como es posible, nos preguntamos, que ninguna autoridad haya intervenido en algo tan demencial como mantener unidos los servicios que están a cargo de los menores en protección con aquellos que son infractores de ley? Es evidente que el Sename requiere cirugía mayor. Pero ¿es suficiente intervenir el Sename para que los niños en situación de marginalidad y vulnerabilidad queden mejor protegidos? En absoluto. Eso no hace sino tranquilizar las conciencias de las autoridades de turno, con recursos por lo demás insuficientes, sin resolver el problema en su origen.
Dicen relación con situaciones de pobreza, indefensión, consumo de drogas y otros. Se relacionan con problemas sociales muy profundos, con políticas públicas inadecuadas y malas asignaciones de recursos. Proponemos tomar en cuenta al menos una. Esos niños, parece una obviedad, tienen o tuvieron padres. A lo mejor, también en algún momento tuvieron un hogar. Debemos, en consecuencia, preguntarnos: ¿qué sucedió que esos niños llegaron al Sename como su hogar sustituto?, ¿qué tipo de relaciones debemos establecer con su historia y con su destino?
Varios estudios se han ocupado de estas relaciones. Como afirma Pilar Larroulet en un reciente estudio, un 27% de las personas privadas de libertad declara haber estado en el Sename como medida de protección de derechos, y 36% por infracción de ley. También casi un 30% reportó haber vivido en la calle antes de cumplir 18 años. En consecuencia, no podemos desconocer la existencia de la ecuación que asocia la marginalidad infantil con la posibilidad de vínculo con el delito y el ingreso en prisión.
¿Podemos contentarnos con afirmar que quien cometió delito merece la cárcel, desconociendo que en el origen del delito está la vulnerabilidad y marginalidad infantil que el Sename no logra proteger? Debemos dar una vuelta de tuerca en el análisis del drama del Sename, aprovechando esta dramática coyuntura, para volver a priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, poniendo atención a los problemas adyacentes, y que inciden directamente en que los niños lleguen al Sename. Más aún, en que salgan del Sename a la calle o la cárcel.
Una posibilidad es revisar el sentido mismo de la prisión. La evidencia empírica (particularmente internacional) ha demostrado de manera consistente el nulo efecto reparador que tiene la cárcel. Recordemos que en Chile dos tercios de los niños vivía solamente bajo el cuidado de la madre cuando esta fue detenida; el porcentaje que vivía con el padre es muy menor. Qué sucede con esos niños entre la prisión de la madre y su eventual llegada a hogares del Sename? Se ha demostrado ampliamente que la prisión parental es un factor de riesgo para un conjunto muy amplio de problemas en niños y adolescentes, además de comportamiento delictivo, como son problemas de salud mental, abuso de drogas, fracaso académico y deserción escolar y desempleo.
Una persona en prisión cuesta al Estado aproximadamente tres veces lo que se asigna por niño al Sename. ¿No será esta una ocasión para preguntarse sobre el sentido de la prisión de quienes cuidan a los niños y los dejan a la deriva cuando son encarcelados?
Sename, Registro Civil y PDI llaman a proteger a los niños especialmente durante el verano
El sacerdote Nicolás Vial, presidente de la Fundación Paternitas, quien desde hace más de treinta años se dedica a reinsertar niños con pasado delictual, según consigna "El Mercurio", cree que el sistema no ha estado a la altura de las necesidades de los individuos que llegan en búsqueda de ayuda. Para Marcelo Sánchez, director de la Fundación San Carlos, la investigación demuestra el "fracaso de las políticas públicas" y afirma que el problema se agrava, considerando que los jóvenes que pasan por esos centros son propensos a desarrollar conductas delictuales o conflictivas que de no haber entrado posiblemente no habrían desarrollado.
La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette. El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
El 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. ¿Nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas? ¿Han ordenado que esas vulneraciones cesen, se solucionen, se investiguen?