El panorama laboral en Chile ha sido objeto de análisis y debate, especialmente en el contexto de las reformas propuestas por el gobierno. Para comprender el alcance de estas reformas, es crucial examinar la situación preexistente del mercado de trabajo. Datos del INE del 29 de abril de 2026 revelaron una tasa de desocupación del 8,9% en el trimestre enero-marzo, mostrando un aumento de 0,2 puntos en doce meses. Este período marcó más de 36 meses consecutivos con desempleo por encima del 8%.
El incremento de las personas ocupadas fue impulsado exclusivamente por asalariadas y asalariados informales, con un alza del 10,9%, y por trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, con un 1,8%. La informalidad laboral alcanzó el 26,5%, con un incremento de 0,7 puntos en el mismo período, mientras que la desocupación femenina llegó al 10%, con una informalidad del 27,9%.
Fundación SOL advirtió que estas tasas no capturan la realidad estructural completa. La Tasa de Desempleo Integral se situó en el 12%, y la subutilización total de la fuerza laboral alcanzó el 22,5%, equivalente a 2,5 millones de personas con problemas de desempleo total, parcial o potencial. Según Gonzalo Durán (Fundación SOL, 2026), las bajas tasas de empleo formal con alta precariedad no son un indicador de progreso, sino una señal de cómo el modelo organiza la acumulación. El empleo existe, pero la cuestión central radica en su calidad y estabilidad.
El Des-aseguramiento y la Precarización del Trabajo
Robert Castel (1997) acuñó el término "des-aseguramiento" para describir la pérdida progresiva de los mecanismos que integraban a la persona en la sociedad a través del trabajo. En Chile, Dasten Julián Véjar y Francisca Valdés (2022) documentaron que este proceso ocurre simultáneamente en varios frentes: la precarización de ocupaciones que alguna vez fueron estables, la emergencia de nuevos núcleos informales y la sobreexplotación del trabajo migrante y femenino. Estos fenómenos no son separados, sino expresiones de un mismo proceso sistémico del neoliberalismo y el capitalismo salvaje.
Ulrich Beck (2007) caracterizó esta situación como la "sociedad del riesgo", donde la incertidumbre ya no es administrada colectivamente por las instituciones, sino trasladada a los individuos. El caso de Mirna, una trabajadora de La Araucanía que prepara desayunos en un liceo desde hace ocho años, es un ejemplo de esta incertidumbre. Con un sueldo que bordea el mínimo y un contrato que depende de licitaciones no controladas, su empleo está constantemente en duda, una situación agravada por las recientes reformas.
La Reforma Tributaria y sus Implicaciones
El 15 de abril de 2026, el presidente José Kast presentó el Plan de Reconstrucción Nacional, cuyo Oficio Circular N°16 emitido por el Ministerio de Hacienda el 21 de abril puso en duda programas estatales como el que emplea a Mirna. La medida central de este plan es la rebaja del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23%, de manera gradual hasta 2029. El gobierno argumenta que esta brecha con el promedio OCDE desincentiva la inversión.
Sin embargo, la rebaja, combinada con la reintegración del sistema tributario, implicará una pérdida de ingresos estimada en más de 3.000 millones de dólares anuales para el fisco. El efecto distributivo es directo, ya que el 1% de los contribuyentes de mayores ingresos concentra el 50% de la riqueza del país.
El crédito tributario por empleo formal, presentado como la dimensión social de la reforma, contempla un beneficio del 15% sobre remuneraciones de entre 45.000 y 38.000 mensuales, imputable contra PPM e IVA. Este mecanismo, en términos de Julián Véjar (2022), es una "institucionalización de la precariedad", donde el Estado financia la contratación en los tramos salariales más bajos sin garantizar derechos, continuidad ni movilidad ascendente. Para Mirna, este crédito no cambia nada en su salario, solo modifica lo que la empresa paga al fisco.
Evento | Reforma Tributaria: impacto de un nuevo sistema de tributación
La reforma requiere un mercado laboral donde contratar sea barato y terminar contratos sea sencillo. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que su gestión se centraría en flexibilizar los acuerdos de jornada. La nueva causal de despido por falta de productividad, el contrato por horas y la revisión de dictámenes de la Dirección del Trabajo complementan el paquete tributario. Isabell Lorey (2015) argumenta que la flexibilización es una forma activa de gobierno de la precariedad, donde el Estado administra la inseguridad laboral como mecanismo de control.
Ajuste Fiscal y Recortes en Programas Sociales
Mientras la reforma tributaria se discute en el Congreso, el ajuste fiscal avanza por decreto. En marzo de 2026, el Oficio Circular N°12 instruyó un recorte transversal permanente del 3% del gasto bruto a todos los ministerios, con congelamiento de concursos y nuevas contrataciones. El Oficio N°16 del 21 de abril profundizó esta lógica, proyectando recortes de hasta 4 billones hacia 2027, afectando 142 programas estatales.
El Decreto N°331/2026 concretó 2.721 millones de recorte en el Ministerio de Desarrollo Social, impactando a instituciones como el Servicio Nacional de Protección a la Niñez (ex Sename, 2.748 millones), CONADI (634 millones), INJUV (859 millones), Subsecretaría de la Niñez (359 millones), SENADIS (135 millones) y SENAMA (18 millones).
Cada uno de estos recortes tiene una cara laboral específica: cuando se reducen los recursos, desaparece no solo un derecho social, sino también el empleo de profesionales como psicólogas, trabajadoras sociales y educadoras diferenciales, muchas veces bajo contratos a honorarios y sin estabilidad. En el Ministerio de Educación, 15 programas recomendados para descontinuar incluyen el Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB y el Programa PACE. En Salud, 21 programas están bajo evaluación, y en la cartera de Trabajo, 26 iniciativas enfrentan revisión. El impacto potencial total afectaría a más de 15 millones de personas.
En este contexto, Mirna Chávez, presidenta del sindicato interempresa UMASUR, denunció en febrero de 2026 que más de 2.000 manipuladoras de alimentos de La Araucanía enfrentaban despidos masivos sin certeza sobre el pago de sus finiquitos. JUNAEB respondió que la responsabilidad legal recae en las empresas contratistas, lo que Castel (1997) caracterizó como "inclusión precaria": el Estado contrata empresas, y estas a trabajadoras, pero cuando la empresa cambia o quiebra, la trabajadora pierde todo sin que el Estado deba responder.
Jornada Laboral y la Eliminación de la Franquicia SENCE
Desde el 26 de abril de 2026, la jornada laboral en Chile se redujo a 42 horas semanales, como parte de la Ley 21.561. Sin embargo, su alcance está delimitado por el tipo de vínculo jurídico, aplicando únicamente a trabajadoras y trabajadores regidos por el Código del Trabajo. La implementación ha estado marcada por prácticas irregulares, como el uso del tiempo de colación para imputar la reducción horaria, práctica que la Dirección del Trabajo ha declarado ilegal.
La eliminación de la franquicia SENCE agrega otra capa al problema de la desprotección. Aunque evaluaciones anteriores detectaron fallas en el sistema, su eliminación sin un reemplazo o un proyecto de ley alternativo es una elección política. Para Mirna, esta franquicia, aunque imperfecta, era un medio para certificar competencias y negociar desde una posición menos débil. Pierre Bourdieu (1998) señaló que quien no puede acumular trayectoria no puede construir una posición de fuerza y, por lo tanto, acepta las condiciones impuestas.
Resistencia y Asociatividad en la Precariedad
La precarización no opera sobre sujetos pasivos. Las manipuladoras de alimentos llevan años sindicalizadas y están representadas en 12 federaciones. Los gremios de organismos de capacitación declararon alerta máxima ante la eliminación de SENCE. Profesionales de programas educativos se organizan por red, por establecimiento y por territorio.
Julián Véjar y Valdés (2022) identificaron la resistencia y la asociatividad como dimensiones constitutivas del proceso de precarización en Chile. Lo que el gobierno denomina reconstrucción es, en realidad, una reforma estructural que reorganiza las condiciones del trabajo en favor del capital. Esta reforma rebaja impuestos a quienes concentran la riqueza, subsidia la contratación barata, elimina la capacitación y recorta programas sociales, anclando la invariabilidad tributaria por 25 años.
Gonzalo Durán (Fundación SOL, 2026) resume que, si el ajuste tributario no avanza en el Congreso, el camino alternativo es flexibilizar el trabajo reduciendo costos laborales. El trabajo organizado, sin embargo, persiste en su lucha por la certeza colectiva del valor de su labor, una certeza que no aparece en ningún oficio de Hacienda, pero que Mirna y quienes trabajan como ella conocen de primera mano.