La situación de los niños de origen haitiano y sus familias en los sistemas de cuidado y protección ha revelado serios desafíos, especialmente en contextos migratorios. Los casos de Maribel y su hija Rose, Vitha Malbranche y su bebé, y la Fundación Familias Multicolor, ilustran la complejidad de estos procesos, que a menudo se ven agravados por barreras idiomáticas, culturales y socioeconómicas, así como por deficiencias institucionales.
Caso Maribel y Rose: La Lucha de una Madre Haitiana por su Hija
La historia de Maribel, una mujer haitiana de 31 años, y su hija Rose (cuyo nombre ha sido cambiado para resguardar su identidad), es un ejemplo conmovedor de las dificultades que enfrentan los migrantes en la protección de sus hijos.
Nacimiento Prematuro y Riesgo Social
El 27 de julio de 2017, a las 15:38 horas, Maribel dio a luz a su hija Rose en el Hospital El Carmen de Maipú. Rose es uno de los miles de niños nacidos en el país con madre o padre haitiano, sumando 18.032 nacimientos de 2018 a 2020 según el Registro Civil. Además, Rose nació prematura, pesando menos de dos kilos y medio, una condición que afecta al 11,9% de los hijos de madres haitianas, casi el doble de la cifra chilena del 6% en el mismo período.
La bebé estuvo internada por su condición prematura. Al darle el alta, el hospital prohibió a Maribel llevársela debido a su riesgo de situación de calle, ya que no tenía dinero para pagar el arriendo tras perder su trabajo. Según Georgina Sepúlveda, trabajadora del Departamento Social del Hospital San Borja de Arriarán, existe un programa nacional de apoyo al parto prematuro que exige una visita domiciliaria para asegurar un lugar adecuado para el bebé. Si la vivienda no es segura, se busca apoyo en la red o en hogares para madres vulnerables, gestionados por fundaciones sin fines de lucro. Tras semanas durmiendo en el piso del hospital mientras cuidaba a su hija, Maribel recibió una solución informal: un paramédico publicó su caso en redes sociales.
Acogida Informal y Denuncia
Así, Karen, una mujer chilena de Viña del Mar, se ofreció a recibirlas temporalmente. Tanto Georgina Sepúlveda como Norma Bravo, trabajadora social del Hospital San Borja, concuerdan en que buscar una solución informal en redes sociales es inadecuado, violando la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes que resguarda la confidencialidad de la información. El Hospital El Carmen no respondió a solicitudes de entrevista.
Después de un mes, Maribel decidió buscar trabajo en Santiago, dejando a Rose con Karen. "Podía dormir en la calle, pero la niña no, porque era prematura. Yo acepté por obligación que me cuide a la niña", confesó Maribel, quien viajaba tres horas cada fin de semana para visitarla.
En 2018, el Cesfam Profesor Eugenio Cienfuegos, donde se atendía Rose, denunció que Karen llevaba a una niña que no era su familiar a los controles. El 22 de mayo de ese mismo año, el Servicio Nacional de Menores (Sename) ingresó a Rose a un hogar de menores por presunto abandono de la madre biológica.
Ingreso al Programa FAE y Falta de Evaluación
Tras quince días, el 7 de junio el Tribunal de Familia de Viña del Mar le dio oficialmente el cuidado personal provisorio de la niña a Karen y ordenó al Sename postularla al Programa de Familias de Acogida Especializada (FAE). En ese momento, se desconocía que Karen también había vivido en su infancia con una familia de acogida. Tali Staub, encargada de comunicaciones de la Dirección Regional Valparaíso del Sename, explica que para ser parte del programa FAE, la persona debe ser evaluada previamente para determinar su idoneidad. Sin embargo, si los cuidadores ingresan por decreto judicial y no por postulación, no se les practica una evaluación previa, como ocurrió con Karen.
La primera advertencia surgió en la audiencia: el abogado de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) interpuso un recurso legal para que Rose permaneciera en el hogar, argumentando la gravedad de entregar el cuidado a alguien sin evaluación. No obstante, el Tribunal no consideró antecedentes de riesgo de salud o familiar que lo justificaran.
Alertas y Desaparición de Rose
Según informes en la carpeta investigativa, a mediados de 2018, comenzaron los problemas entre Karen y Maribel, pues Karen manifestó su deseo de quedarse con el cuidado permanente de Rose, incluso expresando en diciembre de 2018 su intención de fugarse con la niña si la trasladaban con su tío paterno, Celder Louis. Aunque se evaluó al tío como posible cuidador, se determinó que tenía "competencias parentales levemente disminuidas" debido a problemas de espacio, falta de actividades recreativas, y estereotipos de género, a pesar de que no había señales de violencia y los padres tenían situación migratoria y laboral regularizada. Ya existían varios informes que alertaban sobre Karen, pero aun así fue considerada mejor cuidadora que la propia familia.
Además, la familia de Karen cambió el nombre de la niña sin consentimiento del FAE ni de Maribel, lo que generó conflicto por el impacto en su identidad. A principios de 2019, el Sename llamó la atención a Karen por un perfil de Instagram dedicado a Rose, donde se publicaban fotos, información del proceso de protección y una campaña para evitar su separación, lo que transgredía la privacidad de la niña e incumplía el convenio con el FAE.
El 27 de febrero de 2019 se despachó el primer informe que señalaba explícitamente que Karen no era idónea para el cuidado de Rose. Cinco meses después, el Tribunal decidió que las visitas serían en la casa de Maribel en Maipú. El 30 de julio, día de la primera visita bajo esta nueva modalidad, el equipo psicosocial del FAE no encontró a Karen ni a Rose en casa; estuvieron ilocalizables por un día.
El 20 de agosto el Tribunal egresó a Rose del programa FAE para comenzar la revinculación con Maribel. Rosa Lazo, abogada del Programa FAE, interpuso un recurso de apelación, pidiendo que el cuidado volviera a Maribel y que la niña se mantuviera en el programa, ya que por ley solo el Sename puede realizar intervención psicosocial. Al menos diez escritos en un año advirtieron la negación de Karen a la reunificación familiar.
Tras otro recurso de apelación y una medida cautelar de prohibición de acercamiento, la Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó el 9 de octubre de 2019 que el cuidado de Rose debía regresar a la madre. Se fijó una audiencia para el día siguiente. El 11 de octubre de 2019, el Juzgado de Familia de Viña del Mar despachó una orden de búsqueda a la PDI y Carabineros. Maribel relata: "Pero como yo confiaba en ella, no creía en la gente del Sename cuando me dijeron que ella me quería quitar a mi hija. Ella no me demostró nada malo, me trató como si fuera su hija".
Búsqueda y Confusión Institucional
El 17 de octubre, un inspector de la PDI de Viña del Mar encontró a la hija mayor de Karen en su última dirección, quien dijo que su madre y Rose no regresaban desde el día anterior. Funcionarios de la PDI de Viña del Mar regresaron tres veces a este domicilio durante 2020. Desde el 11 de octubre de 2019, el caso ha rotado por nueve jueces del Juzgado de Familia de Viña del Mar. Hasta el 1 de diciembre de 2020, diez comisarías de Carabineros de nueve zonas distintas del país enviaron informes de búsqueda, pero solo una entregó nuevos antecedentes, que se mantienen en privado.
La familia de Karen mantiene un perfil en Instagram con la descripción "9 meses fugadas por culpa del Sename y sus mentiras", donde publican fotos actuales de la niña, incluso con ubicaciones como "Ancud, Isla de Chiloé". Han realizado campañas para recaudar fondos para un negocio, afirmando que el FAE Sename las tiene viviendo "como nómades". A pesar de que Rose fue atendida por un pediatra, ni la PDI ni Carabineros logran dar con su paradero.
A finales de septiembre, la PDI informó a Maribel de una pista sobre el paradero de Karen y Rose, pero luego no obtuvo respuesta. Maribel visitó la PDI en Maipú varias veces sin éxito, hasta que el 26 de noviembre, acompañada de personas chilenas, logró contactar a la unidad de Viña del Mar. Le explicaron que tenían un domicilio para buscar, pero fuera de su jurisdicción. El Tribunal le dijo que debía ingresar una solicitud para ampliar la orden a nivel nacional, pero esta ya había sido ampliada el 9 de noviembre de 2020.
En la mayoría de los informes del caso, se menciona que Maribel siempre quiso hacerse cargo de su hija, pero sus condiciones socioeconómicas no se lo permitían. Los documentos también confirman que Karen cuidó bien de Rose en el aspecto material, a pesar de impedir la revinculación con su madre. Al cierre de este reportaje, Maribel aún no tiene noticias sobre el paradero de su hija.
01072025 Reportaje; Programa de Familias de Acogida, Esperanza para Niñas y Niños
El Caso de Vitha Malbranche: Discriminación y Vulneración de Derechos
La experiencia de Vitha Malbranche, una madre haitiana, resalta la discriminación y las violaciones de derechos fundamentales que pueden sufrir las personas migrantes, especialmente cuando se enfrentan a barreras idiomáticas y culturales. Su caso es similar al de Joanne Florvil, otra mujer haitiana que falleció en 2018 tras ser acusada de abandono.
Incidente en el Bus y Detención
Vitha, quien no habla español, viajaba con su hijo de 6 meses desde Santiago hacia Brasil para reunirse con su hermano. En el trayecto, sufrió un cuadro ansioso que alertó a los pasajeros, lo que llevó a que la bajaran del bus. Tras este confuso y violento hecho, manifestó su angustia mediante un ritual propio de la cultura haitiana, pidiendo ayuda a sus dioses mediante rezos y danza, lo que motivó su detención por carabineros.
Separación del Hijo e Internación Psiquiátrica
El 13 de febrero, en una audiencia en el Tribunal de Familia, se determinó que el niño fuera trasladado desde el Hospital Regional de Iquique a una residencia para lactantes y que Vitha permaneciera internada en la UCI de Psiquiatría. Esta decisión se tomó a pesar de que Vitha demostró permanentemente no presentar signos de ningún tipo de problema de salud mental y de que el niño tampoco presentaba signos de maltrato o descuido.
Violaciones a los Derechos Fundamentales
Durante todo el proceso, se cometieron sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales tanto del niño como de Vitha. Entre estas, se incluyen la medicación no consentida y sin información de un diagnóstico adecuado, la interrupción arbitraria de su proceso de lactancia y la negación de su derecho a la legítima defensa al no contar con una comunicación adecuada. Estas irregularidades en los procesos llevados a cabo durante su detención exigen responsabilidades institucionales.
Apoyo y Llamado a la Acción
Organizaciones como el Observatorio Contra la Violencia Estructural hacia las Mujeres (OCVEMU), AMPRO Tarapacá, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Centro de Atención Jurídica de la Universidad de Tarapacá, han brindado apoyo a Vitha, colaborando para resguardar sus derechos y los de su hijo. Este caso subraya la necesidad de que las instituciones estatales no vulneren los derechos de las personas, argumentando incomunicación por el idioma o incomprensión de expresiones culturales, un eco de lo sucedido a Joanne Florvil.
Desafíos y Transparencia en la Adopción de Niños Haitianos: El Caso de Fundación Familias Multicolor
El interés por la adopción de niños haitianos, especialmente tras eventos como el terremoto de 2010, reveló una serie de desafíos y la necesidad de una mayor transparencia en los procesos. La Fundación Familias Multicolor es un caso que ilustra las complejidades y las irregularidades que pueden surgir en este ámbito.
Inicios y Advertencias del Sename
Entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, tres familias chilenas lograron traer a Chile a tres niñas haitianas que habían decidido adoptar, aunque una cuarta niña, Amelia, nunca llegó. Rosemary Donoso y Bárbara Vigouroux, fundadoras de Familias Multicolor, iniciaron sus propias adopciones en 2006 y 2007, respectivamente, trayendo a sus hijos a Chile bajo el permiso de "razones humanitarias" para tratamientos médicos, sin que esto implicara una adopción legal definitiva.
Raquel Morales, directora del Departamento de Adopción del Sename, confirmó que la entidad advirtió a Donoso y Vigouroux sobre las dificultades legales y la precariedad del sistema haitiano, desaconsejando la adopción en Haití. Cuando el terremoto de enero de 2010 reactivó el interés en adoptar niños haitianos, el Sename emitió una declaración pública aclarando que no se podía generar un proceso de adopción en las condiciones de Haití en ese momento.
Promoción de Adopciones Irregulares y Falta de Regulación
Donoso y Vigouroux refutaron la posición del Sename y optaron por incentivar la adopción de niños haitianos en Chile a través de su fundación, promoviendo una "vía paralela". El 25 de enero de 2010, ya eran presentadas como "voceras" de la Fundación Familias Multicolor, aunque el Ministerio de Justicia le otorgaría su personalidad jurídica recién el 30 de diciembre de ese año.
Promovían un "camino corto" de adopción que, según ellas, implicaba una cesión legal de los padres en Haití, traducida y leída en los tribunales, de manera que los padres estuvieran "totalmente claros que te están entregando un hijo que no va a volver". Los niños llegaban a Chile con visa de turista, y se iniciaban trámites de renovación para una posible adopción definitiva. Vigouroux incluso afirmó que el proceso de adopción en Haití "no va a tener ninguna validez" en Chile.
La exposición mediática post-terremoto aumentó el interés de chilenos en adoptar por razones humanitarias, y la fundación contactó a figuras públicas y autoridades para apoyar su proyecto, recaudando fondos mediante rifas, ferias y obras de teatro con el fin de abrir un hogar de niños en Puerto Príncipe. Afirmaron haber dejado el proyecto y estatutos de la fundación en La Moneda en marzo de 2010.
Irregularidades en la Gestión y Fiscalización
La investigación de CIPER recopiló "piezas que no encajaban" en la Fundación Familias Multicolor y su hogar de acogida (creche) en Puerto Príncipe. Se identificaron irregularidades como un directorio cuyos miembros nadie conocía, un patrimonio sin registro contable, descontrol total sobre el uso de recursos y donaciones, y desconocimiento de procedimientos y plazos legales de Haití. Un supuesto "abogado" resultó ser un procurador con contactos para sacar a los niños del país, y una exfuncionaria de la embajada chilena en Haití administraba la creche, supuestamente trayendo menores a Chile sin registro de ingreso, según la PDI. Había una nula fiscalización sobre el cuidado de los niños en el hogar.
Rosemary Donoso evitó responder cómo se financiaba la fundación. Contaron con la colaboración del Estado Mayor Conjunto de Chile para viajes en aviones de la FACH hasta septiembre de 2011, y obtuvieron una franquicia en LAN para llevar hasta 10 maletas en sus viajes. La fundación inscribió un "amplio giro" donde la única referencia a las adopciones es el asesoramiento a "familias que se encuentren en procesos de adopción de niños sean chilenos o extranjeros", lo que se alinea con la decisión de usar la vía humanitaria.
Carlos Matthews, un abogado que se incorporó como colaborador voluntario en 2011, ofreció asesorar legalmente a padres sin dinero. Sin embargo, se decepcionó al no ver transparencia en la organización y al recibir solo la carpeta del caso particular de Donoso en lugar de poder asesorar a otros padres. Hasta ahora, es imposible conocer quiénes componen el directorio de la fundación, cuyo sitio web dejó de funcionar. Donoso mencionó un directorio con dos parejas de padres, una enfermera y dos voluntarias, pero no pudo proporcionar una nómina.
En busca de documentos sobre la memoria, balances y nómina del directorio, CIPER solicitó información a la Subsecretaría de Justicia en 2012, que notificó a las directoras para actualizar el Registro de Personas Jurídicas. Las familias consultadas coinciden en la nula transparencia en el uso de los recursos económicos y en el deficiente manejo del hogar en Puerto Príncipe, donde las cuidadoras pasaban gran parte del día durmiendo o viendo televisión, descuidando a los niños, quienes con suerte jugaban una hora diaria.
Costos y Falta de Claridad Legal
El documento informativo de 2011 indicaba un costo de mantención de la casa de al menos $2.892.500 mensuales, incluyendo arriendo, servicios, salarios de cuidadoras y administrativo, y suministros. En relación a la tarifa del supuesto "abogado" haitiano, Jean Bruno Bonne Anné, no existen registros claros: a las familias se les cobraban US$ 5.000, Donoso aseguró a CIPER que el valor era de US$6.000, mientras el documento informativo mencionaba entre US$3.000 y US$4.000. Las familias adoptivas terminaron endeudadas con créditos que superaron los $40.000.000 (más de US$ 80.000) debido a los viajes y abogados encareciendo los procesos.
01072025 Reportaje; Programa de Familias de Acogida, Esperanza para Niñas y Niños
Consideraciones Generales sobre la Cuidadora de Niños de Origen Haitiano
Estos casos ponen de manifiesto una serie de consideraciones críticas sobre la interacción de madres y niños haitianos con los sistemas de cuidado y protección, así como con iniciativas privadas.
Vulnerabilidad de Madres y Niños Haitianos
La población haitiana en el país, especialmente mujeres y niños, enfrenta una vulnerabilidad multidimensional. Esto incluye la precariedad socioeconómica que puede llevar a situaciones de calle o a la necesidad de recurrir a soluciones informales para el cuidado de los hijos, como en el caso de Maribel. La barrera idiomática y las diferencias culturales, como en el caso de Vitha Malbranche, pueden llevar a malentendidos y a la criminalización de expresiones culturales, resultando en la separación forzosa de los niños de sus madres y en la vulneración de derechos fundamentales.
Rol de las Instituciones de Protección
Los incidentes analizados también revelan deficiencias en el actuar de las instituciones de protección. La falta de una evaluación adecuada de cuidadores, como en el programa FAE del Sename con Karen, o la lentitud y descoordinación en la búsqueda de niños desaparecidos, demuestran la necesidad de fortalecer los protocolos y la capacitación del personal. La falta de acceso a intérpretes y la incomprensión de las particularidades culturales de la población migrante pueden derivar en la violación sistemática de derechos, negando el debido proceso y el respeto a la identidad de las personas.
En el ámbito de las adopciones, la falta de fiscalización y transparencia en fundaciones como Familias Multicolor, junto con la promoción de vías "paralelas" o informales, pone en riesgo a niños y familias adoptivas. Las advertencias de entidades oficiales como el Sename sobre la precariedad del sistema en Haití subrayan la importancia de procesos claros, legales y éticos, evitando la exposición a la trata de menores y asegurando el bienestar de los niños.