La exclusión y el maltrato de las personas mayores es un problema social significativo a nivel mundial y, por lo general, no se notifica suficientemente. Aunque se desconoce la magnitud exacta del maltrato en la vejez, su relevancia social y moral es indiscutible.
Manifestaciones del Maltrato y la Exclusión en la Vejez
El maltrato físico, que incluye golpes y sometimiento, es una de las formas más reconocidas. Sin embargo, existen otras clasificaciones y tipos de violencia que afectan a los adultos mayores:
- Violencia psicoemocional: Afecta la salud mental y emocional de la persona.
- Violencia patrimonial y económica: Relacionada con la apropiación o el control indebido de bienes y recursos.
- Omisión de cuidados: La falta de atención a las necesidades básicas y de salud.
- Maltrato institucional: Se manifiesta en la inexistencia, el mal ejercicio o el incumplimiento de las leyes, así como en la presencia de normas sociales, comunitarias y culturales que desvalorizan la imagen de la persona mayor, expresándose como discriminación, marginalidad y exclusión social.
La estigmatización que han sufrido las personas envejecidas, especialmente durante periodos como la pandemia, profundiza la idea de que son frágiles, dependientes e incapaces, llegando en algunos sectores a poner en duda el valor de su vida y su relevancia para el desarrollo de la sociedad. Los principios fundamentales como la dignidad, autonomía, independencia, participación, autorrealización, cuidado y bienestar, seguridad, equidad e igualdad de género, buen trato y respeto a la diversidad cultural, han sido violentados.

Contexto Demográfico del Envejecimiento
Tanto México como Chile, al igual que otros países de América Latina y el Caribe, están experimentando un acelerado proceso de envejecimiento demográfico que marca la agenda de las políticas públicas.
En México
El Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México indicó que en 2020 se atendieron 863 casos de maltrato denunciados por vecinos, familiares o de forma anónima. De estos, el 32 por ciento fue por violencia psicoemocional, el 31 por ciento por patrimonial y económica, el 27 por ciento debido a omisión de cuidados y el 9 por ciento estuvo relacionado con agresiones físicas. Estos datos son solo un reflejo de lo que ocurre dentro de los hogares.
El proceso de envejecimiento en México es notable: en el año 2000, el 61 por ciento de la población tenía menos de 30 años, cifra que se redujo al 50 por ciento en 2020. En contraste, el porcentaje de mayores de 60 años pasó del 7 por ciento en el 2000 al 12 por ciento para 2020.
En Chile
Chile vive un acelerado proceso de envejecimiento demográfico con una esperanza de vida de 80 años. Actualmente, se estima que cerca de 1 de cada 4 personas en el país tiene 60 años o más, y se proyecta que para 2050 esta proporción será de 1 de cada 3 (32.9%), según proyecciones del INE. Estas características requieren acciones para favorecer la inclusión social en un marco de garantía de los derechos humanos.
La Sexta Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores (2021) reveló que el 64% de las personas consultadas manifestaron sentir que la satisfacción con la vida disminuye al envejecer, mientras que el 47% sostuvo que el envejecimiento está relacionado mayormente con sentimientos de miedo o tristeza.
Envejecimiento en América Latina y El Caribe Protección social, calidad de vida de personas mayores
Factores de Vulnerabilidad y Abandono
Existen diversas categorías que colocan a las personas que envejecen en mayor riesgo de ser maltratadas o víctimas de algún tipo de abuso. Las mujeres, por ejemplo, tienen una mayor esperanza de vida y una gran cantidad carece de una pensión contributiva, lo que limita su acceso a la seguridad social al llegar a la vejez, una situación menos frecuente entre los varones.
Lamentablemente, quienes más ejercen el abuso o el maltrato son los propios familiares, como parejas, hijos, hermanos o nietos. Esta situación de desamparo, por parte de quien había asumido la responsabilidad de cuidarla o de la persona a cargo de su custodia, se conceptualiza como abandono.
El abandono social es una realidad y su consecuencia es la ausencia del reconocimiento que todos los seres humanos necesitan para desarrollarse satisfactoriamente. El aislamiento y la soledad en el anciano son cada vez más patentes en una sociedad inmersa en una creciente competitividad y deshumanización. Se ha observado que aproximadamente el 20 por ciento de la población experimenta la soledad y el abandono social, en un entorno de estrés y violencia. La falta de atención y cuidado por parte de los familiares es el principal tipo de abandono que sufre el adulto mayor, afectando directamente sus aspectos psicológicos y emocionales.
La salida a la calle y el consecuente rompimiento con el entorno familiar obedecen a un conjunto de factores multicausales como violencia, maltrato, abuso sexual, pobreza, insuficiencia de recursos materiales y aburrimiento. Las personas mayores en situación de indigencia se ven obligadas a crear una nueva forma de vida en la calle, sin protección ni programas de apoyo alimenticio, de salud o económico, constituyendo un grupo vulnerable sin el apoyo del Estado.
Marco Legal y Desafíos en la Protección
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona (art. 3), a la seguridad social y a la realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales esenciales para el desarrollo de su personalidad (art. 22), así como a participar en actividades culturales y contar con un seguro para la vejez (art. 27).
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la OEA y promulgada en Chile el 1 de septiembre de 2017, busca promover, proteger y asegurar los derechos humanos de las personas mayores.
En el Estado de México, la Ley del Adulto Mayor (promulgada en 2008) busca otorgar derechos a los adultos mayores. Dicha ley establece que los adultos mayores deben ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad y pérdida de sus medios de subsistencia, así como de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue si se encuentran en situación de riesgo o desamparo (Artículo 5). Además, menciona la obligación de la familia, específicamente de los hijos (Artículo 4.131), de proveer alimentos extraordinarios para el sustento, habitación, vestido y atención médica u hospitalaria.
A pesar de la existencia de estos ordenamientos, en la realidad, los derechos de los ancianos suelen ser transgredidos por quienes tienen la obligación o el resguardo, y a menudo, el anciano se niega a denunciar por temor a las consecuencias, dada la relación sentimental con el agresor.

El Edadismo y la Estigmatización Social
El edadismo es la única forma de segregación que interpela a todas las personas, ya que cada una de ellas experimentará la vejez en algún momento y, por ende, será probablemente excluida mediante los mismos prejuicios y creencias negativas que expresó a lo largo de su vida. Como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), los perjuicios del edadismo son graves, ya que las actitudes estigmatizantes pueden generar exclusión, autoexclusión, aislamiento, soledad e, incluso, acortar el promedio de vida hasta en 7.5 años.
El término estigma, originado en Grecia para referirse a signos corporales que exhibían algo malo o poco habitual en el estatus moral, se utiliza en sociología para describir un atributo profundamente desacreditador. Erving Goffman (1963) lo define como el proceso en el que la reacción de los demás estropea la "identidad normal".
La exclusión de las personas en indigencia se alimenta de la estigmatización social, ya que sus condiciones de vida, apariencia y actividades conllevan a que se les califique como "peligrosos", "delincuentes", "improductivos" o "vagabundos". Este proceso de exclusión, sostenido en la estigmatización, se conjuga con el desarraigo que experimentan estas personas, quienes sufren una constante pérdida de vínculos y redes sociales como la familia, el círculo de amigos y el trabajo.
Rol de los Medios de Comunicación
La Sexta Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores también resaltó que el 79% de los chilenos señala a los medios de comunicación como difusores "pasivos" de los prejuicios que existen sobre las personas mayores, consolidando una imagen social estigmatizante y desempoderadora. Concretamente, el 48% de los encuestados opinó que las características más destacadas de las personas mayores en los medios son negativas, y el 34% percibió que esta concepción ha empeorado.
Pobreza y Exclusión Social en la Vejez
La pobreza se conceptualiza como la carencia de recursos para cubrir las necesidades de subsistencia, y en las sociedades actuales es estructural, generando desigualdades que se unen a la escasez de recursos y la precariedad del empleo.
El binomio exclusión-pobreza de la población adulta mayor se clasifica en los ámbitos relacional, socio-sanitario y económico, áreas que hacen más vulnerables a esta población. Este binomio se sustenta en ejes de desigualdad como el género, la edad, la etnia y la clase social.
La exclusión por edad es particularmente relevante para las personas mayores, ya que en el mercado laboral se establece de antemano una desigualdad, impidiendo el acceso a beneficios económicos derivados del trabajo. Factores demográficos y educativos también inciden en la pobreza, generando desigualdades que limitan el acceso a mejores empleos o al mercado formal. Según datos de CONEVAL (2016), en México 53.4 millones de personas (43.6%) se encontraban en pobreza y 9.4 millones (7.6%) en pobreza extrema en 2016.
Un estudio logístico indica que tener adultos mayores en el hogar es un factor importante para estar por debajo de la Línea de Bienestar (LB), siendo aún más probable en hogares compuestos exclusivamente por adultos mayores o con más de uno de ellos. Además, se observa que la probabilidad de estar por debajo de la LB es ligeramente mayor cuando la jefatura del hogar es femenina, tanto en hogares jóvenes como en aquellos con jefes de familia de 65 años.
Las sociedades siempre presentan un grado de exclusión, la cual se da en diversos niveles. Arroyo (2016) señala que la exclusión se presenta en tres niveles, incluyendo a los ancianos, desempleados e inmigrantes pobres en el segundo grado, donde pueden provenir de la pobreza extrema, pero con la posibilidad de corregir algunas características de la pobreza.
Respuestas Institucionales y Políticas Públicas
Es fundamental que existan políticas públicas que respeten los derechos humanos de las personas mayores. En Chile, la directora nacional de SENAMA, Claudia Asmad, enfatiza que es un trabajo constante visibilizar a las personas mayores como sujetos de derechos, derribar los mitos arraigados en la sociedad y promover un envejecimiento digno, activo y saludable.
El Estado Chileno se ha preocupado, aunque de manera incompleta, de garantizar derechos como la seguridad social y la salud, pero ha descuidado la integración y participación activa de este sector en la sociedad. Las políticas han puesto la autonomía individual como el centro, pero se requiere una política nacional que permita a las personas mayores desarrollarse sin ser una carga ni ser excluidas socialmente.
Un tema que aborda la encuesta chilena es la preparación institucional para afrontar el envejecimiento, revelando una mirada pesimista: el 76% evaluó como "nada o casi nada" la preparación institucional. Los esfuerzos se centran en iniciativas en las líneas de cuidados, participación y buen trato, como la medida presidencial de aumentar los Centros Diurnos, buscando promover la independencia y autonomía. Sin embargo, aún persiste una fuerte presencia de edadismo en la sociedad que impide valorar la vejez en su justa medida.
El trabajo para acabar con la pobreza y la exclusión de millones de personas debe darse en todos los niveles. No solo depende de políticas públicas que mejoren el acceso universal a los derechos, sino también de un enfoque específico en los grupos más vulnerables, abordando su heterogeneidad y necesidades desde una perspectiva integral y con recursos suficientes.