El Servicio Nacional de Menores (Sename), organismo del Estado de Chile encargado de la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha sido objeto de severas críticas y acusaciones de negligencia. A lo largo de los años, el sistema ha sido cuestionado por su funcionamiento, revelando fallas profundas en la protección de los derechos que busca salvaguardar.
El Caso de Guillermina: Un Reflejo de la Crisis
La madrugada, a las 04.19 de la mañana, una policía trajo a Guillermina, de 16 años, al Centro de Protección Alborada del Sename. La joven, que llegaba "a medio vestir" y con dinero, presentaba signos de un estado alterado.
Según consta en la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal. Una vez calmada, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para determinar el tipo de sustancia que la tenía en ese estado ni para estabilizarla. Tampoco se realizó un chequeo completo tras su llegada en esas condiciones. La única lesión constatada por la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó, y la muerte de Guillermina en agosto de 2012 quedó registrada como un número más en la larga lista de lo que el Sename denomina "egresos" de su sistema. De esta forma, el término de la vida de uno de estos niños se equipara a un escape de un centro o a la reinserción con su familia, una equiparación que subraya la deshumanización inherente al lenguaje institucional.
El Caos Estadístico y la Falta de Transparencia
La incertidumbre estadística es uno de los problemas más graves que enfrenta el Sename. "Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe", afirma María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. Los datos oficiales presentan grandes discrepancias:
- Un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, reveló 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016.
- Un reporte de Unicef, sin embargo, indicó que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe ministerial.
El gobierno chileno aclaró que la cifra oficial solo incluía a menores del área de "protección". El sistema chileno, como otros brazos estatales a cargo de niños vulnerables, se divide en dos grandes áreas: "protección", para menores cuyos derechos han sido vulnerados y cuyas familias no pueden hacerse cargo, y una segunda parte que recibe a niños infractores de la ley.
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, arrojando 318 fallecimientos, que, sumados a los 77 del informe de Justicia para ese período, sumarían 395. A pesar de estos intentos por cuantificar la tragedia, el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron.
"Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica Ortiz. El diputado Saffirio es aún más crítico: "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Saffirio, quien presidió la primera comisión investigadora del Sename, presentó en 2016 un informe con 200 medidas urgentes, de las cuales "ninguna se han cumplido".
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, también expresa su desconfianza: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
Fallas Sistémicas y el Factor "Lissette"
Más allá de la inexactitud de los números, las investigaciones han puesto en evidencia un sistema donde los niños vulnerables son atendidos por personal sin la capacitación adecuada -ni siquiera en primeros auxilios- y donde se han recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia.
Actualmente, más de 8.000 niños han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename, considerados los casos más "críticos" según Ortiz. Las causas de muerte, determinadas por autopsias solicitadas por el diputado Saffirio al Servicio Médico Legal, son alarmantes por su grado de violencia:
- Lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios).
- Un menor muerto por un golpe en la cabeza al caer de altura.
- Homicidios y suicidios por ahorcamiento.
En esta lista, una causa de muerte "indeterminada" fue el detonante de la crisis por los fallecimientos: la de Lissette.
La Tragedia de Lissette
De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la Justicia determinó que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, con evaluaciones del Sename que incluían maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, la menor escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa: "Ya luego quiero salir de este Sename, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón y eres tú, mamá".
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia y sus "pataletas". El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, las cuidadoras confundieron una crisis de Lissette con otra de sus "pataletas". Según el testimonio de una cuidadora, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar. Cuando intentaron levantarla del suelo, se dieron cuenta de que se había desvanecido.
"Ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar", dijo la cuidadora. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos de primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos. Cuando se percataron de la gravedad de la situación, intentaron reanimarla y llamaron a los servicios de emergencia, pero Lissette ya había fallecido.
Una vez más, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. "La institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual", lamenta Ortiz.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento de Lissette a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar. Esta explicación fue considerada poco satisfactoria y carente de ética, costándole el puesto.
La Problemática de la Sobremedicación
La sobremedicación es otro grave problema detectado en el Sename. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, asegura que su impresión clínica es que la niña "estaba sobremedicada". Lissette recibía un fármaco (benzodiazepina) que, si bien en dosis bajas sirve como estabilizador del ánimo, en la cantidad que se le administraba actuaba como antipsicótico.
Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, con la excepción de la fluoxetina, no está demostrado que estos hagan efecto en niños. Por el contrario, la sertralina, otro de los fármacos que tomaba, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables", según Paz.
Estrada critica la "poca prolijidad" en el manejo de medicamentos en los centros, describiéndola como "generalizada": "El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación. Los adolescentes ya saben simular, dejar la pastilla debajo de la lengua y si no hay personal especializado que se los suministre, no sabemos si se están tomando efectivamente las dosis".
El senador Alejandro Navarro reveló que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado". Esto ocurre en un contexto donde Chile tiene "la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", como señala Estrada. Guillermina, con historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave a pesar de sus vulnerabilidades. La escasez de psiquiatras infantojuveniles, que prefieren el sector privado, agrava aún más esta situación.
Búsqueda de Soluciones y Desafíos Futuros
Para Francisco Estrada, una solución definitiva al problema se asienta en tres pilares fundamentales:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle".
- Reintegración familiar como objetivo final: El abogado señala que muchos niños son internados por pobreza, provenientes de padres que también fueron maltratados. La solución no es quitárselos, sino romper el círculo vicioso, entregando herramientas y acompañamiento.
- Defensa jurídica adecuada: Es crucial que los niños cuenten con una defensa que vele por sus derechos. Existe una diferencia sustancial entre los menores infractores de ley, que cuentan con "muy buenos defensores", y los niños vulnerados que llegan a los tribunales de familia, quienes son vistos por abogados jóvenes para quienes el niño es "más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
Estela Ortiz coincide en que la pobreza es un factor determinante, cuestionando si existe una "estigmatización de la pobreza" al no haber niños de los niveles económicos más altos en las instituciones del Sename, a pesar de que el abuso y la violencia son transversales.
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y realizar una transición hacia un nuevo servicio, el Servicio Mejor Niñez, que Ortiz espera dejar instalado antes de 2019. Sin embargo, los niños no pueden esperar. Las acciones desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Menores para la implementación de Mejor Niñez buscan abordar estos desafíos.
La voluntad ciudadana se ha manifestado con fuerza a través de hashtags como #No+SENAME o #NiñosVulnerados, logrando definir un eje claro en la opinión pública sobre la necesidad de cambios. Mientras en la esfera política abundan los discursos, niños, niñas y adolescentes excluidos continúan sufriendo violaciones sistemáticas a sus derechos en los centros de atención.
