Las cifras de las jubilaciones en las Fuerzas Armadas y de Orden han generado polémica en las últimas semanas. En el caso de Carabineros de Chile, estas pensiones marcan un claro contraste con las precarias jubilaciones de la mayoría de los chilenos y chilenas, que en promedio llegan a los 198 mil pesos.
El Costo Millonario de las Pensiones en Carabineros y Otras Instituciones
Durante 2016, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) desembolsó $586 mil millones para el pago de pensiones de sus funcionarios en retiro -civiles y uniformados-. Este monto incluye también al personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.
Según consigna CIPER, la nómina de pensionados de Dipreca, solicitada vía Ley de Transparencia, incluye a 1.383 ex oficiales que pasaron a retiro entre 2005 y mayo de 2017, con una pensión mensual que promedia los $2,3 millones. En la nómina de civiles, aparecen 1.056 ex funcionarios que se jubilaron entre 1951 y 2017, con pensiones que promedian un millón de pesos.
Es importante destacar que, de acuerdo a datos de Dipreca, el 95% del monto que utiliza la entidad para el pago de pensiones proviene del erario público. Solo el 5% restante lo aportan los cotizantes, una situación similar a la de los fondos que administra Capredena.
Pensiones por Invalidez de Segunda Clase: Un Punto Ciego
La pensión más alta que entrega Dipreca es recibida por Ismael Verdugo Bravo, ex general auditor de Carabineros, quien mes a mes percibe $6.976.552 como ex uniformado. Además, recibe una segunda jubilación de $938 mil como "ex funcionario civil", sumando un total cercano a los $7.914.552 millones.
Verdugo se retiró de Carabineros a fines de 2012 con invalidez de segunda clase, una causal que se aplica a miembros de las FF.AA. y de Orden que, por accidentes o enfermedades, quedan imposibilitados de continuar en el servicio y en inferioridad fisiológica para desempeñarse en ocupaciones privadas. Este tipo de invalidez puede aumentar en un 20% las pensiones.
Sin embargo, la invalidez de segunda clase es considerada uno de los puntos ciegos de la normativa. Cada institución tiene su propia comisión de sanidad que dictamina la invalidez, sin que exista la posibilidad de conocer el detalle de los fundamentos médicos que justifiquen ese dictamen.
De los casi 2.500 oficiales de Carabineros pensionados revisados por CIPER, 131 se acogieron a retiro aduciendo invalidez de segunda clase. El pago de las jubilaciones de este grupo significa un gasto anual para Dipreca de más de $2.776 millones, con pensiones promedio que bordean el $1,8 millón. Esta cifra contrasta significativamente con las jubilaciones percibidas por quienes se pensionan por invalidez en el sistema de capitalización individual de las AFP.
Casos de Invalidez y Ejercicio Profesional
En la nómina entregada por Dipreca, figuran siete médicos con causal de retiro de invalidez de segunda clase, algunos de los cuales permanecen activos y con consultas en distintas regiones del país.
Un caso ejemplar es el del cirujano y mayor (r) Enrique Sudy Márquez, quien pasó a retiro en 2004 con causal de invalidez de segunda clase. La indagación de CIPER encontró al doctor Sudy ejerciendo en el Hospital Regional de Coihaique, lo cual la normativa no impide por tratarse de un hospital público. Sin embargo, un informe de la Contraloría señala que, entre enero y diciembre de 2010, el doctor Sudy figuró en una nómina de remuneraciones a honorarios del Comando de Salud del Ejército, con una remuneración mensual de $1.135.326. En 2011, también apareció en otra nómina de honorarios del Instituto Geográfico Militar y, ese mismo año, en el Centro Clínico Militar Coihaique del Ejército, con remuneraciones mensuales que superaban los $2 millones.
El ex general auditor Ismael Verdugo Bravo, quien se jubiló por invalidez de segunda clase, justificó su actividad profesional posterior a su retiro: “La invalidez de segunda clase de acuerdo a la definición legal, lo deja a usted en inferioridad fisiológica para desempeñarse, por lo tanto, a mí la norma no me prohíbe ejercer como abogado. Efectivamente yo trabajo como puedo, pero no soy un abogado de ejercicio masivo. Usted comprenderá que no por el hecho de haber jubilado por esa causal me tengo que quedar encerrado en mi casa. También hago clases, claro que se trata de un par de ramos.”
Vínculos con el "Pacogate": Pensionados Imputados en el Mega Fraude
A casi cinco meses de la revelación del mega fraude conocido como Pacogate, el desfalco en Carabineros ya supera los $25 mil millones y la investigación de la Fiscalía suma 74 formalizados. CIPER detectó que 15 de los formalizados por participar en esta asociación criminal reciben pensiones pagadas por Dipreca, las que suman alrededor de $432 millones al año.
La pensión más alta entre los formalizados la recibe el coronel Carlos Cárcamo Bravo, con $4,7 millones mensuales, quien jubiló por invalidez de segunda clase. Cárcamo fue jefe de gabinete del ex director de Finanzas de la institución, general Iván Whipple, y posteriormente jefe del Departamento III Tesorería y Remuneraciones bajo el mando del general Flavio Echeverría, actualmente preso por el desfalco.
Otro oficial imputado es el coronel Arnoldo Rivero Gerves, quien percibe una jubilación de $2,8 millones y ha sido mencionado como uno de los principales gestores del fraude.
Asimismo, los oficiales Robinson Carvajal Leiva (con una pensión de $2 millones) y Nelson Valenzuela Aravena (con una jubilación de $1,4 millón) también jugaron un rol clave en la asociación ilícita. A Carvajal la Fiscalía le imputa haber operado como reclutador de las personas que recibieron los fondos sustraídos, mientras que a Valenzuela se le acusa de coordinar la distribución del dinero y de invertir sus ganancias ilícitas en negocios.
El comandante Ramiro Martínez Chiang, quien cobra $2 millones mensuales, también figura entre los pensionados del mega fraude. La Fiscalía lo acusa de haber recibido al menos $612,4 millones como exceso de sueldo, dinero repartido entre los miembros de la asociación criminal. Martínez Chiang pasó a retiro en 2012, después de intervenir en millonarias compras con sobreprecio en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
Fraude en Carabineros: El sumario que pudo frenar el "Pacogate"
El Fenómeno de las "Dobles Pensiones"
El reportaje también destaca el privilegio de las dobles pensiones, que afectan a 22 ex carabineros que pasaron a retiro dos veces y en años distintos. En promedio, estos ex funcionarios ganan $4 millones, lo que le significa a Dipreca un gasto anual de más de $1.047 millones.
La mayoría de estos ex oficiales también formaba parte de la planta de profesores de la institución. Hasta 2006, la normativa obligaba al personal que impartía clases en las escuelas de Carabineros a recibir esta remuneración por una vía separada, también imponible en Dipreca.
Entre los beneficiados con doble pensión se encuentran el ex general de Carabineros Héctor Jara, quien, además de su pensión de $3,2 millones, percibe una jubilación por su labor docente de $1,6 millón. El ex jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general René Moya Venegas, quien pasó a retiro en noviembre de 2004, también figura en esta lista. Incluso, el ex general auditor Ismael Verdugo Bravo, mencionado anteriormente, recibe una segunda pensión de $938 mil como ex profesor de la Escuela de Carabineros.
Oficiales Pensionados Involucrados en Violaciones de Derechos Humanos
En la nómina de oficiales que reciben pensión desde 2005, figuran al menos nueve ex funcionarios involucrados en investigaciones por violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
- El general Iván Andrusco Aspe, con $3,2 millones mes a mes, estuvo involucrado en el Caso Degollados (1985) y fue citado a declarar en su investigación. En 1998, Andrusco era jefe operativo de la Sección de Investigación Policiales (SIP) cuando cuatro funcionarios bajo su mando fueron acusados de haber causado la muerte por torturas al taxista Raúl Palma Salgado.
- El coronel Pedro Caballero Castillo, quien percibe una pensión de $2,7 millones, integró en 1985 la Dicomcar, organismo calificado por el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, como “asociación ilícita terrorista”.
- Sergio Saravia Henríquez, también parte de la Dicomcar, era teniente en 1985 y fue condenado como cómplice en el secuestro de cuatro profesores. A pesar de la sentencia, siguió activo como subprefecto del área oriente de Santiago hasta que se vio obligado a dejar las filas en 2002.
- Los oficiales Pedro Ramírez Gálvez y Carlos Riederer Saldías formaron parte de la dotación del helicóptero policial que sobrevoló el Colegio Latinoamericano de Integración, lugar desde donde fueron secuestrados Manuel Guerrero y José Manuel Parada, dos de las víctimas del Caso Degollados.
- El general José Hernán Godoy Barrientos, con una pensión de $3,3 millones, se retiró en 2000 como jefe de Zona en la región donde se produjo el secuestro de los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay en octubre de 1973, quienes figuran en la nómina de detenidos desaparecidos. Fue condenado a 10 años y un día en 2005, pero la Corte Suprema lo dejó libre por prescripción del delito.
- El mayor Alberto Medina Cárdenas fue procesado por la muerte a tiros y golpes del cantante peruano Percy Arana en 1984, un caso de confusión con un militante subversivo. Fue absuelto por el Segundo Juzgado Militar de Santiago.
- El teniente Leandro Plaza Perellano lideraba la patrulla que dio muerte a Cristián Garrido Queulo (22 años) en la Población San Gregorio el 11 de septiembre de 1983. En 2007, la Corte Suprema ratificó su condena a cinco años de presidio remitido.
- Mención aparte merece el general en retiro Gonzalo Arias González, protagonista de al menos dos fallos por secuestro, desapariciones y homicidios ocurridos en Temuco en los primeros días después del Golpe de Estado. En ambos fallos la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó las condenas a ocho años.
Generales con Pensiones Elevadas y Controversias Adicionales
En la nómina de oficiales pensionados que Dipreca entregó a CIPER, figuran 93 generales que se han jubilado desde 2005 en adelante. El grueso de estos generales (81) cobra pensiones que van entre $3 millones a $3,5 millones.
Entre los generales pensionados, hay varios que, aunque no enfrentaron procesos sancionatorios, estuvieron involucrados en episodios irregulares antes de pasar a retiro:
- El ex general director Eduardo Gordon dejó las filas en 2011 después de que CIPER revelara que a su hijo le cambiaron un parte para protegerlo tras protagonizar un accidente de tránsito. Gordon percibe un monto cercano a los $4,3 millones.
- El general Aquiles Blu Rodríguez, responsabilizado por Gordon en el cambio del parte, abandonó el servicio activo a fines de 2011 y ahora cobra una pensión de $3,5 millones. Blu también estuvo al mando de la Dirección de Logística en el periodo de compras irregulares del TIC.
- A fines de 2012, el general Gerardo González Theodor pasó a retiro tras una serie de reportajes de CIPER sobre irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), unidad que estaba bajo su mando.
- El general Eduardo Muñoz Poblete, quien también dirigió Logística y sucedió a Aquiles Blu, firmó poco antes de dejar el servicio una compra de 29 carros blindados con fallas de seguridad por un desembolso de US$3,5 millones.