En Chile, durante años, los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que supuestamente debían estar protegidos por el Estado han sido sistemáticamente vulnerados. Esta situación, constatada hace tiempo, continúa manifestándose en algunos centros del Servicio Nacional de Menores (Sename). A partir del 1 de octubre, entra en vigor el nuevo servicio "Mejor Niñez", destinado a reemplazar al Sename y a transformar el sistema de protección de la infancia, buscando dejar atrás el historial de vulneraciones.
El Legado del Sename y la Urgencia de un Cambio
El Servicio Nacional de Menores (Sename) cerró sus puertas de manera definitiva tras 46 años de funcionamiento, poniendo fin a una larga crisis institucional marcada por múltiples denuncias de vulneraciones a los derechos humanos de la infancia y comisiones investigadoras que exigieron transversalmente su disolución. Este hito culmina un profundo proceso de reestructuración del Estado iniciado en 2021, cuyo objetivo central fue terminar con el modelo que mezclaba la protección de niños vulnerados con la administración de justicia para adolescentes infractores.
La clausura operativa del organismo se aceleró a partir de enero de 2024, enfocándose en el traspaso de competencias vinculadas a los adolescentes en conflicto con la ley. Este proceso se ejecutó de manera escalonada: comenzó en la zona norte, se extendió a la zona sur a principios de 2025 y concluyó recientemente con la incorporación de la zona central. Con este paso, todas las funciones restantes fueron asumidas oficialmente por el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, completando el mapa institucional que ya contaba desde 2021 con el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social), encargado exclusivo de resguardar a los menores gravemente vulnerados.
La encargada de cerrar la institución fue María Eugenia Fernández, directora del servicio durante el periodo 2024-2025. A pesar de la carga histórica negativa asociada a la marca Sename, la autoridad quiso destacar el factor humano detrás de la operación: "Más allá de las distintas etapas que marcaron su historia, el cierre del Sename representa también un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios", señaló Fernández.
DOCUMENTAL SENAME
La Comisión de Verdad y Niñez: Investigando las Vulneraciones
La investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas a niñas, niños y adolescentes en recintos del Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 1979 y 2021 podría paralizar sus labores tras un eventual cierre de la Comisión de Verdad y Niñez. Esta instancia estatal de asesoría presidencial fue creada tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (INDH) en diciembre de 2024, iniciando sus operaciones a partir de 2025. Sin embargo, su fin podría llegar en abril de 2026, enmarcado en un contexto de recortes fiscales anunciados por el presidente José Antonio Kast.
La Comisión de Verdad y Niñez permite a quienes hayan experimentado cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos durante su paso por el Sename, a contar de 1979, enviar los antecedentes para su investigación. Se incluyen también los casos de abuso eclesiástico. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por estos centros residenciales y/o de detención durante los casi 50 años de existencia del Sename, según un informe de UNICEF.
La tesis de que en estos centros se violaban los derechos humanos de menores tomó fuerza a raíz del trágico incendio de 2007 en el centro "Tiempo de Crecer". Por ello, la Comisión busca identificar nuevos casos de abusos que siguen en el anonimato para informar al presidente de turno con el fin de que implemente las reparaciones correspondientes a las víctimas.
El Fallo de la CIDH y la Responsabilidad Estatal
Diez menores fallecieron y 271 jóvenes fueron desprotegidos como resultado de graves infracciones a sus derechos humanos. La Comisión de Verdad y Niñez nace a raíz de la sentencia dictada en 2024 por la CIDH, que evidenció uno de los episodios más graves vinculados al sistema de protección de menores en Chile: la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer” en 2007, bajo la tutela del Sename, y una seguidilla de infracciones que violaban los derechos humanos de 271 jóvenes en cuatro recintos del país.
El fallo internacional no solo abordó las consecuencias del incendio, sino que también puso el foco en un problema estructural más amplio. Según el tribunal, el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales -como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento- en perjuicio de jóvenes privados de libertad en distintos centros del país. Estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación por edad o situación procesal.
Previamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) investigó los hechos y, a través de informes, reforzó la idea de que lo ocurrido no era un hecho aislado. Problemas como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones, la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de condiciones adecuadas para la reinserción social eran comunes en varios centros administrados por el Sename. Una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados había advertido años antes que “siguen ocurriendo hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida de los menores privados de libertad como de los funcionarios de SENAME y de entidades colaboradoras que trabajan en su interior”.
Aunque el Estado chileno reconoció parcialmente su responsabilidad durante el proceso, la Corte concluyó que las vulneraciones fueron sistemáticas y afectaron especialmente a un grupo en situación de alta vulnerabilidad: adolescentes bajo custodia estatal.
Mejor Niñez: Un Nuevo Modelo para la Protección de la Infancia
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inició la puesta en marcha del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, reemplazando al Sename. Según palabras del Ministro Cordero, "este servicio no viene solo como una simple pretensión de cambio institucional, sino que, ante todo, es un cambio de modelo de gestión pública en materia de reinserción". Este nuevo servicio se suma al Servicio de Protección Especializada y a la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, ambos en proceso de implementación.
La reciente promulgación de la Ley 21.527, que crea el Nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, avanza en el cumplimiento de la obligación estatal por el resguardo y protección de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la implementación de esta ley se desarrollará de manera paulatina con un plazo de tres años en el territorio nacional.
Separación de Funciones: Protección y Reinserción
"Lo primero a contextualizar es que antes existía un Sename en el que había una sola funcionalidad. En la actualidad existen dos servicios y son importantes de separar: reinserción y protección", explica un experto. "Mejor Niñez", que es un área de protección, se diferencia del enfoque anterior del Sename, donde "todo se judicializaba". Tras conocer que en su mayoría los casos no pasaban a casa de acogida, el legislador determinó que no era pertinente judicializar todos los casos. "Mejor Niñez tiene un foco diferente al que tiene Sename hoy en día".
La implementación de instancias administrativas y oficinas locales ha sido compleja, con un desfase significativo entre el tiempo previsto y el real. "Hoy en día ya no se tiene el dique de contención. Hoy tiene más de 25 mil casos con sobrecupo. Se termina colapsando Mejor Niñez y su implementación ha sido compleja", señala la misma fuente.
Retos y Desafíos Pendientes
El nuevo servicio de reinserción será gradual. "El contar con un diagnóstico clínico es clave para saber si se debe cumplir en situación internada o de familia acogida", se indica. Anteriormente, una licitación que abarcaba a cerca de 20.000 niños fue anulada, lo que previsiblemente aumentará las listas de espera, ya que hay 14.000 niños en espera para atención de salud mental y 1.300.000 estudiantes con riesgo de deserción escolar.
Desde el punto de vista del diseño, la ley es sólida y apunta a mejorar la reinserción. Se establece un alto nivel de profesionalización de quienes trabajan e intervienen, y se estructurará un plan de ejecución para que los jueces conozcan las necesidades de los niños. Se creará un comité de estándares para mejorar la oferta de prestadores privados. "Eso es el diseño. Falta la implementación y es ahí donde han ocurrido problemas", se reconoce.
Entre los problemas persistentes se encuentran niños desescolarizados, falta de trabajo con las familias y sus comunidades. Existe la preocupación por niños víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual y vulneraciones de derechos, quienes a veces permanecen en sus entornos familiares. A pesar de que se ha aumentado la subvención por niño, la cifra de $600.000 mensuales por niño no ha sido suficiente para mejorar sustancialmente los espacios y la calidad de la atención. Si bien los estándares mejoraron, la realidad de las familias de acogida es precaria, con recursos insuficientes para atender adecuadamente a los alrededor de 6.000 niños que actualmente se encuentran en ellas.
El Rol de la Sociedad Civil y el Futuro de la Infancia
Diversas organizaciones de la sociedad civil están trabajando activamente por mejorar la calidad de vida y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que viven en residencias, conectando a las empresas con estos hogares. Iniciativas como "Juntos por la Infancia", formada hace cuatro años por la iniciativa 3xi, la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, buscan generar un impacto positivo en la vida de los menores.
Uno de los objetivos clave es avanzar hacia una ley de garantías de derechos sociales para niños, niñas y adolescentes. La Alianza para la Erradicación de la Pobreza infantil ha elaborado un documento titulado "Nacer y Crecer en pobreza y vulnerabilidad" que aborda esta problemática.
La discusión constitucional también contempla la incorporación de los derechos sociales a la salud, el trabajo, la educación y la vivienda. Las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas que trabajan en la erradicación de la pobreza, tienen un papel fundamental en la elaboración de propuestas. El documento “Constitución y Pobreza” recopila algunas de estas ideas.
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La Comunicación y la Perspectiva de Género en la Infancia
La directora implementadora del nuevo servicio "Mejor Niñez", María José Castro, y el director técnico del Hogar de Cristo, Carlos Vöhringer, conversan sobre los estándares, presupuestos y los retos pendientes. María Elena Santibáñez, querellante en el caso de la muerte de Lissette Villa, la niña de 11 años que murió en 2016 en un centro del Sename, explica las dificultades para investigar vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
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