La Cuesta Barriga, un paso de montaña ubicado en la Región Metropolitana de Chile, se ha visto envuelta en recientes descubrimientos macabros que han generado diversas hipótesis y conmoción pública. En un lapso de cinco días, se encontraron varios restos humanos en la zona, lo que inicialmente apuntó hacia el crimen organizado, pero que con el avance de las investigaciones ha revelado un panorama más complejo, incluyendo la posibilidad de que algunos de estos hallazgos estén relacionados con la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar.
Primeros Hallazgos y la Hipótesis del Crimen Organizado
Los primeros reportes sobre hallazgos de restos humanos en la Cuesta Barriga surgieron en el contexto de investigaciones policiales por otros delitos. Un primer cuerpo correspondería a un delincuente asesinado tras robar un auto en Maipú. Posteriormente, otro hallazgo reveló más restos que, en un principio, se pensó que podrían estar vinculados con el crimen organizado, dado que la Cuesta Barriga es un lugar que ha sido utilizado históricamente para deshacerse de cuerpos.
El fiscal ECOH, Héctor Barros, señaló que la Cuesta Barriga "es un lugar tradicional donde el Tren de Aragua ha estado utilizando históricamente, o desde hace un gran tiempo a la fecha, para poder deshacerse de algunos cuerpos". Esta afirmación reforzó la hipótesis del crimen organizado como móvil principal de estos hallazgos.
Un Giro Inesperado: Osamentas de Estudio
Sin embargo, con el avance de las investigaciones, la hipótesis del crimen organizado comenzó a diluirse. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al hallazgo y sugirió que se trataría de osamentas utilizadas por casas de estudio o instituciones públicas para fines académicos, que luego habrían sido "botadas" en el lugar. "La información que tiene el Ministerio de Seguridad Pública es que estos restos provienen de material probablemente de estudio. El origen de cómo llegaron a ese lugar forma parte de la investigación", afirmó Cordero.
Fuentes de La Tercera comentaron que en algunos de estos restos se encontró un químico utilizado para conservar los cuerpos, específicamente cloruro de benzalconio, lo que sustentaría la hipótesis de las osamentas de estudio. Según el médico de la Universidad de Chile, Julio Cárdenas, este químico se utiliza para detener el proceso de putrefacción y conservar adecuadamente los órganos humanos blandos para fines académicos. Estos materiales de estudio tienen una vida útil de entre 6 y 8 años y, tras su uso, suelen ser cremados, no depositados en cementerios.
A pesar de esta hipótesis, los investigadores aún deben esclarecer qué institución llevó los restos a ese lugar, ya que podría constituir un delito o una falta al Código Sanitario. El fiscal Barros subrayó que no hay denuncia de personas desaparecidas ni de robo de cuerpos en estudio, lo que hace aún más extraño el hallazgo en un sector con antecedentes de secuestro y homicidio.
La Sombra de la Desaparición Forzada en Cuesta Barriga
Paralelamente a los hallazgos recientes, el material aportado por el texto arroja luz sobre un oscuro capítulo de la historia de Chile: la Cuesta Barriga como lugar de ocultamiento de cuerpos de víctimas de la dictadura militar. Diversos testimonios de exagentes de la DINA y la CNI, así como investigaciones judiciales, confirman que este sitio fue utilizado para hacer desaparecer los cuerpos de prisioneros políticos asesinados.
Testimonios y Operaciones de Ocultamiento
Uno de los testimonios clave es el de un exmiembro de la DINA y la CNI, quien declaró haber participado en la remoción de restos desde la mina de Lonquén para trasladarlos a un lugar en la parcela expropiada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Malloco, y posteriormente a Peldehue. Este testigo también relató haber participado en la remoción de restos desde el interior de la mina de la Cuesta Barriga.
La confesión del propio director de la DINA, Manuel Contreras, "El Mamo", es contundente: reconoció haber arrojado cadáveres en la Cuesta Barriga. Según su versión, en 1979, el entonces director de la CNI, Odlanier Mena, ordenó el retiro de los cuerpos ante la cercanía de la Vicaría de la Solidaridad a descubrirlos. Inicialmente se consideró el uso de explosivos, pero se optó por la extracción de los cuerpos.
Enrique Sandoval Arancibia, exagente de la CNI, confirmó haber estado a cargo del operativo de extracción. Describió el lugar como un "pique de una mina" y relató haber encontrado "numerosos cuerpos" en el fondo. Junto a otros nueve agentes, extrajeron aproximadamente 50 sacos de papas con restos, que fueron trasladados a la parcela de Malloco.
Otro testimonio relevante es el del desertor del Comando Conjunto, Andrés Valenzuela, quien explicó que dicha organización también utilizó un lugar en la Cuesta Barriga, cerca de un camino secundario y un puente, para fusilar y sepultar a detenidos. Relató haber llevado allí a varias personas y describió un "olor típico de cementerio", indicando que se habían realizado operaciones previas.
Identificación de Víctimas y Querellas Judiciales
En el año 2012, se identificaron varias víctimas a partir de fragmentos encontrados en la mina de la Cuesta Barriga, entre ellas Horacio Cepeda Marinkovic, Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Juan Fernando Ortiz Letelier, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, Hernán Soto Gálvez, Jorge Andrés Troncoso Aguirre, Jenny del Carmen Barra Rosales, y Hernán Santos Pérez Alvarez. Muchos de ellos eran militantes de partidos políticos de izquierda o estudiantes.
En 1978, la Vicaría de la Solidaridad recibió una denuncia sobre el hallazgo de posibles restos humanos en la Cuesta Barriga. Una comisión integrada por autoridades eclesiásticas, periodistas y abogados de la Vicaría visitó el lugar y, tras constatar indicios, ingresó una denuncia formal. El régimen militar reconoció el hallazgo, pero justificó las muertes como "bajas en la lucha contra la subversión organizada".
La Corte Suprema designó al Ministro en Visita Héctor Carreño para investigar estos casos. La jueza Graciela Gómez, a cargo de la investigación judicial por una querella interpuesta por familiares de las víctimas, se constituyó en el lugar del hallazgo con un testigo clave, quien había sido miembro de la DINA y la CNI.
La querella se interpuso "en contra de los responsables, directa o indirectamente, en la inhumación ilegal y exhumación ilegal", abarcando tanto la ocultación de cuerpos como su posterior remoción, especialmente tras la operación "Retiro de televisores" ordenada por Augusto Pinochet en 1978, luego del hallazgo de los hornos de Lonquén.
Personas en Situación de Calle: Un Problema Social Creciente
El texto también aborda la problemática de las personas en situación de calle en Chile, un fenómeno que ha aumentado exponencialmente. Francisca Gallegos, jefa de División de Promoción y Protección Social, destaca la necesidad de un nuevo estudio de caracterización para actualizar la información oficial, que se encuentra desactualizada y no refleja la realidad post-pandemia y el contexto sociopolítico actual.
Andrés Millar, jefe de la línea Personas en Situación de Calle del Hogar de Cristo, señala que el Registro Social de Hogares no da cuenta fehaciente de la situación real y no incorpora a los migrantes, cuya cantidad en situación de calle es significativamente mayor a las cifras oficiales.
Movimiento CalleLink busca mejorar condición de personas en situación de calle
Programas de Apoyo y la Iniciativa Vivienda Primero
El Hogar de Cristo trabaja individualmente con cada persona, buscando la reinserción familiar. Sin embargo, la falta de dispositivos residenciales que acojan familias representa un desafío. La fundación destaca que las familias migrantes a menudo solo necesitan un impulso para salir de la calle.
El aumento del costo de vida, especialmente en alimentación, calefacción y transporte, así como el fuerte incremento en el precio de los arriendos, son factores que empujan a las personas a la calle. Muchos se ven obligados a dejar sus hogares y sumarse a los campamentos o a vivir a la intemperie.
En este contexto, se destaca el programa social Vivienda Primero (Housing First), centrado en la vivienda como requisito principal, sin exigir permanencia, abstinencia de drogas o participación en programas laborales. Desarrollado por Sam Tsemberis en Nueva York, este programa ha demostrado ser efectivo para personas en situación de calle, incluyendo veteranos de guerra.
El compromiso del gobierno es fortalecer y extender territorialmente el programa Vivienda Primero. Las evaluaciones indican un alto impacto social, con un 99% de mejora en todos los ámbitos para las personas beneficiadas en los programas del Hogar de Cristo. El programa prioriza a personas mayores de 50 años con más de 5 años de vida en la calle, debido a su mayor riesgo de mortalidad en invierno.
Se resalta la rentabilidad del programa Vivienda Primero, cuyo costo anual por persona es significativamente menor al costo que representa una persona en situación de calle para el Estado en términos de emergencias médicas, hospitalizaciones y ayudas diversas.
Desafíos y Políticas Públicas
A pesar de los esfuerzos, el número de personas en situación de calle supera la capacidad de los programas residenciales y albergues existentes, dejando a miles de personas durmiendo a la intemperie. El gobierno ha anunciado el fortalecimiento del plan Protege Calle con recursos significativos para aumentar la cantidad de albergues y rutas sociales, así como para avanzar en residencias familiares.
Se enfatiza la importancia de una buena distribución de recursos y la identificación de comunas específicas donde se concentran las personas en situación de calle para optimizar la eficiencia.
Se menciona la inauguración de un memorial donde fueron enterradas 372 personas en situación de calle fallecidas como NN, destacando la iniciativa de "Gente de la Calle". Se estima que la mortalidad de personas en la calle ha disminuido gracias a planes de invierno, pero se sigue trabajando para una política más robusta y con presupuesto anual garantizado, que integre a diversos ministerios.
Los programas de salud mental para personas en situación de calle son prácticamente inexistentes, y el consumo de alcohol y drogas se aborda como una consecuencia del dolor, el quiebre y el trauma, a menudo arrastrados desde la infancia. Se requieren soluciones estructurales y una inversión pública considerable con acompañamiento profesional e individual.
Finalmente, se reconoce la carencia de perspectiva de género, diversidad sexual e interculturalidad en el sistema de protección social, y se trabaja para integrar estas dimensiones en las políticas públicas y programas sociales, buscando la superación de la pobreza en todas sus expresiones. Los equipos que acompañan a las personas en situación de calle en los programas del Hogar de Cristo son fundamentales en este proceso, marcando una diferencia significativa y empujando transformaciones.