El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) de Chile cumple un rol fundamental en la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Sus funciones abarcan diversas áreas, desde el reconocimiento oficial de la discapacidad hasta la garantía de acceso a la educación, la vivienda, el empleo y la participación ciudadana. A continuación, se detallan las funciones más importantes que realiza.
Reconocimiento y Calificación de la Discapacidad
Una de las funciones primordiales de SENADIS, en coordinación con el sistema de salud, es asegurar el derecho al reconocimiento de la discapacidad. La persona con discapacidad tiene derecho a ser evaluada médicamente, tanto en el sector público como en el privado, para obtener la calificación oficial de su discapacidad. Este reconocimiento es la base para acceder a los distintos beneficios y derechos establecidos por la ley.
Fomento de la Inclusión Educativa
SENADIS promueve activamente la inclusión educativa. Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los establecimientos públicos y privados de enseñanza regular o de educación especial, siempre que estos reciban subvenciones del Estado. Es una responsabilidad que los establecimientos de educación parvularia, básica y media deben tener planes específicos para alumnos con necesidades especiales. Además, los establecimientos de enseñanza regular deben implementar adecuaciones de currículum, infraestructura y materiales de apoyo para permitir el acceso y la participación plena de personas con discapacidad en el ámbito educativo.
¿ Qué es la inclusión?
Acceso a la Vivienda Digna
En el ámbito de la vivienda, SENADIS trabaja en conjunto con el Ministerio de Vivienda para facilitar el acceso a soluciones habitacionales. Existen subsidios especiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) destinados a la adquisición de viviendas que serán permanentemente habitadas por personas con discapacidad, asegurando así su derecho a un hogar adecuado.
Participación Ciudadana y Voto Informado
SENADIS también resguarda el derecho a la participación política. Se establecen sanciones penales para quienes impidan, obstaculicen o dificulten maliciosamente el voto de un elector con discapacidad, garantizando que puedan ejercer su derecho a votar sin presiones ni barreras.
Accesibilidad Universal en Edificios
En cuanto a la infraestructura, se vela por el derecho a la accesibilidad. Los usuarios de sillas de ruedas, por ejemplo, tienen derecho al fácil acceso y tránsito en edificios de uso público o que presten servicios a la comunidad, lo que implica la adaptación de espacios físicos para garantizar su autonomía y movilidad.
Prevención y Rehabilitación en Salud
SENADIS también es fundamental en el área de la salud, ya que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a programas estatales o a prestaciones en la salud pública destinadas a su rehabilitación. Esto asegura que reciban la atención necesaria para mejorar su calidad de vida y autonomía.
Asimismo, se protege la privacidad de la información médica. Las personas con discapacidad psíquica o intelectual tienen derecho a que se resguarde la reserva de su ficha clínica, garantizando la confidencialidad de sus datos personales.
Fomento de la Inclusión Laboral
Una de las áreas clave es la inclusión laboral. Las personas con discapacidad tienen derecho a celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, facilitando su inserción en el mundo laboral. En este sentido, es relevante mencionar que cerca de 7.600 empresas en Chile deben cumplir con la Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad, que comenzó a regir el 1 de abril del 2018.
Es importante destacar que las empresas o servicios no pueden optar por una discapacidad en particular en la contratación; la ley prohíbe privilegiar una discapacidad sobre otra, promoviendo la igualdad de oportunidades.
Reconocimiento de la Lengua de Señas
Finalmente, el Estado de Chile, a través de sus políticas impulsadas por SENADIS, reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda, lo que representa un avance significativo en la garantía de los derechos lingüísticos y culturales de este colectivo.