El sistema previsional de las Fuerzas Armadas de Chile, gestionado principalmente por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), ha sido objeto de escrutinio público debido a la existencia de pensiones múltiples y la recontratación de uniformados que, tras acogerse a retiro, continúan desempeñando funciones remuneradas dentro de las instituciones castrenses.
Radiografía de las pensiones y recontrataciones
De acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia, se estima que al menos 1.050 uniformados en retiro siguen cumpliendo funciones remuneradas en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Este fenómeno, en el cual los ex funcionarios perciben simultáneamente su jubilación y un sueldo, ha generado un intenso debate sobre el uso de recursos fiscales.
En el caso específico del Ejército, se identificaron 457 oficiales y suboficiales recontratados, principalmente en los comandos de Bienestar, Salud, Industria Militar e Ingeniería. Las modalidades de contratación incluyen honorarios, contratos, la Ley 15.076 para médicos y la Ley 18.476 para hospitales de la defensa. Aunque la remuneración promedio ronda los $942 mil, existen casos donde los salarios alcanzan los $4,3 millones.
Por su parte, la Fuerza Aérea (FACh) reveló los nombres de 66 "trabajadores pensionados" en su Hospital Clínico, con sueldos promedio de $948 mil, aunque con casos individuales que llegan a los $2,5 millones. La Armada, por otro lado, informó que 527 personas en retiro cumplen funciones remuneradas, invocando el "secreto militar" para limitar el acceso a detalles sobre identidades y remuneraciones específicas, argumentando razones de seguridad nacional.
Impacto financiero y sistema de pensiones
El gasto estatal para sostener este sistema es significativo. Según datos de 2019, 2.445 militares y policías en retiro percibieron más de una pensión, implicando un desembolso anual superior a los $30.290 millones. En términos agregados, el gasto total en pensiones pagadas por Capredena y Dipreca alcanzó niveles de 1,8 billones de pesos en dicho año, con más del 90% proveniente de aportes fiscales.
Controversias sobre pensiones de invalidez
Un aspecto que ha sido cuestionado por investigaciones periodísticas es el otorgamiento de pensiones de invalidez de segunda clase a ex funcionarios que, según reportes, no presentarían incapacidades físicas reales. Estos beneficios, pensados para quienes sufren dolencias que impiden el trabajo en el sector privado, ofrecen montos promedios de $1 millón mensual, cifra muy superior a la pensión de invalidez civil convencional.
Vínculos con organismos represores y casos judiciales
La nómina de pensionados de Capredena incluye a ex agentes de organismos represores como la DINA y la CNI. Diversas investigaciones han detectado que varios de estos ex uniformados fueron recontratados como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC) en instituciones como la Academia de Guerra y la Escuela Militar.
Entre los casos destacados se encuentran:
- Ex oficiales condenados por violaciones a los derechos humanos que mantienen pensiones que superan los $2,5 millones mensuales.
- Militares involucrados en fraudes al fisco y malversación de caudales públicos que, a pesar de sus sentencias, continúan vinculados a la institución bajo contratos de asesoría o docencia.
- Casos de ex agentes de la CNI que, tras su retiro, han ejercido como directores de magísteres o investigadores en centros académicos militares.
Desde las instituciones se defiende esta práctica argumentando que la normativa legal (DFL N-1) permite la recontratación de personal militar o civil que posee una "experticia" necesaria para cubrir vacantes institucionales, sin que exista una prohibición legal de recibir simultáneamente una pensión.
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