En un mundo cada vez más interconectado e incierto, la discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas y su relación con las poblaciones vulnerables se ha vuelto fundamental. Las tensiones internacionales ya no permiten dar por garantizada la paz en ninguna región, mientras que los desastres naturales y las crisis humanitarias afectan a millones de personas anualmente.
Contexto Global de Vulnerabilidad y Crisis Humanitarias
Cada año, millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por crisis humanitarias provocadas por desastres y conflictos. El hambre continúa siendo una lacra global en pleno siglo XXI, acentuada por eventos como la crisis de los precios de los alimentos de 2007 y 2008, que condenó a 100 millones de personas más al hambre. En 2017, la cifra de mujeres y hombres que padecen hambre volvió a ascender a 821 millones de personas.
Regiones como el Corredor Seco Centroamericano, donde el hambre es el plato de cada día para muchas familias, o el Sahel, que en 2012 enfrentó una devastadora crisis alimentaria que afectó a más de 18 millones de personas, son ejemplos claros de esta vulnerabilidad. La sequía del Cuerno de África en 2011 fue, en algunas zonas, la peor que ha azotado la región en los últimos 60 años, dejando a más de 13 millones de personas afectadas. Somalia sigue sumida en la peor crisis humanitaria de las últimas décadas.
Los conflictos también generan inmensas necesidades humanitarias. Desde 2009, millones de personas en la cuenca del lago Chad se han visto afectadas por la lucha contra Boko Haram. El rápido avance de Daesh por el centro de Irak ha dejado una crisis humanitaria de proporciones significativas. Desde el inicio de la crisis en Siria en marzo de 2011, Líbano ha sufrido su impacto a nivel político, social y económico, y el coste humano del conflicto de Siria ha superado todas las expectativas. Más de 626.000 rohingyas han llegado a Bangladesh desde Myanmar desde el 25 de agosto, huyendo de la violencia. Los civiles, además, pagan un precio muy alto por la escalada de violencia en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Es innegable que no hay quien escape de las garras devastadoras de una guerra, y para las mujeres, puede ser un punto de no retorno.
A esto se suman los desastres naturales. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de 8,9 grados en la escala Richter en el Océano Índico provocó un maremoto que dejó a más de un millón de personas desplazadas en el Sureste Asiático. El huracán Stan azotó Centroamérica y un terremoto asoló la Cachemira pakistaní e india. El terremoto del 25 de abril de 2015 trajo devastación a Nepal, uno de los países más pobres del mundo. El número de desastres relacionados con el clima se ha triplicado en las últimas tres décadas.
En este panorama, el sistema humanitario global está agobiado, y retos sanitarios como el ébola aún no han sido superados. La Unión Europea, por su parte, anunció en 2015 su Agenda de Migración, consolidando desde 2015 una política de contención migratoria en países vulnerables y de tránsito del Sahel. El riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional es una preocupación constante. En este contexto, la ayuda alimentaria puede ser un verdadero salvavidas.
El actual Gobierno español, por ejemplo, respondió a su primera gran crisis humanitaria repitiendo el modelo FAD+Fuerzas Armadas, lo que resalta la implicación de estas instituciones en la gestión de emergencias. Además, desde el 2 de julio de 2012, los Gobiernos han estado negociando un Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), reconociendo que las armas y las balas siguen destrozando vidas.
El Rol de las Fuerzas Armadas en Situaciones de Emergencia Nacional: El Caso de Chile
La relación entre las Fuerzas Armadas y la población vulnerable es particularmente sensible en contextos de crisis interna. Un ejemplo ilustrativo de los desafíos que enfrenta esta relación es el ocurrido durante el estallido social en Chile.
Controversias y Denuncias en el "Estallido Social"
Durante las protestas del estallido social, la actuación de los militares causó 347 lesiones oculares, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La Fiscalía Nacional, por su parte, informó que 38 agentes del Estado fueron formalizados por uno o más delitos.
A pesar de estas cifras, las autoridades del Gobierno han respaldado el actuar de las Fuerzas Armadas, negando la existencia de irregularidades sistemáticas. El entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, aseguró en una entrevista con Tele13 Radio que «Las FF.AA. no tuvieron casos de violación a los Derechos Humanos y cumplieron rigurosamente los protocolos de reglas del uso de la fuerza”.
Sin embargo, fuentes expertas en el tema sostienen lo contrario y han puesto en tela de juicio el desempeño de las FF.AA. durante los primeros días del estallido social. El INDH, principal organismo encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en el país, rebatió los dichos del ministro de Defensa argumentando que “hoy la justicia está investigando las 96 acciones judiciales que involucran a funcionarios de las Fuerzas Armadas, y que fueron presentadas por el INDH en el contexto de la crisis social”.
Esta postura del INDH fue respaldada por la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), Lidia Casas, quien fue categórica al señalar: “No hay lugar a dudas de que sí hubo violación a los derechos humanos (DDHH) durante el estallido social."
Respecto a las diferencias en las cifras reportadas por los organismos, el abogado y profesor de Derecho Internacional y DDHH de la Universidad Católica, Álvaro Paúl, indicó que “el valor de tales informes, o si son dignos de fe, depende del modo cómo realizaron el levantamiento de información. Si se basan solo en testimonios, pero no exigen otras pruebas, es difícil darles gran valor, ya que es muy fácil falsear un testimonio. Finalmente, a lo único a lo que uno le puede dar un valor determinante es a lo que digan los tribunales de justicia, pues ellos sí toman y ponderan distintas pruebas”.
Según datos entregados por la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, el 31 de enero de este año, el número de víctimas que denunciaron violaciones a derechos humanos desde el inicio del estallido social ascendió a 5.558. De estas, 271 denuncias apuntan a funcionarios de las Fuerzas Armadas y cuatro corresponden a homicidios. El equipo de Fact Checking UC revisó el estado de avance de estos últimos cuatro casos de homicidios y comprobó que, hasta el 5 de junio de 2020, los casos continuaban abiertos.
Protocolos de Uso de la Fuerza y Estándares Internacionales
El INDH afirmó que en Chile “la violación de Derechos Humanos en el contexto de la crisis social, se produjo tanto por la ausencia de protocolos, como por su incumplimiento”. La normativa vigente para las tres ramas de las Fuerzas Armadas durante el estallido social correspondía al documento titulado Regla de uso de la fuerza (RUF), que data de 2012 y lleva la firma del ex ministro de Defensa, Andrés Allamand.
Es relevante señalar que las RUF fueron escritas con el propósito de regular el trabajo de las FF.AA. ante futuras catástrofes naturales, y en 2019 el documento fue anexado al Plan de gestión del riesgo de desastres del Ministerio de Defensa Nacional. La investigadora del Centro de Derechos Humanos UDP, Judith Schönsteiner, considera que el protocolo de las FF.AA. “es completamente deficiente, porque no incorpora la lógica de proporcionalidad”. Como prueba de lo anterior, se menciona el homicidio ocurrido el 20 de octubre en Coquimbo.
De acuerdo a la legislación vigente, el Gobierno de Chile tiene la obligación de respetar, proteger y promover los derechos fundamentales. Sin embargo, voces expertas como Judith Schönsteiner indican que “lo enunciado en las RUF antiguas (vigentes en octubre del 2019) no corresponde en ninguna medida a los estándares enunciados en estos documentos”. En la misma línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó en su informe que “en su actuación, Carabineros y el Ejército no han adherido a las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la gestión de las asambleas y el uso de la fuerza”.
En definitiva, fue posible verificar que el protocolo de Reglas de uso de la fuerza no fue respetado íntegramente y, además, no cumplía con los estándares internacionales. La responsabilidad por las actuaciones de las Fuerzas Armadas es directa y estricta. La directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas, subraya la gravedad de esta situación, criticando las negaciones oficiales de irregularidades ante la evidencia de las violaciones de derechos humanos.
Después de diferentes informes sobre la situación de los derechos humanos en Chile y las denuncias sobre la actuación de las FF.AA., el 22 de febrero de este año entró en vigencia el nuevo protocolo de Reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas en los estados de emergencia constitucional.
La Confianza Ciudadana y el Futuro de la Defensa
En un mundo cada vez más incierto, donde la paz no puede darse por garantizada, surge la incómoda pero necesaria pregunta: ¿Usted confía en las Fuerzas Armadas que tenemos? En Chile, el debate sobre defensa se maneja a menudo con un lenguaje técnico o institucional que se aleja de la ciudadanía. Sin embargo, existen interrogantes que nos deberían involucrar a todos:
- ¿Tenemos claridad sobre cuáles son nuestras principales amenazas?
- ¿Hemos reflexionado sobre los escenarios en los que estas podrían manifestarse?
- ¿Estamos preparando nuestras instituciones en función de esos desafíos?
Asimismo, resulta pertinente preguntarse si se está formando y manteniendo un personal con el mismo sentido de vocación y compromiso que históricamente ha caracterizado a estas instituciones, o si existe el riesgo de que esas motivaciones se vean progresivamente debilitadas. Observar el tipo de sociedad en la que hoy estamos insertos es relevante, ya que, como han señalado algunos filósofos contemporáneos, hemos transitado desde formas de vida más estables y previsibles hacia una sociedad marcada por la inmediatez, la fragilidad de los vínculos y la pérdida de referentes duraderos. Lo que antes se sostenía en el tiempo -la palabra empeñada, los compromisos, las trayectorias- hoy parece estar sujeto a cambios permanentes.
En esa misma línea, surge otra inquietud relevante: ¿contamos hoy con un servicio militar acorde a las necesidades actuales, o seguimos operando bajo esquemas que no han evolucionado al mismo ritmo que la sociedad? ¿Qué ha cambiado realmente entre el servicio militar de antes y el de hoy? La modernización del servicio militar no debe entenderse solo como un aumento de incentivos, sino como una revisión más profunda de su exigencia, disciplina y formación. Mejorar el servicio militar no pasa solo por ofrecer beneficios inmediatos, sino por entregar un verdadero valor agregado a quienes lo realizan, generando oportunidades reales de desarrollo, como acceso a formación técnica, continuidad de estudios o certificaciones que permitan proyectar una carrera.
En esa misma lógica, cabe preguntarse también por el rol de las reservas: ¿conocemos realmente su función? Existe una idea ampliamente compartida en el ámbito social: las Fuerzas Armadas no son ajenas a la sociedad, sino que forman parte de ella y, en muchos sentidos, la reflejan. Sus integrantes provienen de los más diversos contextos y están presentes a lo largo de todo el territorio nacional. Otro aspecto que merece reflexión es el de la disciplina, y si las distintas ramas de las Fuerzas Armadas están operando de manera efectivamente integrada, o si continúan funcionando, en la práctica, como estructuras separadas.
Finalmente, cabe reflexionar sobre la conducción de la defensa: ¿se están priorizando criterios técnicos y profesionales en la toma de decisiones? Estas preguntas no buscan instalar desconfianza, sino promover una reflexión necesaria. Porque, en definitiva, se trata de cómo un país se organiza para resguardar su seguridad y proyectar su estabilidad en el tiempo. Abrir este debate de manera transparente no debiera ser motivo de inquietud, sino una señal de responsabilidad y madurez. La deliberación pública no debiera ser evitada, sino promovida. Como ciudadanos, compartimos un espacio común que nos obliga a participar con responsabilidad, especialmente en aquellos temas que comprometen el futuro del país. Más allá de nuestras diferencias, existen mínimos éticos que nos permiten convivir y dialogar en la esfera pública. En ese marco, opinar con respeto y fundamento no solo es un derecho, sino también una responsabilidad.