El envejecimiento de la población mundial presenta desafíos significativos para los sistemas de atención sanitaria, exigiendo un enfoque integral que trascienda la mera atención médica para abarcar los derechos y la dignidad de las personas mayores. A medida que la esperanza de vida aumenta y las poblaciones envejecen, se hace imperativo abordar las complejas necesidades de salud de los adultos mayores, al mismo tiempo que se salvaguardan sus derechos fundamentales.
La creciente población geriátrica, caracterizada por una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y necesidades de salud complejas, incrementa el riesgo de abuso y maltrato. Estudios revelan que los adultos mayores a menudo son víctimas de diversas formas de negligencia y maltrato, con graves repercusiones en su salud física y mental. En este contexto, un enfoque de atención geriátrica basado en los derechos es esencial, no solo para promover la salud y el bienestar, sino también para proteger su dignidad y autonomía.
Este artículo recopila información mediante una búsqueda sistemática en bases de datos electrónicas como Scielo, Dialnet, ELSEVIER y PubMed, utilizando palabras clave como "adulto mayor", "necesidades del adulto mayor", "principios de la atención al adulto mayor" y "atención geriátrica integral". El objetivo es presentar un abordaje narrativo sobre la atención integral del adulto mayor, definiendo al adulto mayor y su contexto biopsicosocial, identificando sus principales condiciones de vulnerabilidad y los riesgos asociados al envejecimiento.
Definición y Contexto del Adulto Mayor
El término adulto mayor generalmente se refiere a personas de 60 años o más, aunque las definiciones pueden variar según el contexto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a los adultos mayores como aquellos de entre 60 y 80 años, mientras que otras fuentes a menudo utilizan 65 años como el umbral.
Los adultos mayores presentan necesidades de atención únicas derivadas de los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales asociados al envejecimiento. Estas necesidades comunes incluyen el manejo de enfermedades crónicas, asistencia con las actividades de la vida diaria y apoyo para la salud cognitiva. Muchos adultos mayores enfrentan desafíos como la disminución de la movilidad, el deterioro sensorial y una mayor vulnerabilidad a problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Además, pueden requerir apoyo social para combatir la soledad y el aislamiento, fenómenos frecuentes en este grupo de edad.
Cambios Fisiológicos, Psicológicos y Sociales Asociados al Envejecimiento
Cambios Fisiológicos
El envejecimiento se asocia con una serie de cambios físicos que afectan a casi todos los sistemas orgánicos. A medida que las personas envejecen, experimentan un declive gradual de las funciones fisiológicas, lo que puede derivar en diversos problemas de salud. Por ejemplo, el sistema cardiovascular muestra una disminución del gasto cardíaco y un aumento de la presión arterial, mientras que los pulmones presentan una menor eficiencia en el intercambio de gases y una capacidad vital reducida.
Los cambios musculoesqueléticos, como la pérdida de masa muscular (sarcopenia) y densidad ósea (osteoporosis), contribuyen a una mayor fragilidad y riesgo de caídas. Además, las deficiencias sensoriales, incluida la pérdida de audición y el deterioro de la visión, son comunes y afectan la comunicación y la calidad de vida en general.
Cambios Psicológicos
Psicológicamente, el envejecimiento puede provocar cambios significativos en la función cognitiva y la salud emocional. Si bien algunos adultos mayores mantienen sus capacidades cognitivas hasta edades avanzadas, otros pueden experimentar un deterioro en la memoria, la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva, lo que aumenta el riesgo de demencia y otros trastornos cognitivos. Además, los adultos mayores a menudo enfrentan problemas emocionales como depresión, ansiedad y sentimientos de aislamiento, particularmente si experimentan cambios vitales importantes como la jubilación, la pérdida de seres queridos o el deterioro de la salud. Estos factores psicológicos pueden verse agravados por las actitudes sociales hacia el envejecimiento, que pueden conducir a la estigmatización y a una menor participación social.
Cambios Sociales
Los cambios sociales también desempeñan un papel fundamental en la vida de los adultos mayores. Muchos experimentan modificaciones en sus redes sociales debido a la jubilación, la reubicación o la pérdida de compañeros, lo que puede intensificar los sentimientos de soledad y aislamiento social. La transición a la jubilación puede alterar las rutinas diarias y reducir las oportunidades de interacción social, mientras que los problemas de salud pueden limitar la movilidad y la participación en actividades comunitarias. Además, los adultos mayores pueden enfrentar desafíos relacionados con las funciones de cuidado, ya que pueden convertirse en cuidadores de cónyuges o familiares, lo que puede generar estrés y afectar su propia salud.
Condiciones de Vulnerabilidad y Riesgos Asociados al Envejecimiento
Los adultos mayores son particularmente susceptibles al abuso y maltrato debido a una combinación de factores físicos, psicológicos y sociales que aumentan su vulnerabilidad. Uno de los factores más importantes es la presencia de deficiencias físicas o cognitivas, como la demencia o enfermedades crónicas, que pueden limitar su capacidad de autogestión y aumentar su dependencia de los cuidadores. Esta dependencia puede crear un desequilibrio de poder, haciendo que los adultos mayores sean más vulnerables al abandono, la explotación financiera y el abuso emocional o físico.
El aislamiento social es otro factor crítico que incrementa el riesgo de abuso entre los adultos mayores. Aquellos que viven solos o tienen un contacto limitado con familiares y amigos, a menudo carecen de una red de apoyo que pueda identificar e intervenir en casos de abuso. Este aislamiento puede facilitar que los abusadores actúen sin ser detectados, ya que puede que no haya nadie que note las señales de maltrato.
La dependencia económica de los cuidadores también juega un papel importante en la vulnerabilidad de los adultos mayores. Muchos dependen de familiares o cuidadores para obtener apoyo económico, lo que puede dar lugar a situaciones de explotación o abuso económico. Los cuidadores abrumados por el estrés o con problemas de salud mental propios pueden ser más propensos a conductas abusivas, especialmente si perciben a la persona mayor a su cargo como una carga económica.
Tipos de Abuso y Maltrato en Adultos Mayores
Los adultos mayores pueden sufrir diversas formas de abuso, cada una con características e implicaciones distintas para su bienestar:
- Abuso físico: Implica el uso intencional de la fuerza que resulta en lesiones corporales, dolor o deterioro. Las formas comunes incluyen golpes, bofetadas, patadas y uso inadecuado de restricciones. Los signos pueden ser hematomas o fracturas inexplicables.
- Abuso psicológico: También conocido como abuso emocional, abarca agresiones verbales, amenazas, humillación y aislamiento. Puede provocar angustia emocional y deterioro de la salud mental, resultando en daño psicológico a largo plazo, como ansiedad, depresión y baja autoestima.
- Abuso económico: Implica el uso no autorizado de los recursos o activos financieros de un adulto mayor, como el robo de dinero o la coerción para firmar documentos financieros.
- Abuso sexual: Incluye cualquier contacto o comportamiento sexual no consentido, que puede ocurrir en diversos entornos. Los signos pueden ser lesiones inexplicables o cambios de comportamiento.
- Negligencia: Ocurre cuando los cuidadores no proporcionan la atención esencial, provocando daño o riesgo de daño. Esto puede manifestarse como desnutrición, deshidratación, mala higiene o afecciones médicas no tratadas.
- Abandono: Implica el abandono de un adulto mayor por parte de un cuidador o persona responsable, ya sea en un lugar público o al no brindarle la atención necesaria.
El Enfoque Biopsicosocial en la Atención Integral
El enfoque biopsicosocial para la atención integral de adultos mayores es un marco holístico que integra factores biológicos, psicológicos y sociales para comprender y abordar la salud y la enfermedad. Desarrollado por George Engel, este modelo surge como respuesta a las limitaciones del modelo biomédico tradicional.
La importancia de este enfoque radica en su capacidad para promover un entorno de atención más centrado en el paciente. Este modelo alienta a los profesionales de la salud a mirar más allá de los síntomas y el historial médico, reconociendo el impacto significativo de los factores psicológicos (como el estrés y los mecanismos de afrontamiento) y los determinantes sociales (como la dinámica familiar y el apoyo comunitario). Al adoptar esta perspectiva integradora, los médicos pueden mejorar la comunicación con los pacientes, fomentar la adherencia al tratamiento y lograr mejores resultados de salud.
Rol de los Profesionales de la Salud y Otros Actores
Los profesionales de la salud desempeñan un papel crucial en la atención primaria, la detección temprana y la prevención del maltrato a los ancianos. Dada su frecuente interacción con adultos mayores, están en una posición ideal para identificar signos de abuso e intervenir adecuadamente. El entorno de atención médica es un punto crítico para la detección, ya que muchas víctimas de maltrato pueden no revelar su situación por miedo, vergüenza o deterioro cognitivo.
Al implementar protocolos de detección de rutina, los proveedores de atención médica pueden reconocer vulnerabilidades y factores de riesgo asociados con el maltrato a los ancianos. Además, los profesionales de la salud deben educarse a sí mismos y a sus colegas sobre las diversas formas de maltrato, sus factores de riesgo e indicadores. La colaboración con servicios sociales, profesionales de la salud mental y recursos comunitarios es esencial para crear una red de apoyo integral para las víctimas.
El enfoque integral de atención al adulto mayor requiere la integración de diversos actores: médicos, profesionales de enfermería, trabajadores sociales, familia y comunidad. La colaboración entre estos grupos es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Se exponen estrategias para la integración de estos diferentes actores, buscando crear un sistema de apoyo cohesionado y efectivo.
Marco Normativo y Derechos de los Adultos Mayores
Se exponen algunas normativas que garantizan los derechos de salud de los adultos mayores, tanto en un contexto global como en el contexto costarricense. La protección de los derechos humanos de las personas mayores es un imperativo social y ético. El Estado tiene la responsabilidad de brindar la protección necesaria para mantener su integridad física, psíquica y social.
En Chile, la transición de un enfoque asistencialista hacia uno de derechos ha sido un proceso importante. El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) ha impulsado la creación de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, el programa "Buen Trato al Adulto Mayor" y la figura del "Defensor Mayor" para promover los derechos de las personas mayores y prevenir el maltrato. Asimismo, se ha trabajado en la articulación con el Poder Judicial para crear el Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores y se ofrece defensa jurídica gratuita y especializada a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, propuesta por Argentina ante la Organización de los Estados Americanos, es un hito que marca un cambio significativo. Esta convención profundiza la mirada integral de los derechos humanos de las personas mayores, reconociendo el rol interventor del Estado y la noción de las personas mayores como titulares de derechos. Se considera la mirada de género y la diversidad sexual en el abordaje de la vejez.
Derechos clave de las personas mayores incluyen:
- Derecho a la igualdad y no discriminación por edad.
- Derecho a la vida y dignidad en la vejez.
- Derecho a la independencia y autonomía.
- Derecho a la participación e integración comunitaria.
- Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia.
- Derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la seguridad social.
- Derecho al trabajo.
- Derecho a la educación.
- Derecho a la cultura, recreación y deporte.
- Derecho a la propiedad y a una vivienda digna.
- Derecho a un medio ambiente sano.
- Derecho a la accesibilidad y movilidad personal.
- Derechos políticos.
- Derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
- Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley.
- Acceso a la Justicia.
Políticas Públicas y Avances en América Latina (Caso Argentina y Chile)
Argentina: Políticas Gerontológicas y Seguridad Social (Siglo XXI)
En Argentina, tras la crisis social de 2001, se inició un período de recuperación de las incumbencias estatales y un paradigma basado en el derecho y la inclusión social. Los gobiernos kirchneristas implementaron políticas de fomento del empleo, apoyo al sistema productivo y una orientación social para incluir a los excluidos del sistema de seguridad social. El Estado asumió un rol activo en la regulación económica y en la implementación de políticas sociales orientadas a la redistribución del ingreso y la ampliación de la participación social, bajo una lógica de reparación.
En el campo gerontológico, el Estado se posicionó desde el enfoque de derechos, considerando a los adultos mayores como protagonistas de la transformación social. Se asumieron compromisos de documentos internacionales como los Principios a favor de las Personas de Edad de la ONU (1991) y el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid (2002). La Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) desarrolló políticas para mejorar la calidad de vida y fortalecer a los adultos mayores como sujetos de derechos.
En materia de seguridad social, se destaca la eliminación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en 2008, lo que supuso el retorno de los recursos a la esfera pública a través de la ANSES, recuperando el sistema solidario e intergeneracional. La Ley N° 25.994 estableció una moratoria para personas que no cumplían los requisitos para acceder a la jubilación, permitiendo que más de 2 millones de personas accedieran a este derecho. Esto elevó la tasa de cobertura del sistema a un 90% en 2010. La creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) eliminó el sistema de capitalización, fortaleciendo la solidaridad intra e intergeneracional. La Ley N° 26.417 instituyó un sistema de actualización de haberes dos veces al año.
Estas medidas, junto con la expansión del empleo registrado y el aumento de las contribuciones, posibilitaron un incremento notable en los ingresos de la seguridad social. La reestatización del sistema previsional fue una de las medidas más significativas del período para revertir las reformas neoliberales. Se produjeron incrementos sustanciales en los haberes previsionales y se eliminaron restricciones para las pensiones no contributivas, ampliando la cobertura del sistema a un 86,7% de la población mayor.
La Ley N° 25.994 de moratoria previsional tuvo un impacto positivo en la reducción de la desigualdad de género, beneficiando principalmente a las mujeres. Estas acciones articularon edad, género y clase social, elementos centrales de una mirada interseccional acerca de la vejez, demostrando un proyecto político donde la economía es un instrumento para lograr mayor igualdad y redistribución de ingresos.
Chile: Protección Social y Respuesta a la Pandemia
En Chile, el envejecimiento poblacional acelerado y el impacto desproporcionado de la pandemia de COVID-19 en las personas mayores han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las políticas de protección social. A pesar de tener efectos directos o indirectos en toda la población, la pandemia ha demostrado tener mayores consecuencias sobre ciertos grupos de riesgo, entre los cuales se encuentran las personas mayores.
La respuesta temprana a la pandemia en Chile involucró la cooperación de diversos actores, como el Ministerio de Salud, la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología y organizaciones sin fines de lucro. Con la coordinación del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), se implementaron medidas de prevención y control, adaptando canales de atención como el Fono Mayor y facilitando espacios de participación virtual. Se adaptó el Fono Mayor para incluir atención psicológica y prevención del suicidio, respondiendo a la necesidad de generar canales seguros y gratuitos de comunicación.
La pandemia evidenció la compleja realidad de las personas mayores, especialmente aquellas institucionalizadas, en situación de soledad no deseada o sin redes de apoyo, y aquellas sin recursos para la subsistencia. El SENAMA ha trabajado para mejorar las condiciones estructurales del Estado para resguardar los derechos de este grupo, así como para articular acciones específicas para abordar los efectos del COVID-19.
Se han impulsado mejoras estructurales, como la creación del Programa Buen Trato al Adulto Mayor, que ha facilitado la coordinación y articulación para fortalecer el sistema judicial y mejorar el acceso de las personas mayores a la justicia. La creación de la figura del Defensor Mayor, la articulación con el Poder Judicial para el Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores y el Programa de Defensa Jurídica Integral para Adultos Mayores son acciones clave.
Se han desarrollado campañas para cambiar la imagen social de las personas mayores y combatir el edadismo. Las orientaciones estratégicas para el Plan de Envejecimiento Chile 2021-2030 buscan generar cambios en la sociedad para permitir la participación plena de las personas mayores y el disfrute de sus derechos humanos. La estrategia de prevención y mitigación del COVID-19 en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) implicó la articulación de alianzas público-privadas para resguardar la salud de los residentes.
Se han identificado retos importantes como la brecha digital de las personas mayores, la necesidad de inclusión tecnológica y el abordaje de la salud mental, ámbitos que se vieron especialmente afectados por las medidas de restricción de movilidad.
Desafíos en la Provisión de Servicios y el Cumplimiento de Derechos
El reconocimiento y la exigibilidad de los derechos de las personas mayores se erigen como un imperativo social y ético. Si bien se aspira a envejecer en casa y ser cuidados por cercanos, el derecho "a no cuidar" y la satisfacción de la mayoría de los derechos de las personas mayores, incluida la promoción de su autonomía, requieren la constitución de servicios públicos que los garanticen.
Los hospitales, residencias y servicios de cuidado domiciliario son los espacios donde se zanja el efectivo cumplimiento de los derechos a la salud, educación o recreación. Sin embargo, la provisión de la mayoría de los servicios sociales ha sido delegada por el Estado a terceros, como ONG, municipalidades e incluso entes mercantiles.
En Chile, alrededor del 90% de las personas mayores se adscribe al sistema público de salud, concentrándose en la atención primaria a cargo de las municipalidades. Los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) fueron creados para otorgar cuidado especializado a adultos con algún grado de dependencia y de bajos ingresos. El SENAMA delega la operación de estos establecimientos a entidades sin fines de lucro. Los Centros Diurnos se instauraron para apoyar a personas mayores vulnerables y con dependencia leve, sin desarraigarlas de su entorno.
La evaluación de los servicios públicos para personas mayores debe considerar dimensiones como la calidad, disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad. Un estudio exploratorio-descriptivo en Chile, utilizando información secundaria y primaria, analizó la diversidad de arreglos institucionales que contemplan financiamiento público en Centros Diurnos y ELEAM. Los resultados sugieren que ninguna de las dimensiones de los derechos alcanza el valor máximo, especialmente desde la experiencia de los usuarios. Las dimensiones peor valoradas en ELEAM son el acceso a información, la rendición de cuentas, la participación y la autonomía personal.
La falta de disponibilidad y escasa asequibilidad de estos servicios es evidente. La mayoría de los directores de ELEAM consideran insuficientes los cupos, y existen largas listas de espera. La accesibilidad a los servicios, especialmente en ELEAM, se ve limitada por el pago que realizan los usuarios. Si bien la adaptabilidad de los servicios tiende a ser valorada positivamente, existen deficiencias en la disponibilidad de inmuebles adaptados a necesidades especiales.
La capacidad de elección de los servicios es valorada como un derecho en la normativa internacional. Sin embargo, una proporción significativa de usuarios no sabe o no puede indicar si había otro centro disponible para su elección, o por qué no pudo elegir una mejor opción. La calidad de los servicios, aunque genera satisfacción general en los usuarios, presenta matices al desglosarse por dimensiones específicas, como el bienestar físico y psicosocial.
