La participación ciudadana consiste en el involucramiento activo de las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. Esta relación entre el Estado y la sociedad se expresa a través de las políticas públicas, las cuales inciden en la vida cotidiana de las personas. Las democracias de calidad, en este contexto, tienen espacios de participación ciudadana en diferentes instancias del ciclo de la política pública.
La implementación de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública ha permitido profundizar la democratización del vínculo entre el Estado y la ciudadanía. El 16 de febrero de 2011 se publicó esta ley, estableciendo la institucionalización de la participación ciudadana en la gestión pública y determinando el marco referencial de la asociatividad en Chile. Es relevante abordar la implementación de esta normativa, pues impacta en todos los organismos del Estado, siendo un importante desafío para los municipios, considerando sus potencialidades para desarrollar la participación ciudadana relacionadas con su proximidad con la ciudadanía.
Uno de los objetivos estratégicos para la profundización de la participación en la gestión pública está presente en el Instructivo Presidencial Nº007 de 2022 para el fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
Objetivos y Metodología del Estudio
Con el fin de conocer las fortalezas y problemáticas de esta ley y elaborar recomendaciones que sirvan de insumo para la reflexión, debate y desarrollo de propuestas de mejora, el objetivo general del presente estudio de caso fue analizar el significado de la participación ciudadana y las modalidades de implementación de la Ley 20.500, según la percepción de los actores sociales y municipales de las comunas de El Bosque y Pedro Aguirre Cerda. Adicionalmente, esta normativa ha sido poco abordada y no cuenta con una institucionalidad que se encargue exclusivamente de su funcionamiento.
Objetivos Específicos
A su vez, se consideraron los siguientes objetivos específicos:
- Analizar el significado de la participación ciudadana según la perspectiva de los actores sociales y municipales de las comunas de El Bosque y Pedro Aguirre Cerda.
- Conocer y comparar las modalidades de implementación de la Ley 20.500 en los municipios de El Bosque y Pedro Aguirre Cerda.
- Conocer y comparar las problemáticas y fortalezas presentes con la implementación de la Ley 20.500.
- Elaborar recomendaciones para enriquecer la participación ciudadana en la gestión pública de los municipios.
Metodología Aplicada
Respecto a la metodología utilizada, el enfoque es cualitativo, ya que se conocieron las percepciones de los actores relacionados con la Ley 20.500 en el ámbito local. El nivel de investigación es exploratorio, dado que consideró un tema poco estudiado. Se realizaron entrevistas estructuradas a actores de ambas comunas que se vinculan directamente con la implementación de esta normativa, incluyendo autoridades, funcionarios municipales (tanto de la dirección de desarrollo comunitario como de secretaría municipal) y representantes del COSOC, constituyéndose una muestra de 14 personas.
Percepciones y Hallazgos Clave
Dentro de los principales resultados, se tiene que la mayoría de los entrevistados considera que la participación ciudadana es incluir a la comunidad en la gestión, reconociendo y valorando el aporte que pueden efectuar al desarrollo comunal, pues son quienes saben lo que acontece en el territorio y, por lo mismo, pueden también ser parte de las propuestas. Sin embargo, solamente un entrevistado señala la participación como derecho ciudadano, que es lo que se busca instaurar con la Ley 20.500.
También como resultado se aprecia que, en general, en ambas comunas se ha tenido la voluntad política y motivación de los dirigentes del COSOC para implementar la nueva normativa, a pesar de los desafíos que trajo consigo.
Tras la entrada en vigencia de la Ley 20.500 en febrero de 2011, se han enfrentado diversas dificultades para su adecuada implementación, al traer consigo una nueva institucionalidad y dinámicas propiamente más democráticas y tendientes a una participación en ascenso en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas. En los primeros acercamientos con los consultados, existía un desconocimiento de la ley y sus implicancias en detalle, en contraste con otro tipo de leyes, como la Ley de Junta de Vecinos. Este proceso de consulta incluyó a funcionarios y autoridades municipales, diálogos participativos con encargados de participación ciudadana de diversos órganos del Estado, chilenos en el exterior por medio de Cabildos Consulares, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, además de foros y seminarios académicos.
Por otra parte, existe un reconocimiento a que esta legislación ha permitido facilitar la asociatividad, acabando con trámites engorrosos y requisitos que impedían el florecimiento de más organizaciones a nivel territorial.
Mecanismos y Fortalezas de la Ley 20.500
La Ley 20.500 establece que el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones. Por lo tanto, indica que los órganos de la Administración del Estado deberán establecer cuáles son las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones sociales en el ámbito de su competencia. La función general de estas modalidades es acompañar a la máxima autoridad en los procesos de toma de decisiones en políticas públicas.
Entre sus principales fortalezas, se aprecian:
- La instauración de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) como un mecanismo de participación que busca asegurar la participación de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la comuna.
- La facilitación de la creación de Corporaciones y Fundaciones.
- Que permite la utilización de diversos mecanismos de participación.
- Establece la creación de un registro nacional de organizaciones sin fines de lucro.
- Crea un Fondo para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.
Los Consejos de la Sociedad Civil son un mecanismo consultivo y autónomo, toda vez que podrán emitir opiniones sobre las materias en las que son consultados por el órgano administrativo respectivo; sus opiniones deberán ser consideradas, aunque no son vinculantes.
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Debilidades y Desafíos en la Implementación
A pesar de sus beneficios, también se identificaron debilidades significativas en la implementación de la Ley 20.500. Las señaladas aluden a:
- El carácter consultivo del COSOC y otras instancias de participación. Todos los actores transversalmente reclaman potestades de carácter vinculante, tanto a nivel del Estado Central como en los gobiernos locales.
- La falta de recursos para implementar la normativa y los mecanismos de financiamiento para las organizaciones de interés público y las reparticiones de las instituciones del Estado, que, mandatadas por ley a cumplir funciones, carecen de partidas presupuestarias para tal fin.
- Que no facilita adecuadamente la implementación de plebiscitos.
- La ausencia de una institucionalidad que se encargue exclusivamente de su funcionamiento y seguimiento.
Recomendaciones para el Fortalecimiento
Es vital posicionar la participación ciudadana como un quehacer a la base de nuestro sistema democrático, consagrándola como un derecho constitucional, de la mano a lo establecido en diversos organismos multilaterales que refieren a esta temática. Las recomendaciones elaboradas a partir de este estudio buscan enriquecer la participación ciudadana en la gestión pública de los municipios, abordando las falencias detectadas y potenciando las fortalezas existentes.
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